El Gobierno de México, a través de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), dio a conocer, el 15 de marzo de 2023, que presentó un escrito de apelación en contra de la sentencia que emitió la Corte de Distrito de Boston, en Massachusetts, en donde se desechó la primera acción civil de la Administración encabezada por el presidente Andrés Manuel López Obrador, en contra de empresas manufactureras de armas en los Estados Unidos.
Al respecto, la Cancillería explicó, a través de un comunicado, que con dichas acciones legales se estaba buscando involucrar a un actor que, hasta ahora, no estaba contemplado en la lucha contra el tráfico de armas, en este caso, las empresas manufactureras.
La SRE argumentó que existía una correlación entre las prácticas negligentes de las empresas y el tráfico de armas, la cual, según aseguró, desembocaba en la violencia en México, así como también en otros delitos, como eran el tráfico de personas y de drogas, particularmente, del fentanilo.
“Este litigio se detuvo cuando el juez de primera instancia determinó que la ley de inmunidades denominada Ley de Protección del Comercio Legal de Armas (PLCAA, por sus siglas en inglés) sí protegía a las empresas demandadas aun cuando el daño causado por su descuido y negligencia ocurre en territorio mexicano”, indicó la Cancillería.
“México solicita que se analice si la decisión de la Corte de Distrito de Boston se apegó a derecho, en particular lo relativo a la no aplicabilidad de las leyes de inmunidad de Estados Unidos cuando hay un uso criminal de las armas y un consiguiente daño en territorio mexicano”, comentó la SRE.
Por último, la Cancillería comentó que, en caso de que el recurso de apelación favorecería a México, se estaría reanudando el proceso iniciado en la Corte de Distrito de Boston, en contra de las empresas manufactureras de armas, para el uso de sus productos y daños ocasionados a la población mexicana.
ACABARÍAMOS ‘RÁPIDO’ CON NARCOS SI EU FRENA ARMAS, DICE EBRARD
Marcelo Ebrard Casaubón, titular de la Secretaría Relaciones Exteriores (SRE), aseguró, el 15 de marzo de 2023, que México no necesitaba que vinieran las agencia del Gobierno Estados Unidos, sino que ya no se enviaran ilegalmente armas desde territorio estadounidense.
“No necesitamos planes Colombia, no necesitamos que manden a nadie, ni manden armas. Mejor que no manden armas, eso sería lo que México necesitaría: que no manden ningún arma de Estados Unidos, y con eso tendríamos para reducir la violencia en México rapidito y derrotar a todas las organizaciones criminales”, sostuvo el funcionario federal.
Durante una entrevista con representantes de diversos medios de comunicación, tras participar en el STS Forum Latinoamérica y el Caribe, el canciller dijo que veía muy bien la orden ejecutiva emitida, el 14 de marzo de 2023, por el presidente Joseph Biden, para incrementar las regulaciones en la compra de armas de fuego en Estados Unidos, principalmente las de alto poder.
“Nada más les recuerdo que en el caso de la captura del señor Ovidio Guzmán, tenía 47 armas el señor en su casa, que ni siquiera era el búnker, eh, era un lugar promedio, o sea, si hubiese sido el búnker yo creo que habrían sido cientos de armas, todas ellas de alto calibre”, resaltó el titular de la SRE.
AMLO Y EBRARD CELEBRAN ORDEN DE BIDEN PARA RESTRINGIR Y CONTROLAR VENTA DE ARMAS EN EU
El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, aprobó, el 15 de marzo de 2023, las medidas propuestas por su homólogo estadounidense, Joseph Biden, para tratar de restringir la venta de armas de fuego, ya que, según señaló, son vendidas al crimen organizado mexicano.
“El decreto para el control de armas de Biden es algo que celebro, qué bueno que lo hizo. Porque, ¿de dónde vienen las armas que utilizan los narcotraficantes en México? Pues de Estados Unidos, y allá las compran sin ningún control”, dijo el titular del Poder Ejecutivo Federal.
