La Fiscalía General de la República (FGR) informó, el 11 de abril de 2023, que procedió penalmente contra, Francisco Garduño Yáñez, comisionado del Instituto Nacional de Migración (INM), tras el incendio en un centro de detención migratorio en Ciudad Juárez, Chihuahua, donde fallecieron 40 migrantes extranjeros.
Además de que también procedió penalmente contra Antonio Molina Díaz, Director General de Control y Verificación Migratoria del INM, “quienes incurrieron en presuntas conductas delictivas, al incumplir con sus obligaciones de vigilar, proteger y dar seguridad a las personas e instalaciones a su cargo, propiciando los delitos cometidos en contra de los migrantes (artículo 214, fracción VI, Código Penal Federal)”.
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“Los delitos que se cometieron en contra de 65 migrantes, 40 por homicidio y 25 por lesiones, en el Centro Provisional Migratorio de Ciudad Juárez, Chihuahua, la noche del 27 de marzo, fueron investigados de inmediato por la FGR, obteniendo órdenes de aprehensión y vinculaciones a proceso en contra de 5 personas”, indicó la institución de procuración de justicia, en un comunicado.
“Tres de las cuales son servidores públicos del Instituto Nacional de Migración (INM); una que es personal de la empresa de seguridad privada que ahí operaba; y una persona que inició el fuego; todas ellas ya están en prisión”, agregó la Fiscalía General de la República.
“Con las pruebas ahí obtenidas, se ha logrado continuar la investigación para determinar las responsabilidades penales de toda la estructura vinculada con esos delitos, tanto dentro del INM, como de la empresa de seguridad privada ya referida”, destacó la FGR.
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La Fiscalía recordó que el INM es un órgano administrativo desconcentrado, cuyo objeto es la ejecución, control y supervisión de todas las políticas migratorias en el ámbito nacional, “y, en razón de ello, la FGR ha investigado dos líneas paralelas de información; la primera, dentro de dicho órgano desconcentrado; y la segunda, en el ámbito de la empresa de seguridad privada señalada”.
“En la investigación de antecedentes, se encontró que, el 31 de marzo de 2020, se dio en otro centro migratorio del INM, en Tenosique, Tabasco, un caso semejante, dando como resultado una persona muerta y 14 lesionados. Lo cual generó una recomendación de la CNDH, que indica un patrón de conducta en el que se han omitido, por parte de los responsables, las medidas de seguridad que eran indispensables y obligatorias para estos casos”, detalló la FGR.
“Los dictámenes de la Auditoría Superior de la Federación [ASF] de los últimos años vuelven a señalar, con toda claridad, las faltas y omisiones que en el INM se siguen cometiendo; e indican un patrón de irresponsabilidad y de omisiones que se ha reiterado y que ha sido el causante de estos lamentables hechos ya señalados”, indicó la Fiscalía General de la República.
“Asimismo, se ha procedido penalmente contra los servidores públicos Salvador ‘N’, Juan ‘N’, Cecilia ‘N’ y Eduardo ‘N’, que se encuentran vinculados directamente con las conductas que generaron los homicidios y las lesiones que sufrieron las víctimas de estos delitos”, dijo la FGR.
“Por lo que toca a la empresa de seguridad privada [Grupo de Seguridad Privada, CAMSA S.A. de C.V.] y al propio INM, ambas partes suscribieron contratos por adjudicación directa, omitiendo sus obligaciones de licitación pública y generando costos del doble de lo que en el sector público se paga por esos mismos servicios”, abundó la Fiscalía.
“También omitieron el cumplimiento de sus obligaciones de capacitación, control y supervisión que eran obligatorias; y, más aún, se ha evidenciado que la empresa se abstuvo de registrar en el IMSS a la inmensa mayoría de sus dependientes, lo cual trató de hacer días después de los hechos señalados”, indicó la FGR.
