Más de cuatro años tardó el Congreso del Estado en cumplir con la designación del fiscal Anticorrupción de Baja California Sur, cargo para el que se designó al abogado con más de una década de experiencia de investigaciones judiciales, Lenin Emiliano Ortiz Amao. Ahora, ante la responsabilidad que conlleva la investidura que ganó mediante un proceso plural, advirtió que la sociedad puede tener certeza que el corrupto tendrá castigo, y el pueblo justicia.
En una entrevista que concedió a ZETA, Ortiz Amao señaló que el antes y el después de su nombramiento será la cantidad de procesos y sentencias condenatorias que se van a obtener; llevarán asuntos en contra de todo tipo de servidores públicos que, sin importar el nivel jerárquico, tendrán un proceso penal.
Enfatizó que, sobre todo, tiene la convicción de que Baja California Sur sea la punta de lanza en el combate frontal a la corrupción en el país.
Un punto importante a mencionar es que la XVI Legislatura eligió al fiscal anticorrupción mediante cédula secreta, esto a pesar de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) sentenció desde 2021 que ningún congreso en México puede tomar decisiones sin la máxima transparencia.
En este sentido, miembros de la sociedad civil han cuestionado que el fiscal haya sido elegido mediante el voto secreto de las 21 diputaciones del Poder Legislativo.
Consideran este punto como irónico, al tomar en cuenta que la opacidad es el contravalor principal donde nace la corrupción.
En este sentido, Lenin Ortiz coincidió en que es necesario que las instituciones avancen hacia una política y cultura de la transparencia total.
“Coincido, creo que el tema de la transparencia abona y es un contrapeso natural de la corrupción. A medida que todos tengamos acceso a la información es más complicado que se generen actos de corrupción”, dijo.
El funcionario explicó el nacimiento del aparato judicial que le toca dirigir, señalando que en Baja California Sur hubo un proceso totalmente distinto para su designación en comparación con el resto de entidades federativas.
“Esta institución como tal es una institución nueva, entendiendo que hay instituciones en nuestro país que tienen cientos de años. Esta nace de la reforma constitucional de 2015, que crea el Sistema Nacional Anticorrupción y crea la figura del Fiscal Anticorrupción”, recordó.
La Ley General la replicó hacia los estados, por lo que en cada entidad hay un Sistema Estatal Anticorrupción y un fiscal.
En diversas entidades no se estableció una forma específica de designación; en algunos es nombrado directamente por el Fiscal General y en otros por medio de una terna enviada por el titular del Poder Ejecutivo.
En cambio, en Baja California Sur se instituyó un sistema plural, mediante una convocatoria que lanza una Comisión de Selección que la Constitución establece quienes deberán integrarla.
En marzo de 2022 se conformó esta comisión y se inició este proceso, que duró casi 12 meses, después de más de cuatro años de estar esperando la primera elección de un fiscal anticorrupción para Baja California Sur.
Reiteró que el Sistema Estatal está conformado desde 2019 y ya cuenta con un plan de trabajo al cual se sumará, mientras que el objetivo del Comité Coordinador y el Comité de Participación Ciudadana (CPC) es establecer políticas públicas.
La Auditoría Superior del Estado (ASE), el Instituto de Transparencia y Acceso a la Información (ITAI), el Tribunal de Justicia Administrativa y la Contraloría General también son aliados del combate a la corrupción que él encabezará.
“En específico, la Fiscalía tiene la competencia exclusiva de la materia penal, que es ahí donde nosotros vamos a desempeñarnos”, reiteró.
FISCALÍA AÚN NO ARRANCA FUNCIONES
La Fiscalía Anticorrupción está diseñada constitucional y legalmente como un órgano de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Baja California Sur (PGJEBCS).
“El tema de presupuesto es de diseño institucional. El fiscal estatal Anticorrupción tiene el nivel jerárquico de subprocurador; y, administrativamente hoy en día, el presupuesto depende de la Procuraduría. En este punto, la Procuraduría para 2023 tiene un presupuesto de 321 millones de pesos”, hizo hincapié.
Ahí, dentro de ese presupuesto, arranca funciones la Fiscalía Anticorrupción, la cual se encuentra en una etapa de inicio que deben implementar en coordinación con la PGJEBCS.
En cuanto al personal, la ley establece que los jefes de unidad, agentes del Ministerio Público, agentes de investigación serán designados en acuerdo entre el procurador, Daniel de la Rosa Anaya, y Lenin Ortiz Amao.
Han analizado ya una estructura de plan de trabajo, que para arrancar operaciones necesita 24 funcionarios: el fiscal, dos jefes de unidad, tres agentes del Ministerio Público, tres jefes de Grupo, seis agentes de Investigación y personal de apoyo administrativo.
“El tema como cualquier otra institución: la Fiscalía Anticorrupción tendrá su propia evolución de acuerdo a su tiempo, desempeño y su trabajo para crecer. En algunos estados ya hay Fiscalías autónomas, completas con su propio presupuesto autónomo, con su propia ley orgánica”, dijo. “Actualmente aún no empieza funciones como tal la Fiscalía, todavía no tenemos un espacio físico y personal designado”.