Durante su conferencia de prensa matutina -llevada a cabo desde el Salón Tesorería del Palacio Nacional-, el político tabasqueño subrayó que la falta de control en la venta de armas de fuego en Estados Unidos, especialmente las de “alto poder“, provocaba que el 80 por ciento del armamento que empleaba el crimen organizado era de procedencia estadounidense.
“Vienen de Estados Unidos y no hay control, pueden comprar una ametralladora en un supermercado, en una armería. Es interesante el tema, qué bueno que se está ventilando”, enfatizó el mandatario mexicano, quien ejemplificó el tráfico de armas desde EE.UU. hacia México, con el operativo conocido como “Rápido y Furioso“.
“El objetivo fue meter armas supuestamente de contrabando con sensores para monitorear esas armas y encontraran donde estaban las bandas. Y qué pasó, pues quitaron los sensores y las usaron para sus actividades ilícitas, y le quitaron la vida a mexicanos y estadounidenses“, recordó López Obrador.
“Con una frontera terrestre de más de tres mil kilómetros y una población de origen mexicano en Estados Unidos de cerca de 34 millones de personas, las acciones que tome el Gobierno de ese país para evitar que armas de fuego caigan en manos de delincuentes tendrán un efecto profundamente positivo en ambas naciones” indicó, por su parte, la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE).
Entre las medidas de la orden ejecutiva de Biden, según detalló la Cancillería, está incrementar revisiones de antecedentes no penales para las personas que deseen adquirir armas, difundir información sobre aquellos vendedores de armas de fuego que violen la ley, así como analizar la manera en que la industria de las armas promueve sus productos al mercado civil haciendo alusión a actividades militares.
“El Gobierno de México reitera su compromiso con acciones a nivel regional para evitar que las armas de fuego empoderen a los delincuentes y, con ello, se pueda seguir actuando con eficacia en contra del crimen organizado”, enfatizó la SRE, cuyo titular, Marcelo Ebrard Casaubón, se congratuló por la medida tomada por el presidente de EE.UU.
“Me parecen muy acertadas las medidas anunciadas por el presidente Joe Biden con el propósito de aumentar los requisitos y verificaciones para quienes adquieran armas en los Estados Unidos, especialmente las denominadas de ‘asalto’”, escribió el canciller mexicano, en su cuenta de la red social Twitter.
Biden firmó, el 14 de marzo de 2023, una orden ejecutiva en la que anunció nuevas acciones para endurecer el acceso a las armas de fuego en el país y tenía como objetivo reducir la violencia armada con mejoras para apoyar a sobrevivientes de tiroteos y familiares de víctimas, durante sus procesos de recuperación en términos de salud mental, entre otras medidas.
El mandatario estadounidense tenía previsto dar más detalles de sus medidas durante una visita a Monterey Park, California, donde, el 21 de enero de 2023, un hombre mató a 11 personas y se suicidó poco después, cuando fue acorralado por la Policía.
La Secretaría de Salud y la Fiscalía General estadounidenses deberán presentar a la Presidencia de Estados Unidos, una propuesta con dicho objetivo antes del 15 de septiembre del mismo año. Además, Biden encargaría al fiscal general de Estados Unidos, Merrick Garland, que ajustara la definición legal actual de las empresas que vendían armas, para que se ciñeran a la ley que les obligaba a verificar los antecedentes penales de todo posible comprador.
A su vez, Biden anunciaría que el Gobierno de EE.UU. iba a poner en marcha campañas de información respecto las denominadas leyes de “alerta de peligro” -aprobadas en 19 estados y el Distrito de Columbia-, que permitían activar un procedimiento legal para confiscar las armas de fuego de quienes representaran un peligro para terceros o para sí mismos.
Para los fabricantes, Biden pediría a la Comisión Federal de Comercio estadounidense, elaborar un informe respecto a cómo estas empresas promovían el uso de armas de fuego entre los menores de edad, según señaló la Casa Blanca.
En junio de 2022, el Congreso estadounidense aprobó un acuerdo legislativo para el control de las armas de fuego, que incluía una revisión del proceso de compra para los menores de 21 años de edad y establecía incentivos para los estados que aprobaran las llamadas leyes de “alerta de peligro“.
