El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró, el 23 de mayo de 2023, que a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) “ya la perdimos”, luego que, un día antes, por 6 votos a favor y 5 sufragios en contra, la mayoría de los integrantes del Pleno del máximo tribunal nacional invalidó, en su totalidad, el decreto que el político tabasqueño emitió, el 22 de noviembre de 2021, por el que se declaraba de interés público y seguridad nacional la realización de proyectos y obras a cargo de su Gobierno, asociados a infraestructura de los sectores comunicaciones y telecomunicaciones.
Durante su conferencia de prensa matutina -llevada a cabo desde el Salón Tesorería del Palacio Nacional-, el titular del Poder Ejecutivo Federal dijo que sabía con antelación, que la SCJN iba a echar para atrás el decreto que emitió el 22 de noviembre de 2021, además de que criticó a los abogados que habían tratado de frenar las obras prioritarias de su Gobierno a través de amparos.
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“Nos adelantamos porque ya sabíamos que en la Corte había la intención de frenar las obras que estamos realizando en el sureste, el Tren Maya, el del Istmo y otras obras importantes de beneficio para la gente. Y la Corte, como se dice coloquialmente, ya la perdimos”, indicó el mandatario nacional.
“Yo creo que siempre había estado alejada del pueblo y cercana al poder, pero ahora de manera descarada están al servicio de los potentados, de la minoría, de lo que conceptualmente, teóricamente, se conoce como la oligarquía, que es el poder de los ricos”, comentó López Obrador.
“Entonces, ya sabíamos que iban a tratar de frenarnos en la construcción de estas obras estratégicas y no estoy hablando al tanteo, no estoy inventando nada. Todos los amparos a las obras que estamos llevando a cabo se promueven por un grupo vinculado a los jueces, magistrados y ministros del Poder Judicial”, abundó el político tabasqueño.
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“Esto que hablábamos de cómo existe una asociación de abogados con esta características, que está dedicada a promover amparos en contra de las obras que estamos llevando a cabo, desde la construcción del Aeropuerto [Internacional] Felipe Ángeles”, insistió el titular del Poder Ejecutivo Federal.
“Hay un ex ministro de la Corte, que sigue teniendo mucha influencia y, sobre todo, que pertenece al supremo poder conservador: [José Ramón] Cossío [Díaz], ya hasta se me olvidan los nombres, pero los tengo que repetir. Otro abogado, Miguel Carbonell [Sánchez], otro abogado que fue de la asociación de Claudio [X. González Guajardo], así se llama la asociación, Litigio Estratégico, Gerardo Carrasco [Chávez]”, reveló el presidente.
“Ese aparece en todas las demandas de amparo, y [Fernando Francisco] Gómez Mont [Urueta] el que fue secretario de Gobernación de Felipe Calderón [Hinojosa], que es los abogados más ricos de México y del mundo, porque es una eminencia en el manejo de influencias. Entonces, este grupo influye mucho en la Corte y los que están en la Corte también vienen de la época en que no se entendía que los únicos negocios que deben interesar al servidor público son los negocios públicos”, señaló el mandatario nacional.
Asimismo, López Obrador aseveró que los ministros de la SCJN no defendían la Constitución, luego que Alberto Pérez Dayán afirmara que nadie los “va a doblar” y que mientras estuvieran en su cargo harían valer lo que establece la Carta Magna.
“Eso es mentira, ellos nos defienden la Constitución, ellos la violan. Tan claro que el [artículo] 117 establece que ningún funcionario puede ganar más que el presidente y ellos ganan cinco veces más de lo que yo gano. Y, con argucias legaloides, ellos tiene esos privilegios violando flagrantemente la Constitución. Entonces, que no vengan aquí con demagogia, porque ya no es ese tiempo de que engañaban”, agregó López Obrador.
El denominado primer “decretazo” también declaraba de interés público y de seguridad nacional, la realización de proyectos y obras aduaneras, fronterizas, hidráulicas, hídricas, así como de medio ambiente, turístico, salud, vías férreas, ferrocarriles en todas sus modalidades, energéticas, puertos, aeropuertos y aquellos que, por su objeto, características, naturaleza, complejidad y magnitud, se consideraran prioritarios y/o estratégicos para el desarrollo nacional.
El decreto presidencial -publicado en el Diario Oficial de la Federación (DOF), el 22 de noviembre de 2021- también instruía a las dependencias y entidades gubernamentales otorgar la autorización provisional para iniciar los proyectos, para con ello garantizar su ejecución oportuna, el beneficio social esperado y el ejercicio de los presupuestos autorizados (entre ellos la refinería de Dos Bocas, el Tren Maya y el Aeropuerto Felipe Ángeles).
No obstante, el 18 de mayo de 2023, la mayoría de los integrantes del Pleno de la SCJN discutieron el proyecto presentado por Juan Luis González Alcántara Carrancá y resolvieron la controversia constitucional con el expediente número 217/2021, promovida el 10 de diciembre de 2021, por el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI).
El Pleno del órgano constitucional autónomo determinó que el acuerdo del titular del Poder Ejecutivo Federal “transgrede los principios de supremacía constitucional y legalidad, porque realiza una reserva anticipada y generalizada de la información relativa a esos proyectos u obras, vulnerando el derecho a saber de la sociedad”.
“Se concluyó que existe una posible violación al artículo 6 de la Constitución mexicana, pues la seguridad nacional y el interés público son causales de reserva de la información y la clasificación de la misma debe realizarse por los sujetos obligados caso por caso, fundando y motivando la determinación y cumpliendo los requisitos de la prueba de daño”, indicó el INAI, en su momento.
Votaron a favor de invalidar por completo el primer “decretazo”, los ministros Juan Luis González Alcántara Carrancá, Luis María Aguilar Morales, Alberto Pérez Dayán, Javier Laynez Potisek, Ana Margarita Ríos Farjat y Norma Lucía Piña Hernández. Mientras que en contra, sufragaron Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, Jorge Mario Pardo Rebolledo, Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, Yasmín Esquivel Mossa y Loretta Ortiz Ahlf.
Durante una sesión pública, el ministro González Alcántara Carrancá señaló que los efectos de la invalidación eran generales, no sólo en materia de transparencia y caerá “entre las partes”, es decir, sobre el INAI y el Poder Ejecutivo Federal, que a su vez está a cargo de las secretarías o dependencias.
“El acuerdo invalidado fue expedido por el Poder Ejecutivo, que es la parte demandada, dicho acuerdo va dirigido hacia las dependencias de la Administración Pública Federal (APF), las cuales forman parte de dicho Poder. Si el efecto de la sentencia es invalidar el acuerdo respecto al Poder Ejecutivo y el acuerdo iba a dirigido a las dependencias y entidades que son parte del Poder Ejecutivo, el acuerdo se invalida en su totalidad”, explicó González Alcántara Carrancá.
El mismo ministro detalló que el hecho de que el INAI fuera la otra parte de la controversia constitucional, no modificaba la invalidez total. Asimismo, indicó que lo anterior no significaba, que se estuviera dando una tratamiento de norma general al acuerdo estudiado, sino que obedecía a las particularidades del mismo, que se encontraba dirigido a las dependencias y entidades de la APF, las cuales eran, a su vez, partes de la controversia.
En síntesis, el Pleno de la SCJN avaló la propuesta del ministro González Alcántara Carrancá de eliminar totalmente el primer acuerdo emitido por el presidente López Obrador, por lo que los ciudadanos podrán solicitar la información que requieran respecto a dichas obras, y ninguna institución podría negarles bajo el argumento de que se trata de información de seguridad nacional.
