Con dispensa de todos los trámites, por considerarla “de urgente resolución”, el Pleno de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, aprobó, a la medianoche del 20 de abril de 2023, una iniciativa para reformar las leyes Minera; de Aguas Nacionales; del Equilibrio Ecológico; y la de Protección al Ambiente.
El proyecto aprobado modifica de hasta 30 años hasta 80 años el período de las concesiones mineras y de 5 a 30 años el plazo inicial de las concesiones de agua para dicho sector.
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El dictamen fue avalado por 290 votos a favor -por parte de los grupos legislativos de los partidos Morena, del Trabajo (PT), Verde Ecologista Mexicano (PVEM) y Movimiento Ciudadano (MC)-, mientras que los 186 sufragios en contra fueron emitidos por las bancadas del Revolucionario Institucional (PRI), Acción Nacional (PAN) y de la Revolución Democrática (PRD); así como una abstención.
La propuesta, presentada a nombre del Moisés Ignacio Mier Velazco y Aleida Alavez Ruiz, coordinador y vicecoordinadora del grupo parlamentario de Morena, respectivamente, era similar a la que presentó el presidente Andrés Manuel López Obrador el 28 de marzo de 2023. Sin embargo, la enviada por el titular del Poder Ejecutivo Federal planteaba reducir el tiempo de las concesiones mineras, de 50 a 15 años, y la avalada en San Lázaro las reduce a 30 años.
“La esencia y objetivo central es recuperar la rectoría del Estado sobre los recursos minerales e hídricos del subsuelo mexicano. A partir de la iniciativa del presidente, hemos enriquecido, nutrido y fortalecido esta nueva iniciativa”, explicó el diputado Manuel Rodríguez González, de Morena y presidente de la Comisión de Energía, al argumentar la propuesta.
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La reforma elimina el esquema de terreno libre y primer solicitante; el carácter preferente de la actividad minera; así como el derecho de las personas titulares de las concesiones a obtener la expropiación de un terreno para la explotación minera.
Por otra parte, se establece la obligación de determinar los impactos sociales de cada concesión minera; la consulta previa al otorgamiento del título de concesión, libre e informada, a pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas.
Asimismo, la iniciativa sobre las concesiones mineras, contempla la duración de 30 años, de los cuales 5 años son para actividades preoperativas y 25 años de explotación efectiva.
Además, se plantea que la concesión pueda prorrogarse por un periodo de 25 años, permitiendo que el concesionario pueda ampliar su titularidad hasta por 55 años.
“Al concluir los 55 años, el concesionario puede participar en la licitación del mismo lote por un periodo de otros 25 años; es decir, si cumple con todo lo que exige la normatividad del sector y garantice el equivalente a la oferte más alta, pueden llegar a tener una concesión de hasta 80 años”, detalló el diputado Rodríguez González.
Asimismo, se condiciona la concesión minera a la disponibilidad hídrica y se establece la obligación de las personas concesionarias para llevar a cabo el uso eficiente y reúso del agua y, en su caso, la restauración del recurso hídrico.
En la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, se proponen reformas para que no se pueden otorgar concesiones mineras en Áreas Naturales Protegidas. También se establece el Programa de Restauración Cierre y Post Cierre y la gestión de los residuos mineros y metalúrgicos.
Mientras que el artículo 42 de la Ley de Minería prevé la cancelación de las concesiones mineras en caso de riesgo inminente de desequilibrio ecológico, casos de contaminación con repercusiones peligrosas para los ecosistemas o para la salud pública.
La propuesta aprobada por el Pleno de San Lázaro plantea que el otorgamiento de concesiones podrá incluir dos o más minerales o sustancias y reduce de 10 a 7 por ciento el monto mínimo de la contraprestación a los pueblos y comunidades afectadas por la actividad minera, además de que especifica la base sobre la cual se calculará dicho porcentaje.
También propone que antes de cancelar las concesiones mineras por riesgos en materia ecológica, a los titulares de las mismas se le den tres meses para emprender acciones y elimina la redacción, según la cual, las concesiones debían negarse ante las pretensiones de concentrar el 30 por ciento del volumen de disponibilidad media anual de la cuenca o acuífero de que se trate, uno o más permisos o títulos para uso y aprovechamiento de agua.
Finalmente, plantea establecer una contraprestación a los pueblos y comunidades ubicados en zonas mineras, de al menos un 5 por ciento de las utilidades obtenidas por la actividad realizada al amparo de la concesión.
Los diputados de oposición presentaron tres mociones suspensivas que les fueron rechazadas y acusaron a la bancada de Morena de “faltar a su palabra”, ya que habían prometido que habría un parlamento abierto en la materia. Tras su aprobación, el dictamen se turnó al Senado de la República, para su eventual análisis y discusión.
