Hay un galimatías entre la narrativa de la alcaldesa de Tijuana, Montserrat Caballero, y la gobernadora del Estado, Marina del Pilar Ávila. Un enredo que, además de distanciarlas políticamente, les afecta administrativamente, en especial a la ciudad fronteriza más poblada de Baja California.
Hace unos días, después de colapsos, socavones y deslaves en Tijuana debido a las intensas lluvias, la corrupción en el otorgamiento de permisos para la construcción y la naturaleza reclamando sus cauces, la alcaldesa se vio sola. Sin ayuda constante y sonante de la Federación, ni por parte del Estado.
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De hecho, desde su oficina se informó de un adeudo histórico de participaciones federales y estatales para el Ayuntamiento de Tijuana (léase: no se le debe a ella, se le debe a la ciudad). Un documento enviado desde el tercer piso de Palacio Municipal a esta redacción, da cuenta de la “importante deuda”:
1. Adeudo de 2019 durante el gobierno de Francisco Vega de Lamadrid: 139 millones 561 mil 365 pesos, más intereses generados por 201 millones 3 mil 573 pesos, para una deuda total de 340 millones 564 mil 938 pesos.
2. Adeudo 2020-2021, gobierno de Jaime Bonilla Valdez: intereses por un total de 54 millones 660 mil 174 pesos.
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3. Adeudo 2021-2024, gobierno de Marina Ávila: 11 millones 152 mil 481 pesos, intereses por 55 millones 953 pesos, para un total de 66 millones 592 millones 70 mil pesos.
En total, el Ayuntamiento de Tijuana refiere que Gobierno del Estado, ahora administrado por Marina Ávila, adeuda 407 millones 157 mil 008 pesos a la ciudad.
Emisarios de la Secretaría de Hacienda del Gobierno del Estado, que titula Marco Antonio Moreno Mexia, también enviaron un documento a ZETA, en el cual aclaran no tener adeudo con Tijuana. De hecho, refirieron una tabla con lo que se ha pagado a los ayuntamientos de enero a marzo de 2023 por concepto de participaciones federales y estatales:
Ensenada: 193 millones 6 mil 869 pesos.
Mexicali: 633 millones 894 mil 171 pesos.
Rosarito:71 millones 995 mil 220 pesos.
San Felipe: 17 millones 387 mil 027 pesos.
San Quintín: 25 millones 875 mil 123 pesos.
Tecate: 78 millones 768 mil 554 pesos.
Tijuana: Mil 160 millones 530 mil 171 pesos.
Una llamada telefónica al resto de los alcaldes dio cuenta que, en efecto, no se les adeuda nada en el pago de participaciones estatales y federales… sólo a Tijuana.
El adeudo se arrastra desde la administración de “Kiko” Vega, el último gobernador panista de la entidad, que por cierto le debía a todos: a la Universidad Autónoma de Baja California, al Poder Judicial, a la Comisión Estatal de Derechos Humanos, a los ayuntamientos, entre otros.
A Tijuana, Vega no entregó participaciones federales, y estatales por 139 millones 561 mil 365 pesos, adeudo que quedó después que la administración de Jaime Bonilla realizara ciertas aportaciones del mismo y las que le correspondían en su bienio (de acuerdo a fuentes del Ayuntamiento de Tijuana). Pero como administrador del recurso estatal, heredó una deuda histórica a la ciudad.
Al arribo de Marina del Pilar Ávila al Gobierno del Estado, tanto su secretario de Hacienda como ella, como administradora de los recursos, cubrieron lo que en su periodo se ha destinado para los municipios, tanto las participaciones federales como las estatales, lo cual justificaron con la tabla descrita con anterioridad.
Efectivamente, basándose en lo que respecta a su periodo, el Gobierno del Estado que encabeza Ávila no debe participaciones al Ayuntamiento de Tijuana, a ninguno… pero sí debe, puesto que, como administradores de los recursos del Estado, no han pagado la deuda histórica que heredó Francisco Vega a Jaime Bonilla, y Jaime Bonilla a Marina Ávila, la cual, según los intereses tasados por la Federación y sumados por la administración municipal, asciende a 407 millones 157 mil 008 pesos.
Vamos, que quien administra los recursos del Estado es el responsable de las deudas también. Ahí está el ejemplo del propio Bonilla, quien hubo de pagar (aun con tufo de transa) la deuda histórica que heredó a Francisco Vega a la UABC, que superaba los mil millones de pesos. La deuda no era de “Kiko”, sino de la administración estatal (aunque debieron denunciarlo por ello y no lo hicieron), y como tal, el “nuevo” titular, Jaime Bonilla, la pagó.
Pero Bonilla no saldó por completo la deuda histórica de la administración de su antecesor con el Ayuntamiento de Tijuana. Sí aportó, disminuyó la cifra, pero no la liquidó porque utilizó el recurso para otros fines, o porque simplemente no quería abonarle a una administración municipal titulada por quien hizo su enemigo, Arturo González Cruz.
Montserrat Caballero heredó el faltante, y como titular del Ayuntamiento, ha solicitado a la titular del Poder Ejecutivo, Marina Ávila, saldar ese adeudo histórico (como lo hizo Bonilla con la UABC) y asumir su papel de administradora de los recursos del Estado en beneficio de todos los municipios. El resto de los presidentes municipales de territorio bajacaliforniano, declararon no arrastrar adeudos históricos.
Pero nada. De la Secretaría de Hacienda del Estado, comentan que efectivamente reconocen el adeudo histórico que aparece desde la administración de Francisco Vega para con Tijuana, pero no lo han cubierto porque esperan que “alguien” -sugiriendo el Ayuntamiento- presente denuncia penal contra el panista por la no entrega del recurso. Algo que también podría hacer el Estado, pero vaya, no persiguen ni a “Kiko”, ni a Bonilla, ni a nadie.
Total que el gobierno estatal efectivamente no debe… pero sí debe. Por lo pronto, 407 millones de pesos, con todo e intereses, de acuerdo al Ayuntamiento de Tijuana. Además, en dos ocasiones el Gobierno del Estado ha “descontado” a las participaciones de Tijuana poco más de 11 millones y medio de pesos, con lo que se ha quedado con más de 23 millones por cobros a lo chino, lo cual, para la administración municipal, es parte de la deuda.
