La Corte Penal Internacional (CPI) dictó, el 17 de marzo de 2023, una orden de detención contra el presidente de Rusia, Vladimir Putin, por ser el supuesto responsable de crímenes de guerra cometidos por tropas rusas en Ucrania.
Además, el Tribunal Penal Internacional -ubicado en La Haya, de Países Bajos- emitió otra orden de arresto contra la política rusa María Lvova-Belova, comisionada presidencial para los Derechos del Niño en Rusia, con la misma acusación.
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Lvova-Belova es la funcionaria rusa “presuntamente responsable del crimen de guerra de deportación ilegal de población [menores de edad] y traslado ilegal de población [niños]” de las partes ocupadas de Ucrania, según indicó la CPI, en un comunicado.
La Corte Penal Internacional emitió una orden de arresto contra el presidente de Rusia, diciendo que Putin es “presuntamente responsable del crimen de guerra de deportación ilegal de población [niños] y del traslado ilegal de población [menores de edad] de las áreas ocupadas de Ucrania a la Federación Rusa”.
“Los crímenes supuestamente se cometieron en el territorio ocupado de Ucrania al menos desde el 24 de febrero de 2022. Hay motivos razonables para creer que el señor Putin tiene responsabilidad penal individual por los crímenes antes mencionados, (i) por haber cometido los actos directamente, junto con otros y/o a través de otros, y (ii) por no ejercer un control adecuado sobre los subordinados civiles y militares que cometieron los actos, o permitieron su comisión, y que estaban bajo su autoridad y control efectivos”, agregó la CPI.
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En mayo de 2022, Putin firmó un decreto para facilitar la concesión de la ciudadanía rusa a algunos menores. El 16 de marzo de 2023, una investigación respaldada por la Organización de las Naciones Unidas (ONU) citó los ataques rusos contra civiles en Ucrania, incluida la tortura y el asesinato sistemáticos en las regiones ocupadas, entre los posibles problemas que equivalen a crímenes de guerra y posiblemente crímenes de lesa humanidad.
La amplia investigación también encontró delitos cometidos contra ucranianos en territorio ruso, incluidos niños ucranianos deportados, a quienes se les impidió reunirse con sus familias. La Comisión de Investigación de la ONU concluyó que “las situaciones que examinó respecto al traslado y la deportación de niños, dentro de Ucrania y a la Federación de Rusia respectivamente, violan el derecho internacional humanitario y constituyen un crimen de guerra”.
“La Comisión constató que las oleadas de ataques realizados por las fuerzas armadas rusas desde el 10 de octubre de 2022 contra las infraestructuras energéticas ucranianas, y el recurso a la tortura por parte de las autoridades rusas podrían constituir crímenes contra la humanidad”, apuntó, recomendando que se abrieran investigaciones adicionales.
Asimismo, el organismo de la ONU descubrió “un esquema de detención ilegal generalizado” en las zonas controladas por las fuerzas armadas rusas, contra varias personas, incluyendo mujeres y niños. En febrero de 2023, Lesia Zaburanna, diputada del Parlamento ucraniano, denunció que más de 16 mil niños ucranianos habían sido deportados a Rusia, desde que comenzó la invasión a Ucrania, el 24 de febrero de 2022.
La parlamentaria de Ucrania aseguró que en dicho periodo otros 350 niños ucranianos habían sido dados por desaparecidos y se había logrado localizar a un total de 9 mil 510 menores de edad, que estaban ilocalizables desde que se inició el conflicto.
Zaburanna dijo que la cifra de menores deportados representaba el 20 por ciento de los niños de Ucrania y señaló que al menos la mitad fueron separados de manera forzada de sus padres. Asimismo, la parlamentaria denunció que los menores de edad eran forzados a recibir mensajes de propaganda política rusa durante horas, con la intención de ideologizarlos en favor del Kremlin. “Les cambian el nombre y les lavan el cerebro”, indicó la diputada ucraniana.
“La propaganda es un gran problema para nosotros porque convencen a las personas de ir a Rusia pero después se les imposibilita volver porque les venden una realidad falsa y no les facilitan documentos”, insistió la legisladora.
