El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) invalidó, el 17 de abril de 2023, los artículos 291, 295, 296 y 81 Bis fracción VII del Código Militar de Procedimientos Penales, que permitían al Ejército intervenir comunicaciones privadas y realizar cateos, sin previa autorización de un juez civil.
El ministro Alberto Pérez Dayán votó a favor del proyecto de sentencia presentado por su homólogo Luis María Aguilar Morales, con lo que se alcanzó la mayoría de ocho votos que se necesitaban para declarar inconstitucionales las reformas al código castrense.
El caso derivó de una acción de inconstitucionalidad promovida por la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), misma que impugnó diversos artículos son transgresores de los artículos 13 y 16 de la Constitución, que extendían la jurisdicción militar indebidamente, facultando a ésta, intervenir comunicaciones privadas.
Los artículos impugnados determinaban que los militares podían iniciar investigaciones, por la posible comisión de ilícitos, practicando la intervención de comunicaciones privadas, informando al ministerio público y jueces de control al respecto. Asimismo, se facultaba a los militares para destruir los registros de dichas comunicaciones.
La CNDH argumentó que sólo los jueces federales tienen la facultad de poder permitir la intervención de comunicaciones privadas, independientemente del contenido, o el tipo de aparato tecnológico utilizado, e indicó que si las Fuerzas Armadas requerían intervenir comunicaciones privadas atendiendo a su jurisdicción sólo a militares, primero tendrían que solicitarlo a un juez federal y esperar que éste aceptara o denegara fundadamente su petición.
Por tratarse de un tema penal, el fallo de la SCJN tendrá efectos retroactivos al 17 de mayo de 2016, fecha en que entró en vigor la reforma al Código Militar de Procedimientos Penales, por lo que todos los juicios que se hayan basado en pruebas obtenidas mediante intervenciones de comunicaciones realizadas sin la autorización de un juez del fuero civil, deberán ser invalidadas.
Durante la sesión, el ministro Luis María Aguilar Morales manifestó que a pesar que el Código Militar de Procedimientos Penales impugnado refiere algunos controles para ejercer estas intervenciones, estos no son claros, ni suficientes.
El mismo ministro comentó que lejos de generar certeza, causaba incertidumbre en relación con cuál era el límite de esta atribución, dado que solamente se mencionaba la causa por la que podía ejercerse y no se especificaba ni la materia ni sobre quién o quiénes podía llevarse a cabo.
“Esto puede tener como consecuencia el uso arbitrario por parte de la autoridad ministerial, al poder realizarla, no sólo respecto de personal militar sujeto a una investigación sino sobre personas ajenas al fuero castrense”, refirió Aguilar Morales.
AMLO NIEGA ESPIONAJE DE EJÉRCITO A ACTIVISTAS Y PERIODISTAS; ‘ES INTELIGENCIA’, DICE
El presidente Andrés Manuel López Obrador negó, el 10 de marzo de 2023, que la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA), haya espiado con el programa informático Pegasus -desarrollado por el grupo israelí NSO-, a Raymundo Ramos Vázquez, director del Centro de Derechos Humanos de Nuevo Laredo, o a periodistas. Asimismo, afirmó que no había ninguna ilegalidad y que se trató de un trabajo de “inteligencia”.
El Centro Militar de Inteligencia (CMI), instancia castrense que responde de forma directa al general Luis Cresencio Sandoval González, titular de la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA), utilizó el programa informático Pegasus -desarrollado por el grupo israelí NSO-, por lo menos en una ocasión, para obstaculizar una investigación respecto a la ejecución extrajudicial de 12 civiles por parte de soldados en Nuevo Laredo, Tamaulipas, además de intentar desprestigiar a un activista.
Un oficio secreto, elaborado por el CMI, el 2 de septiembre de 2020, citado por el semanario Proceso y dirigido a “la atención de la Superioridad”, es decir, a Sandoval González, exponía elementos que los militares encontraron en el teléfono móvil de Raymundo Ramos Vázquez, director del Centro de Derechos Humanos de Nuevo Laredo, durante el mes de agosto de ese mismo año.
“Los momentos de la intervención del teléfono de Ramos por parte del CMI coinciden con las fechas de ataques con Pegasus, que el Citizen Lab encontró en el dispositivo del activista: el grupo de expertos, basado en la Universidad de Toronto, comprobó en un análisis forense que el celular de Ramos fue intervenido con Pegasus los 18, 19 y 28 de agosto, así como el 2 y el 3 de septiembre de 2020”, detalló el mismo medio.
“Este informe secreto, que forma parte de los millones de archivos internos de la SEDENA hackeados por el colectivo Guacamaya y que fue consultado por Proceso, la Red en Defensa de los Derechos Digitales (R3D), Artículo 19, SocialTIC, Animal Político y Aristegui Noticias, exhibe una vez más las mentiras de la Sedena respecto al espionaje ilegal: la institución castrense siempre ha negado intervenir las comunicaciones privadas de ciudadanos, y ha sostenido que no ha contratado Pegasus desde el año 2013”, agregó el semanario, que también indicó que ni la Secretaría de la Defensa Nacional, ni la Presidencia de la República, respondieron a cuestionarios que les enviaron los medios participantes en dicha investigación.
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“Se tiene que hacer la investigación, que no es espionaje, es distinto, y el Instituto de Inteligencia del Gobierno hace investigación, porque nosotros sostenemos que es muy importante hacer la investigación, inteligencia, para no usar la fuerza, es mejor la inteligencia que la fuerza”, dijo el político tabasqueño.
“Es un trabajo de inteligencia que se hace en coordinación con el Centro de Inteligencia del Estado para conocer movimientos, operaciones de la delincuencia organizada, nosotros no espiamos a nadie, no es el tiempo de los gobiernos neoliberales, nosotros hicimos aquí el compromiso que no íbamos a espiar a ningún opositor”, agregó el mandatario nacional.
“Tiene que haberse dado con la participación del Instituto de Inteligencia del Estado y trabajan de manera coordinada, pero no hay ninguna instrucción para que de espíe a ningún opositor ni periodista, para qué vamos a espiar, es falta de principios estar espiando”, sostuvo el titular del Poder Ejecutivo Federal.
“Espionaje tiene que ver con amenazar, intimidar, reprimir a los opositores, lo que nosotros padecimos durante años, cuando empecé en Tabasco como opositor en 1988 tenía enfrente de mi casa, día y noche, un carro de espionaje, del grupo de espionaje del régimen”, recordó el político tabasqueño.
“Y desde luego intervenidos los teléfonos, todo eso lo padecimos […] En la inteligencia existe [la base legal], el Estado mexicano tiene un Centro de Inteligencia y autorizaciones [para intervenir conversaciones telefónicas]”, insistió el presidente, durante su conferencia de prensa matutina, llevada a cabo desde el Salón Tesorería del Palacio Nacional.
“Les puedo asegurar que son mas lo que manejan ese sistema de inteligencia, particulares, eso lo adquieren, el bloque conservador seguro que tiene. Claudio X. González [Guajardo] y ellos de dedicaban a espiar particulares, ‘Berlín’, ‘Pejeleaks’, estaba hasta [Enrique] Krauze [Kleinbort] ahí metido, aparecían en mi casa carteles sobre eso y sobrevolaban helicópteros”, afirmó el mandatario nacional.
“Les he platicado que mi finada suegra de mi primera esposa, leía el rosario por teléfono, allá en la época, de los años 70, 80, y grababan todo, después nos mandaban simpatizantes, las grabaciones, hasta el rosario de mi suegra lo compartían con sus amigas, leía el rosario, ahí grababa todo, siempre han habido pájaros en el alambre”, señaló.
“No andamos en eso, ustedes además lo saben, porque nos conocen, el asunto es que tenemos diferencias porque ustedes están defendiendo al pensamiento y el bloque conservador y nosotros queremos la transformación del País, ese es el asunto”, agregó el titular del Poder Ejecutivo Federal.
Al justificar las labores de inteligencia que realizaba la SEDENA, López Obrador aseveró que Audomaro Martínez Zapata, director del Centro Nacional de Inteligencia (CNI), alertó a Omar Hamid García Harfuch, titular de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México (SSC-CDMX), respecto al atentado que miembros del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) realizaron en su contra, el viernes 26 de junio de 2020.
“¿Saben cómo se le salvó la vida al jefe de la Policía de la Ciudad de México, se llama Omar García, de esa manera, unos días antes del atentado? Inteligencia del Estado registró unas llamadas, Omar traía un carro normal, y el general Audomaro Martínez habló con él y le dijo: ‘tenemos esta información, no te confíes’ y cambió por una camioneta con blindaje […] Eso le salvó la vida, porque vaya que le dispararon, entonces, más inteligencia, menos fuerza”, explicó López Obrador.
García Harfuch sufrió un ataque directo con cientos de disparos y armas largas en Lomas de Chapultepec, de la capital de la República, donde fue emboscado cerca de las 6:35 horas del 28 de junio de 2020.
Los agresores, pertenecientes al CJNG, emplearon granadas, armas largas y un fusil Barret, el cual tiene alcance de más de un kilómetro y cuyos proyectiles pueden perforar blindajes y concreto.
Junto a la camioneta blindada en la que viajaba el funcionario capitalino, se hallaron unos 300 casquillos percutidos. Algunos de esos proyectiles mataron a una civil, a dos escoltas e hirieron a García Harfuch en la clavícula, el brazo y la rodilla.