JUEZ DE EU DESECHA DEMANDA DEL GOBIERNO DE MÉXICO CONTRA FABRICANTES ESTADOUNIDENSES DE ARMAS
F. Dennis Saylor, juez de la Corte Federal del Distrito de Massachussets -en Boston- desechó, el 30 de septiembre del 2022, la demanda que interpuso el Gobierno de México en contra de 11 grandes fabricantes de armas en Estados Unidos, a quienes acusaba de prácticas negligentes y de ser conscientes de que sus productos son traficados ilegalmente a territorio mexicano.
La demanda que inició el Gobierno de México fue contra las siguientes empresas estadounidenses: Smith & Wesson Brands; Barrett Firearms Manufacturing; Beretta U.S.A. Corp.; Beretta Holding; Century International Arms; Colt´s Manufacturing Company; Glock, Inc.; Glock GES; Sturm, Ruger & Co.; Witmer Public Safety Group; e, Interstate Arms.
El 22 de noviembre del 2021, las armerías estadounidenses solicitaron el desechamiento de la demanda bajo el argumento de que el Gobierno de México no tiene capacidad para demandarlas, pues gozan de una llamada “inmunidad procesal” de la Ley de Protección del Comercio Legal de Armas (PLCAA, por sus siglas en inglés), que desde 2005 escuda a los fabricantes y distribuidores de EE.UU., de recibir querellas por la vía civil, por el mal uso de sus productos.
Marcelo Ebrard Casaubón, titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), informó, el 31 de enero del 2022, que el Gobierno de México presentó las pruebas respecto a la presunta negligencia cometida por 11 grandes fabricantes de armas en Estados Unidos, a quienes acusa de ser conscientes de que sus productos son traficados ilegalmente a territorio mexicano.
A través de su cuenta de la red social Twitter, el canciller indicó que el 1 de febrero del 2022, daría más detalles y dio a conocer el índice del documento entregado en la Corte Federal del Distrito de Massachusetts. “Presentamos en tiempo y forma, ante la Corte en Boston, las pruebas de la negligencia de las empresas fabricantes de armas demandadas por el Gobierno de México”, tuiteó Ebrard Casaubón.
El 30 de enero del 2022, el titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores mexicana, dijo que el Gobierno de México podía ganar la demanda que interpuso en contra de 11 empresas que fabrican armas en EE.UU., ya que una de las prioridades era reducir la violencia.
“Debo añadir también que Estados Unidos aceptó que México envíe hasta 20 o 23 agentes que se van a concentrar en el tema de armas, es decir, aprobar el principio de reciprocidad ya esta la Cancillería trabajando y les estaremos informando los pasos que vamos a dar en ese sentido”, destacó el funcionario federal.
“¿Por qué estamos haciendo esto?, porque pensamos que podemos ganarles el caso y tener un impacto en la reducción en el tráfico hacia México [EE.UU.] está asumiendo que esa prioridad mexicana tiene el mismo rango que las prioridades que ellos tienen, respecto al fentanilo, que también nos preocupa mucho, por supuesto. Y entonces, el entendimiento está empezando a funcionar”, finalizó.
APRUEBA CORTE DE EU CALENDARIO PARA JUICIO DE MÉXICO CONTRA FABRICANTES DE ARMAS
La Corte Federal del Distrito de Massachusetts aprobó, el 17 de septiembre del 2021, el calendario propuesto para el desarrollo de la primera etapa del proceso judicial que inició el Gobierno de México en contra de 11 grandes fabricantes de armas en Estados Unidos, a quienes acusa de prácticas negligentes y de ser conscientes de que sus productos son traficados ilegalmente a territorio mexicano.
“Las empresas demandadas tendrán hasta el 22 de noviembre de 2021 para presentar su respuesta a la demanda mexicana y oponer las defensas legales que estimen pertinentes […] Cumplido ese plazo, el Gobierno de México podrá presentar su réplica a los argumentos de las contrapartes antes del 31 de enero de 2022. Finalmente, las compañías demandadas deberán presentar su contrarréplica antes del 28 de febrero de 2022”, informó la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE).
