La recomendación 5/2022 de la CEDH confirma lo que en 2019 se le cuestionó a la hoy gobernadora Marina Ávila: el primer paso de la “recuperación” del Centro Histórico estuvo plagado de abuso de autoridad en contra de la población más vulnerable: migrantes, adictos y los más pobres
Los cimientos del Centro Histórico de Mexicali y su recuperación por parte del actual gobierno, tienen como base el abuso de autoridad y las violaciones reiteradas a Derechos Humanos de al menos 600 personas durante casi 10 meses de “limpieza” y “recuperación” de espacios públicos.
El lunes 27 de febrero, la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH) dirigida por Miguel Ángel Mora Marrufo, dio un tremendo manotazo en la mesa al exhibir que el proyecto insignia del actual gobierno, había requerido mano dura contra personas en contexto de migración, adictos a las drogas, con padecimiento de sus facultades mentales y, finalmente, los más pobres.
Y no es precisamente por Mora Marrufo, quien ha sido un político sumamente permisivo ante los abusos de gobiernos como el de Jaime Bonilla Valdez, sino por visitadores comprometidos con las causas de Derechos Humanos y por la loable participación de la asociación civil Verter, que promueve el consumo seguro de enervantes.
Cuando Marina del Pilar Ávila Olmeda fungía como alcaldesa de Mexicali, subió para su análisis en Cabildo una acción de gobierno que pretendía detener a personas que deambulan por las calles del Centro de la ciudad e internarlos en centros de rehabilitación; o bien, trasladarlos a la Subcomandancia para que no causaran “mala imagen”.
Así, aproximadamente 600 personas que pernoctaban en el Parque del Mariachi o deambulaban por calles del Centro, fueron perseguidos como si las condiciones precarias fueran un acto digno de sancionarse.
Como si se tratara de una película de Luis Estrada (por aquello de que a los morenistas les encanta recibir al actor Damián Alcázar), fue mediante camionetas blancas y patrullas policiales que detuvieron a muchas personas con la única intención de retirarlos del lugar, cuando la realidad es que no hubo una preocupación genuina por brindarles bienestar. Tan es así que no se dio seguimiento a cada persona que ingresó a los centros de rehabilitación.
Al final, sólo el testimonio de cuatro personas fue suficiente para exhibir el acto perpetrado por policías al mando de la hoy titular de la Comisión Estatal del Sistema Penitenciario, María Elena Andrade Ramírez, cuando era directora de la corporación local.
No conforme con ello, policías o funcionarios municipales -aparentemente- falsificaron firmas de consentimiento para que las personas pudieran quedar internas en el centro de rehabilitación CRAADYR, dirigido por la familia de la hoy directora del Instituto contra las Adicciones, Lizeth Noriega, entonces diputada federal, la cual asumió cuando Marina del Pilar Ávila Olmeda dejó su curul para buscar la presidencia municipal de Mexicali. Dicho sea de paso, el centro de rehabilitación no contaba con certificaciones a nivel nacional para operar y, aun así, decidieron trasladarlos a este punto.
Lo más complicado es que la mayoría de las víctimas -por su situación- prefirieron no denunciar ni participar en el proceso judicial que iniciaron con el apoyo inicial de Verter.
Los gobiernos -ya sean panistas, priistas o morenistas- no han entendido que la persecución, la criminalización de personas en situación de calle y las acciones forzadas para obligar a la rehabilitación, no son mecanismos funcionales para que las personas recuperen sus vidas.
En Tijuana se inició con un proyecto similar hace años, llevaba por nombre Tijuana Mejora y tuvo el mismo desenlace cuando irrumpieron en la canalización del Río Tijuana para llevar a cabo prácticamente un acto similar.
Para los “nadie” no hay políticas públicas; para los “ninguneados” no existe una acción de gobierno que consista en ayudarlos a “recuperar” sus vidas; los que “valen menos” sólo cobran “notoriedad” en la nota roja de los periódicos locales cuando mueren en la vía pública.