INFORME DE SEDENA CONFIRMA ESPIONAJE CON PEGASUS DURANTE GOBIERNO DE AMLO; QUISIERON DESPRESTIGIAR A ACTIVISTA
El Centro Militar de Inteligencia (CMI), instancia castrense que responde de forma directa al general Luis Cresencio Sandoval González, titular de la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA), utilizó el programa informático Pegasus -desarrollado por el grupo israelí NSO-, por lo menos en una ocasión, para obstaculizar una investigación respecto a la ejecución extrajudicial de 12 civiles por parte de soldados en Nuevo Laredo, Tamaulipas, además de intentar desprestigiar a un activista.
Un oficio secreto, elaborado por el CMI, el 2 de septiembre de 2020, citado por el semanario Proceso y dirigido a “la atención de la Superioridad”, es decir, a Sandoval González, exponía elementos que los militares encontraron en el teléfono móvil de Raymundo Ramos Vázquez, director del Centro de Derechos Humanos de Nuevo Laredo, durante el mes de agosto de ese mismo año.
“Los momentos de la intervención del teléfono de Ramos por parte del CMI coinciden con las fechas de ataques con Pegasus, que el Citizen Lab encontró en el dispositivo del activista: el grupo de expertos, basado en la Universidad de Toronto, comprobó en un análisis forense que el celular de Ramos fue intervenido con Pegasus los 18, 19 y 28 de agosto, así como el 2 y el 3 de septiembre de 2020”, detalló el mismo medio.
“Este informe secreto, que forma parte de los millones de archivos internos de la SEDENA hackeados por el colectivo Guacamaya y que fue consultado por Proceso, la Red en Defensa de los Derechos Digitales (R3D), Artículo 19, SocialTIC, Animal Político y Aristegui Noticias, exhibe una vez más las mentiras de la Sedena respecto al espionaje ilegal: la institución castrense siempre ha negado intervenir las comunicaciones privadas de ciudadanos, y ha sostenido que no ha contratado Pegasus desde el año 2013”, agregó el semanario, que también indicó que ni la Secretaría de la Defensa Nacional, ni la Presidencia de la República, respondieron a cuestionarios que les enviaron los medios participantes en dicha investigación.
El oficio secreto fue revisado y aprobado por el general Homero Mendoza Ruiz, quien en ese momento era titular del Estado Mayor de la Defensa Nacional (EMDN); por Conrado Bruno Pérez Esparza, titular de la Subjefatura de Inteligencia de la misma institución, y por Gerardo Becerra López, el entonces director del CMI, actual agregado militar en la Embajada de México en Panamá.
“A las 8:00 de la noche del 2 de septiembre, es decir, menos de dos horas después de la elaboración del documento, los generales Mendoza y Pérez se reunieron con Luis Cresencio Sandoval en su oficina del Campo Militar número 1, junto con otros militares de alto rango, incluyendo el jefe de la Unidad de Asuntos Jurídicos y el Comandante de la Policía Ministerial Militar, institución a cargo de la investigación sobre la ejecución extrajudicial”, indicó Proceso.
“En 2010, durante el sexenio de Felipe Calderón Hinojosa, la SEDENA se convirtió en el primer cliente de NSO Group en el mundo, pues adquirió el sistema de espionaje a través de la empresa Security Tracking Devices, del empresario tapatío José Suzumo Azano, y lo entregó al CMI, en el Campo Militar No 1. El contrato a Suzumo derivó en un escándalo al interior de la Sedena, pues la institución castrense no solo adquirió el spyware, sino todo un centro de inteligencia por más de 5 mil millones de pesos, con presuntas irregularidades”, agregó el mismo semanario.
“El informe secreto confirma que la SEDENA nunca dejó de ser cliente de NSO Group desde este primer contrato con Suzumo, y refuerza la idea que el ‘Servicio de Monitoreo Remoto de Información’, que la SEDENA contrató en abril de 2019 con la empresa Comercializadora Antsua, S.A. de C.V., amparaba en realidad una licencia del spyware Pegasus, como lo revelaron Proceso y sus medios aliados en octubre pasado. Cuando se celebró el contrato, Antsua contaba con la representación de NSO Group para vender su tecnología a la SEDENA, incluyendo Pegasus. Según otro documento secreto de la SEDENA, el CMI era el ‘Usuario final’ del contrato”, señaló Proceso.
“Esta serie de acciones que el CMI encontró en el teléfono de Raymundo Ramos está apegada a lo que podría esperarse de la labor de un activista: documentar violaciones a los derechos humanos y comunicar los hallazgos a periodistas para ampliar su difusión. En ningún momento se sugiere que el activista haya pedido dinero por sus gestiones, ni que se haya comunicado con delincuentes en este caso”, enfatizó el citado semanario.
“Sin embargo, en su oficio el CMI acusa, sin pruebas, a Ramos de haber mantenido una relación de amistad con Ana Isabel Treviño Morales, hermana de Miguel Ángel y Óscar Omar Treviño Morales -otrora líderes de los Zetas respectivamente conocidos como Z40 y Z42-, y que en abril de 2017 presentó un escrito sobre el ‘presunto allanamiento ilegal’ del domicilio del tío de Jorge Ezequiel Gutiérrez Pimentel, un sicario del Cartel del Noreste”, indicó Proceso.
“En otras palabras, el CMI elaboró un informe secreto, basado en un acto de espionaje ilegal perpetrado con Pegasus contra un defensor de derechos humanos; sin presentar prueba alguna, sacó conclusiones que vinculan al activista con la delincuencia organizada; recomendó a Sandoval que entregara el documento a la fiscalía militar para sembrar la idea de que Ramos trabaja con el Cártel del Noreste, y le aconsejó que lo hiciera sin incluir el informe en la carpeta, es decir, de manera extraoficial. Todo ello, para influir en una investigación oficial de la Fiscalía Militar sobre una ejecución extrajudicial, considerada como una violación grave a los derechos humanos”, abundó el semanario.
“Nunca había visto algo así […] Por primera vez, nos muestra cómo los operadores tomaron la vida digital privada de este hombre, la tiraron sobre la mesa y luego trataron de seleccionar las partes que serían más dañinas para él”, dijo John Scott-Railton, investigador principal de Citizen Lab, al diario estadounidense The New York Times.
“Los militares no estaban usando Pegasus para combatir el crimen […] El Ejército estaba espiando a los civiles para protegerse”, señaló Luis Fernando García Múñoz, director ejecutivo de Red en Defensa de los Derechos Digitales (R3D), que ayudó a descubrir el informe militar.
FGR ABRE DOS CARPETAS DE INVESTIGACIÓN POR USO ILEGAL DEL SOFTWARE DE ESPIONAJE PEGASUS
El 16 de octubre de 2022, la Fiscalía General de la República (FGR) informó que contaba con dos investigaciones respecto al uso del programa informático Pegasus -desarrollado por el grupo israelí NSO-, pero ninguna relacionada con espionaje llevado a cabo en el Gobierno Federal encabezado por el presidente Andrés Manuel López Obrador.
A través un comunicado, la FGR detalló que una carpeta de investigación era por peculado, fraude equiparado y asociación delictuosa por la adquisición del equipo de inteligencia Pegasus, por 456 millones 843 mil 149 pesos, por parte de la ahora extinta Procuraduría General de la República (PGR), durante la Administración de Enrique Peña Nieto.
Ello, sin que existiera justificación para su celebración y evadiendo los procedimientos de licitación pública, así como el uso irregular de la partida de gastos de seguridad pública y nacional. La FGR señaló como presunto responsable a Tomás Zerón de Lucio, ex director de la Agencia de Investigación Criminal (AIC), de la PGR, entre otros servidores públicos.
“Actualmente se está gestionando la solicitud de orden de aprehensión contra quien proceda, así como las pautas para ejercitar acción penal. Por lo que toca al uso de dichos equipos, se estará en posibilidad de ampliar la acción penal por los delitos vinculados por el espionaje ilegal, en el momento procesal en que se obtenga información al respecto”, apuntó la FGR.
Una segunda carpeta de investigación fue abierta por la intervención ilegal de comunicaciones privadas en perjuicio de periodistas y defensores de derechos humanos, en la cual el 26 de agosto de 2021, la FGR ejerció acción penal a través de la obtención de una orden de aprehensión contra Juan Carlos “N”, por su probable responsabilidad en la comisión del delito de intervención ilegal de comunicaciones, como coautor material.
“En este caso se solicitó aplicación de la agravante prevista en artículo 51 del Código Penal Federal, que establece que la pena se incrementará cuando el delito se comete en contra de la libertad de expresión”, dijo la FGR, la cual detalló que 1 de noviembre de 2021, se cumplimentó la orden de aprehensión en contra de Juan Carlos “N” y fue puesto a disposición de la autoridad judicial.
Asimismo, la FGR indicó que el 6 de noviembre de 2021, un juez de Control determinó vincularlo a proceso y le impuso prisión preventiva justificada, por existir riesgo de fuga y posibilidad de intervención en el desarrollo de las investigaciones. En este caso se habían presentado las notas de prueba que señalaban que la empresa NSO Group vendía ilegalmente el sistema Pegasus, mientras que lo utilizaba por su cuenta para entregar la información a otras personas.
PEGASUS ESTÁ EN PODER DE PARTICULARES; EX GOBERNADOR DE PUEBLA LO USÓ CONTRA OPOSITORES, ACUSA RAMÍREZ CUEVAS
Jesús Ramírez Cuevas, Coordinador General de Comunicación Social y Vocero del Gobierno de la República, afirmó, el 9 de octubre del 2022 que en México el software espía Pegasus no solo fue comprado por el Gobierno del ex presidente Enrique Peña Nieto, sino que también estaba en poder de particulares y que el finado ex gobernador de Puebla, Rafael Moreno Valle Rosas, también lo adquirió para espiar a opositores.
