A casi veinte días de que cerca de 40 personas fueran evacuadas por el deslizamiento del talud que provocó el derrumbe de dos edificios en el fraccionamiento La Sierra en Tijuana, los damnificados siguen sin recibir ningún apoyo de autoridades municipales y estatales.
En la primera reunión de los inquilinos de los edificios y su representante legal con funcionarios, el secretario general de Gobierno, Miguel Ángel Bujanda; así como el director de Gestión Política de la Secretaría de Gobierno, Daniel Romero Mejía, ofrecieron apoyos entre 3 mil y 4 mil pesos por departamento; sin embargo, el recurso no ha sido entregado.
Cecilia Álvarez, abogada de los inquilinos damnificados, señaló que aún no está definida la cantidad y se está viendo si el apoyo sería libre, sin que su otorgamiento se condicione a la no presentación de demandas, ya que “lo que ha venido pasando es que prometen una cosa y no cumplen, o cumplen a medias, o cambian los términos”. En suma, “no hay nada definido”.
El discurso público de la alcaldesa Montserrat Caballero Ramírez fue solamente ofrecer albergues a las personas que perdieron el lugar que habitaban y sus pertenencias. Pero la indolencia es tal, que ninguna dependencia municipal se ha acercado a los afectados. “Nunca se ofreció un número telefónico, una dirección, un lugar donde nos podamos acercar a tomar esa información”, comentó Roberta Mendoza, inquilina afectada.
Pedro Chavarría Jaime lamentó que el Ayuntamiento no haya entregado el apoyo social prometido: “En la zona cero -donde sólo quedan escombros de los edificios colapsados- no hay nadie ya, más que actos de rapiña”.
Hasta el cierre de edición, jueves 13 de abril, la dueña de los edificios colapsados, Bertha Leticia Rojas Rodríguez, tampoco había devuelto el dinero del depósito a sus inquilinos ni se habían rescindido los contratos de arrendamiento. Situación que limita a los damnificados a buscar otro lugar para vivir.
Sobre la devolución del depósito, Juan Marcos Gutiérrez González, abogado de Rojas Rodríguez, señaló que eso se va a resolver, sin precisar un plazo, pese a que ha aclarado que el proceso de rescindir el contrato es distinto a una indemnización a pagar por quien resulte responsable del siniestro del que, aseguró, también su clienta es víctima.
“Si nada más agarras y devuelves, y te empiezas a colocar con actos como responsable del siniestro, es un tema de mucho cuidado”, dijo Gutiérrez González. Su clienta está revisando quién pagó qué y cuándo para llegar a un acuerdo para terminar los contratos de arrendamiento, a lo sumo se está hablando de devolver el mes de renta (entre 200 y 500 dólares) y/o el depósito.
Lo que tampoco reporta ningún avance es la revisión de las licencias de construcción que instruyó la gobernadora Marina del Pilar Ávila Olmeda el 29 de marzo. La mesa de trabajo entre el gobierno estatal y el Ayuntamiento de Tijuana se celebrará el 21 de abril.
Una vez que autoridades municipales entreguen documentación sobre las autorizaciones, se analizará y “en su momento” se podrá determinar si existe alguna responsabilidad, dijo el consejero jurídico Juan José Pon Méndez.
Aunque no existe certeza de que se presente una demanda colectiva como en principio planteó la gobernadora ni cuándo sucederá, Pon Méndez consideró que “no será un tema que vaya a tardar demasiado”. En la mesa concurrirán la Secretaría General de Gobierno, Secretaría de Infraestructura, Desarrollo Urbano y Reordenación Territorial (SIDURT), además de la Fiscalía General del Estado (FGE), donde hasta el cierre de edición, no había carpeta de investigación abierta.
Asimismo, el abogado de los inquilinos no había presentado ninguna denuncia administrativa, civil y/o penal, ya que no había recibido la documentación solicitada al Ayuntamiento, entre la que destaca el proyecto estructural, la memoria de cálculo y el estudio geotécnico. Previó que en el transcurso de la semana podría recibir la información, para después solicitar peritajes y posteriormente presentar las denuncias.
FALTA DOCUMENTACIÓN; INVESTIGACIÓN DE SINDICATURA EN 8 SEMANAS
El síndico procurador Rafael Leyva Pérez, reveló que la Dirección de Administración Urbana (DAU) no proporcionó la documentación completa que se requiere para otorgar las licencias de construcción de los edificios de La Sierra: una otorgada en 2005 en la administración de Jorge Hank Rhon, y la otra en 2021, en la de Arturo González Cruz y Karla Ruiz Macfarland.
Entre los documentos que debería tener la DAU, pero no fueron localizados para la investigación de Sindicatura. está el estudio de mecánica de suelo y el documento de terminación de obra de ambas licencias. Este último constata que la construcción corresponde al proyecto autorizado. Sindicatura solicitará directamente la información faltante a CESPT, CFE y otras dependencias.
En cualquier caso, de no reunir todos los requisitos para otorgar la licencia “se estarán fincando” responsabilidades. “Creemos que alrededor de seis a ocho semanas estaremos concluyendo nuestra investigación”, refirió.
De determinarse falta grave, se enviará al Tribunal de Justicia Administrativa para que imponga inhabilitación y/o sanciones económicas a ex funcionarios. La investigación de Sindicatura abarcará el actuar de los directores responsables de obra involucrados, sentenció Leyva Pérez. Según las licencias de construcción, estos fueron Isaac Lorenzo Salcedo Leos (edificio 2021) y Gustavo Hernández Lee (edificio 2005). Se sabe que uno de ellos se certificó en el Colegio de Ingenieros Civiles de Tijuana.
