En octubre de 2020, la entonces alcaldesa de Mexicali, Marina del Pilar Ávila Olmeda, encabezó un acto de fin de semana en las instalaciones de la Comandancia ubicada en el cruce de Calzadas Anáhuac y Héctor Terán Terán, donde acompañada de regidores, empresarios y cuerpos de seguridad, presumió que su gobierno iniciaría con el proyecto de justicia cívica como parte de las acciones para modernizar y humanizar, pero también eficientizar, la atención de conflictos domésticos y faltas administrativas que padecen en la ciudad.
En el evento hubo “banderazo” de salida, maquinaria que hizo movimientos de tierra y gran algarabía, por lo que parecía ser uno de los cambios más trascendentes en la atención de conflictos locales o domésticos de Mexicali.
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Hoy, a casi tres años de anunciarse la implementación de la justicia cívica, la zona donde sería construida se ha vuelto una extensión del estacionamiento de la Policía Municipal, además de un espacio para tirar basura de oficina, como sillas y escritorios rotos, pero nada más.
El proyecto de justicia cívica impulsado por la hoy gobernadora ni siquiera quedó en obra negra; el evento protocolario fue una simple simulación, debido a que funcionarios y servidores públicos encargados en llevar a cabo el proyecto, simplemente lo metieron a la “congeladora”.
Cuando Ávila Olmeda, inició con el proyecto, Mexicali llevaba un avance sustancial en el tema, al grado de que ya contaba con una sala habilitada en la Subcomandancia Noreste, ubicada muy cerca de la Garita Oriente, en los alrededores de la Zona Dorada de Mexicali, pero durante estos tres años no se ha movido un dedo. De hecho, el Municipio de Ensenada, dirigido por Armando Ayala Robles, ya cuenta con avances, programas piloto y garantiza que para el primero de enero de 2024 arrancará su operación.
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José Ramón López Hernández, regidor de la bancada de Morena, se comprometió a que este año el gobierno municipal arrancará con la justicia cívica, pero no pudo dar una fecha de la creación del reglamento, ni de la infraestructura o de los programas piloto.
Lo único que pudo adelantar es que para este ejercicio fiscal se apartaron 3 millones de pesos con los que -ahora sí- construirán el edificio ubicado en la Comandancia de la Policía Municipal.
ZETA solicitó una entrevista con el regidor Sergio Tamai, presidente de la Comisión de Gobernación, Legislación y Puntos Constitucionales del Cabildo de Mexicali, sobre el tema de justicia cívica. Sin embargo, no pudo brindar una opinión, debido a que el proyecto ni siquiera ha sido turnado a la Comisión para su análisis.
El marco legal de justicia cívica fue aprobado en 2017 por la Cámara de Diputados, pero continúa en su análisis en el Senado de la República. Sin embargo, estados y ayuntamientos pueden estructurar sus normativas para su implementación, tan es así que otros municipios como Escobedo, Monterrey y Morelia, lo operan de manera regular.
El Congreso de Baja California aún no lleva a cabo una reforma a nivel local, si bien, se cuenta con una iniciativa en la Comisión de Justicia, aún no se llevan a cabo estudios de viabilidad financiera para determinar el costo que representa su implementación en la entidad.
JUSTICIA CÍVICA
El proyecto de justicia cívica es un esquema que pretende crear audiencias públicas y más equitativas para la resolución de conflictos antes de que escalen a delitos, pero además, busca ampliar la visión exclusivamente punitiva que tiene el Reglamento de Bando de Policía y Buen Gobierno actual.
El planteamiento pretende que personas que violen dicho reglamento puedan recibir una sentencia o acuerdo con un juez de forma inmediata, pero también que tengan la posibilidad de implementar medidas no sólo sancionatorias, sino correctivas y preventivas, ya sea mediante el compromiso de atención psicológica o labores comunitarias en el municipio.
Por ejemplo, si una persona es detenida conduciendo en estado de ebriedad, podría omitir el pago de la multa de 9 mil pesos que se tiene actualmente, a cambio de comprometerse a labores comunitarias y/o atención psicológica que lo ayuden a atender su problema con el alcohol.
También podrían resolverse problemas entre vecinos, como la música a alto volumen, tirar basura en vía pública, faltas de tránsito y demás acciones que forman parte del reglamento.
Para Ángel Záizar Prado, presidente del Comité Ciudadano de Seguridad Pública, el gran beneficio de esta medida es que se solucionarían conflictos de vecinos de manera anticipada o antes de que escalen a una situación aún más complicada.
Y es que, aseguró, se han dado asesinatos en Mexicali derivados de conflictos muy domésticos que difícilmente pueden prevenirse mediante patrullajes, como una pelea derivada del alto ruido de una bocina durante la madrugada, o alguna pelea por estacionamientos.