“Ningún medio de comunicación, ninguna agencia internacional o diarios como El País, que ha hecho eco de estas denuncias, The New York Times, The Washington Post, ni The Financial Times o las agencias internacionales han preguntado quién tiene Pegasus en México. ¿Sabían que hay particulares que tienen Pegasus, sabían que la empresa le vendió al exgobernador Moreno Valle la licencia para vigilar a opositores de izquierda?”, indicó el funcionario federal.
“Pero ningún medio de comunicación se han preguntado cómo en el Estado de México, en Puebla, cómo aquí [en la Ciudad de México] había un sistema de vigilancia que tuvo el ex jefe de Gobierno [Miguel Ángel Mancera Espinosa] que vigiló a toda la oposición, quién lo tiene, por qué no la empresa [NSO Group] transparenta esos contratos y se verá que no solo el Ejército los ha contratado”, agregó el vocero presidencial.
Al participar en la mesa redonda ‘Medios y fake news’, en la XXII Feria Internacional del Libro del Zócalo de la Ciudad de México, Ramírez Cuevas recordó que en la pasada Administración el software fue usado para espiar a la oposición y al entonces candidato presidencial, Andrés Manuel López Obrador, así como a su familia.
“Cuando éramos oposición fuimos vigilados por Pegasus, cuando salió la investigación forense en 2017 con Carmen Aristegui y otros periodistas, personas que hoy están en el gobierno, fuimos espiados, el propio López Obrador, su entorno familiar y todas las personas que trabajamos en su movimiento estaban infectados nuestros teléfonos por ese sistema de vigilancia y sabemos que seguimos siendo espiados por agencias nacionales e internacionales, es parte de la realidad hoy en día”, recordó Ramírez Cuevas.
El vocero presidencial rechazó que la actual Administración haya comprado el malware para el espionaje, empero, aclaró que si hay sistemas de vigilancia telefónica en manos de los servicios de inteligencia nacional, pero éstos se usan por decisión de Estado contra el crimen organizado, por medio de intervenciones telefónicas ordenadas por jueces.
“No hemos vivido un estado de libertad de la opinión pública, de la libertad de expresión, del derecho a la información tan grande en la historia de este país como ahora”, enfatizó Ramírez Cuevas, quien también señaló que el tema ha sido usado por medios y periodistas para hacer una “guerra mediática” contra el Gobierno de López Obrador.
SEDENA RECHAZA ESPIAR A ACTIVISTAS O PERIODISTAS, PERO RECONOCE CONTRATAR PEGASUS
La Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA) negó, la noche del 4 de octubre del 2022, que haya espiado con el programa informático Pegasus -desarrollado por el grupo israelí NSO-, a dos periodistas y un defensor de derechos humanos, entre los años 2019 y 2021.
“Esta Secretaría con estricto apego al Estado de derecho, ratifica que no realiza actividades de inteligencia y mucho menos de espionaje de índole alguna en contra de sectores de la población, como defensores de los derechos humanos, activistas sociales y periodistas, entre otros”, expuso la SEDENA, en un comunicado.
Aunque la institución reconoció la contratación del servicio Pegasus, realizada del 27 de junio de 2011 al 24 de agosto de 2013, aseguró que esta se llevó a cabo con la única intención de mantener la seguridad y capacidad operativa del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos.
Aunado a lo anterior, la SEDENA resaltó que de acuerdo con las leyes mexicanas, las Fuerzas Armadas están facultadas para realizar actividades de inteligencia durante el desarrollo de operaciones en contra de la delincuencia organizada. Según detalló la SEDENA, tras estas operaciones, se detuvo a 13 operadores relevantes y 115 generadores de violencia de diferentes organizaciones delictivas, entre otros.
“En estas operaciones se prioriza la inteligencia sobre el uso de la fuerza, para garantizar un mayor margen de seguridad en la actuación de las tropas y otras fuerzas de seguridad pública y a la vez, reducir el índice de letalidad, privilegiando en todo momento la seguridad de la población”, agregó la SEDENA.
El propósito de dichas operaciones, según apuntó, “es llevar a cabo la detención de líderes de organizaciones delincuenciales y generadores de violencia, la ubicación de instalaciones empleadas como centros de producción y acopio de drogas, además del aseguramiento de armamento y otros resultados importantes en materia de seguridad pública”.
“Las Fuerzas Armadas del mundo, el Ejército y Fuerza Aérea mexicanos cuentan con un sistema de inteligencia militar con recursos humanos y herramientas tecnológicas, como los sistemas de vigilancia aérea, de encriptación, de imágenes satelitales (localización de plantíos de enervantes y afectaciones del Plan DN-III-E) que permiten dar cumplimiento a sus misiones primigenias de defensa nacional y seguridad interior y otras de carácter social, estipuladas en nuestro marco legal”, señaló.
“La información se ha hecho pública y se encuentra disponible como respuesta a 37 solicitudes de información realizadas a través del Instituto Nacional de Transparencia y Acceso a la Información y Protección de Datos Personales [INAI]; así como de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos [CNDH]”, indicó la SEDENA, en el comunicado.
AMLO NIEGA ESPIONAJE; SERÍA ‘PÉRDIDA DE TIEMPO’, DICE; SEDENA TIENE “INTELIGENCIA”, SEÑALA
El presidente Andrés Manuel López Obrador negó, el 4 de octubre del 2022, que su Gobierno espíe a periodistas, activistas y opositores, porque consideró que “sería una pérdida de tiempo”. Asimismo, aseguró que las labores de inteligencia de la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA) no equivalen al espionaje, ya que dicha labor es distinta.
“No es cierto que se espíe a periodistas o a opositores, no somos iguales que los anteriores, no es cierto. Yo hice el compromiso de que nadie iba a ser espiado. Si tienen pruebas, que las presenten. He estado leyendo sobre esta denuncia y la verdad es que no hay elementos”, indicó el titular del Poder Ejecutivo Federal, durante su conferencia de prensa matutina.
“No tendríamos por qué, además de ser indebido y contrario a nuestras convicciones, no podríamos hacer lo mismo, pero estaba viendo que uno de los que se queja es el señor Ricardo Raphael [de la Madrid]. Él es simpatizante del movimiento de derecha a conservador en el país, lo más que llega es a ser un vocero del conservadurismo, que está en contra de nosotros, ni siquiera leo sus artículos, porque es predecible ¿qué interés vamos a tener en estarlo espiando? Sería una pérdida de tiempo”, agregó el político tabasqueño.
“Primera recomendación, recojan los sentimientos de la gente y actúen a partir de lo que la gente siente, no desprecien al pueblo, por eso, cómo la SEDENA puede presentar su informe y si la SEDENA tiene inteligencia, que no espionaje. Nosotros no espiamos a opositores y lo que buscan nuestros adversarios es equipararnos con los que gobernaban anteriormente, y no somos lo mismo”, insistió el mandatario nacional.
“Y todos los medios de información, el suyo, por ejemplo, tenían muy buena relación con los anteriores gobiernos. Y ahora se han dedicado a atacarnos a nosotros y cualquier cosa quieren que se convierta en un escándalo para perjudicarnos […] Si le estoy diciendo, es que nosotros no espiamos a nadie, le estoy hablando con la verdad. Presenten las pruebas para que me desmientan”, retó el presidente de la República.
“¿Cómo explica que se haya espiado a civiles?”, le preguntó un reportero. “Es que espía de afuera del país, espían adentro, bueno hackearon los archivos de la SEDENA, y ni modo que la propia SEDENA se ‘hackeó’ o qué hubo un auto ‘hackeó’, no”, enfatizó el mandatario nacional.
“Son intereses opuestos a nosotros, que quisieran tener pruebas para afectarnos, pero no van a lograr su propósito, ya llevamos años en esta lucha y siempre hemos salido ilesos de la calumnia, porque tenemos autoridad moral”, abundó el titular del Poder Ejecutivo Federal.
“Yo sostengo: no se va a espiar a nadie, a ningún periodista ni opositor, pues es eso, no tengo una doble moral, un doble discurso, no soy conservador, mi doctrina no es la hipocresía, como los anteriores gobiernos a los que ustedes aplaudían”, finalizó López Obrador.
GOBIERNO DE AMLO HA ESPIADO A PERIODISTAS Y ACTIVISTAS CON PEGASUS, A PESAR DE NEGARLO
Las organizaciones no gubernamentales Red en Defensa de los Derechos Digitales (R3D) y Artículo 19 -con el apoyo de Citizen Lab de la Universidad de Toronto-, anunciaron, la noche del 2 de octubre del 2022, que identificaron -mediante análisis forense de artefactos recopilados de dispositivos- infecciones del programa informático Pegasus -desarrollado por el grupo israelí NSO-, contra dos periodistas y un defensor de derechos humanos, entre los años 2019 y 2021.
Ello sucedió a pesar de que el actual presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, ha asegurado en diversas ocasiones, que el Gobierno Federal ya no usaría dicho ‘spyware’, utilizado también por la Administración de su predecesor, Enrique Peña Nieto, para vigilar de forma ilegal a sus opositores, a periodistas y a defensores de DD. HH.
Según las ONG’s y el Citizen Lab, las infecciones antes citadas, aprovecharon los ataques de “clic cero”, ya que no se requirió engaño para engañar a las víctimas para que pulsaron los enlaces enviados por mensajes de texto maliciosos a Raymundo Ramos Vázquez -del Centro de Derechos Humanos de Nuevo Laredo-, así como a Ricardo Miguel Raphael de la Madrid, y a otro periodista del medio digital Animal Político, que prefirió el anonimato.
