Ensenada está en vías de convertirse en el primer municipio de Baja California en implementar el nuevo sistema de justicia cívica municipal, con el cual se pretende solucionar conflictos entre ciudadanos mediante conciliación, atendiendo las causas de la conducta a través de terapias, programas y trabajo comunitario.
Para lograr esto se ha trabajado en la modificación de diversos reglamentos municipales, capacitación de jueces calificadores y policías municipales, así como la firma de un memorándum de entendimiento con la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID, por sus siglas en inglés).
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Actualmente, en gran parte del país, la justicia administrativa se ha limitado a la sanción de faltas administrativas vía sanciones punitivas (arresto) o con un enfoque recaudatorio (multa), dejando de lado la atención de las causas subyacentes; se administra el conflicto, pero no se atienden las causas.
Según la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana (ENSU) 2021, el 29.7 por ciento de la población tuvo al menos un conflicto o enfrentamiento durante los últimos tres meses; 88.7% de los conflictos tiene consecuencias, incluyendo insultos, daños materiales a hogar o vehículo e incluso violencia física.
Iván Barbosa Gutiérrez, subsecretario del Ayuntamiento, indicó que en el transcurso de este año se estarán implementando las pruebas piloto y a partir del 1 de enero de 2024 comenzará a operar el sistema de Justicia Cívica.
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Para tal efecto, se creará un nuevo Bando de Policía y Gobierno, además de modificar el Reglamento Interior de la Dirección de Seguridad Pública Municipal y diversos artículos del Reglamento de la Administración Pública Municipal, creando la Dirección de Justicia Cívica.
MEDIDAS SERÁN SUGERIDAS, NO IMPUESTAS
Barbosa Gutiérrez explicó que las medidas de solución de conflictos serán sugeridas por el juez y no impuestas, a través de la firma de un acuerdo de voluntad; la Subdirección de Prevención del Delito se encargará de dar seguimiento al cumplimiento de los acuerdos.
Al apegarse a alguna de las medidas, el infractor obtendrá como beneficio intercambiar las horas de arresto o multa por terapias psicológicas, contención de impulsividad, desintoxicación de sustancias (alcohol o drogas), programas de promoción de la cultura de la legalidad, trabajo comunitario en el mantenimiento de espacios públicos, instituciones filantrópicas o comités vecinales.
Ejemplificó con el caso de conductores detectados manejando bajo influjos del alcohol, quienes en común acuerdo con el juez, pueden ser canalizados a programas de Alcohólicos Anónimos.
Precisó que la implementación del modelo de justicia cívica es una sugerencia del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, no así una obligación.
De acuerdo con José Lobo, director adjunto del Programa para la Prevención y Reducción de la Violencia de USAID, este programa está en 33 municipios del país, y en Baja California, solamente está en Ensenada.
Por su parte, el alcalde Armando Ayala dijo que desde su primera gestión como presidente municipal impulsó este proyecto cuya operación conoció de primera mano en Escobedo, Nuevo León.
“Hace unos años acudimos con la ex alcaldesa de Escobedo, para conocer cómo opera este programa, que en aquella ciudad les permitió pasar de rojo a verde el semáforo de índices delictivos”, mencionó.
OPERACIÓN E INFRAESTRUCTURA
La justicia cívica inicia con una falta administrativa (Bando de Policía y/o Reglamento de Tránsito) o un conflicto comunitario; viene la intervención policial y se privilegia un acuerdo de mediación policial in situ, o bien, se procede a la detención.
Si la persona queda detenida, es trasladada al Centro de Detención Municipal, donde se pondrá a consideración del juez el informe policial de detención, se realizará el diagnóstico médico y se aplicará una evaluación de riesgo.
Según el modelo, una persona infractora con perfil de riesgo es aquella que presenta situaciones de carácter individual, familiar, escolar o social, que incrementan las probabilidades de desarrollar conductas conflictivas, violentas o delictivas.
Una persona puede presentar uno o más factores de riesgo, tales como conflictos previos con la Ley, contexto laboral y educativo, abuso de sustancias, conductuales, mentales, sociales (comunitarios y familiares), exposición a la violencia.
A través de un enfoque no punitivo o restaurativo, se detectan los factores de riesgo asociados a la persona infractora y se atienden las causas que originan su conducta, que atenta contra el tejido social.
