César Horacio Duarte Jáquez, ex gobernador de Chihuahua -del 4 de octubre del 2010 a 3 de octubre del 2016- y ex militante del Partido Revolucionario Institucional (PRI), del cual fue expulsado en enero del 2019-, sufrió un infarto, el 30 de marzo de 2023, dentro del Centro de Readaptación Social (CERESO) Estatal Número 1, de Aquiles Serdán, ubicado en la capital homónima de Chihuahua, donde permanece internado, con la medida cautelar de prisión preventiva.
Según lo indicaron medios locales y el diario El Universal, el médico particular del ex mandatario chihuahuense ingresó al citado penal para atender a Duarte Jáquez. Asimismo, la defensa del ex gobernador lo reportó estable, debido a que se le dio atención médica oportuna.
Los abogados del ex mandatario de Chihuahua presentaron el testimonio de los médicos de Duarte Jáquez, un cardiólogo y un fisioterapeuta, quienes aseguraron que el paciente, quien padece de hipertensión, requiere de atención especial, misma que tendría que realizarse fuera del penal.
Durante una audiencia realizada en una sala del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) chihuahuense -que inició a las 9:50 horas y concluyó a las 16:55, del 2 de febrero de 2023-, la defensa del ex gobernador solicitó el cambio de medida cautelar para Duarte Jáquez, argumentando problemas médicos, pero la petición fue rechazada por el juez de control, quien también otorgó una ampliación de plazo de dos meses, para celebrar la audiencia intermedia, la cual se realizaría el 3 de abril de 2023.
Los abogados del ex mandatario estatal de Chihuahua presentaron el testimonio de los médicos de Duarte Jáquez, un cardiólogo y un fisioterapeuta, quienes aseguraron que el paciente, quien padece de hipertensión, requiere de atención especial, misma que tendría que realizarse fuera del penal.
El ex gobernador se encuentra vinculada a proceso por un presunto peculado y asociación delictuosa por 96 millones 685 mil 253 pesos. Fue extraditado a México, en junio de 2022, luego de haber permanecido detenido en Florida, Estados Unidos, desde julio de 2020.
El 29 de marzo de 2023, Duarte Jáquez envió una carta a la magistrada presidenta del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Chihuahua, Myriam Hernández, y al titular de la Fiscalía General estatal, César Gustavo Jáuregui Moreno, a través de la cual aseguró ser un “botín político”, debido a que dice llevar casi tres años en prisión sin recibir algún tipo de sentencia condenatoria. Sin mencionarlo por su nombre, acusó a su predecesor, Javier Corral Jurado, de “mentiroso” y de derrochar recursos en la llamada “Operación Justicia para Chihuahua”, así como de “tortura ordenada y consentida.
“A casi tres años de estar privado de mi libertad y de mi patrimonio, dejé de ser un perseguido político y solo soy un botín político para un muy cuestionable interés político”, indicó el ex militante priista, quien también acusó un olvido por parte de las autoridades sobre su caso y aseguró que no buscaba un indulto, sino un juicio justo y apegado a la ley.
“Existe perfecta claridad en el día que empezó mi nombre, mi historia y mi patrimonio a ser destruidos para darle a Chihuahua una supuesta justicia ofrecida por un quinquenio maldito; sin embargo, no hay claridad respecto de cuándo terminará la protección que las Instituciones del Estado parecieran brindar con impunidad y sin justicia, contra quienes usan el poder sólo en favor de sí mismos”, expuso Duarte Jáquez.
“¿En qué momento el Poder Judicial del Estado olvidó que en ningún caso una persona puede estar privada de su libertad sin una sentencia condenatoria por más de dos años? ¿En qué momento el Poder Judicial del Estado olvidó que los actos procesales tienen plazos y términos de carácter no discrecional sino obligatorios y que deben cumplirse? ¿En qué momento el Poder Judicial del Estado olvidó la soberanía que la Constitución le confiere a su poder?”, cuestionó.
El ex mandatario estatal reprochó que el Poder Judicial del Estado, “de la manera más absurda y contraria a derecho”, niega solicitudes legalmente fundadas y resuelven en contra de manera automática con la única finalidad de que los Juzgados Federales resuelvan, lo cual, dijo, dilata resoluciones y utiliza al Poder Judicial de la Federación (PJF), además de pervertir su finalidad.
“Esto además de transformar el juicio de amparo de un medio de control constitucional en un medio para que resuelva un Juzgado Federal lo que un Poder Judicial del Estado dolosamente no resuelve; generando con ello, una enorme desconfianza en la sociedad ante la administración de una “Justicia” selectiva que hicieron una clara e identificada cantidad de Jueces de Consigna quienes cometieron atroces atropellos (como el caso de José Lázaro Joaquín López q.e.p.d.) y que gozaron y siguen gozando de total impunidad”, señaló Duárte Jáquez.
“¿En qué momento la Fiscalía del Estado olvidó que sus actuaciones también están todas ellas sujetas a la Constitución y al Código Nacional de Procedimientos Penales, así como a los Tratados Internacionales? ¿Cómo fue que olvidó que los bienes asegurados y embargados tendrán en su momento que ser devueltos tal como fueron asegurados y embargados junto con los productos de los mismos? ¿Cómo es que olvidó que dicha responsabilidad no es ya responsabilidad de la perversa administración estatal anterior?”, inquirió el ex gobernador chihuahuense.