Quien los espió pudo acceder a todo el contenido en el equipo: contraseñas, archivos, fotografías, correo electrónico, contactos, aplicaciones de mensajería, incluso encriptadas. También, activar el micrófono y la cámara para monitorear toda la actividad cerca del teléfono móvil de las víctimas, así como acceder a conversaciones de mensajería realizadas previamente al ataque informático.
La investigación -en la que participaron los medios Proceso, Aristegui Noticias y el propio Animal Político-, documentos oficiales confirman que la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA) hizo esa contratación con la empresa Comercializadora Antsua, S.A. de C.V., representante en México de la empresa NSO Group, dueña del software de espionaje Pegasus.
La SEDENA concretó la compra del software con Comercializadora Antsua el 12 de abril de 2019, como consta en el oficio número SGE-3335, enviado por la sección “Guerra Electrónica” de la Dirección General de Transmisiones de la Secretaría de la Defensa Nacional, en la que informa del pago y cumplimiento del servicio.
El oficio -clasificado como “secreto”- se refiere al contrato DN-10 SAIT-1075/P/2019 para el “servicio de monitoreo remoto de información fincado a la empresa ‘Comercializadora Antsua, SA de CV’”, cuyo servicio tuvo una vigencia del 1 al 30 de junio de ese mismo año.
El documento se encuentra en un mail con el asunto “oficios mortales”, que forma parte de los millones de archivos de la SEDENA obtenidos por el grupo de hacktivistas Guacamaya, que otorgó acceso a dicha información a los medios participantes en dicha investigación.
La comunicación daba cuenta de la realización del servicio, ya que estaban enlistados los documentos derivados del procedimiento “factura original No. 197 debidamente legalizada [segundo pago]; oficio de aceptación No. 1910-4950 de fecha 15 de julio de 2019, en original emitido por el usuario final, en el cual se informa que el servicio fue recibido del 1 al 30 de junio del 2019”.
Entre los documentos obtenidos por Guacamaya también está la información referente a la garantía por 12 millones de pesos que la empresa Fianzas y Cauciones Atlas, S.A., otorgó a Comercializadora Antsua por dicho contrato, requisito solicitado en la administración pública para concretarlo.
Ocho meses después de que la SEDENA firmara este contrato, el presidente López Obrador aseguró durante su conferencia de prensa matutina, del 6 de noviembre del 2019, que su Gobierno ya no destinaba recursos para adquirir software de espionaje.
“Nosotros no hemos comprado equipos para escuchas, entre otras cosas por la corrupción que significaba comprar todos estos equipos a precios elevadísimos a empresas extranjeras, sistemas de espionaje, se gastaba muchísimo dinero […] En el caso nuestro decidimos no espiar a nadie, había esa práctica de espiar a opositores, y hemos dado instrucciones de que no haya espionaje, porque era muy vergonzoso eso, además de que son prácticas ilegales, inmorales. Nosotros la padecimos, padecimos mucho de eso”, indicó el mandatario nacional.
“Las evidencias también prueban que la SEDENA ha mentido sistemáticamente a diversas instancias para ocultar la existencia de dicho contrato. Los hallazgos de esta investigación demuestran que el gobierno federal ha incumplido su compromiso de terminar con el espionaje ilegal en México, además de refutar las tesis sobre las que se ha basado la administración actual para profundizar la militarización en el país”, indicaron las ONG’s y Citizen Lab en un amplio comunicado.
“Publicamos este trabajo colaborativo con la esperanza de que contribuya a desmontar -de una vez por todas- la arbitrariedad de los aparatos de inteligencia que operan sin rendición de cuentas, propiciando violaciones a derechos humanos y negando a la sociedad el acceso a la verdad y la justicia”, agregaron en su texto.
DETALLES DE LOS NUEVOS ATAQUES CON PEGASUS
“Raymundo Ramos fue hackeado con Pegasus al menos tres veces entre agosto y septiembre de 2020.
El periodista Ricardo Raphael fue pirateado con Pegasus al menos tres veces en octubre y diciembre de 2019, y nuevamente en diciembre de 2020. Anteriormente también fue atacado e infectado en 2016 y atacado en 2017. Un periodista anónimo del destacado medio de comunicación en línea Animal Político fue pirateado en junio de 2021”, según detallaron las ONG’s y Citizen Lab.
En el caso de Ramos Vázquez, las infecciones ocurrieron luego de la publicación de un video que muestra la ejecución extrajudicial de civiles por parte de la Secretaría de Marina (SEMAR) en Nuevo Laredo, Tamaulipas. Durante el período del ataque, el activista se reunió con representantes de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH), la Comisión Nacional de los Derechos Humanos de México (CNDH), así como con funcionarios de la Armada y la SEDENA, además de miembros de medios de comunicación.
Por su parte, Raphael de la Madrid fue atacado e infectado, por primera vez, en 2016, y nuevamente en 2017, durante un período de informes respecto a las investigaciones de la desaparición de los 43 estudiantes de la Normal Rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa. Luego, en 2019, se infectó repetidamente con Pegasus mientras estaba de gira por el libro ‘Hijo de la Guerra’, que brinda un relato ficticio del Cártel de Los Zetas y sus orígenes en el Ejército.
“En 2020 se contagió tras escribir sobre las detenciones extrajudiciales y la impunidad oficial, como este editorial del Washington Post. No mucho antes de infectarse en diciembre de 2020, acusó a la Fiscalía General de México de mala conducta grave en su investigación del caso de desapariciones masivas de Iguala. Esta crítica fue citada por el destacado medio de noticias Aristegui Noticias el día anterior al hackeo. Según el informe de R3D, Raphael afirmó que, en 2022, se sacaron de contexto fragmentos de una comunicación privada y se compartieron con sus contactos en un aparente esfuerzo por desacreditarlo”, indicaron las ONG’s y Citizen Lab.
En el caso del periodista anónimo de Animal Político, se documentó que éste fue infectado el mismo día que en dicho medio digital publicaron un reportaje respecto a violaciones a los derechos humanos por parte de las Fuerzas Armadas mexicanas.
“Estos últimos casos, que se producen años después de las primeras revelaciones de la problemática orientación de Pegasus en México, ilustran el potencial de abuso del spyware mercenario en un contexto de responsabilidad pública y transparencia defectuosas. Incluso ante el escrutinio mundial, las protestas internas y una nueva administración que se comprometió a nunca usar spyware, los periodistas y defensores de los derechos humanos continuaron atacando a periodistas y defensores de los derechos humanos con el spyware Pegasus en México”, concluyeron las ONG’s y Citizen Lab en un amplio comunicado.
EU AGREGA A NSO GROUP (QUE VENDE PEGASUS) A LISTA “NEGRA” DE ACTIVIDADES CIBERNÉTICAS MALICIOSAS
El Gobierno de los Estados Unidos agregó, el 3 de noviembre del 2021, a cuatro empresas extranjeras -Candiru, NSO Group, Computer Security Initiative Consultancy PTE (COSEINC) y Positive Technologies-, a la lista de entidades por participar en actividades contrarias a la seguridad nacional o los intereses de la política exterior de dicho país.
La Administración encabezada por el presidente Joseph Biden enfatizó que no está tomando medidas contra los países o gobiernos donde se encuentran dichas compañías y que dichas adiciones “siguen una regla final provisional de octubre del 2021, publicada por el Departamento de Comercio”.
Misma “que establece controles de ciertos artículos que pueden usarse para actividades cibernéticas maliciosas; esa regla implementa las decisiones tomadas por el Acuerdo de Wassenaar, sobre controles de exportación de armas convencionales y bienes y tecnologías de doble uso”.
“NSO Group y Candiru se agregaron a la lista de entidades basándose en la determinación de que desarrollaron y suministraron software espía a gobiernos extranjeros que utilizaron esta herramienta para atacar maliciosamente a funcionarios gubernamentales, periodistas, empresarios, activistas, académicos y trabajadores de embajadas”, detalló el Gobierno de EE.UU.
Mientras que “Positive Technologies y COSEINC se agregaron a la Lista de Entidades con base en la determinación de que hacen un mal uso y trafican con herramientas cibernéticas que se utilizan para obtener acceso no autorizado a los sistemas de información de manera contraria a la seguridad nacional o la política exterior de los Estados Unidos, amenazando la privacidad y seguridad de individuos y organizaciones en todo el mundo”.
El Gobierno estadounidense señaló que “como parte de su compromiso de poner los derechos humanos en el centro de la política exterior de Estados Unidos, la Administración Biden-Harris está trabajando para detener la proliferación y el uso indebido de herramientas digitales utilizadas para la represión”.
A través de un comunicado, la Administración encabezada por el presidente Biden abundó que dicho esfuerzo tiene como objetivo “mejorar la seguridad digital de los ciudadanos, combatir las amenazas cibernéticas y mitigar la vigilancia ilegal”.
El Gobierno de EE.UU. explicó que la “Lista de entidades es una herramienta utilizada por la Oficina de Industria y Seguridad (BIS) del Departamento de Comercio para restringir la exportación, reexportación y transferencia dentro del país de artículos sujetos a las Regulaciones de Administración de Exportaciones (EAR)”,
Ello para “personas – individuos, organizaciones y/o empresas: se cree razonablemente que están involucradas, han estado involucradas o presentan un riesgo significativo de estar o participar en actividades contrarias a la seguridad nacional o los intereses de la política exterior de los Estados Unidos”.
