* La ejecución de cinco jóvenes perpetrada por militares en Nuevo Laredo pone en duda la eficacia de la militarización
* En este sexenio ya se han registrado casos de corrupción en el ámbito militar operativo, con el robo de 280 granadas
* En Ensenada, dos marinos permitieron el ingreso de yate con 432 kilos de marihuana al muelle
* En el ámbito administrativo también hay “malas cuentas” castrenses en contratos con particulares * Diversos médicos militares fueron sorprendidos por apoderarse de medicamentos de diferentes formas
Los asesinatos de civiles desarmados -que incluyen a menores de edad- por parte de elementos de las Fuerzas Armadas han volcado los ojos de la población mexicana hacia la estrategia de la militarización de la seguridad en el país por parte de la administración de Andrés Manuel López Obrador. El hecho más reciente, cinco jóvenes acribillados a tiros por soldados en Nuevo Laredo, Tamaulipas.
Previo a esta ejecución, se han registrado otros hechos de violencia en los que la población civil ha resultado con consecuencias fatales, como la pérdida de la vida de una niña de 5 años en la misma ciudad tamaulipeca a mediados del año pasado. Y desde luego, la furia desatada tras la confrontación de autoridades castrenses en contra de la célula de “Los Chapitos” o “Los Menores”, al capturar el 5 de enero de 2023 a Ovidio Guzmán López “El Ratón”, hijo del narcotraficante Joaquín “El Chapo” Guzmán.
Según estadísticas de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), entre el 1 de enero de 2019 y el 3 de diciembre de 2022, al menos 759 civiles catalogados como presuntos agresores de las Fuerzas Armadas han fallecido en lo que va del sexenio y otros 151 resultaron lesionados por militares en presuntos enfrentamientos. En estos datos aún no se contabilizan los hechos acontecidos en el presente año, entre ellos el llamado “Culiacanazo 2.0”, donde fueron abatidos otros 19 civiles presuntos miembros del Cártel de Sinaloa durante el operativo de captura de Ovidio.
Curiosamente tras la detención de “El Ratón”, la secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana, Rosa Icela Rodríguez, emitió un mensaje en el que aseguró que el Gabinete de Seguridad Nacional “trabaja diariamente para pacificar al país, lo hace con planeación y organización, en la búsqueda y detención de objetivos prioritarios generadores de violencia”. Ahí dijo que se actúa con respeto irrestricto a los derechos humanos, para “finalmente reiterar, no venimos a ganar una guerra; venimos a construir la paz”.
En contraparte, en 988 agresiones registradas en el mismo periodo señalado (2019-2022) las Fuerzas Armadas han sufrido la muerte de 36 militares y las lesiones de otros 262 de sus elementos. Derivado de esos combates armados, miembros del Ejército han detenido a 813 personas; es decir, sólo 54 más del número de las que han abatido, lo que habla del 51% de posibilidades de sobrevivir en un enfrentamiento con la milicia, aunque en algunos casos ha existido la duda de que se haya dado tal confrontación.
Claudio Lomnitz, uno de los investigadores críticos de la estrategia de usar soldados para realizar las tareas de seguridad pública, afirma que “lo que trata de hacer el Ejército, la Marina, la Guardia Nacional para infundir una idea de seguridad, son rondines, para mostrar que están ahí, pero su capacidad realmente de regular día a día, pasa por muchas cosas que un policía en su mandato y también en las cosas que están y no están autorizados para hacer, no son aquello para lo que están entrenadas las Fuerzas Armadas”.
Sin embargo, la militarización, que ha sido criticada en los aspectos de estrategia operativa, donde se han descubierto sobornos y encubrimientos en el trasiego de drogas hacia la frontera norte del país, también se da en aspectos administrativos, en los que se han registrado actos de corrupción históricamente en el manejo de recursos económicos en hospitales, obras, compras y contratación de servicios, entre otros, antes y durante la actual administración gubernamental.
