La crisis por los opioides en los Estados Unidos sacude a México con fuerza. Pero no a partir del secuestro de cuatro ciudadanos estadounidenses y la muerte de dos de ellos en Matamoros, sino desde que más de 100 mil norteamericanos mueren anualmente por las sobredosis de fentanilo y otras drogas sintéticas que se producen en nuestra nación o simplemente son traficadas hacia el norte por los narcotraficantes mexicanos. Esta situación ha exacerbado el clima político entre diversos sectores de ambos países, y que presionan para que el gobierno de Andrés Manuel López Obrador haga “algo más” para frenar esta epidemia.
México, uno de los 22 principales países productores de drogas ilícitas en el mundo y corredor de trasiego de estupefacientes hacia diversos continentes, vive en carne propia la violencia desatada por la delincuencia organizada para apoderarse de los millonarios mercados ilícitos; barbarie de la que culpa también a los Estados Unidos, por no combatir el grave problema del consumo y a los traficantes que hacen el negocio más lucrativo en territorio americano.
Los gobiernos de López Obrador y del estadounidense Joe Biden aparentan llevar una relación cordial, trabajando en conjunto para implementar acciones y encontrar soluciones. Son los legisladores republicanos los que han elevado el tono, al solicitar a Biden que se declare a los cárteles mexicanos del narcotráfico como organizaciones terroristas extranjeras y que ante la falta de control de México en el problema, se combata militarmente a los narcos mexicanos en su mismo país.
Luego de una política criminal declarada de “abrazos y no balazos” del gobierno mexicano, la firma del acuerdo de seguridad y justicia en octubre de 2021, denominado “Entendimiento Bicentenario”, que sustituyó al malogrado “Plan Mérida” y dota de recursos económicos para aumentar la colaboración entre ambos países, trajo nuevos compromisos y cambios en las acciones de un gobierno más militarizado, como lo es la presión de combatir el flagelo del fentanilo.
En diciembre de 2021, por instrucciones del presidente de Estados Unidos, el Departamento del Tesoro endureció su postura para emitir sanciones con mayor velocidad, poder y efecto en todo el ecosistema de drogas ilícitas, especialmente en los países que cuenta con individuos y organizaciones de narcotraficantes, como Brasil, China, Colombia y México, que trafican con fentanilo y sus precursores químicos, metanfetamina, cocaína y heroína, y que son considerados como la mayor amenaza para la Unión Americana.
En México, invariablemente el destino del fentanilo es Tijuana, Baja California. Algunas otras ocasiones el narcótico -que sigue la ruta del Pacifico- llega a Nogales o Mexicali para ser introducido a los Estados Unidos. La mayoría de los aseguramientos ocurre en los estados de Sinaloa, Sonora y Baja California. Cuando no llega directamente de China a Tijuana, el camino que recorre el fentanilo o los precursores químicos para su elaboración, proviene de Ciudad de México, Querétaro, Guadalajara y Sinaloa.
Los puestos de control militar denominados “El Desengaño”, en Ahome, Sinaloa; “Querobabi”, en Odepe, Sonora; y “El Centinela”, en Tecate, Baja California, son líderes en los aseguramientos del opioide, que es traficado principalmente a bordo de autobuses de pasajeros, entre la carga de tractocamiones y algunas pocas veces en automotores particulares. Matamoros, donde supuestamente ocurrió la agresión a los estadounidenses por fentanilo, y Tamaulipas entero, no registran acciones federales contra el fenómeno, solo locales.
Si acaso, en Coahuila, Chihuahua y Nuevo León se han efectuado escasos aseguramientos de forma primordial en empresas de paquetería, las cuales son empleadas con frecuencia por los traficantes. Entre los envíos frustrados destacan destinatarios en ciudades norteamericanas en los estados de Illinois, California, Washington, Ohio y Massachusetts. Incluso países como Puerto Rico. También destaca, por su exclusividad en el envío de ampolletas de fentanilo, el Aeropuerto Intercontinental de Querétaro.