Al menos 50 personas cercanas al ahora presidente Andrés Manuel López Obrador estuvieron en una lista de posibles objetivos de espionaje con el programa informático Pegasus, desarrollado por el grupo israelí NSO, que permite a agencias de gobierno acceder a la memoria de los teléfonos celulares para captar, mensajes, llamadas, correos, geolocalización e historial.
El 18 de julio del 2021, un total de 17 medios internacionales publicaron una investigación global encabezada por la organización francesa Forbidden Stories y Amnistía Internacional (AI), que reveló la existencia de una lista de 50 mil números telefónicos seleccionados, 15 mil de ellos de México, como posibles objetivos de espionaje por los clientes de NSO, empresa israelí creadora del citado software.
Según el diario británico The Guardian y el medio digital mexicano Aristegui Noticias, entre el 2016 y 2017, años en los que fue utilizado el programa informático, Tomás Zerón de Lucio -hoy prófugo- era director de la Agencia de Investigación Criminal (AIC) de la Procuraduría General de la República (PGR).
SEDENA NO TIENE CONTRATOS CON EMPRESA PROVEEDORA DE PEGASUS, ASEGURA AMLO
El 3 de agosto del 2021, el presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA) no tiene contratos con el grupo israelí NSO, desarrolladora y proveedora del programa informático Pegasus, que se utilizó en México para espiar a opositores políticos, a periodistas, a activistas y defensores de derechos humanos, entre otros.
Sin embargo, el titular del Poder Ejecutivo Federal reveló que la SEDENA y otras instituciones gubernamentales sí tienen un servicio contratado con otras empresas para llevar a cabo labores de inteligencia, por lo que prometió que van a informar al respecto.
“En la actualidad no hay ya contratos con estás empresas. Sí hay un servicio que tiene la Secretaría de la Defensa Nacional, como otras secretarías, Marina, para llevar a cabo labores de inteligencia. No, ya no existe relación con esta empresa [NSO Group], pero vamos a informar”, detalló el mandatario nacional.
“Tanto la Defensa como la Marina son las que más me informan de lo que todo llevan a cabo, tienen esa buena costumbre de informar y pedir autorización para todas sus acciones, es un protocolo que cumplen de manera rigurosa, tengo diariamente un promedio de dos informes diarios, entonces nos van a entregar un informe de esto”, insistió el político tabasqueño.
Por otra parte, durante su conferencia de prensa matutina, López Obrador señaló que la Fiscalía General de la República (FGR) está haciendo una investigación y pueden solicitar información de todas las instituciones públicas, así como de las Fuerzas Armadas.
GOBIERNOS DE FCH Y EPN FIRMARON 31 CONTRATOS CON PEGASUS POR MIL 970 MDP, AFIRMA LA SSPC
El 28 de julio del 2021, Rosa Icela Rodríguez Velázquez, titular de la Secretaria de Seguridad Pública y Protección Ciudadana (SSCP), informó que los gobiernos de Felipe Calderón Hinojosa y Enrique Peña Nieto, suscribieron 31 contratos por mil 970 millones de pesos, para la contratación del programa informático Pegasus, desarrollado por el grupo israelí NSO, que se utilizó para espiar en México a opositores políticos, a periodistas, a activistas y defensores de derechos humanos, entre otros.
Durante la conferencia de prensa matutina, la funcionaria federal denunció que NSO Group utilizó empresas fachada para suscribir contratos gubernamentales entre 2012 y 2018. “Llevando a cabo simulación de contratos con el software en distintas instancias del Gobierno Federal, por conceptos distintos”, agregó.
Rodríguez Velázquez recordó que la empresa israelí NSO Group Technologies desarrolló el programa de espionaje Pegasus, mismo que adquirió la entonces Procuraduría General de la República (PGR), a través de la empresa Grupo Tech Bull S.A. De C.V.
“El daño a las arcas públicas fue de mil 970 millones de pesos, más de 61 millones de dólares, para la adquisición del software, hardware, la base de datos, licencias y mantenimiento de estos equipos”, afirmó la titular de la SSPC del Gobierno Federal.
Según Rodríguez Velázquez, las instituciones gubernamentales que tenían contratos con NSO Group son: la Policía Federal (PF), con 16 contratos; la Secretaría de Gobernación (SEGOB), con 2 contratos; el Sistema de Prevención y Readaptación Social, con 7 contratos; el Servicio de Protección Federal, con 2 contratos; y el Centro de Investigación y Seguridad Nacional (CISEN), con 4 contratos.
Asimismo, la titular de la SSPC Federal aseguró que los 31 contratos encontrados se entregaron a la Fiscalía General de la República (FGR), para que realice las investigaciones correspondientes y aclaró que en el actual Gobierno, encabezado por el presidente Andrés Manuel López Obrador ya no se espía a nadie y “se acabó la persecución política”.
“Los contratos de las empresas relacionadas con Pegasus van a subirse a la red para que todos tengan la información. Le pido a la Secretaría de Seguridad Pública, Rosa Icela Rodríguez, que el día de hoy se suban los contratos”, destacó, en su turno, el titular del Poder Ejecutivo Federal.
GOBIERNO DE EPN PAGÓ 32 MDD PARA ESPIONAJE CON PEGASUS, AFIRMA LA UIF
El 21 de julio del 2021, Santiago Nieto Castillo, entonces titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), informó que el Gobierno encabezado por el ex presidente Enrique Peña Nieto pagó alrededor de 6 mil millones de pesos, para la contratación del programa informático Pegasus, desarrollado por el grupo israelí NSO, que se utilizó para espiar en México a opositores políticos, a periodistas, a activistas y defensores de derechos humanos, entre otros.
“Grupo Tech Bull contrató durante el año 2014, con la Procuraduría General de la República, particularmente con Tomás Zerón [de Lucio], director en jefe de la Agencia de Investigación Criminal [AIC], el software Pegasus, el malware Pegasus, para efecto de espionaje telefónico. Este contrato es un contrato de 32 millones de dólares”, informó el funcionario federal.
Durante la conferencia de prensa matutina presidencial, que se llevó a cabo en el salón Tesorería del Palacio Nacional, el titular de la UIF -que depende de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP)-, detalló que el dinero fue transferido a la empresa israelí NSO Group.
“Grupo Tech Bull es una empresa con poco tiempo de constitución que empieza a recibir fuertes montos de recursos provenientes de cuentas concentradoras del Gobierno federal, a partir de empresas reconocidas en el ramo de seguridad”, señaló Nieto Castillo.
“Cabe señalar que también se tiene información de que se realizaron compras de equipos a Aeronautics LTD y Aerosentinel LTD, ente otras empresas que finalmente el Grupo Tech Bull conoce y se reconoce que envía recursos a dichas empresas y a otras más en Israel e Italia”, abundó el funcionario federal.
Nieto Castillo destacó que grupo Balam y Tech Bull, están involucradas en la contratación del software y detalló que los montos reflejan depósitos por 5 mil 914 millones de pesos y 2 mil 889 millones de pesos en retiros. Asimismo, comentó que la primera empresa tuvo depósitos en más de 910 millones de pesos, mientras que la segunda obtuvo 527 millones de pesos.
“No solamente se trata de montos incongruentes, sino que operan con cuentas concentrados del gobierno federal, montos muy superiores, actos de corrupción […] Hay una serie de empresas con quien se transacciona de manera financiera”, insistió el titular de la UIF.
Entre las empresas presentadas por la UIF se encuentran: Grupo BALAM, Grupo Tech Bull, Proyectos y Diseños VME, Grupo Comercial VME, Grupo Comercial Vicra, y KBH Track SA de CV. Además de Coordinadora de Imagen y Servicios, Artículos Textiles Equipo y Accesorios MV, Constructora del Centro y del Bajío, y Comercializadora de Soluciones Integrales Mecale.
El funcionario federal aclaró que este no era el primer caso de contratación de un software de espionaje, ya que en la UIF tienen detectado que durante el Gobierno de Felipe Calderón Hinojosa también se contrató un un programa informático con estas mismas funciones.
“El primer caso se remonta a la Administración de Felipe Calderón y tiene que ver con la contratación que Genero García Luna hizo de las empresas de los señores Weinberg para poder contratar el software de NiceTrack”, destacó Nieto Castillo.
“No solamente se trata de montos incongruentes sino también que estas cuentas concentradoras del Gobierno Federal con montos muy superiores, lo cual implica o por lo menos se presume la existencia de actos de corrupción a venderlas a sobreprecio al gobierno de la República del año 2012 al año 2018, es decir, durante las administraciones de Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto”, expuso el funcionario federal.
Aunado a lo anterior, Nieto Castillo reveló el descubrimiento de una lista de investigaciones ligada a espionajes a través del software Pegasus llamada “Los Maléficos”, en la que el presidente Andrés Manuel López Obrador era apodado “El Gallo”.
Sin embargo, el titular de la Unidad de Inteligencia Financiera descartó presentar una denuncia por el espionaje del que fue víctima a través del programa informático Pegasus, ya que aseguró que debe buscarse la justicia, no la venganza.
“La venganza no debe ser objeto sino la justicia, no presentaré ninguna denuncia. En la UIF encontramos una lista, un archivo, que eran las investigaciones que se habían desarrollado, llamada ‘Los Maléficos’, el número uno llamado ‘El Gallo’, referido al presidente. Encontramos a la secretaria [Olga] Sánchez Cordero [Dávila, titular de la SEGOB], destacó el funcionario federal.Por su parte, el presidente López Obrador informó que los contratos que signó el Gobierno Federal entre 2012 y 2018 para la compra de servicios de espionaje, serán entregados a la Fiscalía General de la República (FGR), para que se realicen las indagatorias correspondientes.
