Los artilugios legales para postergar las acusaciones en contra de la banca acusada de retener ilegalmente un monto de 123 millones de pesos, propiedad de los bajacalifornianos, volvieron a manifestarse la mañana de este viernes 10 de febrero, cuando notificaron a la jueza de control que cambiarían de abogados.
Lo anterior se notificó de manera oficial durante la audiencia de formulación de imputación prevista este viernes 10 de febrero en la Sala 3 del Centro de Justicia de Río Nuevo, en Mexicali, donde la empresa, con el apoyo de la jueza María de Jesús Acosta Sumarán, solicitó que los nombres de sus representantes legales y de la propia empresa bancaria, no pudieran ser revelados durante el juicio, medida que fue solapada por la encargada de impartir justicia.
En una entrevista realizada el 6 de abril del 2022, el secretario de Hacienda, Marco Antonio Moreno Mexía, fue cuestionado por los medios de comunicación sobre la retención del dinero y aseveró que la empresa bancaria actuó en contubernio con Next Energy para retener el recurso.
“Los plazos ya se vencieron, el primero fue el 8 de marzo y el segundo el 23 de marzo. No se restituyó el dinero, ante esta actitud de AFIRME se presentó el 26 de marzo una ampliación a la denuncia que se había realizado el 4 de marzo”, refirió el funcionario.
A la audiencia no pudieron acudir camarógrafos debido a que la determinación de la jueza Acosta Sumarán, fue complaciente con la banca a la que Moreno Mexía se refirió como “AFIRME”, e impidió el ingreso de cualquier equipo que ayudara a reproducir lo que se documentara en la audiencia.
Durante el caso, los defensores particulares, quienes también pidieron que no se revelara su identidad -también con la jueza Acosta Sumarán-, solicitaron el diferimiento debido a que se revocaría a los abogados encargados del caso por parte de la empresa a la que Marco Moreno Mexía se refirió como “AFIRME”, por así convenir a sus intereses.
El Ministerio Público consideró que no habría problema por el diferimiento. Sin embargo, adelantó que solicitaría sólo la presencia de los dos representantes legales que actualmente se encuentran prófugos de la justicia, y no de la banca, lo que provocó un debate con los defensores, debido a que los últimos mencionados referían que el caso no podía dividirse, por lo que de omitirse se verían obligados a otorgar un sobreseimiento del caso contra la institución bancaria.
Luego de analizar una tesis aislada citada por los defensores, y tras un debate que requirió dos recesos para que la jueza llegara a una determinación, se definió un diferimiento de audiencia para el día 24 de febrero, en la misma sala y a la misma hora.
