Pese a que la Constitución Política del Estado de Baja California Sur establece la alternancia de género en la Presidencia del Poder Judicial, en sesión secreta celebrada el 11 de abril de este año, el pleno (integrado por dos mujeres y cinco hombres) por unanimidad eligió a un magistrado varón como el nuevo perfil para dirigir a esta fracción de la organización política de la entidad.
Raúl Juan Mendoza Unzón sustituirá a Daniel Gallo Rodríguez en el cargo de magistrado presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Baja California Sur (TSJEBCS) para el periodo 2023-2025.
Por medio de un boletín de prensa, el TSJEBCS insistió en que la elección se basó en las facultades conferidas en la Constitución Política del Estado de Baja California Sur y en la Ley Orgánica del Poder Judicial.
Los siete magistrados emitieron su voto en cédula secreta, resultando electo de forma unánime al magistrado Mendoza Unzón, quien tomó protesta en lo inmediato como presidente del Poder Judicial del Estado.
Raúl Mendoza agradeció el voto de confianza por parte de sus pares para presidir el Poder Judicial, asegurando que todas las decisiones se someterán a consideración, discusión y solución conjunta ante los Plenos de Magistrados y consejeros de la Judicatura.
Comentó que su administración será de puertas abiertas para los justiciables, abogadas, abogados, y la ciudadanía en general; que dará continuidad a los trabajos en la impartición de justicia siempre con apego a la legalidad, a la transformación y evolución tecnológica, así como certeza jurídica.
Cabe mencionar que, dentro de esta sesión, también se designó a la magistrada Abigail Jiménez Montalvo como consejera de la Judicatura, tomando protesta de ley para esta nueva encomienda.
Y aunque pareciera que se trató de un nuevo comienzo para el TSJEBCS, sin mayor relevancia en el espectro político, voces de la sociedad civil reclamaron lo que califican como una violación a la Constitución de Baja California Sur.
“El Tribunal Superior de Justicia funcionará en los términos que determine su Ley Orgánica. Quien presida el Tribunal Superior lo hará por un periodo de dos años. Su elección será alternada entre géneros, durante la primera sesión que se celebre en el mes de abril del año que corresponda. Quien ocupe la presidencia no podrá ser objeto de reelección”, dice el Artículo 95 de la Constitución Política de la entidad.
En este contexto, se abren señalamientos en contra del Poder Judicial por haber pasado por encima de un mandato constitucional al no respetar la alternancia de género.
Para especialistas en derecho, la Constitución es clara al establecer que esta designación debió haber recaído en una de las dos magistradas mujeres que integran el Pleno del Poder Judicial.
Arturo Rubio Ruiz, representante legal en Baja California Sur del Consejo Ciudadano para Atención a Víctimas del Delito, recalcó que esta designación es un reflejo de la forma vertical en que se ejerce el poder al seno del órgano encargado de administrar justicia en el estado.
“Donde violar la Constitución no es inconveniente con tal de mantener el control interno del aparato judicial y, sobre todo, del manejo discrecional y sin auditoría externa del multimillonario botín que implica el llamado fondo auxiliar la administración de justicia, que se integra por los depósitos, pensiones, pagos de multas, fianzas, copias y demás haberes que recauda el Tribunal”, señaló.
Expone que se trata de una acción en búsqueda de mantener el poder hasta el último momento durante el encargo público, en un escenario donde la administración pública termina siendo una herramienta de control político y de protección a intereses de grupo que ha demostrado que para alcanzar sus objetivos el violar la Constitución no es un obstáculo.
“Mi abuelo materno, que era el epítome del machismo recalcitrante decía: ‘si uno quiere y ellas se dejan…’ y el adagio se aplica en este caso: ellos quisieron y ellas se dejaron. Las propias magistradas votaron a favor de violar la Constitución en contra de la alternancia de género al acceder a la presidencia del tribunal”, expresó.
El abogado recalcó que hay complicidad por omisión de posturas firmes ante la designación de Raúl Mendoza, ya que con esta decisión del Pleno se atropellaron los derechos de las magistradas Abigail Jiménez y Martha Magdalena Ramírez Ramírez.
Enfatizó que se trató de un atropello al derecho a ser electas, sin embargo, hasta el momento no han emitido ninguna postura e, incluso, votaron a favor de Raúl Mendoza.
“Este triste espectáculo de mujeres profesionistas, preparadas, con experiencia en el servicio público, sumisas y abnegadas, resulta imposible no evocar aquella frase sacramental: ‘me pega, pero es por mi bien’”, remarcó.
“¿Realmente creen ustedes que alguno de estos siete magistrados, al impartir justicia lo hace con perspectiva de género? ¿Creen que en sus resoluciones aplican la equidad de género, la progresividad de los derechos humanos? ¿Creen que hacen valer la interpretación pro persona?”, cuestionó.
Rubio Ruiz aseguró que el mensaje que envía al Tribunal al gobernador del Estado, Víctor Castro Cosío, es contundente ante su campaña ‘Párale a la Violencia’, cuando está claro que, desde el seno de la institución encargada de velar por la justicia, la igualdad, la equidad, la perspectiva de género y la alternancia son letra muerta cuando se trata de sostenerse en el poder.
