Juan Marcos Gutiérrez González, abogado de la propietaria de los edificios de fraccionamiento La Sierra, negó que su representada esté retrasando la demolición del edificio que se mantiene en vilo y dejó en claro que dicha disposición “no significa aceptación de culpa alguna”.
Refirió que en la reunión del lunes pasado con autoridades de la SDTUA expresó que “no hay oposición de la propietaria a la demolición” y esto desmiente a quien diga contrario. El retraso de la demolición tiene que ver con que la decisión de demoler es un procedimiento que le corresponde al Ayuntamiento; el cual requiere sus propios dictámenes. “No cualquier empresa, no cualquier grupo puede entrar ahí y generar un segundo desastre”.
“La demolición la pueden hacer cuando estén listos”, en referencia a que el Ayuntamiento tendrá que aplicar el artículo 103 del Reglamento de Protección Civil para demoler el edificio y cobrárselo al responsable.
“Esa responsabilidad se debe determinar con mucha transparencia y con mucho sentido de responsabilidad porque hay muchos taludes en Tijuana que eventualmente más allá de la circunstancia del talud mientras no se dé mantenimiento a instalaciones pluviales de drenaje, de agua potable y tengamos esos problemas”.
Aseveró que la propietaria hizo la denuncia a la CESPT en tres ocasiones desde octubre pasado.
En atención a medios, previo a la reunión programada para las 10 horas de este 5 de abril de 2023, con la representante legal de los arrendadores que resultaron damnificados y autoridades.
El representante legal aseguró que su cliente es víctima al igual que quienes vivían ahí. Mostró que la propietaria cuenta con las licencias de construcción de ambos edificios (el de dos niveles que cayó el 1 de abril de 2023 y el de tres niveles que está en pie).
Agregó que la propietaria edificó un muro de contención sobre la calle Tarahumara. En tanto el talud propiedad del vecino colindante del bulevar Cuauhtémoc Sur fue escarpado, ya que en un inicio había 60 metros de distancia. “Habría que preguntarle a ellos y a la autoridad por qué permitieron que se fuera escarpando ese cerro y además de manera perpendicular al suelo, y sin muro de contención”, afirmó.
Gutiérrez González también manifestó que hubo diversos escurrimientos en torno a un pozo de visita de la Comisión Estatal de Servicios Públicos de Tijuana (CESPT) “No estoy diciendo que sea responsable la CESPT pero sí la señalo como presunta responsable, porque tenemos los reportes desde octubre de 2022 de las filtraciones que había desde arriba”.
En ese sentido, dijo, los dictámenes señalarán quién es responsable pero su clienta “quedó en un sándwich de dos irresponsabilidades”, de escurrimientos sin control aguas arriba y de procesos de escarpado del talud tierra abajo. Respecto a la responsabilidad que la propietaria tiene con los 11 arrendadores, Gutiérrez Marcos comentó que acudieron a la reunión de este día para revisar la parte estricta del arrendamiento, distinto de los daños y perjuicios.
