Habitantes de Cabo San Lucas han manifestado su preocupación ante lo que califican como un ecocidio, con amparo de la negligencia y omisión por parte de las autoridades de los tres órdenes de gobierno. Desde hace aproximadamente un mes, se registra un desmonte en el arroyo que divide las colonias Lomas del Valle y Azteca, obra que no exhibe ninguna Manifestación de Impacto Ambiental (MIA) ni permisos federales correspondientes.
Juan Gabriel Mondragón Calderón es uno de los vecinos que ha externado su preocupación sobre esta problemática.
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En reiteradas ocasiones ha dado aviso e interpuesto denuncias ante las autoridades de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) y a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), así como a la Dirección de Ecología del Ayuntamiento de Los Cabos, sin embargo, jamás han respondido al llamado.
“En lo que se refiere a Profepa, que es la encargada de la zona o lo que se refiere a los árboles, nosotros ya interpusimos una denuncia por la tala de árboles. Cuando se empezó a limpiar la zona del arroyo para lotificar, que es lo que se está haciendo ahorita que tienen escaso un mes limpiando el arroyo, solicitamos nuevamente el apoyo de Profepa y por parte de Semarnat, y al 911 solicitamos la atención de Ecología”, compartió.
“Desafortunadamente la contestación que recibimos de Profepa fue que no tenían vehículos, no tenían recursos y necesitamos presentar una denuncia por medio del portal para que la denuncia se procesara y les dieran a ellos a nivel federal la orden para que mandaran recursos y se presentaran en un vehículo. A ver, ¿en qué vehículo?, porque no tenían ni para moverse”, explicó.
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Por parte de Semarnat tampoco obtuvieron una respuesta o siquiera a alguien que contestara en los teléfonos de la dependencia en el municipio.
En cuanto a la Dirección de Ecología del Ayuntamiento de Los Cabos, comentó que se le envió la información al titular, pero la historia de omisión y negligencia se repitió: no hubo respuesta ni se presentaron en el arroyo para verificar la problemática.
La maquinaria pesada que opera en este encauce ha sido usada para la tala de árboles y el daño de vegetación.
Los vecinos y activistas han pedido que se transparenten los permisos; saber a quién se autorizó una construcción en una zona en la que, según las reglamentaciones de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), está prohibido este tipo de obras.
“Ecología no hizo acto de presencia; en el momento en el que estaban haciendo la tala y la destrucción de la maleza me dirigí a Palacio de Gobierno Municipal en la delegación. El presidente no se encontraba, me atendió Jorge Sánchez. Me dijo que me daba el número de teléfono de Ecología, cosa que yo ya había hecho, y Ecología nunca me contestó”, refirió.
Con el objetivo de obtener respuestas y acción de los servidores públicos responsables, vecinos buscaron al titular de la Dirección de Ecología, Raúl Verdugo, sin embargo, no se encontraba en su oficina.
Trabajadores les comentaron que el propio director de Ecología expuso que los permisos ya estaban autorizados, sin transparentar por quién y para quién. Tampoco se encuentran en la página oficial del Ayuntamiento de Los Cabos.
“Se sobreentiende que es una zona de arroyos, una zona federal. A mi entendimiento, quiero pensar que ya tienen permisos autorizados por parte de lo que viene siendo Ecología, por parte de Profepa, Semarnat, Conagua, que son las instituciones que deben encargarse de darle ese tipo de permisos a estas personas”, recalcan.
Algunas de las especies de vegetación que han sido devastadas con el desmonte realizado con maquinaria pesada se encuentran dentro de la NOM-059-Semarnat-2010, como el cactus.
Habitantes de la zona también identifican que vegetación endémica de Baja California Sur ha sido arrasada.
“Desconozco que tengan la posesión legal o que sean dueños las personas que están limpiando ahí; tal vez sí lo sean. El hecho es que en la forma en como lo hicieron no hay ningún cartel de estudio de impacto ambiental, no hay ninguna recuperación de árboles; destruyeron más de 80-90 cactus que había en la zona, Palo Blanco, Mezquite… plantas endémicas de la región”, precisó.
Incluso, aunque en un supuesto se contara con las autorizaciones federales para llevar a cabo una obra en este arroyo, reclaman el hecho de que estas maniobras se realizaron sin ninguna estrategia de recuperación, donde las plantas y árboles se traspasaran a otra zona.
La Dirección de Ecología del Ayuntamiento de Los Cabos debió ser la primera área en entrar a revisar y buscar alternativas, sin embargo, no sucedió.