“Espero que en las próximas semanas iniciemos formalmente a trabajar como Fiscalía, recibiendo nuestras propias carpetas, con nuestro propio registro en las instalaciones que nos otorguen y el personal que podamos contar”, compartió.
Por diseño constitucional y legal, la Procuraduría tiene la facultad autónoma para investigar casos y personas. A diferencia de un procurador, el fiscal anticorrupción tiene una temporalidad -prevista en la Constitución- de siete años y sólo puede ser removido por el gobernador del Estado de Baja California Sur con base en una causa grave, como alguna sentencia por responsabilidades administrativas o penales.
“Creo yo que la misma Constitución lo establece: la causa grave. En este punto, obviamente y como Fiscal Anticorrupción, soy de los que completamente se entiende responsable de que, si hay una causa grave, sea quien sea, tendrá que ser removido”, comentó.
INVESTIGAN A FUNCIONARIOS DE LA ACTUAL ADMINISTRACIÓN
Ortiz Amao reiteró su primer compromiso de atraer a su jurisdicción carpetas de investigación de delitos cometidos por servidores públicos de la actual administración, así como de las que han gobernado anteriormente en Baja California Sur.
“Esos compromisos de traer los asuntos que ya están judicializados a la Fiscalía, es en virtud de que los delitos de corrupción en Baja California Sur ya se investigaban antes de esa designación. La unidad de delitos cometidos por servidores públicos asumió materialmente esta competencia”, señaló.
“No porque no existiera fiscal anticorrupción no se investigaban. Yo era el titular de esa unidad, es por eso que el compromiso de traerlos es porque yo conozco esos asuntos; yo los judicialicé, yo tuve las vinculaciones a proceso y nos los vamos a llevar a la Fiscalía porque esos delitos son competencia de la Fiscalía”, agregó.
Aseguró que cumplir con este compromiso sólo es dar seguimiento del trabajo que ha venido realizando en el último año.
Aclaró que hay otras carpetas de investigación que, aunque no estén judicializadas o vinculadas a proceso, también las atraerá a su jurisdicción.
Existen casos que ya se han hecho públicos por parte del gobernador, como el juicio en contra del exsecretario de Finanzas, Isidro Jordán Moyrón, quien es acusado de haber beneficiado con más de 116 millones de pesos a la agencia “Viajes Perla”.
En febrero, el gobernador confirmó que Isidro Jordán fue vinculado a proceso por el delito de uso ilícito de atribuciones y facultades en detrimento del Gobierno del Estado de Baja California Sur y falsedad.
Específicamente, las investigaciones señalan que el exfuncionario, en su carácter de servidor público, entre 2015 y 2021 realizó contratos millonarios con recurso público con “Viajes Perla”, empresa en la que un familiar de Isidro Jordán es accionista.
Otro caso es el de Rosalva Cuadras, extitular del Instituto de Vivienda de Baja California Sur (INVIBCS), que fue vinculada a proceso por el delito de uso ilícito de atribuciones y facultades por “autoliquidarse” con casi dos millones de pesos cuando finalizó la administración del exgobernador, Carlos Mendoza Davis (2015-2021).
En este contexto, Lenin Ortiz reiteró que hay carpetas de investigación que tienen que ver con integrantes de esta nueva administración estatal, no sólo de gobiernos anteriores. Son casos cuyas pesquisas están en desarrollo y que, aseguró, se van a judicializar en su momento.
Aseguró que han obtenido toda la información que han solicitado al gobierno que encabeza hoy el gobernador Víctor Castro Cosío, con respecto a los casos de servidores públicos señalados por posibles actos de corrupción.
“El tema de investigación hasta la fecha y con esta administración, han sido muy responsables con la información que se solicita; al final de cuentas nosotros tenemos esta facultad de investigación y ellos como autoridad la obligación de responder”, declaró.
Con respecto a su currículo, se dice sudcaliforniano de arraigo, con carrera intachable en el servicio público y con el respaldo de su propia institución y de sus compañeros, características que lo llevaron a obtener el cargo que hoy ostenta.
Lenin Emiliano Ortiz Amao es licenciado en Derecho por la Universidad Autónoma de Baja California Sur (UABCS), con especialidad en Derecho Constitucional por parte de la Universidad Autónoma de México (UAM).
Cuenta con las maestrías en Derecho Penal y en Criminalística por el Instituto Nacional de Ciencias Penales, y cursos de formación secretarios de Acuerdos del Poder Judicial de la Federación, por parte del Instituto de la Judicatura Federal.
De 2018 a la fecha se desempeñó como agente del Ministerio Público del Fuero Común adscrito a la Unidad Especializada en la Investigación y Judicialización de Delitos Electorales.
Dentro de su experiencia laboral ha sido parte del Ministerio Público del Fuero Común, adscrito a la Agencia Especializada en la Investigación de Delito Cometido por Servidores Públicos, así como al Juzgado Segundo Penal del Partido Judicial de La Paz.
También ha fungido como subdirector de Dictaminaciones de Consultas Regional, Zona Norte, de la PGJEBCS.
