La actuaria del Poder Judicial de Baja California, Miroslava Osuna Frías, cumplió 51 años de labor dentro de la institución y, tras cumplir 70 años de edad en marzo, fue despedida de sus funciones sin derecho a una pensión o servicios médicos.
El viernes 17 cumplió su último día laboral; ella comenzó a trabajar como meritoria en el Poder Judicial de Baja California, dentro de las primeras oficinas ubicadas en Calle Ruiz, entre Primera y Virgilio Uribe en Ensenada.
Osuna considera injusto que a una persona que inició desde 1968 trabajando en el Poder Judicial, con una antigüedad de más de 50 años, le den un retiro en condiciones poco humanas. “Me voy sin un cinco”, lamentó.
Como ella, hay más empleados dentro de la dependencia que han recurrido a procesos legales para recibir una pensión o servicios médicos, aunque no lo conseguirán.
El Poder Judicial de Baja California se compone de mil 950 empleados, de los cuales son 700 de base sindical; el resto de los colaboradores, sin derechos laborales integrales, son 130 jueces y magistrados; mientras mil 120 son personal de confianza administrativos, secretarios y actuarios.
Información de Plataforma Nacional de Transparencia refiere que el sueldo mensual del presidente del tribunal es de 139 mil pesos; el, de un magistrado, de 112 mil pesos; un juez percibe entre 70 mil y 80 mil pesos; secretarios de Acuerdos, 35 mil pesos. Los salarios más bajos son para los comisarios -10 mil pesos-.
Alejandro Isaac Fragozo López, presidente del Tribunal Superior de Justicia y del Consejo de la Judicatura, confirmó que se reunió con Miroslava antes de su despido y la exhortó a realizar el proceso legal para recibir los servicios médicos.
DE INTENDENTE A ACTUARIA
En los últimos años, Miroslava Osuna trabajó con la tercera generación, es decir, los nietos de sus primeros compañeros del Poder Judicial. “Soy un caso único dentro del Poder en Baja California”, aseguró.
En unos días ella recibirá una prima de antigüedad sin jubilación, pero según una promesa del magistrado Fragozo, podría recibir servicios médicos por parte de Issstecali.
Sobre su trayectoria, contó que ingresó al sistema judicial luego de que su madre, en 1970, le consiguiera el empleo en el Juzgado Primero de lo Civil.
“Acababa de salir de la Academia Comercial, esa alumna habló con el juez y aceptó que fuera a hacer prácticas en septiembre de 1968 y no ganaba nada, era meritoria, sólo una propina como por tres años”, contó Miroslava.
De vez en cuando, dijo, cubría interinatos hasta que logró conseguir una base sindical como comisario hasta que pidió un permiso para ocupar un cargo como funcionaria pública, pero al volver su base, había sido reconocida e inició como trabajadora de confianza.
“Comencé como un comisario, que es el que lleva la correspondencia y hace la limpieza, trabajos varios. Incluso salir por comida con los compañeros”, recordó.
Posteriormente recibió el nombramiento de mecanógrafa, el cual desempeñó por un tiempo. Trabajaba y a la vez estudiaba la Licenciatura en Derecho en la Universidad Autónoma de Baja California (UABC) Campus Tijuana. Con los años obtuvo el cargo de actuaria en el Juzgado Segundo de lo Civil.
Instalan Comité para Juzgados Especializados en Violencia Familiar …seguir leyendo
LLEGARÁ SENTENCIA DE LAUDO DESPUÉS DE DESPEDIDA
“Estoy viviendo injusticia dentro del sistema de justicia”, aseguró la ex empleada, quien interpuso una demanda laboral que, a su juicio, ha estado archivada desde hace siete años. Promovió un amparo para que se dictara el laudo, y aunque la solución fuera a su favor, sería demasiado tarde. Ya no se continuó porque estaban las resoluciones de sus compañeros, condenaban al trabajador todas las cuotas que se omitían, todo el tiempo de esa antigüedad, a que pagara sus aportaciones.
“No voy a poder pagar ese dinero, empiezo a cotizar ahorita y en todo ese dinero porque no va a poder pagar lo anterior, mejor ahí se queda”, dijo.
Entre sus diligencias, Miroslava recordó distintos desalojos trascendentales en el municipio de San Quintín, Delegación Ojos Negros y el más importante: la comunidad de Santa Rosa en La Misión. En este último tuvo que desahuciar en un predio ejidal a por lo menos 50 familias de sus viviendas.