En los últimos años han registrado la tala indiscriminada de árboles; ahora se enfrentan a la depuración total del arroyo para crear un área habitable a pesar de que se trata de una zona de riesgo, como lo marcan documentos de la Subsecretaría de Protección Civil de Baja California Sur y de la Conagua.
“Este arroyo es, si no el único, uno de los pocos arroyos que nos quedan en esta zona con vegetación y fauna. Es increíble la cantidad de fauna que hay en este pedazo de arroyo y prácticamente se lo están acabando”, comparte.
“Nadie quiere dar la cara, no hay información pública del propietario, terrateniente, empresa, ejidatario de esa zona. El uso de suelo en una zona de arroyo está determinado por leyes federales que no se puede usar como zona de habitación”, añadió.
ZETA buscó al director de Ecología del Ayuntamiento de Los Cabos, pero éste decidió no responder a la solicitud de réplica por parte de esta redacción.
Asimismo, la Profepa ha cerrado todo tipo de comunicación con reporteros y medios en general en Baja California Sur, situación que se ha agravado en atropello del derecho al acceso a la información y libertad de prensa desde el inicio de la administración del Presidente Andrés Manuel López Obrador.
CONSTRUIR EN ARROYOS ESTÁ PROHIBIDO: CEMDA
En entrevista para ZETA, el director regional en el noroeste del Centro Mexicano de Derecho Ambiental (Cemda), Mario Sánchez Castro, explicó que obtener permisos para construir en arroyos es un proceso complejo y complicado. En el caso de Los Cabos, los documentos que rigen el desarrollo urbano y ecológico prohíben también este tipo de obras.
“Desconozco que tengan la posesión legal o que sean dueños las personas que están limpiando ahí; tal vez sí lo sean. El hecho es que en la forma en como lo hicieron no hay ningún cartel de estudio de impacto ambiental, no hay ninguna recuperación de árboles; destruyeron más de 80-90 cactus que había en la zona, Palo Blanco, Mezquite… plantas endémicas de la región”, precisó.
En el caso específico de los encauces, comenta que la Conagua debe realizar una medición para llevar a cabo un deslinde de la zona federal marítimo-terrestre donde establece las dimensiones exactas de un arroyo.
A partir de ese deslinde del cauce prosigue la zona federal; cuando se trata de arroyos, son 20 metros hasta los 100 metros de la costa.
En este caso, al tratarse de una tierra de jurisprudencia federal, se debe pedir una concesión a la autoridad correspondiente en materia de agua.
Recordó proyectos en otras comunidades de Baja California Sur, como el caso del proyecto Costa Palma en la población de La Ribera.
Este proyecto llevó a cabo modificaciones y obras en un encauce por medio de Manifestaciones de Impacto Ambiental, que la Semarnat le aprobó y otorgó a pesar de que era una zona prohibida.
En este contexto, reiteró que se trata de un proceso extenso y complejo que no se resuelve de un día para otro y que requiere de la aplicación de premisas de máxima socialización.
Incluso hay personas o proyectos que tienen concesiones en arroyos, sin embargo, no significa que puedan llevar a cabo obras o desmontes.
“El ayuntamiento tendría que saber. Acuérdate que también hay regulaciones municipales en materia de riesgos. Dependiendo del plano, el Atlas de Riesgo para eso sirve. Todo eso se debe tener consideración”, reiteró.
El Ayuntamiento de Los Cabos puede otorgar un uso de suelo de acuerdo al Plan de Desarrollo Urbano (PDU), mientras que a la Semarnat se le solicita el cambio de uso forestal para desmontar vegetación en zonas federales.
“Para el desmonte entra en Semanart, para eso necesitas un permiso y tiene que especificar si hay especies NOM-059 o no hay; todo eso debe considerarlo la autoridad si emite autorizaciones de cambio de uso de suelo forestal. Ojo, no confundirla con el uso de suelo municipal, que es la que dice si está de acuerdo al PDU y si es viable”, subrayó.
En este escenario se podría advertir que hay reglamentos municipales que se están violando al permitir este tipo de obra en el arroyo, que, aunque la autoridad del ayuntamiento no aplica para regular y detener, sí tiene voz y responsabilidad para intervenir y gestionar ante instancias federales.
“Las autoridades municipales deben tener conocimiento de qué está sucediendo; si se construirán casas, un edificio o un proyecto inmobiliario mayor. En algún momento el Ayuntamiento tiene que saber qué está pasando, no puede imaginárselo nada más. Tiene que saberlo, aunque sea federal algunos permisos; y si no, estamos en un problema”, apuntó.
Por último, hizo hincapié en que todos los permisos deben ser públicos y tendrían que estar en los listados de información de todas las licencias de construcción dadas, aunque actualmente no aparecen en la página oficial del municipio.