LA VIOLENCIA
Los homicidios de cinco jóvenes -uno de ellos de origen estadounidense- a manos de militares en calles de la colonia Manuel Cavazos Lerma en Nuevo Laredo, Tamaulipas la madrugada del domingo 26 de febrero de 2023, cimbró a la opinión pública nacional e internacional, pues las víctimas fueron atacadas a balazos por los uniformados tras una persecución por la simple sospecha de que se trataba de sujetos peligrosos y armados, disparándoles en más de 80 ocasiones, según los indicios colectados en la escena del crimen.
De acuerdo con la versión oficial de parte de la Sedena, los hechos ocurrieron poco después de las 04:50 horas, cuando personal castrense que integra una Base de Operaciones desplegada en Nuevo Laredo realizaba tareas de patrullaje. De repente escucharon disparos de armas de fuego y se dirigieron hacia el sitio de donde provenían las detonaciones, encontrándose con los ahora victimados.
Asegura el comunicado que los militares avistaron una camioneta tipo pick-up con siete individuos a bordo, circulando a exceso de velocidad “con las luces apagadas y sin placas, cuyos integrantes, al observar la presencia de las tropas, aceleraron velocidad de manera intempestiva y evasiva, deteniendo su marcha al impactarse después con un vehículo que estaba estacionado”. Presuntamente los soldados escucharon un estruendo y accionaron sus armas contra los jóvenes. Cuando los disparos cesaron, observaron a una persona ilesa, una herida y cinco más sin vida.
Vecinos de la colonia que presenciaron la presunta prepotencia de los militares se enfrentaron con los mismos, lo que ocasionó una nueva serie de disparos al piso y al aire para obligar a los habitantes a introducirse en sus domicilios. Aunque las autoridades castrenses aseguran que se brindó la atención de urgencias a las víctimas, solicitando el apoyo de ambulancias, testigos señalan que los soldados impedían dicho socorro. Por su parte, familiares de los fallecidos refieren que estos regresaban de un centro nocturno y no usaban armas.
En su conferencia matutina del miércoles 1 de marzo, el Presidente Andrés Manuel López Obrador refirió: “Conozco el caso, se nos informó en el Gabinete de Seguridad y a propuesta del secretario de la Defensa, Luis Cresencio Sandoval González, se pidió la intervención de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos para que se investigue el caso. Incluso las autoridades militares ya están también coadyuvando en la investigación, para que, si resultan responsables los miembros del Ejército, sean castigados”.
Un mes antes, el propio AMLO criticó al Alto Comisionado para los Derechos Humanos de las Naciones Unidas y otros organismos internacionales por reprochar la militarización de la seguridad pública en México, calificándoles de organismos infiltrados por el conservadurismo: “Bueno, la prueba, y es también dolorosa, es que están asesinando a militares que están trabajando en esas regiones, en las más conflictivas. Entonces, estamos haciendo todo. Nosotros vamos a seguir haciendo nuestro trabajo, de manera responsable y cuidando a la gente”.
Estos hechos ocurrieron a seis meses del asesinato de la niña Heidi Mariana, quien recibió un balazo en la cabeza, también disparado por solados en Nuevo Laredo, la noche del 31 de agosto de 2022. La pequeña y un hermano menor viajaban a bordo de un automotor conducido por una amiga de su madre, quien llevaba a Heidi al hospital por un dolor en el estómago. La mujer observó una unidad militar en el camino y, al variar la dirección, escuchó disparos de arma de fuego. La niña murió en el acto.
DEJAR PASAR…
Durante el actual y los anteriores sexenios se han registrado conductas delictivas de algunos miembros de la milicia que hacen desconfiar de la efectividad de la estrategia de dar mayor fuerza a los militares en las tareas de seguridad pública y de administración.
ZETA documentó en las administraciones gubernamentales de Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto, hechos en los que miembros del Ejército auxiliaron a narcotraficantes en el trasiego de drogas, brindando información o protección, dejando pasar cargamentos o incluso transportando enervantes en unidades militares.