La diligencia fue un logro, pues el caso tenía años detenido, sin embargo, fue una experiencia conmovedora al tener que sacar a niños y mujeres con un destacamento integrado por 37 policías municipales, estatales y federales a su cargo. Osuna considera que el Congreso del Estado debe voltear hacia ese sector.
Otra experiencia que evocó, tuvo lugar en 2003, cuando sus compañeros interpusieron una demanda colectiva para recibir la base sindical, pero vinieron del tribunal y traían renuncias por escrito listas para firmar por aquellos que no desistieron del proceso legal.
“Pido por mis compañeros también, hay muchos enfermos, otras diferentes discapacidades, tenemos dos casos de empleados con problemas de lupus, deben entender, es un asunto de derechos humanos”, sostuvo. “Estoy viviendo una injusticia por quienes imparten la justicia. Me gustaría mucho que volteara a vernos el Congreso del Estado y la gobernadora, la fiscalía; está bien, estamos muy olvidados, les da miedo alzar la voz, no quieren”, lamentó Miroslava Osuna Frías.
“Usé la primera fotocopiadora del Juzgado porque antes se hacía todo a máquina, la Barra de Abogados donó una fotocopiadora y me comisionaron, aparte de mi trabajo auxiliar, a que manejara la operación de la fotocopiadora”, rememoró.
Salía de su casa a las siete de la mañana, y del Juzgado, a las tres de la tarde. De ahí se iba a estudiar la secundaría, después la preparatoria y por último la universidad.
“Era joven, todo podía, los abogados me decían que estudiara, y así fue como me animé”, indicó la abogada que en sus inicios trabajó con Gregorio Vite De Hita.
“Los que querían salir adelante en un ambiente de hombres, estuvieron muy a gusto con los titulares de los Juzgados. ‘La última queja de su trabajo, porque le gusta, disfruta. Lo único es que después de más de 50 años, se vaya sin un cinco, es una injusticia’, le dije a la licenciada Marcela. Estaba en un permiso porque pensaba hacer una huelga de hambre, pero se vinieron las lluvias”, reveló la actuaria.
Su siguiente paso es una huelga de hambre y no sólo la hará por ella, sino por los demás empleados de confianza y para sentar un precedente. “Basta de que tengan miedo todos, yo no tengo miedo. Justicia”, puntualizó Osuna Frías.
HAY LAGUNAS EN LA LEY
El abogado Guillermo Rivera Millán, especialista en asuntos laborales, opinó que hay un vacío legal que no previó la reforma a la Ley del Issstecali de 2015. Este tipo de trabajadores “son el arroz negro del gobierno, son invisibles para la Secretaría del Trabajo, estatal y federal, pues sólo asumen problemáticas laborales de la iniciativa privada”, lamentó.
Existe un modelo dividido de trabajadores que son de confianza contra jueces y magistrados, a quienes se les promueve un haber de retiro, aunque lo correcto es hacer un nuevo planteamiento y reflexionar por parte del Poder Judicial si continuar haciendo esta división entre jerarquías de alto rango u homologar criterios.
Los jueces han tratado de manejar su haber de retiro, y en esa lógica, tener acceso a un tema económico, “en vez de buscar esa división, si se hace un replanteamiento de un modelo de salud integral para todo el personal, sin distinción y sin clases por grado de actividad, pero no hacer distinción”, explicó Rivera.
Proyectistas, secretarios, actuarios, auxiliares de confianza, son los que batallan para tener acceso a pensión yseguridad social integral.
En 2015 se modificó la Ley de Issstecali. En la plantilla de confianza y de pensiones en el Poder Judicial no se aplicó la Ley porque tenía demandas por reconocimiento de antigüedad para el fondo de pensiones generado aleatoriamente, y los que se obtenían, se suscriben al sistema.
“Lo que hay en este momento es tener 70 o 75 años, y por lo menos 15 años cotizados tener un tipo de pensión. Esto es un juego entre los años cotizados y la edad, donde se les empieza a descontar”, ejemplificó el abogado.
“Lo que hay en este momento es tener 70 o 75 años, y por lo menos 15 años cotizados tener un tipo de pensión. Esto es un juego entre los años cotizados y la edad, donde se les empieza a descontar”, ejemplificó el abogado.
Adicionalmente, la Ley no prevé esta situación de posibles pensiones humanitarias que se aplican de manera discrecional, aunque con sus limitaciones.
