Pese a la probable responsabilidad del Estado mexicano en la muerte de 39 indocumentados centro y sudamericanos, y las lesiones de otros 29 en la estación migratoria de Ciudad Juárez, ningún funcionario de alto nivel fue imputado por la acción de no haber abierto las celdas para auxiliar a las víctimas que sufrieron de graves quemaduras o intoxicación por humo. El ejercicio de la acción penal se centró en ocho funcionarios menores o empleados de una empresa de seguridad privada que presta sus servicios al Instituto Nacional de Migración (INM).
La tragedia ocurrida la noche del lunes 27 de marzo, cuando migrantes que se encontraban en la estancia provisional (centro de detención) de la ciudad fronteriza presuntamente protestaron al enterarse que serían deportados y uno de ellos encendió fuego en las colchonetas destinadas para dormir, no fue evitada. Por el contrario, un video que circuló rápidamente en redes sociales mostró que el personal no hizo nada por rescatar a los hombres que se encontraban privados de su libertad en separos cerrados con candados. Sólo 15 mujeres extranjeras que también estaban detenidas fueron sacadas por los agentes migratorios.
Inicialmente se anunció que eran 39 los fallecidos, después la cifra aumentó a 40 el martes 28 de marzo; sin embargo, en la misma fecha por la tarde se ajustó la cantidad en 38 migrantes muertos, misma que subió a 39 al perder la vida otro de los lesionados en un hospital el miércoles 29. Las autoridades sólo tenían la certeza de acuerdo a la bitácora de personas “presentadas” que estaban registradas en el lugar, 68 hombres y las 15 mujeres. Se trataba de 28 varones guatemaltecos, 13 hondureños, 13 venezolanos, 12 salvadoreños, un colombiano y un ecuatoriano.
Tonatiuh Guillén López, ex comisionado del INM a inicios de la actual administración, calificó la tragedia como criminal y como “la versión extrema, el punto más crudo del deterioro de nuestra política migratoria, que desde el momento en que el tono de esa política fue su endurecimiento, su militarización, la inclusión de la Guardia Nacional como aparato de control migratorio, se dio un giro muy profundo en la concepción y en el entendimiento de los migrantes, sobre todo de los solicitantes de refugio”.
Para el también ex presidente del Colegio de la Frontera Norte (El Colef), hay responsabilidades inmediatas y directas que tendrá que resolver la fiscalía.
“La institución inmediatamente responsable es el Instituto Nacional de Migración, porque son personas que estaban bajo su resguardo, y esa responsabilidad es directísima del INM”, pero también existen responsabilidades políticas y ahí las instituciones responsables son la Secretaría de Gobernación, institución responsable de la política migratoria en México, y la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), que en la práctica y por encargo del Presidente, Andrés Manuel López Obrador, trazó los lineamientos centrales de la actual política migratoria.
Por su parte, Fernanda Benfield, coordinadora de Comunicación e Incidencia en Sin Fronteras, en vocería de decenas de organismos de la sociedad civil, afirmó que estos hechos son “consecuencia terrible de una política migratoria mal llevada. Realmente nosotros estamos muy angustiados, porque sabemos que esto es consecuencia de un mal actuar. En los últimos años, con esta administración, se ha priorizado la criminalización y detención de las personas migrantes”.
López Obrador, que en la conferencia matutina del 28 de marzo lamentó los hechos, pero restó relevancia al calificar al sitio como un “albergue”, un día después, al advertir la magnitud del evento que dio la vuelta al mundo con las brutales imágenes del video, aseguró que no habrá impunidad y se castigará a quienes causaron la dolorosa tragedia: “No hay ningún propósito de ocultar los hechos, de proteger a nadie, no se permite en nuestro gobierno la violación de derechos humanos, ni se permite la impunidad”.
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En tanto, los secretarios de Gobernación, Adán Augusto López Hernández y de la SRE, Marcelo Ebrard Casaubón, se arrojan la responsabilidad sobre la política migratoria del país, pues es sabido que el INM pertenece a Gobernación; sin embargo, el 19 de septiembre de 2019, AMLO firmó un decreto por el cual se creó transitoriamente la Comisión Intersecretarial de Atención Integral en Materia Migratoria, a cargo de la cancillería, con el objeto de “fungir como instancia de coordinación de las políticas, programas y acciones que las dependencias, órganos administrativos desconcentrados y entidades de la Administración Pública Federal tienen en materia migratoria”.
