Al cierre de esta edición, martes 4 de abril, aún no había certeza de que pueda ser demolido el edificio de tres niveles que se mantiene en vilo en el fraccionamiento La Sierra, a espaldas del Bulevar Cuauhtémoc Sur.
El Ayuntamiento de Tijuana continuaba analizando la ruta jurídica a seguir, habida cuenta que Bertha Leticia Rojas Rodríguez, quien se ostenta como propietaria del predio, no dio su autorización el lunes 3 de abril.
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Cabe señalar que Rojas Rodríguez sería posesionaria, toda vez que en el Registro Público de la Propiedad y el Comercio de Baja California no aparece inscripción alguna a su nombre, ni clave catastral de la propiedad que sí está registrada en Catastro municipal.
“Ella está un poco nerviosa por la situación, todavía no nos comenta. Trataremos de darle un par de días para que lo piense”, dijo la alcaldesa Montserrat Caballero Ramírez, quien insistió en que esta semana podría llevarse a cabo la demolición controlada.
En caso de que la señora no dé su aval, el Ayuntamiento explora la posibilidad de “aplicar una parte del Reglamento (de Protección Civil), que indica que si está en riesgo una propiedad, podríamos demolerla”, priorizando el bien social, abundó la primera edil.
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La tarde de ayer martes 4 estaba previsto que personal de Protección Civil y el geólogo del Colegio de Ingenieros Civiles de Tijuana inspeccionarán el área afectada para buscar un acceso lo más seguro posible e identificar qué tanto puede acercarse la maquinaría que será utilizada por la Secretaría de Desarrollo Territorial, Urbano y Ambiental (SDTUA).
“Sería primero analizar el mejor factor para ingresar con esta maquinaria y hacer una especie de plancha del movimiento de tierra del que ya se encuentra suelto, sobre todo para evitar algún deslizamiento con la maquinaria y que suceda un accidente con el personal o la gente que se encuentre alrededor”, dijo Bernardo Villegas, encargado de despacho de la Dirección de Protección Civil.
De avanzar la ruta jurídica y proceder a la demolición, esta se haría quitando pedazos del edificio que no afecten lo que puede caer, para no generar afectaciones a ninguna persona; las actividades serían por cierto tiempo.
Enrique Bautista Corona, titular de la SDTUA, dijo que aún no hay un estimado de recursos que el gobierno municipal erogará en la demolición, y cuando la ruta jurídica lo permita, se dará a conocer la estrategia de demolición especializada.
Adelantó que se está contemplando meter maquinaria pesada de alrededor de 40 o 50 toneladas. La estrategia consistiría en que no pasen camiones pesados en la parte de arriba, bajar el material por donde colapsó el primer edificio para realizar las acciones de limpieza por la parte de abajo del bulevar. Esto implicaría movimientos importantes en la parte de abajo, pero una vez quitando el peligro de colapso del edificio, se puede abrir por lo menos dos carriles.
GALERRIA FOTOGRAFICA -RAMON TOMAS BLANCO VILLALON-
El funcionario aseguró que independientemente de que se lleve a cabo la demolición del edificio, la dependencia a su cargo -Protección Civil- y el geólogo que está asesorando al Ayuntamiento (Francisco Javier Franco) valorarán si puede reabrirse un carril. Decisión que podría darse a conocer hoy miércoles 5 de abril.
Al respecto, Miguel Ángel Bujanda Ruiz, secretario general de Gobierno municipal, señaló que la idea es hacer un reforzamiento en el “tapeado” o muros de contención sobre el bulevar para abrir uno o dos carriles.
En entrevista con ZETA, Bernardo Villegas, encargado de despacho de la Dirección de Protección Civil, explicó que el edificio está recostado hacia la parte Oeste, sobre un muro de contención. Eso ha hecho que el movimiento sea más lento, sin embargo, “nos hemos dado cuenta de que se sigue socavando y puede generar que se fracture el edificio y caer, ya sea como el otro, en pedazos o completo”.
El 1 de abril, el departamento de dos niveles contiguo (construido en 2021) se desplomó sin que rocas o material cayeran al bulevar o dañara los inmuebles de enfrente. Sólo hubo una fuga de gas que fue controlada.
El polígono de afectación por el deslizamiento del talud del fraccionamiento La Sierra se había ampliado, ya que además del engomado en Rojo (alto riesgo) de los 12 departamentos y cuatro viviendas sobre la calle Sierra Tarahumara y cuatro negocios sobre Bulevar Cuauhtémoc Sur, se habían engomado en Amarillo (zona de riesgo) otros siete inmuebles sobre el bulevar.
INSTALAN MESA TÉCNICA
A las 13:20 horas del martes 4 de abril se instaló la primera mesa técnica entre autoridades y representantes de los inquilinos de los edificios de La Sierra. Una hora después, Miguel Ángel Bujanda anunció que se citará de manera formal a la propietaria para que acuda hoy miércoles 5 a las 10:00 horas. Se espera que la representación legal de los afectados solicite formalmente la documentación.
Cecilia Álvarez, abogada de los inquilinos afectados, expuso que la autoridad “no les ha dicho” con qué información cuenta sobre la construcción de ambos edificios. “Nada más que había un permiso de construcción y un permiso extemporáneo (…), en dado caso que no exista mecánica de suelo o arroje lo contrario, será para presentar nuestras acciones”.
Agregó que ya se está empezando a trabajar en fechas para que sus representados puedan hacer peritajes de geotecnia y mecánica de suelos. Previamente, la abogada reveló que con la documentación del Ayuntamiento y las pruebas periciales se presentarían denuncias contra Estado y Ayuntamiento por omisión de cuidados ante el Tribunal Administrativo y/o ante un Juzgado Civil, aunque aún no hay fecha para ello.