CORTE DE MASSACHUSSETS ACEPTA LITIGIO DE GOBIERNO DE MÉXICO CONTRA FABRICANTES DE ARMAS EN EU
El 20 de agosto del 2021, Marcelo Ebrard Casaubón, titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), anunció que la Corte Federal del Distrito de Massachussets, aceptó el litigio presentado por el Gobierno de México contra 11 grandes fabricantes de armas de Estados Unidos, acusándolos de prácticas negligentes y de ser conscientes de que sus productos son traficados ilegalmente a territorio mexicano.
Según un documento citado por la agencia británica Reuters y el diario The Washington Post, la demanda señala que el Gobierno de México busca una compensación de hasta 10 mil millones de dólares. “Es un primer gran paso, ahora vienen la notificación y el proceso legal. Avanzamos”, escribió el canciller en su cuenta de la red social Twitter.
CONTROL DE ARMAS EN EU AYUDARÍA A REDUCIR LA VIOLENCIA EN MÉXICO, ASEGURA LÓPEZ OBRADOR
El 5 de agosto del 2021, el presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó que la demanda que interpuso un día antes el Gobierno de México para que haya control de armas en Estados Unidos, ayudaría a reducir la violencia en territorio mexicano.
“Ayudaría mucho [a la reducción de la violencia] por el control de las armas, pero vamos a ver, es la primera que se hace un planteamiento con apego a legalidad y con respeto a independencia de Estados Unidos”, dijo el mandatario nacional.
“Es un procedimiento civil porque nos afecta el que no haya control sobre la venta de las armas, no es ir en contra de la Enmienda que les da el derecho a los estadounidenses de portar armas, sino la forma en que se fabrican y venden las armas que llegan a nuestro país y causan muertes, porque no hay ninguna limitación, ningún control”, afirmó el político tabasqueño.
López Obrador dijo que esperaba que la Corte Federal del Distrito de Massachussets atendiera este asunto. Asimismo, según él, los fabricantes de armas estadounidense hacen armas a la medida de los clientes de México, mismos que se dedican a la delincuencia organizada.
El titular del Poder Ejecutivo Federal acusó que esas armas llegan ilegalmente a México causando muertes, ya que “compran hasta, por internet, Barret calibre 0.50 y armas de alto poder que se introducen en este país”.
FABRICANTES DE ARMAS DE EU ACUSAN: MÉXICO BUSCA “CHIVO EXPIATORIO” POR CRIMEN DESENFRENADO EN SU TERRITORIO
La Asociación de la Industria de Fabricantes de Armas de Fuego de Estados Unidos (NSSF, por sus siglas en inglés), acusó, el 4 de agosto del 2021, al Gobierno de México, de buscar un “chivo expiatorio” por “el crimen desenfrenado y la corrupción dentro de sus propias fronteras”, con la presentación de una demanda civil por prácticas negligentes, presentada en una Corte Federal de Massachusetts, en contra de sus agremiados, misma que, según ellos, carece de sustento.
“Estas acusaciones carecen de fundamento. El Gobierno mexicano es responsable del crimen desenfrenado y la corrupción dentro de sus propias fronteras”, dijo Lawrence G. Keane, abogado general de la NSSF, asociación que dijo las acusaciones son patentemente falsas, dado que las armas de fuego son vendidas en EE.UU., según las leyes federales y estatales, estableciendo un registro en papel y tras una verificación de antecedentes del Buró Federal de Investigaciones (FBI, por sus siglas en inglés).
“En lugar de buscar un chivo expiatorio en las empresas estadounidenses que respetan la ley, las autoridades mexicanas deben concentrar sus esfuerzos en llevar a los cárteles ante la justicia […] La actividad criminal de México es un resultado directo del tráfico ilícito de drogas, la trata de personas y los cárteles del crimen organizado que afectan a los ciudadanos de México”, dijo Keane.
“Son estos cárteles los que hacen un uso indebido delictivo de armas de fuego importadas ilegalmente a México o robadas al Ejército mexicano y a las fuerzas del orden público”, insistió el también vicepresidente principal de la Asociación estadounidense.