La administración de Andrés Manuel López Obrador no está exenta de este tipo de acciones, como la que involucró a elementos de la Secretaría de Marina encargados de custodiar el puerto de Ensenada, quienes el 5 de diciembre de 2019, permitieron que un yate cargado con 89 paquetes que contenían 432 kilos 440 gramos de marihuana, ingresara al recinto y fuera botado en el muelle. La sospecha de otros marinos y de personal de Sedena impidió que los narcotraficantes lograran su cometido.
Dos marinos fueron imputados por su probable comisión en el delito contra la salud en la modalidad de colaboración para fomentar el cultivo y cosecha de marihuana, por lo que se les dictó auto de vinculación por dicho ilícito en un Juzgado Militar de Control. La videovigilancia pudo establecer que los elementos se desentendieron del ingreso de un vehículo tipo pick-up color blanco, con un remolque y una embarcación tipo yate, donde estaba la droga, sin practicar la revisión ordenada en consignas. Uno de los marinos fue al baño y el otro camino en sentido contrario al recinto portuario.
Un hecho más grave se descubrió el 22 de julio de 2021, durante el pase de revista en el depósito de materiales de guerra del Tercer Batallón de Fuerzas Especiales de la Sedena, con sede en Temamatla, Estado de México. El comandante, un Coronel de Infantería Diplomado de Estado Mayor, ordenó abrir las cajas de granadas calibre 40 milímetros que fueron suministradas un año antes. La sorpresa fue que, al abrir ocho cajas consecutivas, los empaques al vacío estaban rotos y en vez de granadas había botes de yogurt para simular el peso. Faltaban 280 granadas con fecha de fabricación de 2019, valuadas en 293 mil 896 pesos 40 centavos.
El Teniente Coronel Marcos de Jesús A, Comandante de la Escuadra de Materiales de Guerra, fue vinculado a proceso por su probable responsabilidad en la comisión del hecho con apariencia del delito de ejercicio ilícito del servicio público. No le acusaron de robo porque, a la fecha, persiste la duda respecto a si el día de la recepción de las granadas (en total 774), el 6 de mayo de 2020, el material existía físicamente, aunque se acusó recibo del mismo, no así por el militar imputado y responsable del depósito que no contaba con medidas de seguridad.
También se presentaron actitudes criminales de algunos mandos medios que fueron judicializadas, como la presentada el 6 de julio de 2021, cuando durante los ejercicios militares, el Teniente de Sanidad, Marco Antonio A, al mando de cadetes de primero y segundo año de la Escuela Militar de Oficiales de Sanidad, les ordenó embarazar sus armas y cruzar un jagüey sin conocer su profundidad. La instrucción consistía en entonar la porra número uno de la escuela, dar un grito de guerra al escuchar el silbatazo y cruzar nadando con su arma. Dos cadetes murieron ahogados.
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La tragedia ocurrió en las instalaciones del Centro de Adiestramiento Regional de la Primera Región Militar, con sede en el Campo Militar Número 37-C en San Miguel de los Jagüeyes, Estado de México. El comandante del adiestramiento fue encausado penalmente por los delitos, todos dentro de actos de servicio, desobediencia, abuso de autoridad y homicidio simple, que después fue variado a homicidio culposo. El mando castrense actuó con desconocimiento pleno de la profundidad, irregularidades del fondo del terreno y condiciones del jagüey, y sin el protocolo necesario de medidas de salvavidas ni personal médico de ambulancia para este tipo de actividades, se dijo en su expediente judicial.
MALAS CUENTAS
En el terreno administrativo también se tienen antecedentes de faltantes, compras a sobreprecio, adquisiciones sin ser licitadas, transacciones con familiares, desvío de recursos y acciones fraudulentas en la Sedena durante las administraciones de Calderón y Peña Nieto. También con López Obrador existen casos de corrupción en las Fuerzas Armadas, sobre todo en hospitales con el apoderamiento ilícito de medicamentos por parte de algunos malos servidores públicos.