El abogado penalista Jorge Partida señala que “antes los traficantes de drogas ilícitas se dedicaban a atender un tipo de mercado. Por ejemplo, el que traficaba marihuana, solo distribuía marihuana; y si acaso también traficaba cocaína, lo hacía por separado. No revolvía sus cargamentos en un solo viaje para no arriesgar la mercancía. Hoy es tanta la confianza de los criminales, que tuvieron ventaja los primeros tres años del sexenio, y han sido tantas las facilidades por inacción del Estado mexicano, que en un mismo viaje llevan fentanilo, marihuana, heroína, cocaína y metanfetaminas. Pareciera que saben que no les van a detener”.
CÁRTEL JALISCO
Estados Unidos tiene muy identificados a los grupos criminales que operan en México y trafican con fentanilo. A decir del Departamento de Justicia, son dos los principales: Cártel de Jalisco Nueva Generación (CJNG), calificado como una de las cinco organizaciones criminales transnacionales más peligrosas del mundo, y el Cártel de Sinaloa (CDS). Por su parte, el Departamento del Tesoro, a través de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC), reconoce también a una facción del Cártel Beltrán Leyva y a la Nueva Familia Michoacana.
Según la Administración para el Control de Drogas de los Estados Unidos (DEA), el CJNG trafica una proporción significativa del fentanilo y otras drogas mortales que ingresan a su país, por lo que la OFAC ha efectuado múltiples designaciones de sus miembros en la lista de cabecillas del narcotráfico. En tanto, el CDS controla la actividad del narco en regiones clave a lo largo de la costa del Pacífico, traficando toneladas de drogas ilícitas, incluyendo fentanilo y heroína, a la Unión Americana.
De esa forma, los estadounidenses designaron el 6 de abril de 2021, en esa lista, a Carlos Andrés Rivera Varela “La Firma”, Francisco Javier Gudiño Haro “La Gallina” y al agente de viajes Alejandro Chacón Miranda, miembros violentos del CJNG. Antes se había incluido a Gonzalo Mendoza Gaytán “El Sapo”, el 17 de mayo de 2019. Todos ellos asisten materialmente, o brindan apoyo financiero o tecnológico, bienes o servicios en apoyo del conglomerado delictivo.
En el marco de la Ley de Designación de Cabecillas Extranjeras del Narcotráfico (Ley Kingpin), el 14 de abril de 2021 también se designó a Audías Flores Silva “El Jardinero”, miembro del CJNG que presuntamente “trafica cantidades masivas de opioides y cocaína, representa una gran amenaza para Estados Unidos”, y por el que ese gobierno ofrece una recompensa de cinco millones de dólares por información que conduzca a su arresto o condena.
El 6 de octubre de 2021 se enlistó a una serie de sujetos del clan jalisciense que se encargan de operar el trasiego de precursores químicos importados de Asia para la fabricación de drogas sintéticas, incluidos los que se utilizan para sintetizar fentanilo para su distribución final a la Unión Americana. Ellos son los hermanos Aldrín Miguel (ya detenido) y José de Jesús Jarquín Jarquín, Cesar Enrique Díaz De León Sauceda y Fernando Zagal Antón, relacionados con Julio Alberto Castillo Rodríguez (designado el 27 de octubre de 2016), yerno del líder del CJNG, Nemesio Oseguera Cervantes “Mencho”.
SINALOA Y OTROS
Por parte del Cártel Beltrán Leyva, la OFAC sancionó el 12 de mayo de 2021 a integrantes de la organización de Jesús González Peñuelas y sus hermanos Ignacio y Wilfrido, quienes son apoyados por Fausto Isidro Meza Flores, líder de “Los Mazatlecos” y el Cártel de Caborca. Este grupo opera en Sinaloa y Sonora, encontrándose entre las mayores fuentes de goma de opio y heroína en el norte de México, y son un importante distribuidor de fentanilo en los mercados de California, Texas, Colorado, Washington, Utah y Nevada. Entre los miembros del grupo están: Jesús González Peñuelas, sus hermanos Ignacio y Wilfrido González Peñuelas, Efraín Mendívil Figueroa, Adelmo Núñez Molina y Raúl y Juana Payan Meraz.
