El presidente Andrés Manuel López Obrador presentó, el 18 de abril de 2023, una iniciativa ante la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, con la que se plantea la extinción y fusión de 18 organismos descentralizados del Gobierno Federal, entre ellos, la eliminación de la Secretaría Ejecutiva del Sistema Nacional Anticorrupción (SNA), ello con el objetivo de reestructurar la Administración Pública Federal (APF).
En la iniciativa, que busca reformar varios artículos de diversas leyes, el titular del Poder Ejecutivo Federal explicó que pretendía continuar con la “transformación administrativa” que extinguió 155 fideicomisos y que ahora fusionaría, integraría o extinguiría 18 instancias, por duplicación de funciones o por notoria inoperancia.
“La iniciativa tiene por objeto racionalizar la estructura orgánica de la Administración Pública Federal (AFP) con el fin de eficientar los recursos públicos, agilizar los procesos administrativos y aprovechar los bienes nacionales adecuadamente”, señala el documento enviado por el político tabasqueño a San Lázaro.
Asimismo, la iniciativa presentada por el presidente López Obrador a la Cámara baja del Congreso de la Unión, mencionó que la reorganización que propuso, permitiría eliminar la dispersión de recursos públicos, para dirigirlos al cumplimiento de las funciones sustantivas del Estado.
“Para ello, se suprimen, trasladar integran, convierten, contraen o fusionan unidades administrativas, órganos administrativos desconcentrados, organismos públicos descentralizados y fideicomisos hacia dependencia o entidades de la APF, cuyas funciones se encuentran duplicadas o segmentadas de manera innecesaria en varias instancias”, señala el documento.
Por ejemplo, con la iniciativa, las funciones de la Secretaría Ejecutiva del SNA pasarían a la Secretaría de la Función Pública (SFP), del Gobierno Federal, “sin crear nuevas estructuras burocráticas innecesarias”. Según el documento, el Sistema Nacional Anticorrupción fue creado a partir de una reforma al Artículo 113 de la Constitución, en mayo de 2015, la cual estableció que contaría con dos órganos: un Comité Coordinador y un Comité de Participación Ciudadana.
Asimismo, la iniciativa indica que, independientemente de dicha reforma, en julio de 2016 se expidió la Ley General del SNA, que creó la Secretaría Ejecutiva, para fungir como órgano de apoyo técnico al Comité Coordinador.
El texto señala que las funciones de la Secretaría Ejecutiva son confusas, además de que se duplican con la Secretaría de la Función Pública, que también cuenta con facultades para informar al Comité Coordinar y colaborar e implementar las acciones que acuerde el Sistema.
“Como se observa claramente, existe duplicidad de funciones entre el organismo descentralizado denominado Secretaría Ejecutiva y la Secretaría de la Función Pública para brindar asistencia técnica al SNA, por lo que se propone suprimir al órgano sin sustento constitucional”, plantea la iniciativa, que propone dejar las funciones de apoyo al Sistema Nacional Anticorrupción a la SFP.
“Dejar las funciones de apoyo al SNA a la Secretaría de la Función Pública que, de manera natural, puede asumir dichas funciones, pues cuenta con el personal profesional dedicado al combate a la corrupción, además de la infraestructura e información que puede servir al cumplimiento del objeto del SNA”, sostiene la iniciativa, que también plantea que otros 17 organismos desconcentrados y descentralizados se convierten en unidades administrativas.
Entre ellas, la Coordinación General de la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados (COMAR), cuyas funciones se transferirían a la Secretaría de Gobernación (SEGOB). También la Secretaría Ejecutiva del Sistema Nacional de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes, que se integraría al Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF).
En tanto que el Servicio Nacional de Inspección y Certificación de Semillas y el Servicio de Información Agroalimentaria y Pesquera, se integrarían a la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (SADER). Mientras que el Instituto Nacional de Pesca y Acuacultura se sumaría a la Comisión Nacional de Acuacultura y Pesca (CONAPESCA).
También que el Instituto Nacional de Economía Social, el Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores (INAPAM); así como el Consejo Nacional para el Desarrollo y la Inclusión de las Personas con Discapacidad se fusionen a la Secretaría de Bienestar; y el Centro Nacional para la Salud de la Infancia y la Adolescencia, a la Secretaría de Salud (SSa).
Además, propone transferir las funciones del Instituto Mexicano de la Juventud (IMJUVE), a la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS); así como la Comisión Nacional para el Uso eficiente de la Energía a la Secretaría de Energía (SENER); y, el Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático, a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT).
Otras instancias que se fusionarían son el Fideicomiso de Fomento Minero, al Servicio Geológico Mexicano (SGM); la Dirección General de Educación Indígena, Intercultural y Bilingüe, de la Secretaría de Educación Pública (SEP),, al Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas (INPI); el Instituto Mexicano de Tecnología de Agua a la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA); y, la Dirección General de Publicaciones, al Fondo de Cultura Económica (FCE).