NO VIOLAMOS LA CONSTITUCIÓN: MENDOZA UNZÓN
Durante la primera entrevista que ofreció a medios de comunicación tras su toma de protesta, el ahora magistrado presidente fue cuestionado por ZETA sobre su designación y lo que establece la Constitución sobre la alternancia de género para el cargo que hoy ostenta.
Respondió que la modificación al Artículo 95 de la Constitución del Estado, que se dio durante esta XVI Legislatura, como bien es sabido, se realizó cuando todavía estaba la presidencia de Gallo Rodríguez.
“Obviamente no entró en vigencia. Esta es la primera vez que se utiliza y se aplica esta ley, obviamente al aplicarse por primera vez puede ser para cualquiera de los dos géneros. Aunado a esto, mis pares que son magistradas mujeres, me han dado la confianza también; son ellas y los demás magistrados también”, declaró sobre el tema.
Recalcó que, con base en la interpretación que el Pleno hizo del Artículo 95, los magistrados del Poder Judicial de Baja California Sur no estarían violando nada.
Al cerrar esta controversia, el magistrado presidente prosiguió mencionando que entre sus planes de trabajo contempla la modernización del Tribunal, así como sumar esfuerzos para lograr una impartición de justicia más rápida para la sociedad sudcaliforniana.
“Los cambios de poder continuar con la modernización. Sabemos que el derecho es una constante dinámica de modernización, cada día la población y la sociedad lo está exigiendo. Hay reformas y seguiremos atendiendo las mismas”, expresó.
“Es lo que se pretende. Sabemos que cuesta mucho eso, es económico por la creación de más juzgados; entendemos la situación de Baja California Sur, que es complicada, pero con imaginación también y con ganas de trabajar se puede hacer”, subrayó.
Hizo hincapié en los sistemas de aplicación de justicia, donde el objetivo es continuar con juicios en línea pero reforzarlos y fortalecerlos.
Señaló que, sobre todo, buscará aplicar una justicia conforme a la ley, pero también con una perspectiva humana.
Sobre su experiencia, mencionó que lleva más de 30 años en el servicio público. Inició como agente del Ministerio Público del Fuero común.
Fue subdirector y director de averiguaciones previas y control de procesos, subprocurador general de justicia, subsecretario de la Consejería Jurídica de Gobierno del Estado, secretario general del Ayuntamiento de La Paz, notario público y actualmente funge como magistrado del TSJEBCS.
“Que se acerquen al Poder Judicial todas aquellas personas que tengan algún procedimiento, están las puertas abiertas. Conmigo siempre encontrarán esa apertura para poderlos atender, auxiliar y orientar en un dado caso”, finalizó.
SILENCIO ABSOLUTO
Pasaron más de 24 horas desde la toma de protesta de Raúl Mendoza sin que ningún actor político o servidor público se pronunciara sobre el conflicto por la violación al mandato constitucional que garantiza la alternancia de género en el Poder Judicial.
ZETA buscó vía telefónica a la diputada presidenta de la Comisión de Género del Congreso del Estado, María Luisa Ojeda González, y a la presidenta del Partido Acción Nacional (PAN), Guadalupe Saldaña Cisneros, para escuchar sus posturas; sin embargo, hasta el cierre de esta edición no hubo respuesta.
En este sentido, Arturo Rubio Ruiz expresó que resulta más ofensivo el silencio de los 21 diputados locales que, constituidos en Congreso local, son los garantes de la constitucionalidad del ejercicio público.
Ninguno de los integrantes de la XVI Legislatura se ha pronunciado se ha manifestado ante lo que el especialista señala como una flagrante violación constitucional.
“Es más, específicamente se violó el artículo que esta legislatura, la actual; reformó y cacareó como un gran avance progresista al imponer la alternancia de género. Ni porque ellos aprobaron dicha reforma, salen en su defensa”, aseveró.
“Eso nos dice que nuestros representantes populares no lo son tanto y se encuentran sometidos y disciplinados a la voz de mando, que también de manera vertical se ejerce al seno del Poder Legislativo”, agregó.
Enfatizó que si los diputados, que son los responsables de cumplir y hacer cumplir la Constitución, también callan, es una señal de que en Baja California Sur la democracia es un mito.
Desde la perspectiva de Rubio Ruiz, otro silencio que indigna es el de los litigantes en la entidad, ya que a nadie parece importarle la legalidad y el Estado de Derecho en Baja California Sur.
“Lejos de cuestionar el actuar del pleno del TSJEBCS, la organización de abogados que aglutina a empleados de gobierno, publicó de inmediato en redes sociales una calurosa felicitación del presidente electo, de quien presumieron; además es integrante de dicha organización”, recordó.
“Si el silencio de los mencionados es incómodo, es ofensivo, es indignante, es más sorprendente el silencio de las feministas. Ni las integrantes del grupo más radical han salido a cuestionar el tema”, añadió.
Por último, expresó que el silencio que se vuelve cómplice es el manto protector con el que se viola la Constitución en aras de mantener el poder, la legalidad, la equidad, la perspectiva de género, los cuales seguirán siendo arengas rentables en el discurso político y nada más.