Záizar Prado aseguró que la principal llamada en Tijuana a los números de Emergencia es por vehículos estacionados en zonas prohibidas; mientras que en Mexicali, son reportes de alto volumen,
Con esta medida, un juez podría emitir citatorios para que algún vecino pueda externar su inconformidad con el otro y mandarlo a llamar para comprometerse a no repetir dicha conducta. De lo contrario, podría emitirse alguna sanción punitiva.
RETRASO DE CASI TRES AÑOS
El Plan Municipal de Desarrollo (PMD) de Mexicali para el periodo 2022-2024, establece como uno de los puntos para el Fortalecimiento Institucional en materia de Seguridad y Paz, la creación de Juzgados Civiles:
“1.3.5 Modelo homologado de justicia cívica: Implementar el Modelo Homologado de Justicia Cívica en el municipio, para fortalecer el Estado de Derecho y la cultura de la legalidad, en cumplimiento de la normativa nacional e internacional en la materia. (SA) (JUECES CALIFICADORES)”.
El documento de 79 páginas sólo aporta este párrafo para el PMD, pero no precisa mayores detalles sobre cómo va a implementarse, sus plazos, actividades y demás.
Entrevistado en octubre de 2020, José Ramón López Hernández comentó que incluso se analizaba la posibilidad de que el Congreso de Baja California hiciera reformas al Código Penal para que algunos delitos como portación de arma blanca, robos de mínima cuantía y hasta choques, pudieran resolverse mediante este tipo de esquemas, lo que facilitaría la labor de ministerios públicos y daría mayor celeridad a otro tipo de procedimientos administrativos.
Cuestionado por ZETA sobre el retraso de casi tres años para la implementación de la justicia cívica, comentó que su intención es trabajarlo a profundidad, conversar con todos los sectores, sostener un gran número de mesas de trabajo para que cuando sea presentado ante la Comisión de Gobernación, se tenga un trabajo importante en el tema.
Záizar agregó que durante todo ese tiempo han sido invitados a reuniones, la última se dio en octubre de 2022 y no hubo interés por parte de regidores para abonar al tema.
Sobre las mesas de trabajo y los cambios específicos que se han planteado en dichas mesas, López Hernández aseveró que en todas las reuniones sólo ha surgido el planteamiento de que la justicia cívica no sea impartida directamente por la Dirección de Seguridad Pública Municipal, pues -considera- no puede ser “juez y parte”, por lo que buscarían modificar los lineamientos para que sea una dirección independiente; o bien, que la Secretaría del Ayuntamiento opere el sistema.
Mientras tanto, el director de la Policía Municipal, Pedro Ariel Mendívil García, expuso que en tanto se cimienta la justicia cívica en Mexicali, la corporación ha seguido con las capacitaciones a la tropa, mediante un seguimiento que se heredó de la anterior administración.
De hecho, el 70% de la tropa se encuentra capacitada para iniciar el nuevo esquema de trabajo, gracias a acercamientos que tuvieron con el Poder Judicial y USAID.
Mendivil García dijo que la justicia cívica es la ruta trazada y respalda su implementación en Mexicali, pues forma parte de los proyectos estratégicos para mejorar la convivencia, pero también para desfogar el trabajo de la Fiscalía General del Estado y del Sistema Penitenciario.
Cabe señalar que en la mayoría de los municipios donde opera la justicia cívica, la Secretaría de Seguridad Ciudadana Municipal o la Dirección de la Policía se encargan de operar el tema.
De igual forma, López Hernández señaló que el esquema de justicia cívica no es un proyecto de la actual administración, sino que se ha planteado desde 2016, cuando al frente del gobierno se encontraba Gustavo Sánchez Vázquez, último presidente municipal panista de Mexicali.
Según el regidor, durante esa administración se recibieron 10 millones de pesos de USAID para la construcción de inmuebles y capacitación, mediante el apoyo de FORTASEG, pero -afirmó- consideran que hubo corrupción en la construcción de la primera sala ubicada en la Subcomandancia Noreste, la cual no tiene el valor que se estableció en ese momento, además de que dicha ubicación no resulta estratégica, puesto que se busca una cercanía de la justicia cívica con la comunidad, y dicha Subcomandancia está alejada de gran parte de la población.
El titular del Comité Ciudadano de Seguridad Pública indicó que USAID planteó que no es necesaria una gran construcción de alto nivel, sino que es suficiente con una mesa y algunas sillas para iniciar el esquema de justicia cívica.
Pese a ello, José Ramón López Hernández opinó que el Gobierno de México establece esquemas que deben considerarse para la construcción de los inmuebles y tener un eficiente funcionamiento de la justicia cívica, además de que tendría que habilitarse cada delegación para desarrollar las audiencias.
