El problema heredado de la administración de Jaime Bonilla luego de la cancelación del proyecto de Next Energy se mantiene en el ámbito administrativo con el pleito con el Banco Afirme que se sostiene en el retraso en la devolución de 123 millones de pesos de las participaciones federales que le corresponden a la empresa de energía renovable contratada para el desarrollo de la planta fotovoltaica durante la primera administración estatal del partido Morena.
La empresa ha tratado de ampararse y solicitar la intervención de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) para evitar el arresto de ambos representantes bancarios a quienes se les inició proceso por desacato de una orden judicial de devolver el dinero federal a las arcas estatales.
“Vamos a conseguir esos recursos, tengan certeza en eso. Se encuentran muy blindadas las participaciones federales. A la fecha se ha evitado un quebranto de mil 500 millones de pesos. Ellos aún no han restituido el recurso y los actos contra estos dos representantes son por retrasar o no acatar la orden de un juez por la retención de estos 123 millones de pesos”, explicó Juan José Pon, consejero jurídico del gobierno del Estado.
Durante la conferencia matutina de la gobernadora, el Consejero Jurídico aclaró que las participaciones federales siguen llegando al Estado y solo tienen esos 123 millones retenidos.
“Banca Afirme, solicitó que la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para que se analizará la orden de aprehensión contra dos de sus representantes. Los procesos jurídicos qué se están llevando Next Energy y Banca Afirme se les están complicando a ellos”, dijo Pon. “Queremos reiterarles qué la consejería sigue al pendiente de los asuntos y las participaciones siguen llegando oportuna y completa”, sostuvo.
Next Energy también sostiene procesos activos y se amparó para recuperar su actividad en el desarrollo de proyectos de energías renovables.
“Next Energy promovió un amparo sobre la Comisión de energía para que les permitiera desarrollar el proyecto, eso en abril y de nueva cuenta les negaron la solicitud”, explicó.
En otro de los movimientos y problemas heredados de la administración de Jaime Bonilla, el fiscal Ricardo Iván Carpio confirmó que se acaba de interponer una denuncia contra la empresa Fisamex, responsable de realizar supuestas auditorias y cobros de presuntos adeudos por agua contra empresarios de Baja California.
“Se recepcionó una denuncia por Fisamex donde se adjudican delitos presuntamente cometidos por exfuncionarios de la pasada administración”, se limitó a explicar el titular de la Fiscalía General del Estado (FGE) en Baja California.
