El presidente Andrés Manuel López Obrador confirmó en su cargo, el 1 mayo de de 2023, al comisionado del Instituto Nacional de Migración (INM), Francisco Garduño Yáñez, ello aunque un juez de control lo vinculó a proceso, luego de que la Fiscalía General de la República (FGR) lo acusó por el delito de ejercicio ilícito del servicio público por el incendio en estación migratoria, -que no tiene prevista la prisión preventiva de oficio, aunque sí la justificada-, por el caso de la muerte de 40 migrantes extranjeros en un incendio ocurrido en una estación migratoria, en Ciudad Juárez, Chihuahua.
La noche del 27 de marzo de 2023, un incendio se registró en la estación provisional Juárez del INM -dependiente de la Secretaría de Gobernación (SEGOB)-, ubicada junto al Puente Internacional Reforma, conocido también como Lerdo-Stanton, en Juárez, Chihuahua -ciudad fronteriza con Estados Unidos-, lo que provocó la muerte de 40 migrantes (6 hondureños, 7 salvadoreños, 19 guatemaltecos, 7 venezolanos y un colombiano).y lesiones en 27 personas extranjeras más.
Durante su conferencia de prensa matutina -llevada a cabo desde el Salón Tesorería del Palacio Nacional-, el titular del Poder Ejecutivo Federal criticó a la mayoría de los medios de comunicación, por la cobertura que habían dado al proceso en contra de Garduño Yáñez, quien se reservó su derecho a rendir declaración.
“Ya no quiero que se use en la prensa mexicana como noticia la nota roja. Es lo predominante, ya, de veras. está bien que el Reforma ya esté como la Alarma de antes, pero no todos. Hay tantas cosas importantes y son libres y pueden decir lo que consideren que es noticia, pero como sólo es para atacarnos si les digo algo de Garduño ese es el titular mañana del Reforma: ‘protegió Garduño’, ‘Garduño en la tablita’, ‘en la cuerda floja’, así están las cosas”, indicó el político tabasqueño.
Tras más 10 horas de audiencia, Víctor Hernández Calderón, juez de control del Centro de Justicia Penal Federal de Chihuahua, con residencia en Ciudad Juárez, vinculó a proceso, el 30 de abril de 2023, a Garduño Yáñez, aunque determinó que el comisionado del INM lo haría en libertad y sólo acudirá a firmar cada quince días, dentro de la causa penal 237/2023.
Además, el juez de control estableció que los fiscales tienen cuatro meses para complementar la investigación y la acusación contra el funcionario federal, a quien se le responsabiliza de no cumplir con sus obligaciones de vigilar, proteger y dar seguridad a las personas e instalaciones a su cargo.
Durante la audiencia, los abogados defensores argumentaron que Garduño Yáñez era inocente, debido a que él no tenía responsabilidad de manera directa en el incendio. Sin embargo, el agente del Ministerio Público Federal (MPF), adscrito a la Unidad de Investigación de Delitos para Personas Migrantes, recalcó que, siendo comisionado del INM, tenía obligación de supervisar que se cumpliera con la seguridad requerida.
Para pedir que Garduño Yáñez fuera suspendido temporalmente del cargo, los representantes de la FGR sostuvieron que, de continuar como comisionado del INM, “se lesionan más los intereses jurídicos de las víctimas”. Incluso se refirieron a una posible “obstaculización” de la indagatoria.
Los agentes del Ministerio Público de la Federación subrayaron que no era a su “capricho” la solicitud de las medidas cautelares contra el comisionado del INM, sino que estaban contempladas en el Código Nacional de Procedimientos Penales.
Mientras que los abogados del comisionado del INM calificaron de “irracional” la petición de la FGR respecto a dichas medidas cautelares, al enfatizar que llevaba 40 años como servidor público y, como adulto mayor, “tenía derecho a conservar su trabajo”.
“Seguiré trabajando en el Instituto Nacional de Migración, mientras no se ordene lo contrario, y estaré muy atento a las gestiones para la reparación integral de los daños”, declaró Garduño Yáñez, al salir del Centro de Justicia Penal Federal, además de que confirmó que fue vinculado a proceso, pero anotó que el juicio no había terminado.
“Sigo yo en la condición constitucional de guardar silencio, no hacer declaraciones en relación al proceso. Entonces me sigo acogiendo a la garantía constitucional y eso haré”, indicó el funcionario federal, quien, al ser cuestionado respecto a la manera en que se haría la reparación del daño a las víctimas del incendio, recordó que la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV), al igual que la Secretaría de Gobernación (SEGOB), lo anunciaron públicamente. “De que el Estado, el gobierno, garantizará la reparación del daño”, aseguró.
LAS PRUEBAS PRESENTADAS DURANTE LA AUDIENCIA DE VINCULACIÓN A PROCESO
Durante la audiencia, la defensa del imputado, conformada por los abogados Rodolfo Pérez Velázquez y Patricia Almada Beltrán, presentaron los datos y medios de prueba, que comprendían entrevistas con personas que estuvieron presentes el día de los hechos, de quienes se reservó su identidad, debido a que estaban en proceso de investigación.
Asimismo, como dato de prueba, los abogados de Garduño Yáñez presentaron un video revisado y analizado por un perito, además de un documento donde se explicaba lo que se ve en otra grabación, captada en el circuito de la estancia.
La defensa jurídica del funcionario federal agregó como dato de prueba el contrato de prestación con la empresa Grupo de Seguridad Privada CAMSA S.A de C.V., así como los de prestación de servicio de alimentos, limpieza, adquisición de kits para entrega de insumos de aseo básico a migrantes.
Además de oficios relacionados con la solicitud de cursos de protección civil, de manuales de procedimiento para las revisiones corporales de los migrantes, personal médico en la estancia del INM, actas de entrega recepción al momento de la llegada del actual comisionado, entre otros documentos.
No obstante, el MPF, adscrito a la Unidad de Investigación de Delitos para Personas Migrantes, rechazó las entrevistas de las víctimas, ya que aseguró que no se contó con defensa ni personal de psicología, al momento en que se les realizó la entrevista. También desestimó los peritajes de los videos, aunque aceptó algunos de los documentos de los contratos y oficios que presentó la defensa como datos de pruebas.
Pese a ello, el MPF aseguró que con la presentación de estos documentos, la defensa reafirmaba que era obligación del imputado el cumplir con sus facultades y obligaciones de proteger a los migrantes, así como garantizar la seguridad en sus instalaciones. Otros datos destacables por la FGR, es que no se realizaron los protocolos de incendio, además de que los migrantes señalaron que se omitieron revisar a algunos de ellos, por lo cual se logró meter dos encendedores a la estancia.
En cuanto al médico, se habló de que el 27 de marzo de 2023, sólo estuvo presente hasta las 14:00 horas, por lo cual a la hora del incendio llegó sólo a apoyar al personal de Protección Civil y Bomberos. Respecto a los extintores, la defensa de Garduño Yáñez, señaló que había 18 en la estación del INM. Sin embargo, el MPF argumentó que eso era falso, ya que con base en sus investigaciones, los apagafuegos estaban distribuidos en todo el estado de Chihuahua, por lo que en la instalación del Instituto Nacional de Migración había solo cuatro, dos de ellos bloqueados y dos más fuera de servicio.