“Toda esta información va a la Fiscalía General de la República que ayer nos solicitó que se enviara información de todas las dependencias del gobierno sobre este asunto, en respuesta se va a entregar esta información, contratos que se encuentran en los archivos de la secretaría del Ejecutivo federal”, comentó el mandatario nacional.
FGR CONFIRMA ESPIONAJE CON PEGASUS E INFORMA QUE INVESTIGA A TOMÁS ZERÓN
La Fiscalía General de la República (FGR) reveló que ya existe un primer caso judicializable, respecto a quienes en su momento operaron el programa informático Pegasus, desarrollado por el grupo israelí NSO, que se utilizó para espiar en México a opositores políticos, a periodistas, a activistas y defensores de derechos humanos, entre otros.
Además, la FGR indicó que, hasta ese momento, la triangulación entre Pegasus, sus operadores y quienes los contrataban, había quedado “debidamente comprobada”, ya que encontraron que el teléfono de Manuel Mondragón y Kalb, ex titular de la Comisión Nacional de Seguridad (CNS) -del 1 de diciembre del 2012 al 20 de marzo de 2014-, fue intervenido con dicho software.
Según la Fiscalía General de la República -cuyo titular es Alejandro Gertz Manero-, todas las conversaciones de Mondragón y Kalb, con funcionarios de las secretarías de Gobernación (SEGOB) y de áreas de Seguridad Nacional, así como con terceras personas, fueron grabadas.
“Se está, en este momento, en espera de que varios denunciantes puedan aportar sus teléfonos celulares para que, con autorización de un Juez de Control, se extraiga la información correspondiente para efectos de judicialización”, indicó la FGR, en un comunicado.
“En este caso, se ha solicitado a las diversas entidades del Gobierno Federal señalen si en sus antecedentes se ha encontrado algún contrato con Pegasus, sin que hasta la fecha se haya tenido respuesta positiva”, agregó la Fiscalía General de la República.
“Por lo que toca a Citizen Lab de la Universidad de Toronto, dicha institución contestó que ‘no realizó un análisis técnico forense o pericial de los equipos de teléfonos celulares’; que ‘no tiene evidencia de que una agencia gubernamental mexicana instalara el malware Pegasus en ningún dispositivo’; y, finalmente, que ‘no hemos analizado equipos de teléfono celular para determinar si algunos intentos de infección fueron exitosos’, abundó la FGR.
“Asimismo, se ha ordenado a todas las dependencias federales y estatales de seguridad que pudieran tener equipos de software para realizar intervención de comunicaciones, que resguarden toda su información relacionada a la contratación del equipo Pegasus y otros semejantes”, adelantó la institución.
“Respecto a Tomás Zerón de Lucio, ex director de la Agencia de Investigación Criminal (AIC), quien se encuentra en Israel sujeto a proceso de extradición, la FGR apuntó que hará llegar la información correspondiente de este asunto al gobierno de dicho país, por los canales procedentes”, abundó la FGR.
FGR CATEA OFICINA DE EMPRESA QUE USABA PEGASUS PARA ESPIAR
La Fiscalía General de la República indicó que, también, realizó cateos periciales y una serie de diligencias en las oficinas de la empresa KBH TRACK, administrada por Víctor “R” y cuyo propietario era el ciudadano israelí Uri Emmanuel Ansbacher Benarama, quien huyó del país hace más de dos años.
“Gracias a la denuncia y a la participación permanente de [la periodista] Carmen Aristegui [Flores], el Ministerio Público Federal (MPF), ha llevado a cabo una investigación exhaustiva de los contratos que suscribió Tomás ‘Z’, en la entonces Procuraduría General de la República (PGR), durante la administración anterior”, dijo la FGR.
“En este procedimiento, Carmen Aristegui logró aportar a un testigo fundamental, quien proporcionó los datos necesarios para establecer que la empresa israelí NSO Group, propietaria del software Pegasus, utilizaba a la empresa operadora mexicana ya señalada, de la cual se obtuvo un disco duro, en el que se demuestra plenamente que dicha empresa maquiladora realizaba el espionaje telefónico para diversos solicitantes que aún no se hayan identificados plenamente para efectos judiciales”, señaló.
“Se está, en este momento, en espera de que varios denunciantes puedan aportar sus teléfonos celulares para que, con autorización de un Juez de Control, se extraiga la información correspondiente para efectos de judicialización”, agregó la Fiscalía en su comunicado.
“Sobre los nuevos datos que se han hecho públicos, respecto a diversos espionajes a personas de un alto perfil en el país, dicha información se está incorporando a la investigación ya señalada, con objeto de ampliar, en su caso, las investigaciones correspondientes, para lo cual se habrán de desahogar las diligencias de investigación que procedan”, finalizó la FGR.
AMLO OFRECE REVISAR SI CONTRATO CON PEGASUS SIGUE VIGENTE; BEATRIZ GUTIÉRREZ MÜLLER ACUSA INTIMIDACIÓN
El presidente Andrés Manuel López Obrador ofreció, el martes 20 de julio del 2021, revisar si existe todavía un contrato del Gobierno Federal para operar el programa informático Pegasus, desarrollado por el grupo israelí NSO, aunque descartó que siga vigente. Además, indicó que en su Administración ya no se espíaba a nadie.
El 18 de julio del 2021, se publicó, en 17 medios internacionales, una investigación global encabezada por la organización francesa Forbidden Stories y Amnistía Internacional (AI), que reveló la existencia de una lista de 50 mil números telefónicos seleccionados, 15 mil de ellos de México, como posibles objetivos de espionaje por los clientes de NSO, empresa israelí creadora del citado software.
Según el diario británico The Guardian y el medio digital mexicano Aristegui Noticias, entre el 2016 y 2017, años en los que fue utilizado el programa informático, Tomás Zerón de Lucio -hoy prófugo- era director de la Agencia de Investigación Criminal (AIC) de la Procuraduría General de la República (PGR).
La investigación periodística encontró que al menos 50 personas cercanas al ahora presidente López Obrador estuvieron en una lista de posibles objetivos de espionaje con el programa informático Pegasus, desarrollado por el grupo israelí NSO, que permite a agencias de gobierno acceder a la memoria de los teléfonos celulares para captar, mensajes, llamadas, correos, geolocalización e historial.
“Se dio a conocer que se contrataba a una empresa, creo que israelí, Pegasus, para espiar, y esto pues se sabe pero en la llamada ‘sociedad política’ y yo quiero que lo sepa todo el pueblo, que se destinaba dinero del presupuesto para contratar servicios de espionaje y se espiaba a todos los dirigentes de oposición, se espiaba a periodistas y a muchísima gente”, señaló el mandatario nacional.
“He sido víctima de espionaje” desde los tiempos de Miguel Nazar Haro, titular de la extinta Dirección Federal de Seguridad [DFS], quien supuestamente ordenó, en 1979, que López Obrador fuera espiado por agentes gubernamentales cuando era director del Instituto Nacional Indigenista (INI), cargo que ocupó de 1977 a 1982.
“Desde luego me espiaban durante uno o dos años, bueno, mucho más, pero ahora se da a conocer que también espiaban a mi esposa, a mis hijos, bueno, al médico que me atiende, al cardiólogo. Cincuenta personas cercanas a mí, pero esto no solo es en mi caso, era a periodistas, a todos, imagínense”, dijo el mandatario nacional.
“Pegasus, ahí está, pero era a muchos y se hacía a nivel mundial esta empresa, entonces se convierte en una noticia mundial porque esto mismo hacían en otros países […] Ahora, independientemente de que se llevaba a cabo esta labor de espionaje, imaginemos ¿cuánto costaba?, ¿cuánto dinero se destinaba al espionaje? Y regreso a lo mismo, esto ya no se hace, no se espía a nadie”, afirmó el político tabasqueño.
“No, no sé si pueda existir este contrato [con NSO Group], lo voy a revisar, hoy vamos a informar. De lo que estoy seguro es que no se espía a nadie, por eso somos distintos. Habría que ver quién lo tiene, si existe el contrato hay que cancelarlo, no creo que exista, pero hay que hacer la revisión”, indicó el presidente.
“Esto no sucede, el Gobierno no espía a nadie, los opositores no son espiados, no hay censura para los medios de información. A nadie se le limitan sus libertades”, enfatizó el titular del Poder Ejecutivo Federal, durante su conferencia de prensa matutina. Por su parte, la escritora e historiadora Beatriz Gutiérrez Müller, esposa del presidente López Obrador, condenó, ese mismo día, el espionaje realizado por el Gobierno de Enrique Peña Nieto, pero denunció que no ha sido la única intimidación que han ejercido en su contra.
A través de su cuenta de la red social Instagram, la coordinadora del Proyecto Memoria Histórica y Cultural de México, aseguró que además de las intervenciones telefónicas, se han colocado chips en sus vehículos y cámaras de vigilancia en las calles donde se ubican sus domicilios.
La académica e investigadora del Instituto de Ciencias Sociales y Humanidades de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla (BUAP), dijo que también han revisado sus cuentas bancarias y declaraciones fiscales y ha sufrido intromisiones en redes sociales.
“Espionaje telefónico, seguimiento de nuestros movimientos, revisión periódica de cuentas bancarias y declaraciones ante el SAT; chips en los vehículos, cámaras en la calle donde hemos habitado; visitas continuas al Registro Civil para confirmar parentescos y el Registro Público de la Propiedad para inspeccionar propiedades, hasta en el extranjero”, acusó la también poeta y cantante.