“Dichos bienes, fueron objeto ya de un juicio de extinción de dominio bajo el número de Expediente 74/21, juicio que se concluyó conforme a derecho al demostrar que dichos bienes habían sido adquiridos antes de haber sido gobernador; sin embargo, horas después, de manera absurdamente arbitraria e ilegal me volvieron a privar de ellos en complicidad jueces y ministerios públicos”, afirmó.
“Desde la primera vez que fueron asegurados y hasta la fecha, prácticamente toda autoridad y servidor público que entra en contacto con ellos, han cometido el delito de daños, o robo o despojo, todos estos delitos cometidos en mi contra por funcionarios públicos y cuyas instituciones a las que pertenecen parecieran que ignoran quienes en su carácter de depositarios y administradores son los responsables de denunciar y perseguir tales delitos, o ¿están esperando a que sea yo mismo quien los denuncie, cuando en este momento la responsabilidad legal es de ellos?”, se quejó.
“¿Podrá alguna vez explicar la Fiscalía cómo y por qué omite y no investiga a todo su personal que destruyó y robó, o permitió que destruyeran y robaran mis bienes que están bajo su responsabilidad y resguardo? O acaso ¿le siguen otorgando ilegal inmunidad entre muchos otros a Arturo Fuentes Vélez, Abril Portillo de la Fuente, José Jesús Jordán Orozco, Silvia Madrid Bustillos, Gregorio Daniel Morales Luévano? ¿De la nada desaparecieron, entre otras, las carpetas de Investigación NUC 19-2022-00005838 y NUC 19-2019-0026821; ¿necesitan más nombres, más números de carpetas de investigación o más denuncias?”.
“Las faltas graves de ministerios públicos y demás funcionarios parecen ser que merecieran por esta administración y por la historia la indolencia de un justificado olvido ¿Cómo es posible que la Comisión Estatal de Derechos Humanos pueda reconocer violaciones a los derechos humanos en ocho meses en un caso altísimamente similar al mío y en el mío hayan pasado ya veintiún meses y aún no haber presentado la recomendación conducente dejando mis Derechos Humanos completamente en el olvido?”, cuestionó.
“No busco indulto alguno; toda vez que un juicio justo y apegado a la Ley les dará la seguridad de que lo que de mí se dijo solo fue un gran teatro para una persecución política que en principio solo benefició a un ser inhumano y enfermo de sí mismo”, aseveró.
Duarte Jáquez recordó que el 25 de marzo de 2023 cumplió mil días de haber sido privado de su libertad, y enfatizó que aproximadamente mil 800 días antes ya había sido privado sin juicio ni proceso penal alguno de su honor y reputación, por un presunto peculado y asociación delictuosa por 96 millones 685 mil 253 pesos.
RESPONDE EL PODER JUDICIAL DE CHIHUAHUA
“El procedimiento legal se ha seguido conforme a los tiempos marcados por la ley. Quizás haya una imprecisión y se esté contando el tiempo que estuvo privado de la libertad en Estados Unidos, eso lo determinará el juez de la causa. Si hay alguna resolución federal que haya recaído en alguno de los juzgados del Poder Judicial del Estado de Chihuahua, se acata porque una resolución federal no se cuestiona, se cumple. No tenemos ninguna resolución pendiente de resolver, quizás no se refiera estrictamente a nosotros. El procedimiento en materia federal sigue su curso y ahí nosotros no tenemos ninguna injerencia”, indicó la magistrada presidenta del Tribunal Superior de Justicia, Myriam Hernández Acosta.
¿QUIÉN ES CÉSAR HORACIO DUARTE JÁQUEZ?
César Horacio Duarte Jáquez es originario de Hidalgo del Parral, Chihuahua. Nació en abril de 1963. Es abogado egresado de la Universidad del Valle de México (UVM). Desde 1977 fue militante del Partido Revolucionario Institucional (PRI). Sin embargo, en enero del 2019, el ex gobernador fue expulsado, a solicitud de Ernesto Nemer Álvarez, secretario Técnico del Consejo Político Nacional.
Dentro del PRI ocupó los cargos de presidente de la Confederación Nacional Campesina (CNC) en Chihuahua y Secretario de Organización del Comité Ejecutivo Nacional de la misma, así como consejero municipal y estatal de dicho partido, además de secretario general y dirigente del Comité Municipal en Parral.
Fue diputado federal suplente de Jesús Villalobos Sáenz de 1997 a 2000, además de que fue elegido para ocupar una curul en San Lázaro en dos ocasiones, en la LVIII Legislatura de 2000 a 2003 por vía de la representación proporcional y en la LX Legislatura, de 2006 a 2009, por el Distrito 9 de Chihuahua. También fue legislador al Congreso de Chihuahua en la LXI Legislatura por el Distrito 22, de 2004 a 2006.
El 18 de julio de 2008 la bancada del PRI en la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión lo eligió para ser presidente de la Mesa Directiva de San Lázaro durante el tercer año de ejercicio de la legislatura, de 2008 a 2009. El 25 de agosto de este último año manifestó públicamente su interés en ser candidato de su partido a la gubernatura de Chihuahua.
El 7 de enero del 2010 fue postulado como precandidato de unidad por el Comité Ejecutivo Nacional (CEN) del PRI. La convención de delegados de dicho partido lo eligió formalmente como candidato a la gubernatura el 28 de febrero de ese mismo año.
Resultó elegido en el proceso electoral constitucional el 4 de julio de 2010. Recibió la constancia de mayoría como gobernador electo el 8 de julio del 2010, por lo que asumió constitucionalmente la gubernatura el 4 de octubre del mismo año.
