Durante el mes de marzo se desarrolló una lucha de negociaciones entre el Sindicato Único de Trabajadores al Servicio de los Poderes del Estado, Municipios e instituciones de Baja California Sur (SUTSPEMIDBCS) y el Gobierno del Estado. Una exigencia inamovible del aumento de un 10 por ciento para salario, prestaciones y bonos, llevó a los burócratas a realizar diversas manifestaciones en asambleas extraordinarias e, incluso, el paro de servicios públicos de primera necesidad.
El secretario general del Sindicato de Burócratas sección La Paz, Sergio Guluarte Ceseña, fue quien dio a conocer que habían iniciado las negociaciones con la administración estatal que encabeza el gobernador del Estado, Víctor Castro Cosío.
El pliego petitorio de la base sindicalizada estaba sobre la mesa, con diversos puntos a tratar como el pago de quinquenios, sin embargo, la principal demanda se centraba en el aumento de salario de mínimo el 10 por ciento.
El líder sindical expuso que el 16 de marzo recibieron una primera propuesta oficial por parte del Gobierno del Estado, en la que ofrecieron un incremento del 10 por ciento al salario y de un 7.82 por ciento para un grupo de bonos.
De inmediato fue rechazada por los trabajadores, quienes en diciembre de 2022 se quedaron esperando diversos compromisos, como el pago del bono navideño, con el que el Gobierno del Estado incumplió en tiempo y forma.
Otros bonos, como el de vida cara, tampoco fueron pagados en las quincenas correspondientes. Esto provocó un descontento generalizado entre burócratas, que se organizaron para reclamar como mínimo un 10 por ciento de aumento general.
“Es el 10 por ciento mínimo en las prestaciones y salario. Principalmente, la parte patronal hace una propuesta del 7.82 por ciento, que es la inflación. Pero parte de inflación, que es una unidad de medida actualizada, eso no nos viene a beneficiar; somos una isla donde en cada uno de los insumos, llámese combustible y productos alimenticios, hay un costo muy distinto a diferencia del resto del país donde todo es más barato y lo tienes al alcance”, declaró Sergio Guluarte.
El líder argumentó que la exigencia es justa, según documentos y estudios de la Comisión Nacional de Salarios Mínimos (Conasami) que han sido utilizados en otras negociaciones de pliegos petitorios.
Hizo hincapié en las condiciones insulares de Baja California Sur, en donde existe un alza adicional en el costo de productos básicos por el traslado vía marítima. Recalcó que esto ocasiona un fenómeno inflacionario distinto al del resto de la República.
Es por ello que consideró que la propuesta del Gobierno del Estado va en detrimento de la economía de la base sindical.
“Hacemos esa exigencia del 10 por ciento, aparte de que nos basamos en un decreto de la Conasami en diciembre, que fue de un 20 por ciento para la iniciativa privada y un 10 por ciento para trabajadores con salario profesional, donde entramos como área de gobierno”, reiteró.
SI LES AUMENTAMOS EL SALARIO, NO HAY PARA PAGARLES EL BONO
Ante la demanda, y con las negociaciones del sindicato de Burócratas, el gobernador del Estado, Víctor Castro Cosío, remarcó la situación financiera que impera en la administración estatal y en los cinco ayuntamientos de Baja California Sur.
En un inicio aseguró que la contrapropuesta que hicieron de un 7.82 por ciento sólo para un grupo de bonos, era lo que estaba en posibilidades de los gobiernos municipales.
Desde que inició su mandato, Castro Cosío ha evidenciado las condiciones financieras deplorables en las que se recibieron los ayuntamientos de Mulegé y Comondú, principalmente.
En este contexto, declaró que no se trata únicamente de las posibilidades del Gobierno del Estado, sino de cómo se verían afectados los municipios del norte de Baja California Sur para poder pagar la nómina y cumplir con las demás responsabilidades administrativas y operativas.
Agregó que él, como gobernador, lucha para que haya salarios justos y que está de acuerdo con la causa, sin embargo, expone que si se otorga este incremento salarial del 10 por ciento, corre el riesgo de que los ayuntamientos se vean en insuficiencia financiera; por ello, hicieron una contrapropuesta de incremento salarial “hasta donde más pueden”.
“Si al rato les aumentamos el salario, las prestaciones, y no hay para pagarles el bono, vamos a estar como cuando entré yo que tenían meses que no les pagaban a los policías ni a los trabajadores sus bonos”, mencionó.
“La idea del gobierno es equilibrar bien y que ellos también nos ayuden. Yo les pedía que valoraran muy bien porque hay necesidad de decirle a la gente hasta dónde puede el gobierno y hasta dónde no”, finalizó.
DETIENEN SERVICIOS PÚBLICOS
El viernes 24 de marzo las acciones de la base sindical comenzaron a agudizarse, con una marcha hacia el Palacio de Gobierno en la ciudad de La Paz.
Actividades simultáneas se desarrollaron en los cinco municipios, con el objetivo de presionar a las alcaldesas, al alcalde y al gobernador, ya que habían transcurridos semanas de negociaciones sin ningún resultado.
Tras una asamblea extraordinaria, celebrada en la explanada de la casa del Poder Ejecutivo, rechazaron por segunda ocasión la contrapropuesta del gobierno de Castro Cosío.