El Departamento del Tesoro emprendió acciones el 22 de septiembre de 2021 en contra de la célula criminal de Sergio Valenzuela Valenzuela “Gigio”, perteneciente al Cártel de Sinaloa, quien reporta directamente al líder Ismael “El Mayo” Zambada García. Le señalan de ser responsable del contrabando de toneladas de fentanilo y otras drogas por el estado de Arizona. El grupo lo forman: Leonardo Pineda Armenta, Gilberto Martínez Rentería, Jaime Humberto González Higuera, Jorge Damián Román Figueroa, Luis Alberto Carrillo Jiménez, Melitón Rochín Hurtado y Miguel Raymundo Marrufo Cabrera.
También fue agregada a la lista, el 19 de octubre de 2022, la red de transporte de drogas que dirige Juan Francisco Valenzuela Valenzuela y sus hermanos, Jorge Alberto y Wuendi Yuridia (estos dos detenidos). EU les involucra en la importación y transporte de cantidades de varias toneladas de drogas ilícitas, incluidas metanfetamina, heroína y fentanilo, desde México. Otros miembros del clan son: Héctor Alfonso Araujo Peralta y Raúl Rivas Chaires, quienes han dirigido empresas de transporte de carga.
El 17 de noviembre de 2022, los estadounidenses incluyeron en los nominados a los hermanos Johnny Hurtado y José Alfredo Hurtado Olascoaga apodados “El Pez” y “El Fresa”, líderes del cártel La Nueva Familia Michoacana, que opera en Guerrero y trafica con el llamado “fentanilo arcoíris”, que, según la DEA, aparece en forma de píldoras y/o polvo en una variedad de colores, formas y tamaños y que “está hecho para atraer a niños y jóvenes usuarios”. También distribuyen metanfetamina, heroína y cocaína a Estados Unidos.
Una red que se encarga de adquirir precursores químicos de China para fabricar y traficar fentanilo y otras drogas a los Estados Unidos, encabezada por José Ángel Rivera Zazueta fue agregada a la lista apenas el 30 de enero reciente. Presuntamente, el sujeto opera a escala global con nodos en Estados Unidos, México, América del Sur y Central, Europa, Asia, África y Australia, e importa los productos que se utilizan para fabricar fentanilo, MDMA (éxtasis), metanfetamina cristalina, 2C-B y ketamina. Con él se menciona a sus socios Nelton Santiso Águila y al guatemalteco Jason Antonio Yang López.
Y el 22 de febrero de 2023, el Departamento del Tesoro designó a seis sujetos involucrados en el desvío de precursores químicos a las manos de miembros del Cartel de Sinaloa que trafican con metanfetamina y fentanilo. Esta célula la dirigen los hermanos Ludim y Luis Alfonso Zamudio Lerma, operadores de laboratorios para producir drogas sintéticas, a quienes se relaciona con Ovidio Guzmán López “El Ratón”, detenido el 5 de enero en Culiacán. Otros agregados a la lista son Ludim Zamudio Ibarra, Luis Gerardo Flores Madrid, Ernesto Machado Torres y José Santana Arredondo Beltrán.
RUTA DEL PACÍFICO
Después de los primeros tres años del sexenio perdidos, en los que la mayoría de las acciones antidrogas se redujeron al aseguramiento de sustancias ilícitas en las empresas de mensajería y en los puestos de revisión militar a autobuses de pasajeros o tráileres, es a partir del segundo semestre de 2022 cuando el gobierno mexicano, en cumplimiento al acuerdo Entendimiento Bicentenario en materia de seguridad, con la presión de los Estados Unidos comienza a trabajar en contra del narcotráfico, muy puntualmente, en el tema del fentanilo.