El siguiente paso es la celebración de una audiencia pública en la que el juez expondrá el catálogo de soluciones alternativas al conflicto, impondrá la sanción que puede incluir componentes terapéuticos para cambiar el comportamiento o medidas reeducativas para resarcir el daño a la comunidad.
El infractor será canalizado a organismos de la sociedad civil y dependencias públicas, mientras que tendrá un monitoreo policial del cumplimiento de la sanción; el último paso será la liberación de responsabilidad.
De la infraestructura, Iván Barbosa dijo que en los siguientes meses iniciará la construcción del Centro Estratégico de Operaciones Policiales Municipal (CM5), donde actualmente se ubica la Dirección de Bomberos. Una vez construido el edificio -con una inversión aproximada de 40 millones de pesos por parte de Energía Costa Azul-, todos los involucrados contarán con espacios adecuados para actuar conforme a sus atribuciones. Si bien la infraestructura es importante, no es una necesidad de primera mano, sostuvo el subsecretario.
Los jueces calificadores llevan dos años en capacitación con la asistencia técnica de USAID, instancia que este mes de marzo aplicará otra evaluación, además de una próxima certificación en el tema de mediación por parte del Poder Judicial.
La implementación del nuevo sistema de justicia cívica no requiere contratación de nuevo personal, sino que su presupuesto será el que actualmente destina la Dirección de Asuntos Jurídicos a la Coordinación de Jueces Calificadores. Tampoco hay necesidad de destinar más recursos porque la operatividad se dará en coordinación con dependencias que actualmente cuentan con presupuesto propio, así como asociaciones civiles.
RESALTA COMITÉ IMPLEMENTACIÓN DE JUSTICIA CÍVICA
Al respecto, el presidente del Comité Ciudadano de Seguridad Pública en Ensenada (CCSPE), Edgar Alejandro Hernández González, resaltó el hecho de que Ensenada será el único municipio de BC en implementar el programa de justicia cívica en 2023.
Con este modelo, afirmó, se buscará mantener la paz y el orden con los ciudadanos dentro del municipio, como parte del plan de desarrollo en materia de seguridad pública.
“Desde junio de 2022 se creó una comisión que trabajó en las adecuaciones al Bando de Policía y Buen Gobierno, así como en el desarrollo de un Reglamento de Justicia Cívica, conformado por los departamentos jurídicos de Policía Municipal, Secretaría de Gobierno y Regidores, y en septiembre, la propuesta se turnó al Departamento Jurídico del Ayuntamiento de Ensenada”, subrayó.
Con base en ello, el documento ya se encuentra listo para pasar a Cabildo para su aprobación.
De forma paralela, se capacitó a 27 elementos de Policía Municipal que concluyeron el curso de Policía y Justicia Cívica con un cien por ciento de efectividad, impartido durante los meses de junio y agosto de 2022.
Por otra parte, se brindó capacitación a 19 jueces calificadores, con quienes se realizaron simulacros de audiencias públicas, la más reciente, en noviembre de 2022.
Derivado de ello, la dependencia encargada de canalizar y dar seguimiento será la Dirección de Seguridad Pública Municipal, a través de la Subdirección de Prevención del delito.
TAMIZAJE
Los elementos policiales pertenecientes a dicha subdirección han sido capacitados para aplicar “tamizajes” a los probables infractores, con la finalidad de detectar su perfil de riesgo y que a su vez los jueces cuenten con las herramientas necesarias para canalizarles a una medida restaurativa o a un servicio en favor de la comunidad, detalló el presidente del Comité Ciudadano.
“Todavía hace falta que se aprueben en Cabildo los cambios normativos que permitan la implementación de la justicia cívica, así como un mayor acercamiento con la sociedad civil organizada, empresarios y Academia para la presentación del Modelo Homologado de Justicia Cívica, por lo cual seguiremos trabajando”, sostuvo Edgar Alejandro Hernández.
La herramienta de tamizaje permite conocer el perfil de riesgo psicosocial de las personas detenidas, así como información estratégica para canalizar de manera asertiva a las personas infractoras a la solución alternativa que permita atender con mayor eficacia el o los factores de riesgo identificados, para lo cual debe ser realizado por personal especializado.