“Toda esta serie de conductas ilegales y omisas fueron evidentemente elementos fundamentales que propiciaron la comisión de los delitos de referencia; por lo que la investigación continuará sobre esos aspectos, hasta lograr la vinculación a proceso de quienes sean responsables de tales hechos. La FGR continuará informando lo que legalmente proceda”, finalizó el comunicado.
El presidente Andrés Manuel López Obrador no quiso responder, el 30 de marzo de 2023, la pregunta de si pidió la renuncia a Francisco Garduño Yáñez, comisionado del Instituto Nacional de Migración (INM), tras el incendio en un centro de detención migratorio en Ciudad Juárez, Chihuahua, donde fallecieron 39 migrantes extranjeros.
Durante su conferencia de prensa matutina -llevada a cabo desde el Salón Tesorería del Palacio Nacional-, el político tabasqueño contestó que primero esperarán a los resultados de la investigación de la Fiscalía General de la República (FGR) respecto a lo ocurrido, para el deslinde de responsabilidades y posible castigo a funcionarios federales, entre ellos Garduño Yáñez.
“Sí [habló con el comisionado del INM] Todos van a esperar el resultado de la investigación, como corresponde, va a ser la Fiscalía la que va a iniciar los procesos judiciales correspondientes”, dijo el titular del Poder Ejecutivo Federal.
El mandatario nacional señaló que la tarde del 30 de marzo de 2023, se informará nuevamente respecto a los avances en la investigación de lo ocurrido en la estación migratoria de Ciudad Juárez, además de que insistió en que no habrá impunidad para nadie.
“Reitero primero es el pésame a los familiares, es un asunto muy doloroso, mucho mucho, muy triste, a los familiares de los migrantes, de países hermanos, primero eso. Lo segundo es que no va a haber impunidad, se va a castigar a los responsables”, abundó López Obrador.
“Hablé con el fiscal [Alejandro Gertz Manero] para pedirle de que no haya ningún tipo de consideración más que de hacer justicia, que actúan con profesionalismo, absoluta libertad y que se descarte la impunidad, que no haya impunidad, que haya justicia”, indicó.
“Hoy va Rosa Icela, también entiendo con una representante de la Fiscalía a informarles y tu pregunta va a ser respondida, pero no quiero meterme porque está abierta la investigación, no quiero dar a conocer datos o presuntos hechos, todo lo que está saliendo en las investigaciones y que no se vaya utilizar esto para que los responsables acudan a amparos y protegerse ¿no? Por estar adelantando información”, enfatizó.
¿QUIÉN ES FRANCISCO GARDUÑO YÁÑEZ?
Francisco Garduño Yáñez, de 74 años de edad, es Doctor en Derecho y Ciencias Jurídicas por la Universidad del Distrito Federal (UDF) y Maestro en Derechos Humanos por la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez (UACJ).
Desde 1972 ha colaborado en la administración pública, donde participó en el diseño de programas y proyectos como la creación del Instituto Nacional de Ciencias Penales. Además, según la agencia estatal NOTIMEX, fue el encargado de la estructura organizacional del Consejo Tutelar para Menores del entonces Distrito Federal (D.F.).
También fue secretario del Comité Técnico para la Reforma Penitenciaria en el Distrito Federal, para el cierre del penal de Lecumberri y traslado de internos a los actuales reclusorios de la Ciudad de México y a la colonia Penal Islas Marías.
Se sumó a la campaña presidencial de Andrés Manuel López Obrador en 2006 y fue coordinador del “Gobierno Legítimo” en Oaxaca, Puebla, Tlaxcala e Hidalgo. Desde el 1 de diciembre de 2018, fungió como comisionado del Órgano Administrativo Desconcentrado de Prevención y Reinserción Social (OADPRS).
Luego, el 14 de junio de 2019, Garduño Yáñez, fue nombrado como comisionado del Instituto Nacional de Migración (INM), en sustitución de Tonatiuh Guillén López, quien renunció a su cargo.