La NSSF criticó que Steven Shadowen, uno de los abogados que representan al Gobierno mexicano en su demanda civil sean los representantes legales de la Campaña Brady para Prevenir la Violencia por Armas de Fuego, una de las principales organizaciones a favor del control de armas de Estados Unidos.
“Esta demanda presentada por un grupo estadounidense de control de armas que representa a México, es una afrenta a la soberanía de los Estados Unidos y una amenaza a los derechos de la Segunda Enmienda de los estadounidenses, respetuosos de la ley de poseer y portar armas”, apuntó Keane.
“El Gobierno mexicano, que recibe una ayuda considerable de los contribuyentes estadounidenses, es el único responsable de hacer cumplir sus leyes, incluidas las estrictas leyes de control de armas del país, dentro de sus propias fronteras”, insistió el abogado general de la Asociación.
Fundada en 1961 y con sede en el estado de Connecticut, la NSSF congrega a más de 8 mil miembros, principalmente en el área de la fabricación de armas de fuego y municiones, pero también incluye a distribuidores, clubes de tiro, vendedores y aficionados estadounidenses.
Entre los argumentos que presentó la Asociación está que el propio Gobierno de EE.UU. también vende armas de fuego directamente a su homólogo de México. “Los soldados mexicanos continúan desertando para trabajar para los cárteles de la droga, llevándose consigo sus rifles de servicio fabricados en Estados Unidos. En los últimos años, el número de deserciones se ha disparado a más de 150 mil”, abundó la NSSF.
La Asociación explicó, además, que según cables del Departamento de Estado de EE.UU., las armas más letales utilizadas por los cárteles mexicanos provienen de arsenales centroamericanos. Asimismo, recordó que según un informe de 2006 elaborado por la organización no gubernamental Amnistía Internacional, China suministró de forma activa armas a países latinoamericanos, que después fueron incautadas en México.
MÉXICO DEMANDA A COMPAÑÍAS DE ARMAS ESTADOUNIDENSES EN CORTE DE EU, POR COMERCIO NEGLIGENTE E ILÍCITO
El Gobierno de México anunció, el 4 de agosto del 2021, que demandó a 11 grandes fabricantes de armas de Estados Unidos en una Corte Federal del Distrito de Massachusetts, acusándolos de prácticas negligentes y de ser conscientes de que sus productos son traficados ilegalmente a territorio mexicano.
Según un documento citado por la agencia británica Reuters y el diario The Washington Post, la demanda señala que el Gobierno de México busca una compensación de hasta 10 mil millones de dólares.
Ello alegando que las unidades de Smith & Wesson Brands; Barrett Firearms Manufacturing; Beretta U.S.A. Corp.; Beretta Holding; Century International Arms; Colt´s Manufacturing Company; Glock, Inc.; Glock GES; Sturm, Ruger & Co.; Witmer Public Safety Group; e, Interstate Arms; sabían que sus prácticas comerciales generaban daño al país latinoamericano.
“No obstante, [los fabricantes] continúan priorizando su beneficio económico y utilizan estrategias de publicidad para promover armas cada vez más letales, sin mecanismos de seguridad ni de trazabilidad”, indica la demanda.
“Se ha presentado la demanda en contra del comercio negligente e ilícito de armas en Estados Unidos, comercio que nos causa un daño directo”, dijo el consultor jurídico de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), Alejandro Celorio Alcántara.
En conferencia de prensa, señaló que se trata de un litigio estratégico, y que se encuentran preparados para responder a las defensas legales que puedan presentar los demandados. Es por ello que se realizó la demanda en territorio estadunidense, con el fin de que las compañías se puedan defender en su propia idioma y bajo su legislación, detalló Celorio Alcántara.
“Es un ejemplo de practica negligente, es un derecho constitucional de los estadunidenses poseer y comprar armas, pero hablamos de daños en el territorio mexicanos, que tiene un estricto control de la compra de armas, sino es con la autorización de las autoridades correspondientes”, agregó el consultor jurídico de la SRE.