“Ni un paso atrás, aumento del 10 por ciento para todo”, gritaban los trabajadores sindicalizados para hacer valer su demanda.
Pasaron casi 72 horas y no hubo respuesta por parte del Gobierno del Estado; por ello, para el lunes 27 de marzo las medidas del Sindicato se intensificaron.
Ante el silencio de autoridades, en Asamblea Extraordinaria se determinó que a partir de la madrugada del martes 28 de marzo los trabajadores de Servicios Públicos y el Organismos Operador Municipal del Sistema de Agua Potable y Alcantarillado (OOMSAPA) se irían a paro laboral.
“Los delegados acabamos de tomar un acuerdo y por supuesto que se los vamos a presentar a ustedes, para estar en sintonía. ¿Cuál es la determinación?, de que las áreas principales como Servicios Públicos y SAPA, no salgan a laborar mañana, desde temprano”, expresó en la asamblea Sergio Guluarte.
“De aquí debemos de acuerparnos todos y vamos a tomar a consideración, porque es una responsabilidad después de todo. Hay que estar conscientes de la situación”, añadió.
ES UN PESO FINANCIERO MUY FUERTE: SECRETARIA DE FINANZAS
Al ser cuestionada sobre la situación que imperaba con trabajadores burócratas, la titular de la Secretaría de Finanzas y Administración de Baja California Sur, Bertha Montaño Cota, reiteró que la demanda que hace la base sindical representa un peso financiero “muy fuerte” para el Gobierno del Estado y los cinco ayuntamientos.
Explicó que los burócratas reciben en todo el año 25 bonos, no obstante, la propuesta del Gobierno del Estado se basa en aplicar el incremento del 7.82 por ciento sólo a 14 bonos.
“La verdad es que sí es un peso financiero muy fuerte para el Gobierno del Estado y para los municipios, sin embargo, haciendo todo el esfuerzo, y por indicaciones del señor gobernador, nuestra oferta en este momento es un 10 por ciento de aumento al sueldo y sobresueldo. Ese ya se lo hicimos llegar al Sindicato, así como un aumento del 7.82 por ciento, que es el indicador inflacionario del año anterior, a un grupo de bonos”, declaró.
Por otra parte, informó que el cálculo que tiene la Secretaría de Finanzas arroja que se requieren 250 millones de pesos para cubrir los quinquenios y aumento salarial para sindicalizados del Gobierno del Estado y los cinco ayuntamientos.
Algo muy importante, señaló, es que los trabajadores tienen más de 10 años (desde el 2013 o antes) que no se les ha actualizado el pago de quinquenios, porque está en salarios mínimos y no se ha actualizado.
“Ha estado muy desordenado. Nos tardamos todo el año pasado haciendo una revisión, trabajador por trabajador; en estos momentos ya tenemos los datos y el compromiso del señor gobernador es pagar quinquenios del 2022 y 2023”, dijo.
GOBIERNO CEDE, BURÓCRATAS LOGRAN AUMENTO DEL 10%
En medio de los paros y manifestaciones, Víctor Castro salió de su oficina en el Palacio de Gobierno para dar un anuncio a la base sindical: el incremento del 10 por ciento al salario, prestaciones y bonos será una realidad a partir del 15 de abril.
“Tengan la plena certeza que no es solamente la negociación salarial, sino es la lección de democracia y quiero que reconozcan ustedes, a sus dirigentes, a los jefes de departamentos, a los delegados, a las delegadas”, dijo ante la asamblea.
“Hay demandas que tenían desde 10 años, como los quinquenios. Vamos a hacerle justicia a los que se van acumulando, que nunca más olvido a las demandas de los compañeros”.
En un breve discurso, Castro Cosío aseguró que realizan un esfuerzo para cumplir con esta demanda, recalcando que es necesario adelgazar la nómina de trabajadores de confianza para pagarle a los sindicalizados.
“Poco a poco nos vamos a ir nivelando, para que ustedes tengan un salario en donde digan vamos bien… lo lograron no porque haya habido resistencias; hay dificultades, que no es lo mismo, en los municipios del norte”, subrayó.
“Yo creo que tenemos que ir equilibrando, también dando la oportunidad a que unos compañeros de confianza mejoren también; ya no contratar tanta gente, ayúdenos”, agregó.
Por su parte, el secretario general en Sección La Paz reconoció el esfuerzo por parte del Gobierno del Estado y de los cinco ayuntamientos para poder cumplir con esta erogación de recursos para el mejoramiento de las condiciones salariales de las y los trabajadores.
“Teníamos detalles en unos conceptos donde tenían que hacerse modificaciones, ya se hizo y él (gobernador) está consciente de la situación. Al final es un tema donde la base trabajadora ya había acordado”, compartió.
Asimismo, contradijo a la secretaria de Finanzas, aclarando que los burócratas no reciben 25 bonos en todo el año y que probablemente la funcionaria esté incluyendo en esa lista a prestaciones de ley.
Con este acuerdo, el Sindicato de Burócratas levantó el paro que iniciaron en OOMSAPAS y Servicios Públicos, mismo que duró alrededor de 12 horas sin mayores afectaciones.