Así se pone más énfasis en las revisiones y en las tareas de inteligencia, dándose un importante golpe al crimen organizado el 2 de julio del año pasado tras un cateo en una finca de la colonia Las palmas, en Culiacán, Sinaloa, donde fueron asegurados 542 kilos 700 gramos de fentanilo; la mayor incautación del narcótico realizada en México. Además había 31 kilos de cocaína, casi siete kilos de heroína y una importante cantidad de precursores químicos para fabricar drogas sintéticas. En los retenes militares instalados en las carreteras del corredor del Pacífico también empezaron a caer mayores aseguramientos del opioide.
Para el 13 de octubre, tras una reunión de alto nivel sostenida por el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, en Washington, con autoridades estadounidenses, se informó que se estaba trabajando de forma conjunta e importante, pues ya iban “más de cinco toneladas de pastillas, que incluyen fentanilo y otras sustancias y 154 toneladas de metanfetaminas”. Incluso en el tema de la cocaína, el canciller presumió que México está decomisando más cocaína que Estados Unidos, con 94 toneladas.
Después vinieron otros cateos en narcolaboratorios, como el efectuado el 12 de diciembre de 2022 en un domicilio de la Sindicatura Costa Rica, en Culiacán, donde las Fuerzas Armadas localizaron más de 190 kilos de fentanilo, cinco kilos de metanfetamina granulada y 240 litros de la misma droga líquida; además había una maquina tableteadora. Tres días después, en un vagón del tren carguero de la ruta a Nogales, soldados de la Sedena aseguraron 92.5 kilogramos de fentanilo y 27 kilos de metanfetamina. Y el día 28, en el puesto militar en Querobabi, Sonora, otras 69 mil 350 pastillas de fentanilo.
Sin embargo, es en 2023 cuando vinieron las acciones más relevantes como la violenta detención de Ovidio “El Ratón” Guzmán y algunos de sus seguidores en Culiacán, el 5 de enero. Después, el día 11 de ese mes, el cateo de militares en un inmueble de la colonia Cerro Colorado, en Tijuana, donde se aseguraron 100 mil pastillas de fentanilo, cuatro kilos del mismo opioide en polvo, 77 kilos de metanfetamina y 120 gramos de cocaína, además de vehículos, armas, cargadores y cartuchos. No hubo detenidos.
El 16 de enero reciente ocurrió el aseguramiento de 714 mil 975 pastillas de fentanilo con peso de 77 kilos, un kilo de goma de opio y 573 kilos de metanfetamina, en el citado retén de Querobabi. La droga estaba dentro de un tráiler que procedía de Tecomán, Colima, y tenía por destino Rosarito, Baja California. Dos personas fueron detenidas. Tres días más tarde, en un inmueble de la colonia Solidaridad, en Mexicali, autoridades castrenses incautaron 15 kilogramos de fentanilo y cinco kilos de precursores químicos para la producción del opioide. No hubo detenidos.
José Guadalupe Tapia Quintero, operador de alto rango del líder del Cártel de Sinaloa, Ismael “El Mayo” Zambada, fue capturado durante un operativo de las Fuerzas Federales en el estado de Sinaloa el 8 de febrero. Se dijo que “El Lupe” era el principal operador para el tráfico de mariguana, cocaína, metanfetaminas y fentanilo desde el Pacífico hacia Arizona y California. Y el 14 de febrero, militares localizaron el centro “con mayor capacidad de producción” de pastillas de fentanilo y de metanfetamina en las inmediaciones de Pueblos Unidos, en Culiacán. En ese laboratorio fueron incautados 128 kilos de fentanilo granulado, 629 mil 138 pastillas del mismo opioide, 100 kilos de metanfetamina y diversos precursores químicos.