EL INFORME
Mientras que el Presidente pidió al fiscal general del país, Alejandro Gertz Manero, apersonarse en Ciudad Juárez para realizar las investigaciones del caso, a Rosa Icela Rodríguez, secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana, se le asignó realizar un informe del asunto para atender a los medios de comunicación.
La tarde del 29 de marzo, la funcionaria señaló que el Gobierno Federal reprueba la mala actuación de servidores públicos que no se apegaron a los protocolos de protección a la vida ni a los de Protección Civil.
Acompañada de Sara Irene Herrerías, fiscal especial en materia de Derechos Humanos, de la Fiscalía General de la República (FGR), Rosa Icela informó en conferencia de prensa que duró aproximadamente una hora y media: “Al momento se tienen identificados inicialmente ocho personas probablemente responsables de los hechos. Dos agentes federales, una agente estatal de migración, así como cinco elementos de la empresa de seguridad privada, quienes ya están rindiendo sus declaraciones ministeriales correspondientes”.
Asimismo, enfatizó: “Migración se hará cargo del retorno de los cuerpos, y Movilidad, de migrantes y familiares. La Secretaría de Relaciones Exteriores estableció contacto con las cancillerías de Colombia, Ecuador, Guatemala, Honduras, El Salvador y Venezuela para coordinar la identificación y traslado de los cuerpos a los países de origen, además de dar las facilidades necesarias a las familias de los afectados”.
Por su parte, Herrerías confirmó el ejercicio de la acción penal en contra de los sospechosos del caso: “Se solicitó la audiencia de juicio oral (sic) para solicitar las órdenes. Las que se van a solicitar hoy son cuatro, a partir de mañana vamos a seguir solicitando las demás. Y como lo comenté, es también sobre el presunto responsable que inició el incendio, los servidores públicos y vigilantes de seguridad privada. El delito por el que se inició la carpeta fue por homicidio y por el delito de propiedad ajena”.
Uno de los migrantes que presuntamente inició el fuego y se encuentra en calidad de lesionado, es uno de los ocho imputados. Respecto a los demás heridos, se reportó que 14 de ellos están siendo atendidos por el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), once en el Hospital General de Chihuahua y dos en el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), de los cuales 16 se reportan como muy graves, y el resto, delicados.
Blanca Navarrete García, directora de la organización Derechos Humanos Integrales en Acción, activista en favor de los derechos de los migrantes y la comunidad LGBTI+ en Ciudad Juárez, expresó que las víctimas estaban hacinadas en una estancia provisional con capacidad máxima de 60 personas detenidas, siendo que había más de 80.
“Nos llama mucho la atención con el video que se hizo público, cómo es que los agentes de Migración se mueven de un lugar a otro y finalmente al fondo se ven las puertas, las rejas cerradas. Pareciera como que no encontraban las llaves o no entendemos por qué no agilizaron la salida de los hombres y cuánto tomó que abrieran la puerta, porque la cifra de las personas fallecidas es muy muy alta”, lamentó.
Fernanda Benfield secundó: “Nos preocupa que todo se enfoque en los guardias u oficiales de Migración, y que justo esos sean los chivos expiatorios porque realmente lo que se necesita son cambios estructurales y ahora vemos vergonzosamente cómo Gobernación le echa la bolita y la responsabilidad a Relaciones Exteriores, y si es que la tiene la SRE, como lo comenta el secretario de Gobernación, entonces esa facultad nueva que él menciona de Relaciones Exteriores, tendría que estar en el documento de la nación, pero de todas maneras, aquí el responsable es el Estado mexicano, sea Segob o SRE”.
EXIGEN RENUNCIA
Con el lema “La política migratoria en México, mata”, decenas de Organizaciones de la Sociedad Civil (OSC) emitieron un posicionamiento urgente conjunto para señalar que lo ocurrido en la estancia migratoria del INM en Ciudad Juárez es responsabilidad del Gobierno Federal, y exigieron la destitución del comisionado de Migración, Francisco Garduño Yáñez, ya que “la situación refleja la ausencia de protocolos y una política de Estado para garantizar los derechos y protección de personas migrantes y solicitantes de asilo”.
