Una carpeta incompleta, endeble y plagada de testimonios que explicaban una situación contextual, más que una evidencia tangible de la responsabilidad de Jesús Enrique Gutiérrez Díaz, es la que tuvo frente a sus ojos por primera vez desde 2019, cuando se inició la investigación por el caso de los 3 millones de pesos, donde posteriormente se manejó como el único implicado del caso.
Desde la oficina de su abogado, el hombre acusado de hacer un millonario desvío de las cuentas de Bienestar Social Municipal (Bisom) hacia una particular, habla por primera vez ante un medio de comunicación para brindar su versión de la historia, afirmando que no tiene nada que ocultar, que no robó ese dinero y que el Ayuntamiento le ofreció un acuerdo reparatorio en el que no tendría que pagar la cantidad que se le atribuye, salvo un pago de 83 mil pesos.
Con vestimenta discreta y un estilo tradicional que delata a un hombre que trabajó más de 20 años en el servicio público, se presentó ante ZETA para exponer su historia, en la que se considera un “chivo expiatorio” y anunció próximas acciones legales para que la Fiscalía General del Estado (FGE) realmente llegue al fondo del caso, pues -asegura- a casi cuatro años de ocurrido el desfalco de Bisom, nadie sabe dónde se encuentra el dinero.
Dicho caso fue el primer acto de corrupción que implicó a la administración de Marina del Pilar Ávila Olmeda cuando era alcaldesa de Mexicali, pues se dio a conocer a escasas semanas de su ascenso al poder.
Según los testimonios de ese momento, se hizo un movimiento atípico de 3 millones de pesos de una cuenta de BBVA Bancomer, propiedad de Bisom, a una particular de Banco Azteca, que nunca fue rastreada por la FGE.
Desde noviembre de 2019 que la ex directora de Bisom y hoy diputada Alejandra María Ang, nadie tiene certeza de cómo ocurrieron los hechos. De hecho, ni la ex directora, ni el secretario del Ayuntamiento, Daniel Humberto Valenzuela, pueden garantizar que -a su juicio- Gutiérrez se apoderó de ese dinero. Sin embargo, lo consideran responsable por ser uno de tres trabajadores que tenía acceso a las cuentas mediante token.
Lo que sí pudieron comprobar es que dentro de los equipos de Bisom fue encontrado un software no autorizado para tener acceso remoto a las computadoras de la institución; el caso fue revisado y plasmado dentro de la carpeta de investigación, pero nunca se investigó el hecho.
EL CASO BISOM
El 30 de septiembre de 2019, Marina del Pilar Ávila Olmeda asumió su cargo como alcaldesa de Mexicali en una carrera meteórica, pues apenas un año antes había competido por la diputación federal del Distrito 02, curul que ocupó sólo unos meses.
Su antecesor, Gustavo Sánchez Vásquez, presumió que dejó finanzas sanas en el gobierno municipal, al grado que prácticamente todas las áreas tenían dinero para cumplir con los compromisos de fin de año. Entre estas, Desarrollo Social Municipal, posteriormente convertida en Bienestar Social Municipal, tenía suficiente solvencia para cubrir pagos a proveedores y personas contratadas mediante honorarios.
El 15 de noviembre del mismo año, Jesús Enrique Gutiérrez Díaz notificó que su computadora se encontraba dañada, toda vez que la pantalla estaba negra y no tenía forma de manipularla.
“Al abrir la máquina tengo un mensaje que posteriormente iba a recibir una llamada (del banco). Aproximadamente 10 minutos se dio la llamada, me pidió que entrara yo a la banca web y estuve tratando por 15 minutos. Posteriormente, la máquina se puso negra. Me dirijo a la persona encargada de Desarrollo Social y me comenta que a lo mejor estaban haciendo alguna operación, pero la máquina quedó ahí color negro, pues ya hasta más tarde me doy cuenta que ya estaba normal”, describió.
Era viernes y se retiró temprano del trabajo. Pasó el fin de semana y el lunes era inhábil, por lo que no volvió a acceder hasta el día martes a la banca web de BBVA Bancomer, donde observó que faltaban 3 millones de pesos de la cuenta 0163163296, utilizada para pagos menores.
