Antonio Enrique Tarín García, ex director de Adquisiciones y Servicios de la Secretaría de Hacienda del Gobierno estatal chihuahuense -durante la Administración de César Horacio Duarte Jáquez- y ex diputado federal suplente del Partido Revolucionario Institucional (PRI), por el Distrito IX de dicha entidad, murió, alrededor de las 02:00 horas del 7 de abril de 2023, tras arrojarse de un puente, ubicado entre Avenida Homero y el Periférico de la Juventud, en la capital homónima de Chihuahua.
Al lugar acudió personal de seguridad y paramédicos, quienes confirmaron el deceso. Horas más tarde identificaron que se trataba del ex funcionario estatal y ex legislador federal, quien fue detenido, por la entonces Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México (PGJ-CDMX) -en coordinación con la Fiscalía chihuahuense- en la colonia San José Insurgentes, delegación Benito Juárez, de la capital de al República.
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El entonces diputado federal priista suplente fue llevado al Aeropuerto de Toluca, en el Estado de México, en donde fue entregado a las autoridades de Chihuahua. Fue vinculado a proceso, el 13 de mayo de 2017, con una medida cautelar de prisión preventiva, por supuesto peculado.
Según un comunicado emitido por la Fiscalía General del Estado de Chihuahua, a Tarín García “se le acreditó plenamente que a través de servicios no prestados y falsas adquisiciones se cometió el desvío de 120 millones de pesos del erario público”, cuando era el ex director de Adquisiciones y Servicios de la Secretaría de Hacienda estatal chihuahuense.
El agente del Ministerio Público, según indica el comunicado, presentó “pruebas documentales y argumentos contenidos en la Carpeta de Investigación”, sin embargo el acusado “se negó a hacer uso de su derecho a desvirtuar la acusación”.
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“Al imputado Antonio Enrique T. G., se le atribuye la coautoría en el desvío de 120 millones de pesos del erario público en un contrato de adjudicación directa entre la Secretaría de Hacienda estatal y la empresa Kepler Soluciones Integrales, para el supuesto “Levantamiento de procesos, desarrollo e implementación del Sistema Hacendario”.
“Los expedientes con los que sustentaban los supuestos procesos administrativos, los cuales eran simulados”, explicó la Fiscalía estatal chihuahuense, en su comunicado. “[…] se dio un desvío de recursos en favor de la empresa Kepler que solo trató de ‘justificar’ sus servicios al entregar dos CD’S con archivos del 2011 al 2014, carpetas vacías y documentos word incompletos”, agregó.
“Incluso que los cuatro pagos a la citada empresa se hicieron de marzo a junio del 2015, antes de que se firmara el contrato, lo que demuestra que fue una simulación que trataron de ‘maquillar’ en octubre de 2017, cuando la empresa entregó dos facturas por los 120 millones de pesos”, concluyó el comunicado.
El 28 de marzo de 2017, Tarín García quien en ese entonces pretendía tomar protesta como diputado federal, se atrincheró en San Lázaro por casi 30 horas, para evadir una orden de aprehensión en su contra y obtener el fuero constitucional.
Sin embargo, el grupo parlamentario del PRI desistió de tomarle protesta como legislador suplente, luego de que el entonces Gobierno estatal, encabezado por Javier Corral Jurado, diera a conocer que era requerido por una red de corrupción en la administración de César Horacio Duarte Jáquez.
Ese mismo día, Sandra Leticia Robledo Magaña, titular del Juzgado Primero de Distrito en Amparo Penal de la Ciudad de México, le notificó al político chihuahuense la suspensión provisional de la orden de aprehensión, establecida en la demanda de garantías 263/2017.
La impartidora de justicia le impuso a Tarín el pago de una garantía de 14 mil 500 pesos, para que surtiera efecto la protección de la justicia contra cualquier orden de aprehensión o comparecencia que haya sido librada en su contra por un Juez de Control del Distrito Judicial de Benito Juárez en Chihuahua.
Luego, el suplente del diputado priista Carlos Gerardo Hermosillo Arteaga -quien falleció en un accidente automovilístico- solicitó se le tomara protesta en la sesión que se celebró el 25 de abril de 2017, por lo que envío un escrito a la Junta de Coordinación Política (JUCOPO) de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión. Sin embargo, no se le contempló en la orden del día.
En julio de 2019, Tarín García fue condenado a seis años de prisión, por presuntamente desviar 2 millones 420 mil pesos, a través de una simulación de contratación de servicios profesionales entre la Secretaría de Hacienda, la Secretaría General de Gobierno y la empresa Bildung Consultoría Organizacional, de julio a septiembre de 2016.
Salió de prisión en diciembre de 2021, para llevar su proceso en resguardo domiciliario. Hasta esa fecha seguían vigentes nueve procesos por peculado en su contra, pero obtuvo un amparo para el cambio de medida cautelar, de prisión preventiva oficiosa a la libertad condicional. Se le colocó un localizador satelital en forma de brazalete electrónico, bajo la supervisión del Instituto de Servicios Previos al Juicio.
