Después del desmantelamiento del Sistema Estatal Anticorrupción, gobiernos morenistas de BC demostraron no tener interés en el combate a la corrupción mediante la construcción de instituciones fuertes e independientes
El 16 de marzo, el Congreso de Baja California Sur designó a Lenin Emiliano Ortiz Amao, primer fiscal especializado en el Combate a la Corrupción de aquella entidad, aprobado con el aval de la mayoría calificada de los diputados, luego que la Comisión de Selección presentara una terna con los mejores perfiles.
Ese día marcó un avance en materia de combate a la corrupción por parte de BCS, además, dejó a Baja California como el único Estado que no cuenta con un fiscal Anticorrupción, menos aún, un sistema próximo a funcionar.
Desde el arribo de los gobiernos morenistas al poder en noviembre de 2019, han demostrado no tener interés en que el Sistema Estatal Anticorrupción (SEA) funcione de manera óptima, pues no sólo lo “congelaron”, sino que además diseminaron lo poco que se había construido.
Luego de que Olga Elizabeth Ojeda Mayoral, primera fiscal anticorrupción de Baja California, renunciara apenas a un mes de haber asumido el puesto, el 29 de enero de 2020, con el argumento de que no le ofrecieron recursos ni seguridad para cumplir con su encomienda, ni Jaime Bonilla Valdez ni Marina del Pilar Ávila Olmeda movieron a su equipo para buscar un perfil idóneo que sea capaz, con experiencia, con honorabilidad e independiente para llenar la posición.
Gracias a las reformas legales de Bonilla y de su Congreso -donde hay muchos actuales diputados-, estas posibilidades se reducen, pues el actual método de designación del fiscal Anticorrupción en la entidad es mediante una terna enviada al Congreso directamente por el gobernador en turno, no mediante un proceso de evaluación y selección donde se consideren las aptitudes, capacidades y experiencia para desempeñar el cargo, como prácticamente ocurre en todo el país.
No conforme con ello, el ahora senador de la República le retiró la personalidad jurídica al titular de la Fiscalía Anticorrupción, lo que termina por someterlo a las decisiones del fiscal general del Estado, puesto ocupado por Ricardo Iván Carpio, muy allegado a la actual gobernadora.
Al arribo de los dos gobiernos morenistas no sólo inhabilitaron las intenciones de un verdadero combate a la corrupción, sino que se plantearon retrocesos que el actual gobierno no ha intentado solventar.
A esto se debe sumar que no se cuenta con un magistrado Anticorrupción designado, ni con un SEA que esté funcionando, pues han fenecido los plazos de todos los consejeros que integraban los comités.
Lo peor es que dentro del Poder Legislativo, sólo la diputada Daylín García Ruvalcaba ha levantado la mano para señalar esta omisión, pero ha sido ignorada en reiteradas ocasiones por la bancada mayoritaria de Morena.
Urge que en BC exista un fiscal Anticorrupción que se encargue de investigar los malos manejos de las administraciones de Jaime Bonilla Valdez y Francisco Vega de Lamadrid, los cuales dejaron una gran estela de corrupción que van desde el caso de los moches, donde tres funcionarios del primer gobierno morenista se vieron implicados en acusaciones de sobornos para favorecer a una empresa en el multimillonario contrato para el servicio de alimentación de los penales de Baja California; pero también de la planta fotovoltaica, de los contratos de Fisamex, con las desaladoras, Seguritech, entre otros conocidos casos.
Mientras tanto, el actual gobierno de Marina del Pilar Ávila Olmeda sigue enfocado en otros temas, como sí no le preocupara dejar un precedente más allá del desgastado discurso del Presidente Andrés Manuel López Obrador.