Destaca el comunicado que las consecuencias y el grave saldo del incendio son resultado de una serie de omisiones por parte de las autoridades encargadas del espacio y rutas de evacuación para atender este tipo de siniestros.
“El uso de eufemismos por parte de la autoridad intenta minimizar la grave situación de lo acontecido y evadir la responsabilidad al INM sobre el manejo de sus instalaciones y protección que tienen que brindar a quienes están bajo su custodia.
“Las estaciones migratorias, estancias provisionales y demás lugares habilitados bajo la Ley de Migración son centros de detención donde las personas se encuentran privadas de la libertad, incomunicadas, hacinadas y encerradas con candados. Afirmar que lo sucedido es consecuencia de una protesta/motín es especular y re-victimizar. Hacemos un llamado a no desinformar cuando el hecho está en proceso de investigación”, reiteran las personas y organizaciones firmantes.
Recordaron que, en septiembre de 2022, en el marco de una visita in situ a Ciudad Juárez, algunas organizaciones “denunciamos las condiciones de privación de libertad y hacinamiento en las que se encontraban las personas al interior de la estancia provisional, así como una práctica sistemática de detención, disuasión y deportación. El espacio físico en el que se mantenía a las personas migrantes era reducido y sin ventilación. Organizaciones que tienen base en la entidad y realizan visitas regulares, han documentado la falta de atención médica y acceso a agua potable, incomunicación y desinformación para disuadir a las personas para no solicitar asilo”.
Señalan que esta tragedia ocurrió luego de un operativo a cargo de autoridades municipales y federales, quienes, indolentes, continúan criminalizando a través de los discursos y plataformas oficiales replicadas por medios de comunicación. “Organizaciones de la sociedad civil hemos llamado en reiteradas ocasiones a un cese al hostigamiento institucional que la población en contextos de movilidad está padeciendo en la localidad”.
Las peticiones de estas OSC fueron dirigidas a diversas autoridades. Al Gobierno Federal le solicitan garantizar el acceso a servicios de salud y facilitar las gestiones a las familias afectadas; adelantar el proceso de identificación y entrega digna de restos a las familias de las personas fallecidas; asumir los costos de repatriación de cuerpos de las personas fallecidas; investigar los hechos ocurridos identificando a las personas funcionarias públicas responsables del fallecimiento de las personas migrantes, garantizando que no quede en impunidad; y la destitución e inhabilitación inmediata del comisionado del INM, Francisco Garduño Yáñez.
Al Instituto Nacional de Migración le exigen responsabilizarse y explicar lo sucedido en conjunto con las autoridades involucradas; notificar a los consulados sobre las personas que se encuentran hospitalizadas o fallecidas; garantías eficaces y oportunas de no repetición; facilitar y respetar el ingreso a organizaciones de sociedad civil para labores de monitoreo y documentación independiente de la situación de las personas detenidas; la no contratación de personal militar o con antecedentes en Secretaría de la Defensa Nacional, Marina y Guardia Nacional en estaciones migratorias y estancias provisionales; poner un alto a la militarización de las fronteras y a la participación de la Guardia Nacional en las acciones de control migratorio.
A las comisiones de Asuntos Migratorios del Senado y de la Cámara de Diputados, les piden legislar por la excepcionalidad de la detención por razones migratorias, avanzando hacia su eliminación; eliminar el uso de eufemismos como “presentación” y “alojamiento” de la Ley de Migración, lo que invisibiliza la práctica de detención migratoria; acatar el resolutivo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que declara inconstitucional el procedimiento de revisión migratoria que se efectúa en lugares distintos al de tránsito internacional que deriva en la detención y alojamiento en estaciones migratorias del INM; además de limitar y exigir la regulación en la apertura de instalaciones de detención migratoria por parte de Migración.
