El 22 de febrero de 2023 se publicó la reforma a la Ley General de Salud, en la que por primera vez hay una penalidad para el médico que realice cirugías sin tener la especialidad; desde entonces, la Fiscalía General del Estado ya capturó a dos personas.
En la conferencia matutina del miércoles 15 de marzo, Marina del Pilar Ávila Olmeda dio a conocer que ya se estaba implementando la Ley, y que esta reforma estaba siendo tomada en otros Estados para regular a los médicos.
Asimismo, Ricardo Iván Carpio Sánchez, fiscal general, señaló que se cumplimentaron dos órdenes de aprehensión por el delito de Usurpación de Funciones y Homicidio Culposo, ambos casos ocurridos en Tijuana.
“Los imputados no contaban con el conocimiento técnico ni práctico para desarrollar la función; en el caso de uno de ellos, sí cuenta con la profesión de médico cirujano, pero no como médico plástico y reconstructivo… en este caso la paciente falleció y también se le imputa el delito de homicidio”, comentó.
En cuanto al otro detenido, no es médico, aunque se ostenta como tal; pero convence a las pacientes de operarse, renta un quirófano y es otra persona la encargada de hacer el procedimiento, lo que podría enfrentarse también al delito de asociación delictuosa.
Con la nueva reforma, los detenidos se están enfrentando a seis años de cárcel y el mismo tiempo de inhabilitación para ejercer como médicos; aunque si hay un fallecimiento, la pena puede llegar hasta 21 años por homicidio culposo.
Uno de los casos es el de la clínica Jerusalem, en Playas de Tijuana, donde murió María José Chacón, esposa del cónsul de Guatemala en Denver, el 4 de julio del 2022; y el otro caso es de la clínica Model Clinic.
Ávila Olmeda detalló que se han suspendido 17 clínicas en un operativo que inició junto con la Comisión Estatal para la Protección Contra Riesgos Sanitarios, nueves denuncias en FGE y cinco en proceso de denuncia.
Por su parte, José Adrián Medina Amarillas, titular de la Secretaría de Salud, dijo en entrevista que en el último mes se han interpuesto siete denuncias ante la FGE, la mayoría por usurpación de funciones, rompimiento de sellos de suspensión o faltas administrativas.
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Tres muertes en un fin de semana
El primer fin de semana de febrero, se registraron tres muertes de mujeres durante y posterior a una cirugía plástica y bariátrica: dos en Tijuana y una en Mexicali.
Primero trascendió la muerte de Ana Laura Martínez Mosqueira, de 37 años, en el Hospital Arcángeles, ubicado en la colonia Sánchez Taboada.
Ese mismo fin de semana, también falleció Jennifer Louise Breen, en la habitación del hotel Marriot, un día después de haberse realizado una lipoescultura en la clínica Obesity Control Center, en Zona Río.
En respuesta, la Coepris clausuró sólo algunas áreas del Hospital Arcángeles, hasta el 9 de febrero, mientras que la clínica Obesity Control Center siguió operando, pues la muerte de Jennifer Louise fue fuera del lugar.
Justicia lenta o inexistente
Jessica tenía 19 años cuando decidió acudir con un médico por un problema de asimetría en senos en 2016; una vez ahí, el doctor José Martín Martínez Castañeda, la convenció de ponerse también implantes, hacerse lipoescultura y glúteos, pues de esa manera “se vería más estética”.
“Me convenció; me dijo ‘no te va a lucir si no te haces la lipo y la transferencia…’ y pues me convenció. Se pagó la cirugía, me metió la idea de hacerme la transferencia de glúteos, de que me iba a ver mejor, más natural. ‘Te vas a ver muy bien’. Me hizo los senos, lipoescultura y transferencia de glúteos”, recordó.
Jessica pagó cerca de 12 mil dólares por los tres procedimientos; fue dada de alta el mismo día de la cirugía el 20 de septiembre de 2016, y una vez que pasaron los efectos de la anestesia, comenzó su calvario.
Al día siguiente su cuerpo presentó heridas que no eran propias del procedimiento al que se había sometido; cada vez éstas eran más grandes y el dolor se volvió insoportable. Además, los implantes colocados fueron de una medida incorrecta, por lo que ahora tiene cicatrices internas y una especie de tumor que la pone en riesgo de cáncer de mama; asimismo, el doctor le quemó el abdomen, no pueden identificar la sustancia que usó en sus glúteos y tendrá repercusiones en su salud de por vida.
Después de meses procedió a interponer su denuncia ante la Fiscalía General del Estado, pero no fue aceptada, pues la negligencia médica no estaba dentro del código penal.
Jessica tuvo que demandar en 2020, por la vía privada por daño moral, en donde pide el reembolso de la cirugía mal practicada, la compensación del daño, por cinco millones de pesos que necesitará para otros procedimientos médicos. Sin embargo, siete años después de la mala práctica, y tres años después de que se demandó, fue cuando se pudo notificar a Martínez Castañeda y avanzar un poco en el proceso.
Buscan justicia
Alma Félix Ortiz, representante legal de 20 mujeres víctimas de fraude y malas prácticas, señaló en entrevista exclusiva a ZETA, que 14 de sus representadas fueron víctimas de médicos sin la certificación necesaria para que les realizaran cirugías plásticas; seis de ellas fueron parte de un fraude por parte de Laura Ríos Salazar, mejor conocida en redes sociales como “Laura RS”.
“Laura RS” creaba grupos en Facebook donde promovía su empresa, consistente en hacer “tandas” pudieran realizarse cirugías plásticas, estéticas o bariátricas.
En 2019 surgió un primer escándalo que no trascendió de redes sociales, pues cuando las cinco afectadas intentaron poner una denuncia, la Fiscalía General del Estado tampoco les hizo caso.
Ahora, este otro grupo de mujeres acusa a “Laura RS” de presionarlas para que se operen con los médicos que ella elija, a pesar de que su contrato indica que es decisión de la clienta. De no hacerlo, amenaza con que no les devolverá el dinero y que serán penalizadas.
Otras de las afectadas refieren que tras someterse a la cirugía con quienes ella indicó, han sufrido daños en sus cuerpos, pues los médicos no tenían la especialidad de cirujanos Plásticos, Estéticos y Reconstructivos.
Al respecto, Félix Ortiz mencionó que por el momento, la demanda será por el delito de Fraude contra Ríos Salazar, ya que uno de los obstáculos que han tenido las pacientes con malos procedimientos, es que por la falta de médicos legistas en la FGE, la falta de recursos, además del daño psicológico y físico, desisten de denunciar.
