En prácticamente medio año, los dos representantes legislativos en la Cámara Alta que en 2018 pidieron el voto a nombre de Morena y ganaron la elección al Senado, han abandonado esa bancada, dejando a BC sin representación del partido que gobierna Estado y municipios. Efectivamente, el miércoles 29 de marzo, la renuncia del ex gobernador Jaime Bonilla Valdez a la bancada camaral de Morena para sumarse al grupo del Partido del Trabajo, acabó con la representación bajacaliforniana de ese partido, pues unos seis meses atrás, su compañera de fórmula en la elección de 2018, Alejandra León, renunció al grupo del partido oficial para declararse independiente y posteriormente integrarse a la bancada de Movimiento Ciudadano. Así, Morena se queda con cero senadores por Baja California. Nada.
Perdiendo
Del primero de diciembre de 2022 al primero de abril de 2023, el diputado local Manuel Guerrero Luna ha perdido todo. De ser uno de los consentidos de la gobernadora Marina del Pilar Ávila Olmeda por su descarado entreguismo, ha terminado en la lona, con poco respaldo y un incierto futuro político. Y es que luego de ascender como coordinador de la bancada de Morena en sustitución de su compañera del ala de los “fundadores” del partido, Rocío Adame -quien inició la Legislatura con la absoluta confianza de Marina del Pilar-, Guerrero fue “removido” y en su lugar entró su rival político Juan Manuel Molina García, ubicado dentro de los neo morenistas (antes fue panista), quien con su nuevo nombramiento, se vuelve además presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) del Poder Legislativo. Molina García fue uno de los artífices del plan para tumbar a Adame de la coordinación en noviembre de 2022, y como última alternativa, la legisladora rosaritense respaldó a Guerrero Luna, para que Molina, cuatro veces diputado, no se agenciara el poder absoluto. Cuatro meses después, la bancada de Morena nombró a Guerrero presidente de la Mesa Directiva del Poder Legislativo, cargo que ya no tiene relevancia política y se ha vuelto casi una figura decorativa. Pero su caída no es casualidad, pues en febrero de este año, Guerrero Luna perdió el poder del Sindicato de Burócratas, gremio que lo hizo ascender y lo erigió como un perfil político valioso. Lo interesante es que Guerrero tenía la llave para mantener a un allegado como líder del Sindicato en Mexicali, pero dividió su poder de movilización para apoyar a Luisa López y a Ricardo Flores, atomizando la votación y abriendo el camino para que Selene Cota ganara la elección. Error que le costó todo. Tras perder la Jucopo, Manuel Guerrero no tiene monedas de cambio. Los nuevos liderazgos sindicales no le responden, no tiene la capacidad de movilización que tenía el año pasado ni la confianza de la gobernadora, pues fue ella quien le pidió entregar el gremio que lo volvió fuerte; tampoco tiene el respaldo de su grupo político, y mucho menos ha trabajado su distrito. Guerrero lo perdió todo por no entender la regla básica de la política: el poder es efímero.
Desprestigiados
A casi dos años de formar parte del Cabildo de Ensenada, regidores del XXIV Ayuntamiento hicieron un zafarrancho en la sesión del miércoles 29 de marzo, evidenciando su desconocimiento de cómo funciona el Sistema Nacional de Transparencia y, en consecuencia, dicen estar en medio de una crisis de desprestigio ante la comunidad, o lo que es peor, que su seguridad está en riesgo porque hay personas que los pueden agredir en la calle si se enteran que “una regidora no hace absolutamente nada” (de trabajo edilicio). Y como el hilo siempre se corta por lo más delgado, arremetieron contra la edil de oposición y coordinadora de la Comisión de Transparencia, la panista Brenda Valenzuela Tortoledo. Cada trienio, ZETA ha publicado los resultados de la productividad de los ediles con información obtenida de Plataforma Nacional de Transparencia (PNT), y hoy otros medios de comunicación han retomado la información complementándolo con encuestas ciudadanas donde los ediles tampoco salieron bien parados. Casi nadie los conoce ni sabe qué hacen, pero para complicar aún más la situación, durante la sesión ordinaria, los regidores Alma Antunez, Sergio Ayala y Cristian Tarín se mostraron furiosos y exigieron se le retire la Comisión de Transparencia que, en política, corresponde al Partido del Trabajo. Como si eso, y no trabajar, fuera la solución.
En capilla
Quien parece estar en capilla, con los días contados -a menos que ocurra algo extraordinario- es el director del Instituto de la Juventud, Rigoberto Saucedo Boyd, el cual asumió desde el inicio de la administración de Marina del Pilar Ávila Olmeda y ha sido fiel “palero” de la mandataria, el cual prefiere quedar bien que resolver problemas. Resulta que, debido a una serie de conductas inapropiadas, algunas extralaborales -otras no-, ya no es bien visto dentro de la administración morenista, pero por su afiliación y por tratarse de un joven con aspiraciones políticas, era tolerado por un grupo de poder dentro del gabinete, sobre todo los afines al secretario del Bienestar, Netzahualcóyotl Jáuregui Santillán. Salcedo Boyd se sentía con tremenda confianza para hacer y deshacer, debido a que se decía amigo de la gobernadora, pero se metió en un problema cuando se llevó a cabo el proceso de licitación para el arrendamiento de camiones Comunder, que brindará el servicio a Zona Costa y diversas comunidades rurales del Valle de Mexicali. Y es que -como ya exhibimos semanas atrás en este Semanario- Adolfo Hernández Hurtado, propietario de un complejo de empresas de Tijuana, es el elegido para dotar del servicio de Comunder en este municipio, Tecate y San Quintín, pero también para “poner en orden” la ruta de transporte en el Bulevar Agua Caliente-Díaz Ordaz, lo que deja en evidencia un favoritismo. Sin embargo, donde al parecer Saucedo intentó tomar desprevenido al Poder Ejecutivo fue con la elección del segundo contrato para brindar el servicio Comunder en Mexicali, donde benefició a una empresa propiedad de familiares de una persona a la que contrató para brindar servicio de informática. El conflicto de interés denunciado ante la Secretaría de Honestidad, presuntamente se dio entre el propietario de la empresa, Everardo Basilio Medina, y su hijo Leonardo Basilio Adame, pues el primero brindará el servicio de arrendamiento de Comunder, mientras que el segundo firmó como testigo del contrato, cuando además estaba contratado como asesor de Rigoberto Salcedo Boyd. Es decir, el asesor de este último firmó como testigo para beneficiar a su padre con un contrato entregado de manera directa. El conflicto de interés entre la familia Basilio causó molestias dentro de Injuven y un ex empleado lo denunció. El problema es que, al darse a conocer esta información, Marina del Pilar Ávila se molestó por desconocer los pormenores de la contratación, pues -al parecer- Saucedo Boyd se fue “por la libre” para presentar de último minuto el proyecto de la empresa en Oficialía Mayor. Dentro del gabinete se habla que podría salir -a más tardar- la próxima semana de la administración.