En cuanto al gobierno municipal de Ciudad Juárez, exigen cesar de inmediato los operativos de detención y explicación de aquellos donde han resultado detenidas personas en contextos de movilidad; la renuncia inmediata de las autoridades municipales que resulten responsables al extralimitar sus facultades; alto a los discursos de odio, criminalización y estigmatización a personas en situación de movilidad, y en su lugar, emitir enérgicos mensajes públicos a sus servidores de que toda violación a derechos humanos será seriamente investigada y sancionada; y una disculpa pública del presidente municipal por todos los discursos de odio, estigmatización y criminalización realizados a lo largo del año.
PROTOCOLOS
Graciela Zamudio Campos, directora general de Alma Migrante, AC en Tijuana, advierte que existe una ausencia de protocolos en el INM y los que existen no ponen en el centro a las personas migrantes, como se vio durante la pandemia por el virus SARS-CoV-2.
“La normatividad revela que el INM, en forma genérica, no es que ponga mucha atención en el cuidado de las personas en contexto de movilidad. Creo que eso depende sobre todo de cada oficina, de cada estación migratoria, entonces por esa razón, cada estación migratoria presenta diferentes particularidades dependiendo de sus circunstancias”, dijo.
En el caso de Baja California, el INM cuenta con dos estaciones migratorias, una en Mexicali y la otra en Tijuana. “La de Mexicali es muy pequeña, me parece que en 2021 hicieron una remodelación. Y la de Tijuana, pues sigue siendo siempre la misma, pero bueno. Lo importante es determinar este tipo de situaciones, cuál es el actuar de las autoridades. También en esa época, en 2021, me parece que por ahí de mayo, hubo un incendio parecido en la estación migratoria de Tijuana, y las personas fueron sacadas”, lo que indica que en algunos lugares se reacciona de forma distinta por falta de protocolos.
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De acuerdo con la activista, “lo sucedido en Ciudad Juárez va a ser resuelto a partir de la evidencia que las investigaciones arrojen, de lo que no queda duda es que las autoridades fallaron en garantizar la protección de la vida de las personas que tenían bajo su cargo, y eso, vamos, no es algo que el Estado pueda quitarse de encima fácilmente, porque el solo hecho de tener bajo su custodia a personas, a seres humanos, les hace responsables del respeto a su derecho de integridad física y psicológica incluso”, destacó Zamudio Campos.
La discusión sobre la existencia o inexistencia de políticas públicas es completamente banal, “porque creo que es fácil identificar cuáles son las políticas migratorias en México, porque son los únicos procesos que funcionan constantemente. Y esos son solamente dos procesos: el proceso de aseguramiento de detención, y por el otro lado, la deportación. O sea, esos son dos procesos que toda la vida han empleado las autoridades mexicanas.
“Creo que las políticas de detención y deportación son específicamente las políticas públicas en materia migratoria. Entonces, si la finalidad es detenerlos y deportarlos, esa es la razón por la que no hay esfuerzos relacionados con, bueno, cómo vamos a mantenerlos con vida de forma humana, sobre todo en este tipo de emergencias. Creo que la política migratoria que sólo tiene como finalidad detener y deportar, pues poco se ha desarrollado en el tema, porque esa es la única finalidad que tiene el Estado mexicano: detenerlos y deportarlos”, considera Graciela.
Alma Migrante, AC se ocupa de la representación individual de personas migrantes y se dedica a los casos que han sido asegurados en estación migratoria. “Lo que buscamos es que se cumpla la Ley, las detenciones y deportaciones normalmente no cumplen con los requisitos legales, y esa es la razón por la que presentamos diversos recursos jurídicos, cuando la comunidad de defensores de derechos humanos nos presenta un caso que les interesa”.
Para concluir, Graciela Zamudio compartió:
“En la estación migratoria de Tijuana hemos podido tener resoluciones positivas en término de tres semanas lo más rápido, pero también nos han tocado casos más difíciles donde la persona sigue detenida hasta tres meses. Y ha habido otros casos peores, que no los hemos llevado nosotros, pero bueno, la detención casi siempre es de más tiempo del que permite la Ley. Afortunadamente en 2021, justo logramos una suspensión que está vigente, donde se establece que el INM no puede extender estas detenciones más de 15 días, que es el tiempo que dice la Ley de Migración”.