POR EL MOMENTO, PROPIETARIA SE ABSTENDRÁ DE DENUNCIAR
Aunque Bertha Leticia Rojas Rodríguez perdió los dos edificios el 1 y 9 de abril, su abogado descartó que vayan a presentarse denuncias penales. De acuerdo con Juan Marcos Gutiérrez González, su clienta se reserva el derecho de presentar la demanda de responsabilidad patrimonial del Estado, que presuntamente sería contra la Comisión Estatal de Servicios Públicos de Tijuana (CESPT). Responsabilidad que podría extenderse a funcionarios y peritos, en caso de que “haya licencias mal dadas”.
El abogado solicitó al Ayuntamiento una mesa técnica y de diálogo con la CESPT, ya que especialistas consultados por la defensa de Rojas Rodríguez señalan que el deslizamiento del suelo se debió a una fuga de agua en una tubería en medio de la calle Tarahumara que conecta a unos medidores, los cuales presuntamente abastecían de agua “fuera de regla” a los inmuebles de abajo del talud.
“La hipótesis más clara es que mi cliente es víctima de una vez construidos sus inmuebles estar con relativa colindancia a un terreno que recibió cortes sin su debido tratamiento y agua de la fuga”, indicó Gutiérrez González, para agregar que no ha habido respuesta del gobierno municipal a su solicitud.
Guillermo Fimbres, dueño del predio donde cayeron los escombros de los edificios, expuso que el talud fue cortado hace 50 años, cuando se construyó la carretera Tijuana-Rosarito (hoy Bulevar Cuauhtémoc Sur) y negó que se hicieran modificaciones posteriores.
Víctor Daniel Amador Barragán, director de la CESPT, aseguró que no los ha llamado y que “no hay manera que una fuga de la CESPT hubiera provocado ese movimiento de talud porque hubiera sido inmensa, tendría que ser un acueducto para que hubiera hecho esa avería, y las tuberías de los medidores son de tres cuartos, o sea, el flujo es muy pequeño”.
En octubre 2022, se reportó una fuga “muy pequeña” en un medidor de otro domicilio sobre la calle Tarahumara, pero fue solventada. El 25 de marzo, la brigada atendió otro reporte y vio que había un deslizamiento que provocó la separación “del peine” de los medidores de los dos edificios que a la postre colapsaron. Es decir, “el deslizamiento de suelo ocasionó la fuga de agua”.
Amador Barragán refirió la opinión del Colegio de Ingenieros Civiles en el sentido de que varios factores concurrieron en el deslizamiento, como la cantidad de agua de las lluvias, el corte y material del talud, así como el sobrepeso de la construcción.
El viernes 7 de abril, Gerardo Tenorio, titular del Colegio de Ingenieros Civiles de Tijuana, declaró que hay una corresponsabilidad entre el propietario, que es quien contrata y paga por la obra; el director responsable de obra que firmó el proyecto; quien lo ejecutó; un estructuralista o laboratorio que hizo el estudio de mecánica de suelo y la memoria de cálculo; además de la autoridad que revisó el proyecto.
PERMANECEN SIN LUZ NI AGUA
Residentes aledaños a los edificios colapsados no tienen agua potable, en algunos casos tampoco electricidad, y no hay fecha para restablecer ambos servicios, debido a que el deslizamiento continúa activo.
Bernardo Villegas, titular de Protección Civil Municipal, comentó que cuatro viviendas de la Privada Tarahumara y cinco locales sobre el Bulevar Cuauhtémoc Sur permanecen con engomado Rojo (alto riesgo).
Javier Franco Casas, asesor en geotecnia del Ayuntamiento, indicó que continúa activado el plano de deslizamiento por la carga de los edificios y el cambio de humedad del suelo; hasta ahora no se sabe si fue sólo por la lluvia o por una fuga de agua interna en el edificio de dos niveles.
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El gobierno municipal estaría realizando un estudio para determinar la longitud y profundidad del plano de deslizamiento, con el fin de comprobar que este no afecta a las casas de arriba, o incluso calles aledañas a la Tarahumara. Sin embargo, no hay fecha para elaborarlo. Tentativamente sería ejecutado por una empresa de Ciudad de México.
5% DE EMPRESAS PUEDEN HACER TRABAJOS GEOTÉCNICOS
Luego del colapso del segundo edificio (de tres niveles) en La Sierra y de un muro de contención en el fraccionamiento Colinas de Chapultepec, la alcaldesa encabezó una reunión con los presidentes de la Cámara Nacional de la Industria de Desarrollo y Promoción de Vivienda (Canadevi), Xavier Ibarra; de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción (CMIC), Gabriel Vizcaíno; y el Colegio de Ingenieros Civiles de Tijuana.
De igual forma, anunció que se actualizará el Atlas de Riesgo y se creará un Consejo Municipal de Fraccionamientos y Edificios Seguros, así como el Departamento de Riesgos de la DAU, revisando los reglamentos de construcción.
En la reunión, la CMIC propuso regular a las empresas que puedan construir y que dicha Cámara las capacite, con el fin de verificar que estas sean solventes y tengan capacidad de ejecutar el tipo de obras que se requieren en la ciudad.
“En este momento, de las 71 empresas que tenemos, un 5% puede hacer trabajos especializados de geotecnia y cuentan con los equipos adecuados”, señaló Gabriel Vizcaíno, de la CMIC.
En su opinión, no sólo se trata de hacer un estudio geotécnico más profundo, sino brindar soluciones adecuadas las soluciones y que se construyan, “porque muchas veces el estudio se hace nada más como parte de un requisito”.