Durante una auditoría practicada entre el 12 de enero y 15 de febrero de 2019, se conocieron cinco observaciones, una de ellas administrativa y cuatro económicas, consideradas así por el interventor, de las cuales se desprende que el Teniente Coronel Pagador, Gustavo Cesar B, no justificó el destino de más de 710 mil pesos asignados por parte del Ejército Mexicano y que fueron radicados a través de la pagaduría, realizándose transferencias a su nombre y al de un cabo ayudante de contabilidad. Se dio paso a una carpeta de investigación preliminar por malversación de fondos.
Después se conoció del presunto fraude del Mayor Médico Cirujano, Nahúm Alejandro E, quien perteneciendo al Hospital Militar de Zona Constituyentes, acudió al Hospital Central Militar en fechas 12 de abril, 2 de mayo y 9 de diciembre de 2019, para solicitar medicamentos y supuestamente llevarlos al nosocomio de su adscripción, engañando a médicos militares que le proporcionaron el apoyo, sin que las referidas medicinas con un valor total de 136 mil 218 pesos 60 centavos, ingresaran al hospital señalado en primer término. El Mayor fue vinculado a proceso por fraude.
Julio César T, quien también ostentaba el grado de Mayor Médico Cirujano, fue imputado por los delitos de ejercicio ilícito de servicio público, falsificación y fraude, por apoderarse de medicamentos como Lenalidomida, Ruxolitinib, Imatinib y Teriflunomida, los cuales supuestamente recetaba a diversos pacientes, de quienes alteraba sus expedientes clínicos cuando fungía como galeno y a su vez como jefe de la subsección de Medicina de Mujeres del Hospital Central Militar. Los hechos ocurrieron durante el periodo del 26 de abril al 20 de diciembre de 2019, perjudicando con ello al patrimonio de la Sedena por 5 millones 405 mil 876 pesos con 50 centavos.
Por su parte, al Coronel Ingeniero Constructor Diplomado de Estado Mayor, Rafael Alejandro G, subdirector de la Dirección General de Ingenieros de la Sedena, le enjuiciaron por el presunto fraude de 252 millones 856 mil 30 pesos con 80 centavos y uso ilícito de atribuciones y facultades. Una auditoría puso en tela de juicio un contrato signado por el mando castrense con una empresa particular para materializar el programa de impermeabilización 2019 en las doce regiones militares del país. Sin embargo, el coronel no contaba con la autorización del titular de la Defensa Nacional.
Algunas de las acciones de impermeabilización y pintura se realizaron de manera preliminar en 21 organismos de la Primera Región Militar, encontrándose pendiente la entrega en las once regiones militares restantes del país, incumpliendo así las fechas establecidas para la entrega de material y aplicación. Pese a ello, el imputado no hizo nada por penalizar a la empresa, cancelar el contrato y conseguir el reintegro del dinero erogado. El asunto se encuentra en reposición de procedimiento por un amparo obtenido por el imputado.
Otros dos militares procesados por acciones corruptas encuadradas en los delitos de ejercicio ilícito del servicio público y fraude, son el Sargento Primero Asistente de Tratamiento Médico, Edgar Bodi U, y el Subteniente José Manuel C, quienes prestando sus servicios en la Unidad de Especialidades Médicas en Ciudad de México, entre los días 10 y 15 de octubre de 2019, engañaron a médicos civiles para que estos suscribieran recetas a nombre de once pacientes y apoderarse de 32 cajas del medicamento Teriparatida de 250 unidades, las cuales se repartieron por mitad.
La medicina conseguida por autoría intelectual de José Manuel C, responsable en la Consulta Externa de Ortopedia, tiene un valor de 145 mil 137 pesos con 92 centavos.
Los Juzgados Militares son Órganos del Fuero de Guerra competentes para conocer de los delitos y las faltas de índole militar, de acuerdo a lo establecido al Artículo 13 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, mismos que se encargan de declarar la inocencia o culpabilidad de aquellos que prestan sus servicios en el instituto armado y, en su caso, imponer las penas y sanciones establecidas por las leyes castrenses.