Entrevistada por ZETA, Álvarez manifestó su desconfianza con el proceder del Colegio de Ingenieros Civiles de Tijuana: “Están muy a modo, y no, no hay confianza en lo que ellos puedan presentar”, ya que tienen estudios previos y no son congruentes con los que acaban de sacar. “Están queriendo tapar la omisión de cuidado del Ayuntamiento”, aseveró.
Cada pericial podría costar entre 15 mil y 40 mil pesos, los cuales serán adscritos al Poder Judicial y pagados con recursos de los afectados. La abogada no descarta llegar a un acuerdo de indemnización con la arrendadora, la cual, hasta el cierre de edición, no había dado la cara a sus representados.
El viernes 31 de marzo, los damnificados denunciaron estar “desamparados” porque ninguna autoridad se había acercado con ellos. Incluso funcionarios trataron de minimizar sus pérdidas al no ser propietarios del inmueble.
Consideran que la propietaria “actuó con dolo” porque ella ya sabía el estado en que se encontraban los edificios, ya que doce días antes los propios residentes le habían reportado grietas y hundimientos en los departamentos, así como humedad.
“Inclusive la CESPT tenía conocimiento, porque en octubre hubo una fuga en la parte alta de la glorietita, y me he enterado que por la calle de arriba hubo otras fugas anteriormente, como diez o doce fugas”, señaló Efrén Guerrero, otro de los afectados.
Pedro Chavarría Jaime, quien rentaba el departamento 8 del edificio ubicado en el número 8888 en la cerrada Tarahumara, alertó que hay personas que se están aprovechando de la situación para pedir dinero o ayuda a nombre de los damnificados. Exhortó a la ciudadanía que desee auxiliarlos, ponerse en contacto con él a través del correo electrónico pchavarria2962@gmail.com
DEMANDA COLECTIVA
La gobernadora Marina del Pilar Ávila Olmeda dijo que la Consejería Jurídica analiza la posibilidad de presentar una demanda colectiva, en la cual Gobierno del Estado apoye en la parte jurídica a todas las familias que se han visto perjudicadas.
Sin embargo, hasta el cierre de edición, ni los damnificados ni su representante habían tenido contacto con funcionarios estatales. “Hemos hecho el llamado a la gobernadora no sólo por este asunto (…) y ha sido omisa. Creo que tengo que ser influencer en esta vida para que la gobernadora me brinde el apoyo como se lo brindó a una influencer en días pasados”, describió uno de los afectados.
INVERTIRÁN MÁS DE 50 MDP EN REPARAR SOCAVÓN DEL CAÑÓN DEL MATADERO
El Gobierno de México invertirá entre 50 y 80 millones de pesos para reparar el tubo y el terraplén aledaños a la carretera a Playas de Tijuana, luego del socavón registrado en el Cañón del Matadero, en torno al cual la autoridad local comenzó a planificar el tráfico desde el 21 de marzo, sin que a la fecha se tenga una solución a largo plazo para esa avería.
“Ya tenemos un presupuesto que vamos a negociar con Hacienda ahorita que regresé, lo vamos a tratar como una declaratoria de emergencia o de desastre y con eso vamos a contar con los recursos para la aplicación inmediata”, expresaría Jorge Nuño Lara, secretario de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes, quien apenas estuvo en Tijuana el 3 de abril.
Acompañado por la gobernadora Marina del Pilar Ávila Olmeda y la alcaldesa de Tijuana, Montserrat Caballero Ramírez, el funcionario federal liberó el cobro de la cuota en la caseta de Playas de Tijuana por seis meses, lapso en que permanecerán cerrados los carriles sobre la carretera a Playas de Tijuana; e estima que concluirá la obra emergente, no así la definitiva.
Por su parte, Arturo Espinoza, secretario de Infraestructura, Desarrollo Urbano y Reordenación Territorial, afirmó que las obras en el Cañón del Matadero estarán a cargo de la dependencia y consistirán en la instalación de tres tubos de acero de 100 pulgadas de diámetro (2.50 metros) que se conectarán con el existente.
“Toda esa zona se va a rellanar de concreto, para que ni maquinaria ni personal estén trabajando cerquita”, dijo; posteriormente se conectará con un cajón pluvial y se rellenará el talud, de ahí que la obra dure alrededor de seis meses.
Espinoza descartó que estos trabajos afecten la construcción del Viaducto Elevado Playas de Tijuana-Aeropuerto.
ESTADO PAGARÁ REHABILITACIÓN DE PUENTE EL CHAPARRAL
Luego de su cierre el 30 de enero de 2023, con recursos del gobierno estatal se rehabilitará el Puente El Chaparral, con una inversión de 45 millones de pesos.
Las obras durarán entre cinco y seis meses. La Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes sólo proporcionará el proyecto ejecutivo del puente, indicó Arturo Espinoza, “cada pedazo del puente hay que levantarlo, cambiarle las piezas del soporte, hay que alinearlo y cambiar las juntas que van superiores, es muy muy delicado, materiales y herramienta muy delicada”.
Respecto a los avances de la reparación del Puente de Los Olivos, el funcionario de Desarrollo Urbano expuso que ya se cuenta con todas las piezas prefabricadas y la obra concluirá cinco semanas después de que inicie el montaje del puente, lo cual podría ocurrir la semana próxima. Esta vialidad fue clausurada desde el 16 de abril de 2022.