“Intromisión en cuentas de redes sociales (todas) ¡no terminaría de enumerar! ¡Así han sido muchos años acompañando a Ya Saben Quién! […] Es sin duda importante la exhibición pública de estas prácticas que confirma nuestras antiguas sospechas. No me sorprende. Me repugna, pero estamos acostumbrados”, expuso Gutiérrez Müller.
“Temáticamente nuestros derechos individuales como el de la privacidad. Por fortuna, lo ha declarado el actual presidente Andrés Manuel López Obrador, ya no serán ya no se realizan violaciones a la ley. Quienes nos han espiado, miren la paradoja, no reciben el mismo trato”, manifestó la escritora e historiadora.
Por último, la esposa del presidente López Obrador pidió a la Fiscalía General de la República (FGR) que investigue el caso. “En lo personal deseo con toda el alma vivir en un Estado de derecho y no acostumbrarnos a estas intimidaciones, no solo del periodo indicado por los reportajes que circulan, si no antes”, finalizó.
FAMILIA, COLABORADORES Y HASTA EL CARDIÓLOGO DE AMLO, OBJETIVOS DE PEGASUS; TAMBIÉN FCH Y MARGARITA ZAVALA
Al menos 50 personas cercanas al ahora presidente Andrés Manuel López Obrador estuvieron en una lista de posibles objetivos de espionaje con el programa informático Pegasus, desarrollado por el grupo israelí NSO, que permite a agencias de gobierno acceder a la memoria de los teléfonos celulares para captar, mensajes, llamadas, correos, geolocalización e historial.
El 18 de julio del 2021, 17 medios internacionales publicaron una investigación global encabezada por la organización francesa Forbidden Stories y Amnistía Internacional (AI), que reveló la existencia de una lista de 50 mil números telefónicos seleccionados, 15 mil de ellos de México, como posibles objetivos de espionaje por los clientes de NSO, empresa israelí creadora del citado software.
Según el diario británico The Guardian y el medio digital mexicano Aristegui Noticias, entre el 2016 y 2017, años en los que fue utilizado el programa informático, Tomás Zerón de Lucio -hoy prófugo- era director de la Agencia de Investigación Criminal (AIC) de la Procuraduría General de la República (PGR).
Sin embargo, la investigación periodística no pudo confirmar si los teléfonos de las personas cercanas al político tabasqueño fueron hackeados con éxito o sólo estaban en la lista de objetivos, entre ellos la esposa de López Obrador, Beatriz Gutiérrez Müller, tres de sus hijos (Andrés Manuel, José Ramón y Gonzalo López Beltrán), tres hermanos del actual mandatario nacional (Pío, Pedro Arturo, Martín de Jesús), dos de sus antiguos choferes (entre ellos Nicolás Mollinedo Bastar) y hasta su cardiólogo, Patricio Heriberto Ortiz Fernández.
En la citada lista también se encontraban aquellos que en los últimos años han sido el círculo más cerrado del actual presidente, entre ellos, Julio Scherer Ibarra, Alfonso Carlos Romo Garza, Rocío Nahle García, Manuel Bartlett Díaz, Defina Gómez Álvarez, Alfonso Durazo Montaño y Alejandro Encinas Rodríguez.
Además de Claudia Sheinbaum Pardo, Bernardo Bátiz Vázquez, René Juvenal Bejarano Martínez, Dolores Padierna Luna, José Agustín Ortiz Pinchetti, Ricardo Monreal Ávila, Bertha Elena Luján Uranga, Arturo Alcalde Justiniani, Horacio Duarte Olivares, Gabriel García Hernández; Alejandro Esquer Verdugo, Zoé Alejandro Robledo Aburto; Mario Delgado Carrillo y Yeidckol Polevnsky Gurwitz.
Asimismo, en la citada lista se encuentran Jesús Ramírez Cuevas, César Yáñez Centeno Cabrera, Laura González Nieto, Martha Ramírez González, Daniel Asaf Manjarrez, entre otros. Marcelo Ebrard Casaubón no aparece en la lista, pero en los registros está el número de su esposa y ex diplomática de Honduras, Rosalinda Bueso Asfura.
Además, según el diario británico The Guardian, en la lista también aparecen el ex presidente Felipe Calderón Hinojosa, así como su esposa y ex primera dama, Margarita Zavala Gómez del Campo. Aunado a ello, al menos dos miembros del Grupo Interdisciplinario de Expertas y Expertos Independientes, (GIEI) que elaboraron un reporte sobre el caso Ayotzinapa, también estaban entre los objetivos.
Lo mismo que profesores y dirigentes de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE), entre ellos Santiago Ambrosio Hernández, quien en la actualidad preside del Comité de Víctimas de Nochixtlán (Covic), según reveló el Proyecto de Reportería sobre Crimen Organizado y Corrupción (OCCRP).
Artículo 19 detalló que dentro de los 15 mil números con código de país de México -del total de 50 mil encontrados por la investigación Pegasus Project-, se incluyen los de “defensores de derechos humanos, familiares de los 43 estudiantes de Ayotzinapa, investigadores de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos [CIDH] y de más de 25 periodistas”.
Entre los números de periodistas, se encontraron los de “Cecilio Pineda Brito, asesinado en marzo de 2017, apenas unas semanas después de haber sido atacado con Pegasus; Ismael Bojórquez [Perea], Andrés Villarreal y Griselda Inés Triana López [viuda del periodista sinaloense Javier Valdez Cárdenas], así como de Carmen Aristegui Flores, de sus familiares y su equipo de trabajo”.
Según el semanario mexicano Proceso, otros periodistas incluidos en la lista son Rafael Rodríguez Castañeda, Jorge Carrasco Aráizaga, Alejandro Caballero, Arturo Rodríguez García, Jenaro Villamil Rodríguez, Marcela Turati, Álvaro Delgado Gómez, Alejandra Xanic von Betrab e Ignacio Rodríguez Reyna. Asimismo aparecen los celulares del gobernador de Guerrero, Héctor Astudillo Flores, y del entonces fiscal del estado, Xavier Olea Peláez.
Asimismo, el semanario Proceso señaló que en la citada lista aparecen, también, números de sindicalistas, líderes religiosos, académicos, médicos, así como familiares de políticos mexicanos, los cuales se darán a conocer en los medios integrados a Forbidden Stories en los próximos días.
Por su parte, Aristegui Noticias indicó que Melitón Ortega, tío de Mauricio Ortega Valerio, uno de los 43 estudiantes de la Normal Rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa, desaparecidos el 26 de septiembre del 2014; Cristina Bautista, madre de Benjamín Ascencio; y, Felipe de la Cruz Sandoval, padre de uno de los sobrevivientes, y vocero de los padres hasta finales de enero del 2021, cuando se registró por una diputación plurinominal por el partido Morena.
Durante las últimos días los periodistas participantes de Pegasus Project buscaron a las personas aludidas en el reportaje para conocer su postura. Patricio Heriberto Ortiz Fernández, cardiólogo de López Obrador dijo que el Gobierno anterior buscó toda la información sobre la salud del político tabasqueño.
“A través del hospital [Médica Sur], a través mío y no tuvieron nada más que lo que se sacó públicamente […] El único objetivo de espiarme era el candidato, yo era una herramienta. Yo pienso que es muy grave pero era la manera en la que pasaban las cosas en el país. Desafortunadamente, no estoy sorprendido […] No hablaba de la salud de López Obrador por teléfono para proteger la imagen del candidato, sabía que tenía que cuidar mucho la información que yo decía”, indicó el médico.
“En el caso mío no es nuevo, porque mi papá, mi familia siempre ha sido sometida a este tipo de acoso por el gobierno. Son las prácticas por las que hemos luchado siempre, por exterminar […] Yo creo que todos en el entorno del licenciado López Obrador hemos tenido la seguridad de que éramos intervenidos”, señaló, por su parte, Scherer Ibarra, entonces titular de la Consejería Jurídica del Poder Ejecutivo Federal.
“El régimen anterior se dedicó a violar la intimidad de las personas. Como coordinadora de los diputados de la primera legislatura de Morena sabía que estaba en el ojo de gobierno, lo inadmisible es que también a mi hija- que está ajena a cualquier evento político estuvieran siguiendo sus movimientos y conversaciones. Afortunadamente el cambio llegó para bien en la cuarta transformación y esos ilícitos dejaron de ser prácticas del Gobierno”, dijo, Nahle García, actual titular de la Secretaría de Energía (SENER).
Mientras que la actual jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum Pardo, dijo que durante la Administración Federal encabezada por Peña Nieto, había una “práctica persecutoria de espionaje político que usaba el antiguo régimen”.
En tanto que fiscal electoral José Agustín Ortiz Pinchetti, actual titular de la Fiscalía Especializada en materia de Delitos Electorales, de la Fiscalía General de la República (FGR), afirmó que en esas fechas no sospechaba ser víctima de espionaje, “que es una pandemia, la vacuna es la investigación. Falta un remedio drástico”.
LA INVESTIGACIÓN PEGASUS PROJECT
AI tuvo acceso a la lista de números telefónicos y la compartió con una red de periodistas a nivel internacional. La investigación contó con la participación de más de 80 periodistas de 17 medios: Proceso, Aristegui Noticias, The Washington Post, Le Monde, Süddeutsche Zeitung, Die Zeit, The Guardian, Daraj, Direkt36, Le Soir, Knack, Radio France, The Wire, The Organized Crime and Corruption Reporting Project, Haaretz y PBS Frontline.
