Los partidos de la alianza “Va por México” convinieron con Morena y fuerzas aliadas impulsar una reforma constitucional para restarle competencia al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), aun cuando el 9 de junio de 2022, anunciaron que en lo que restaba de la administración de Andrés Manuel López Obrador no aprobarían enmiendas constitucionales.
En anuencia con el bloque oficialista, los partidos Acción Nacional, Revolucionario Institucional y de la Revolución Democrática argumentaron que los órganos electorales han adoptado disposiciones “que rebasan la esfera de sus competencias y suponen invasión de las competencias propias del Poder Legislativo”.
La discusión de la iniciativa se pretendió consumar una vez que la magistrada del TEPJF, Janine Otálora Malassis, propuso invalidar una modificación al Estatuto de Morena consistente en prorrogar “el cargo de las personas titulares de la presidencia y la secretaría general del Comité Ejecutivo Nacional (Mario Delgado Carrillo y Citlalli Hernández Mora)”; igualmente, en un contexto en el que el dirigente del PRI, Alejandro Moreno Cárdenas, había dicho que agotaría las instancias para revertir un fallo del Instituto Nacional Electoral relativo a anular un ajuste estatutario para prolongar por un año su período como líder partidista”.
Estaba previsto que el 12 de abril se discutiera la iniciativa en sesión ordinaria de la Cámara de Diputados. Sin embargo, no se enlistó dictamen respectivo.
Desde un primer momento, Movimiento Ciudadano se abstuvo de avalar el proyecto de decreto, con la justificación de que la propuesta se orientaba a “reducir la defensa de los derechos políticos, delimitar el actuar del Tribunal para la atención de acciones afirmativas para grupos vulnerables, paridad y las decisiones de la vida interna de los partidos”.
Juan Isaías Bertín Sandoval, diputado federal de Morena por el Distrito 7 de Baja California, recalcó que con semejante iniciativa se busca que la permanencia de los líderes partidistas en el cargo recaiga en los partidos de tal manera “que no venga una resolución del Trife y te diga ‘ya es momento de que cambies esto, y es momento que quites a tu dirigente’”.
Según expuso, también se pretende que las controversias en materia electoral relativas al Congreso “ya no sean resueltas por el Trife”, sino “solamente por la Suprema Corte de Justicia de la Nación”, e igualmente que el Poder Legislativo se encargue de determinar las acciones afirmativas.
“Hemos tenido intromisión por parte de un órgano electoral y está fuera de las funciones que la Cámara hasta cierto punto quiere ordenar a la Cámara de Diputados a que haga ciertas acciones, cuando en materia jerárquica y de representatividad socia, Cámara de Diputados es quien realmente determina las adecuaciones, cambios e interpretaciones que se pudieran dar a la Ley”, manifestó en entrevista con ZETA.
En materia de acciones afirmativas, la idea es “que aquí desde el Congreso se diga por ejemplo cuántas candidaturas van para jóvenes, y en qué sentido para los grupos vulnerables, para los grupos indígenas y demás, y que el Trife no sea el que venga y cambie las decisiones que tienen o que se han tomado aquí en la Cámara de Diputados, y que sobre todo ya están en la Ley, que ellos simplemente le están dando una interpretación, a su criterio”, detalló.
A su vez, criticó que para la integración de la Comisión Permanente, “a mediados de julio del año pasado” el TEPJF haya ordenado a la Cámara de Diputados integrar a Movimiento Ciudadano, siendo que, a su modo de ver, tal partido “no tenía representatividad”.
De ahí que “lo que se está buscando es dejarle en claro al Trife que las resoluciones las va a tomar la Cámara de Diputados”, aseveró.
El miércoles 12, el secretario de Gobernación, Adán Augusto López Hernández, afirmó en un encuentro celebrado en el Senado de la República que la discusión de la propuesta estaba vigente. “Finalmente los legisladores decidirán en qué momento pueden ir a pleno y aprobarla o rechazarla”.
Con el proyecto en cuestión, “no se propone que desaparezca la paridad, no se propone que desaparezcan las acciones afirmativas, lo que sí contiene la iniciativa es acotar el funcionamiento del Tribunal Electoral, que a todas luces en los últimos años se ha robado facultades que no le están expresamente concedidas en la Ley”, opinó.
En una atención a medios, Jorge Álvarez Máynez, coordinador de diputados de Movimiento Ciudadano, refirió que la iniciativa constituía un “asalto al Tribunal” y que el partido naranja no tenía “por qué validarle sus caprichos al dirigente de Morena ni al del PRI, que quieren violar el Estatuto, el período para el que fueron electos”.
Igualmente, en conferencia de prensa celebrada el miércoles 12 de abril, estimó que los impulsores de la reforma incumplían con el requisito de consulta a las poblaciones autóctonas en materia de candidaturas. “Un diputado indígena no le quita el lugar a nadie”, advirtió.
“Creo que hay muchas cosas que no se están cumpliendo, que no tiene caso acelerar los procesos y que volvemos a convocar al resto de coordinadores parlamentarios a actuar con sensatez, con prudencia, a escuchar todas las voces ciudadanas que piden en todas las fuerzas políticas que haya diálogo y una rectificación”, remató.