Celorio Alcántara dijo que la ley estadounidense permite a terceros demandar ante sus cortes, si se sufren daños y de acuerdo a su ley. Aclaró que con esto no se entra en conflicto con la Segunda Enmienda, que permite a los ciudadanos estadounidenses adquirir armas, sino que se fundamenta en que los daños ocurren en territorio mexicano, donde la legislación mexicana establece que los civiles no pueden adquirir armas.
“La demanda no es contra el gobierno de Estados Unidos, a quien le reconocemos el esfuerzo para controlar el tráfico de armas”, informó el consultor jurídico de la SRE.
Por su parte, el presidente de la Junta de Coordinación Política (JUCOPO) en el Senado de la República, Ricardo Monreal Ávila, señaló que la demanda presentada en Boston, Massachusetts, es un hecho sin precedentes, ya que México no puede guardar silencio ante la situación.
“La demanda en materia civil que hoy se ha presentado en una Corte en Massachusetts por el Gobierno mexicano es correcta, oportuna, valiente, justa, porque es un hecho sin precedente lo que está ocurriendo hoy en México”, comentó el también coordinador del grupo parlamentario del partido Morena en la Cámara alta.
“¿Qué es lo que busca esta demanda? No sólo la reparación del daños, sino el tajo de que se seguía evitando esta tragedia dude violencia que México vive. Muchos de nuestros problemas en materia de violencia son provocados por el uso y la entrada ilegal de armas a nuestro país”, comentó el ex gobernador de Zacatecas.
Mientras que Marcelo Ebrard Casaubón, titular de la SRE, aseguró que las empresas productoras de armas de Estados Unidos están desarrollando diversos modelos para los cárteles del narcotráfico y que sus productos se adapten al crimen organizado.
”Están desarrollando diferentes modelos para el narco, que los utiliza el narcotráfico, están hechas para eso, para que las compren, son más valiosas. Tienen diferentes tipos de arreglos, desde el punto de vista estético y desde el punto de vista de uso”, detalló el canciller mexicano.
“Que incorporen mecanismos de seguridad en sus armas, para que podamos prevenir que esas armas sean usadas por personas no autorizadas o vinculadas a la delincuencia; que paguen los estudios, los programas, las campañas en medios y otros eventos enfocados a combatir el tráfico ilícito de armas”, dijo Ebrard Casaubón.
LOS ARGUMENTOS DE LA DEMANDA
La demanda de 139 páginas establece la presunta responsabilidad de las citadas empresas, las cuales tienen la obligación de cumplir con las leyes mexicanas y estadounidenses de importación y exportación, en particular de asegurarse que sus distribuidores no provean de armas a grupos de la delincuencia organizada.
Según el Gobierno mexicano, los acusados “saben desde hace mucho tiempo que algunos de los traficantes que utilizan para vender sus armas al por menor suministran una cantidad significativa de armas al mercado criminal en México”.
La demanda dice que las empresas han recibido reportes de la prensa y organizaciones de la sociedad civil sobre los canales de distribución que existen de sus productos para la delincuencia organizada, aunque no han creado “un solo protocolo de seguridad pública en sus sistemas de distribución para detectar y disuadir el tráfico de armas a México”.
“La elección de los acusados de utilizar políticas de distribución y ventas que abastecen a los cárteles viola todas las obligaciones y deberes que han asumido como fabricantes y distribuidores de estas armas”, agrega la demanda.
“Los acusados saben que las armas de estilo militar, como los rifles de asalto y los rifles de francotirador, son particularmente buscadas por los cárteles de la droga que las utilizan con efectos devastadores en México. Los acusados saben que estas armas se suministran con frecuencia a los cárteles a través de vendedores corruptos o irresponsables”, indica la demanda.
“La respuesta de los acusados a estos hechos ha sido redoblar las prácticas exactas que saben que suministran a los cárteles arsenales de estilo militar. Las elecciones de los acusados han tenido el efecto de maximizar en lugar de minimizar las ventas a los mercados criminales”, dice la demanda.