De hecho, la diputada Ang Hernández aseguró que lo máximo que se transfería de esa cuenta eran 40 mil pesos.
Gutiérrez Díaz dio a conocer lo ocurrido a su superior, Nancy Medina Ruiz, quien a su vez lo informó a la propia directora Ang Hernández, quien en documentos es la responsable de dicha cuenta.
Ang Hernández y Gutiérrez Díaz coinciden en que se pusieron en contacto directo con el banco para conocer el origen de la transferencia, la cual se hizo a las 13:19 horas, basándonos en el horario de la Ciudad de México,
El banco no pudo proporcionar información inmediata ni resolver el acto reclamado, pero se comprometieron a hacer una auditoría especial en las computadoras de Bisom para comprobar el origen del movimiento. Fue de esa forma que se llegó a la conclusión de que la transferencia se originó en la computadora de Jesús Enrique.
Al día siguiente, Alejandra Ang le pidió todas sus llaves y accesos, ante la pérdida de confianza que tenía en ese momento. El acto seguido fue turnarlo a Recursos Humanos para su remoción.
Durante meses, el imputado acudió a las citas de la FGE para presentar su testimonio como víctima, cuando de forma inesperada se volvió acusado. Entonces buscó un abogado e inició el proceso judicial.
EL EXPEDIENTE
Dentro de la carpeta de investigación analizada por ZETA se desprenden más de diez testimonios de diversas fuentes municipales, donde sólo se indica la forma de trabajo dentro de Bisom y que Gutiérrez Díaz era uno de los que tenía capacidad para maniobrar el dinero de unas cuentas.
También obran documentos que confirman la transferencia y una petición a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) para conocer al propietario de la CLABE Interbancaria 00127905013763772093 de Banco Azteca.
En un oficio devuelto por el organismo federal el 30 de marzo de 2021 y dirigido al entonces fiscal regional, Pedro Ariel Mendívil, se les indicó que la información proporcionada a la CNBV era errónea y no podían facilitar datos sobre el depósito ni la cuenta destino.
El problema fue que el oficio enviado por la FGE proporcionó la CLABE Interbancaria y no el número de cuenta, que si bien puede extraerse uno de otro, en el documento les solicitó que proporcionaran 14 dígitos y no los 20 que emitieron.
La investigación mantenía su curso, pero el fiscal regional de Mexicali renunció a su cargo para formar parte del equipo del actual Ayuntamiento capitalino. A partir de ello, la carpeta de investigación se estancó, pues se dejó de avanzar en diligencias y nunca se rectificó la petición.
Este Semanario pudo rastrear un poco de información de la cuenta bancaria y detectó que el nombre del usuario sólo se identificó como LUFY, registrado mediante un número de celular 376-377-2093, cuya clave Lada es de al menos 15 comunidades pequeñas del Estado de Jalisco.
ZETA entrevistó a Alejandra Ang sobre lo ocurrido y prácticamente todo coincide con la declaración de Jesús Enrique Gutiérrez. Incluso, reconoció que dentro de las computadoras de Bisom había un software remoto no autorizado para operar el equipo desde cualquier otra parte, el cual fue identificado como Remote and Utilities, de fácil acceso, incluso existe una versión gratuita.
Esto también fue externado por el testigo Erik Manuel González Castañeda ante la fiscal Yessica Yesenia Meza Ochoa, ex titular de la Unidad de Investigación de Delitos contra el Patrimonio Sociedad, Estado y Justicia.
AYUNTAMIENTO OFRECIÓ QUE SÓLO SE HICIERA UN PAGO
“Ellos sí me contaron que no querían continuar el proceso ni que tampoco me privaran de la libertad, pero pues había sido ya la oportunidad de llegar a un acuerdo para evitar esa situación. De continuar con la audiencia intermedia, sabíamos que para mí es difícil cubrir esa cantidad, pero la finalidad era llegar a ganar tiempo”, refirió el acusado, quien dijo ser el primer interesado en esclarecer el hecho.
Durante varios meses habló con una mujer de nombre Paola Uribe, que se identificó como apoderada legal del Ayuntamiento de Mexicali. Ella le dijo que querían concluir con el proceso judicial mediante un acuerdo en el que no pisara la cárcel.