Apenas este 12 de marzo, personal de la Secretaría de la Defensa Nacional incursionó en un inmueble ubicado en la colonia Colinas del Sol, en Tijuana, para asegurar un millón 834 mil 862 pastillas de fentanilo y 400 kilos de metanfetamina. Previamente, en el puesto militar El Desengaño, el 9 de marzo, soldados incautaron dentro de un tráiler de mensajería 280 kilos del opioide y otros 720 kilos de medicamentos controlados. La presión está funcionando.
SANCIONES BAJAS
La justificación de incrementar las penas para las diversas modalidades de la tenencia de fentanilo, ya sea para el tráfico a escala mayor, que se da principalmente en su transporte, o ya sea para narcomenudeo, estriba en que el actual sistema de justicia es muy benéfico para estos traficantes. Y así lo demuestra el cúmulo de sentencias que por procedimiento abreviado dictan con frecuencia, desde 2020, los jueces federales en el estado de Baja California.
Marisela “N” fue detenida hace poco más de tres años en el motel Dubái, ubicado en el Boulevard Costero, en la ciudad de Ensenada. La mujer poseía en un vehículo y al interior de la habitación número 39, la cantidad de siete kilos con 988 gramos de fentanilo. Además, se localizaron otras drogas, como 261 kilos con 432 gramos de metanfetamina, y nueve kilos con 311 gramos de heroína. El ejército presumió mediáticamente la captura de la imputada y un coacusado, así como el importante aseguramiento.
Sin embargo, en el Centro de Justicia Penal Federal con residencia en Ensenada, la mujer se acogió al procedimiento abreviado, aceptando su plena responsabilidad en los hechos y el juez le condenó en la causa penal 91/2019, el 5 de marzo de 2020, a la ínfima pena de cuatro años de prisión y multa por ocho mil 449 pesos, que en caso de insolvencia, se puede sustituir por jornadas de trabajo en favor de la comunidad. La defensa de Marisela solicitó la sustitución de la pena y el beneficio de la condena condicional, el cual fue concedido a cambio de ocho mil pesos y otras medidas condicionantes.
Sentencias similares se han dictado en el Centro de Justicia Penal Federal con residencia en Tijuana. Dos sujetos que poseían heroína y fentanilo con fines de venta fueron condenados a cuatro años de prisión y multa de ocho mil 449 pesos. Ellos pagaron tres mil 500 pesos cada uno, de sustitutivo penal. Hubo dos individuos más por los mismos tipos penales, misma pena; pero la sustitución de la pena fue por cinco mil pesos. Cuatro personas más fueron detenidas el 23 de abril de 2020, que comerciaban fentanilo, marihuana, metanfetaminas y el psicotrópico tetrazepam; recibieron la misma sanción y no estuvieron más de dos meses en la cárcel, al sustituir la pena por cantidades de entre tres mil y cinco mil pesos.
Los que han sido detenidos en el retén militar de El Centinela, recibieron condenas un poco menos laxas en el Centro de Justicia Penal Federal con residencia en Mexicali. Les impusieron penas de seis años ocho meses de prisión, no sustituibles. Las multas fueron desde los 67 hasta los 100 días de medida diaria salarial. Un sujeto fue pillado transportando siete mil 500 pastillas de fentanilo a bordo de un autobús el 26 de junio de 2020; otro, también en autobús, el 30 de julio de ese año, cargaba mil 890 comprimidos de la misma droga; y una mujer el 2 de agosto, que llevaba siete paquetes con siete mil pastillas de fentanilo. Todos obtuvieron, la misma sanción, también en procedimiento abreviado.
De no reconocer el delito y someterse al mecanismo alternativo de solución de controversias para evitar el juicio oral, los imputados reciben la pena mínima establecida en la legislación penal federal que es de 10 años de prisión, que es la que generalmente se imponía en el sistema penal mixto tradicional.