Según el texto citado, la naturaleza y magnitud de la conducta ilícita de los acusados ha infligido inevitablemente un daño masivo a México, tanto en términos económicos como de vidas humanas.
“México está experimentando niveles crecientes de violencia armada y sufre la muerte de civiles por armas de fuego a una de las tasas más altas del mundo. Antes del dramático aumento en la producción de armas en los Estados Unidos que comenzó a fines de 2004, el número anual de homicidios en México había disminuido, incluidos menos de 2,500 cometidos con un arma en 2003″, insiste la demanda.
“Pero el fuerte aumento en las ventas de armas en los Estados Unidos resultó en un aumento de diez veces en los homicidios relacionados con armas en México, que aumentaron a alrededor de 23,000 en 2019”, acusa el Gobierno de México, el cual argumentó que entre el 70 y 90 por ciento de las armas recuperadas en su territorio provienen de Estados Unidos.
En su mayoría, las armas decomisadas son de siete marcas: Smith & Wesson, Beretta, Century Arms, Glock, Colt y Ruger. Además, anualmente, cerca de 340 mil armas de estas firmas llegan a México desde sus plantas productoras en el estado de Massachusetts.
Incluso, el Gobierno de México añadió a la marca Barrett, por su rifle de francotirador y antiblindaje de calibre 50, citado como “un arma de guerra predilecta por los cárteles de la droga”. Como ejemplo, señaló el atentado contra el secretario de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, Omar Hamid García Harfuch, en junio del 2020.
En el documento se advierte que la ola de armas militares en México es un resultado previsible por las acciones y deliberadas prácticas de negocios de las empresas demandadas. Por ejemplo, trabajar con vendedores y revendedores de armas corruptos, diseñar armas que puedan ser fácilmente modificadas para ser automáticas, e incluso publicitarlas de una forma en la que atraigan a organizaciones criminales trasnacionales.
La demanda detalla que las compañías estadounidenses están informadas de prácticas como la ventas con intermediarios, donde personas con autorización para tener armas, más no para venderlas, obtienen el equipo y después lo cruzan por la frontera hacia México.
En ocasiones, según apuntó el Gobierno mexicano, se trata de decenas de piezas compradas por una sola persona. Además de que los fallos en diversas cortes en materia de ventas de armas han obligado a las firmas a regular su venta, distribución y diseño, aunque lo han evitado “cabildeando reformas” en la materia, a través de congresistas aliados.
La demanda mexicana señala que, a pesar de ello, los fabricantes de armas han decidido no implementar monitoreos ni controles de sus sistemas de distribución, a pesar de tener formas de implementar estas restricciones.
¿QUÉ PIDE EL GOBIERNO DE MÉXICO?
La Administración encabezada por el presidente Andrés Manuel López Obrador, demandaba que las empresas presentaran medidas cautelares y equitativas para reducir el daño que han causado; incorporar todos los mecanismos de seguridad razonablemente disponibles en sus armas, incluidos los dispositivos para evitar el uso de esas armas por parte de usuarios no autorizados.
Así como otorgar al Gobierno una indemnización por daños y perjuicios por una cantidad que se determinaría en el juicio, otorgar sanciones civiles al Gobierno según lo permita la ley, así como la adjudicación al Gobierno de restitución y devolución de las ganancias de los demandados.
Además de financiar estudios, programas, campañas publicitarias y otros eventos enfocados en prevenir el tráfico ilegal de armas. También, presentar una orden judicial contra los demandados, exigiéndoles que tomen todas las acciones necesarias para mitigar el daño actual y futuro que su conducta está causando y que de otra manera causaría en el futuro en México.
Asimismo, la reparación de daños en una cantidad que se determinaría en el juicio y que sería suficiente para castigar a los demandados o disuadirlos a ellos y a otros de continuar o repetir su conducta ilegal. Además de restituir intereses previos y posteriores al juicio según lo permita la ley.
Aunado a lo anterior, restituir los costos de la demanda, incluidos los honorarios razonables de abogados, según lo dispuesto por la ley Otorgar una reparación adicional, tal como lo requiriera el caso, además de que se considerara justo y apropiado.