Según Plataforma Nacional de Transparencia, en el Ayuntamiento de Mexicali existe una trabajadora de nombre Silvia Paola Uribe Alvarado, cuyo cargo es secretaria de Acuerdos.
Fue ella -según Gutiérrez Díaz- quien le comentó su intención de acordar un esquema de parcialidades a 36 pagos, con la intención de concluir el proceso.
Al hacerle ver que estaba imposibilitado de devolver 83 mil pesos mensuales, la representante municipal le indicó que se preocupara sólo por brindar el primer pago. Y es que los acuerdos reparatorios obligan a las partes a realizar una audiencia posterior para demostrar que se está cumpliendo con el compromiso.
“El mismo Ayuntamiento sabía que para mí era imposible cubrir esa cantidad; quedé hacer el primer pago y aguantar, no dar aviso del incumplimiento del acuerdo para a los tres años”, reveló.
Cuestionado respecto a si le pidieron pagar sólo la primera mensualidad y se comprometieron a no notificar al Juzgado en las siguientes, Gutiérrez confirmó:
“Sí, eso fue lo que platicamos con el Ayuntamiento, yo estuve platicando con Paola Uribe, está en el Departamento Jurídico y es representante del Ayuntamiento”.
El objetivo, entonces, era que Gutiérrez Díaz cubriera el primer pago para demostrarle al juez que se estaba cumpliendo con el compromiso. Sin embargo, ambos se desentenderían de los siguientes pagos y el gobierno municipal no notificaría del incumplimiento al Poder Judicial.
Sin embargo, comentó, la presión mediática y política, cambió el escenario y, tras varios días de intensa crítica, el Ayuntamiento decidió romper el acuerdo y obligarlo a pagar todas las mensualidades.
El secretario del Ayuntamiento, Daniel Humberto Valenzuela, afirmó que el proceso judicial tuvo que reabrirse debido a que Gutiérrez Díaz no cubrió la segunda mensualidad. Por lo tanto, el caso pasaría a la etapa intermedia, donde solicitarían una mayor suma a los 3 millones que se desfalcaron inicialmente.
Negó que ellos propusieran el acuerdo reparatorio y adelantó que ya no aceptarían otro esquema alternativo de solución del conflicto, debido a que la persona incumplió con el esquema planteado.
Sobre el destino del dinero, el funcionario reiteró:
“No tenemos esa información, leyendo un poco del tema del expediente es una pregunta que es importante que nos debemos hacer, todavía no se sabe dónde quedó el dinero, la FGE lleva a cabo investigaciones, pero no tenemos idea de dónde está ese dinero”.
ZETA solicitó una entrevista con la fiscal Hortencia Noriega para conocer los avances del hecho, pero la institución decidió no emitir declaraciones.
BISOM CARECÍA DE PROTOCOLOS Y MANUALES
Alejandra Ang Hernández aseguró que cuando llegó a la dependencia se percató de que los manuales de procedimientos no estaban actualizados, que había mucho desorden en el manejo del recurso y que la banca móvil tenía poco de haberse implementado.
En entrevista, refirió no tener certeza de que el acusado fuera el responsable, pero al tener acceso a los tokens, era evidente que debía responder por lo ocurrido.
Agregó que cuando se enteró que había un software de acceso remoto dentro del equipo, le hizo pensar que el desfalco pudo ser de mayor nivel del que consideraron en un primer momento.
A raíz de este caso, tuvieron que modificarse los protocolos y procesos dentro de Bisom, a fin de evitar que situaciones de esa naturaleza ocurrieran dentro de la administración municipal, incluso para ella, si se hubieran tenido mejores controles, el desvío de recursos no habría pasado.
Será en noviembre próximo cuando la audiencia intermedia se lleve a cabo para responder por el delito de suplantación y usurpación de identidad, el cual fue reclasificado a peculado. Sin embargo, Jesús Enrique Gutiérrez Díaz anunció que la próxima semana presentará una denuncia por el desfalco cometido durante la pasada administración, pues quiere limpiar su nombre y llegar a las últimas consecuencias, con la intención de obligar a la FGE a que vuelva a pedir información a la CNBV sobre la cuenta a la que se dirigió el dinero.