En la citada lista figuran números de periodistas de medios de todo el mundo, como la Agence France-Presse, The Wall Street Journal, The Guardian, CNN, The New York Times, Al Jazeera, France 24, Radio Free Europe, Mediapart, El País, Associated Press, Le Monde, Bloomberg, The Economist, Reuters, Proceso, Aristegui Noticias y Voice of America.
Los números en la lista incluyen a más de mil personas que pudieron ser identificadas por la red de periodistas e incluyen al menos a 65 ejecutivos, 85 activistas, 189 periodistas y más de 600 políticos, además de 12 jefes de Estado, 500 diplomáticos, mil 200 funcionarios y 250 defensores de derechos humanos.
“Entre 2016 y 2017, más de 15 mil mexicanos aparecieron en la lista examinada por el consorcio de medios, entre ellos al menos 25 reporteros que trabajan para los principales medios de comunicación del país, según los registros y entrevistas”, señaló la investigación encabezada por Forbidden Stories y Amnistía Internacional.
“Aunque no confirmará las identidades de ninguno de ellos, citando obligaciones de confidencialidad del cliente. El consorcio encontró muchos de los números de teléfono en al menos 10 países, que fueron sometidos a un análisis más profundo: Azerbaiyán, Bahréin, Hungría, India, Kazajstán, México, Marruecos, Ruanda, Arabia Saudita y los Emiratos Árabes Unidos. Citizen Lab también ha encontrado evidencia de que los 10 han sido clientes de NSO, según Bill Marczak, investigador principal”, indicó el reportaje.
El 19 de junio del 2017, el diario The New York Times, Artículo 19, R3D, Social Tic y Citizen Lab revelaron que el Gobierno encabezado por Peña Nieto había adquirido un software para investigar a criminales y terroristas, pero que se habría usado para espiar a periodistas y a activistas anticorrupción, quienes realizaron la denuncia correspondiente, ante la entonces Procuraduría General de la República (PGR) y organismos internacionales.
Según información del contrato, Pegasus funciona a través de un software malicioso que envía un mensaje o un enlace a correos electrónicos y teléfonos celulares, que al abrirlo da acceso a la información del equipo de la persona infectada. De esta manera, quien opera el programa puede acceder a mensajes de texto, fotografías, contactos, correos electrónicos, historial de llamadas telefónicas, historial de navegación en internet y redes sociales, ubicación, capturas de pantalla y grabaciones de la persona que está siendo espiada.
NSO Group, que también se conoce con el nombre de Q Cyber Technologies, es una compañía con sede en Israel que desarrolla y vende tecnología de software espía. Es propiedad mayoritaria de Novalpina Capital, una firma europea de capital privado.
ARTÍCULO 19 EXIGE A FGR INVESTIGACIÓN CON PERITAJE EXTERNO POR ESPIONAJE CON PEGASUS EN GOBIERNO DE EPN
La organización no gubernamental Artículo 19 exigió a la Fiscalía General de la República (FGR) una investigación independiente respecto al espionaje realizado contra periodistas, activistas y defensores de derechos humanos con el programa informático Pegasus, desarrollado por el grupo israelí NSO, que permite a agencias de gobierno acceder a la memoria de los teléfonos celulares para captar, mensajes, llamadas, correos, geolocalización e historial.
Ante ello, la ONG internacional instó al Gobierno encabezado por el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, así como al titular de la FGR, Alejandro Gertz Manero, a transparentar toda información relacionada al espionaje realizado en la Administración de Enrique Peña Nieto con el software de vigilancia, así como la colaboración absoluta con las investigaciones.
“Que el Fiscal General rediseñe en conjunto con las personas afectadas un plan de investigación serio, exhaustivo e integral, con garantías de independencia y supervisión, así como la participación de peritos externos”, urgió Artículo 19 en un comunicado firmado en conjunto con R3D: Red en Defensa de los Derechos Digitales, el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez y SocialTIC.
La ONG recordó que hasta ahora, la FGR no ha realizado una investigación con garantías de independencia capaz de esclarecer lo ocurrido y llevar a los responsables ante la justicia. Asimismo, demandó que se impulse una agenda de reformas para establecer controles democráticos a la intervención de comunicaciones privadas por parte de las entidades de gobierno.
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La organización dedicada a la defensa de la libertad de expresión y el derecho a la información criticó que a cuatro años de que se inició la investigación por dicho caso de espionaje gubernamental, aún no había avances significativos para su esclarecimiento, por lo que llamó a replantearla y fortalecerla.
Aunado a lo anterior, Artículo 19, en su Oficina para México y Centroamérica, aseguró que le expuesto por la investigación publicada el domingo 18 de julio del 2021, ponía de manifiesto la necesidad de modificar el marco legal para impedir la adquisición de herramientas de vigilancia en territorio mexicano.
EMPRESA CREADORA DE PEGASUS RECHAZA ACUSACIONES SOBRE ESPIONAJE A PERIODISTAS Y ACTIVISTAS
Un portavoz de la empresa israelí NSO Group -cuestionado por la agencia española EFE- calificó, el 19 de julio del 2021, de “endeble” la investigación que implica a su software Pegasus en el espionaje de activistas, políticos y periodistas.
“Los editores decidieron seguir adelante con esta historia, incluso después de que quedó claro que sus fuentes no identificadas los habían engañado, probablemente intencionalmente”, afirmó la empresa, la cual sido señalada en anteriores ocasiones por vender el software espía a países con déficit democrático y algunos diputados israelíes intentaron en 2016, prohibir legalmente los permisos de exportación para el grupo.
“Como NSO ha dicho anteriormente, nuestra tecnología no se asoció de ninguna manera con el atroz asesinato de Jamal Khashoggi. Podemos confirmar que nuestra tecnología no se utilizó para escuchar, monitorear, rastrear o recopilar información sobre él o los miembros de su familia mencionados en su consulta”, indicó la compañía israelí.
“Respaldamos nuestras declaraciones anteriores de que nuestros productos, vendidos a gobiernos extranjeros examinados, no se pueden utilizar para realizar vigilancia cibernética dentro de los Estados Unidos, y a ningún cliente extranjero se le ha otorgado tecnología que les permita acceder a teléfonos con números estadounidenses”, indicó la empresa, que aseguró, además, que “continuará investigando todas las denuncias creíbles de uso indebido y tomará las medidas adecuadas en función de los resultados de estas investigaciones”, lo que incluye “apagar el sistema de un cliente”.
“¿PARA QUÉ LOS VAMOS A ESPIAR? SI SON PREDECIBLES”, DICE AMLO DE PERIODISTAS
El 24 de junio del 2021, el presidente Andrés Manuel López Obrador negó que la Administración que él encabeza espíe a periodistas para amedrentarlos, y aseguró que “se ponen todos de acuerdo para cuestionar al Gobierno sin pruebas”.
Un día antes, en una nota titulada ‘Espionaje a periodistas es para amedrentarlos’, el diario El Universal señaló que varios periodistas, columnistas y defensores de derechos humanos, denunciaron que son víctimas de espionaje desde áreas de seguridad civil y militar del Gobierno de López Obrador.
Sin embargo, el presidente afirmó que la información publicada es falsa, y de manera sarcástica señaló que dicho rotativo “será cliente de la sección” de ”Quién es quién en las mentiras de la semana”, con la cual, según explicó el 23 de junio del 2021, “desmentirá la información falsa”, que circulan en los medios de comunicación y las redes sociales.
“¿A quién supuestamente se le investiga, se le espía? Pues a casi todos de acuerdo a la nota, porque todos están en contra nuestra. Loret de Mola. Héctor de Mauleón. Vamos a leerlo. Mario Maldonado, Salvador García Soto. Raymundo Riva Palacio. ¿Para qué los vamos a espiar si son predecibles?”, respondió el mandatario nacional.
López Obrador señaló que quien comenzó esta información es Javier Tejado Dondé, columnista de El Universal y abogado de la empresa Televisa, quien señaló que que Ricardo Mejía Berdeja, subsecretario de la Secretaría de Seguridad Pública y Protección Ciudadana (SSPC), ha solicitado información de los columnistas que han escrito contra el Padrón Nacional de Usuarios de Telefonía Móvil (PANAUT).
No obstante, el presidente aseguró que si presentan las pruebas que sustenten estos dichos, entonces el removería del cargo a los responsables. Y agregó que su Gobierno no es como los anteriores, ya que él respeta la libertad de expresión de los opositores.
“No tiene sentido una investigación porque es falso, este periódico se dedica a difamar pertenece al hampa del periodismo, en la cual hay entre otras máximas de que la calumnia cuando no mancha tizna […] ahora si presentan pruebas, no sólo iniciaríamos una investigación, sino se despide al funcionario que esté haciendo estas cosas”, insistió.
El titular del Poder Ejecutivo Federal aseguró, durante su conferencia del prensa matutina, que ya no “es el tiempo de antes. Ellos lo saben. Lo que pasa es que ya no tienen elementos. Como se dice en el periodismo, ‘no hay miga’, entonces vuelan”.
“Primero, nosotros tenemos principios, tenemos ideales. No somos como ellos o como sus jefes. No vamos a espiar a nadie. Nunca lo hemos hecho. y segundo, ¿qué sentido tiene si ya sabemos que están en contra de nosotros?”, aseguró el presidente.
“Para qué voy a leer una columna de ellos si es un lugar común, entonces no tienen ningún sentido estar pensando en que los vamos a espiar, es falso”, enfatizó el titular del Poder Ejecutivo Federal.
