1.- Plan de Previsión Social. Es un beneficio que nació como producto de una gestión sindical de la Sección 37 del SNTE y que culminó después de realizados los convenios del ejecutivo del estado con la Secretaría de Hacienda, con la firma de contrato de fideicomiso entre el entonces Gobernador del Estado, Ing. Óscar Baylón Chacón, como fideicomitente, y Banca Serfín S.N.C., representada por el Lic. Alejandro Salinas Reyes, como fiduciario.
2.- Los fondos con los que opera el fideicomiso desde su origen son parte del Impuesto Sobre el Producto del Trabajo (ISPT) que la Secretaría de Hacienda por convenio con el Estado permite se retengan como una especie de pago a los servicios del mismo, por ser esta la institución que opera su captación y envío a la misma. Esa parte del ISPT, que se queda en el estado, es la que por obligación debe ser fideicomisada y regresada a los trabajadores en forma de beneficio social, a través de un Plan de Previsión Social.
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3.- El Plan y el Contrato de Fideicomiso fue firmado el 28 de julio de 1989.
4.- El Gobierno del Estado instruyó a la Secretaría de Finanzas para que, por medio del concepto G2, se pudiera observar las cantidades que de cada trabajador se retendrían de su impuesto y que deberían integrarse al fideicomiso.
Cabe hacer hincapié que el compañero y hoy ex diputado Roberto Pérez de Alva, durante su gestión realizó numerosas y enérgicas peticiones para que la Secretaría de Finanzas entregara informes detallados, pero encontró mil y un pretextos para obtener información.
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En otras palabras, de lo que estamos hablando es de un seguro de vida que se otorga a los beneficiarios que los trabajadores de la educación designan en su cédula testamentaria. Son 65 meses de salario, que -hablando en pesos y centavos- equivale a la suma aproximada de uno a tres millones de pesos que se deberían pagar al momento del fallecimiento en una sola emisión; y no como pago fúnebre de consolación y a lo largo de cinco años.
Nuestros compañeros que fallecieron ya nada pueden hacer para rescatar esta importante prestación o seguro de vida, pero los compañeros activos, jubilados y secretarios generales delegacionales sí pueden revertir esta situación, esto si no están coludidos con la corrupción y los líderes sindicales seccionales.
Este beneficio o seguro de vida no cuesta un centavo ni a los trabajadores ni al Gobierno del Estado. Tampoco tiene el Gobierno facultades para manipularlo o desviarlo hacia otros rubros o dependencias. Y mucho menos desaparecerlo, como al parecer es el caso.
En la actualidad existe un rezago de cinco años para el pago de ese seguro de vida, sin que hasta el momento el Gobierno Federal se dé por aludido. Aquí y en China a esto se le llama corrupción y saqueo… Y no pasa nada.
En Baja California vivimos en un mar de corrupción, mientras la 4T premia a Bonilla y blinda política y jurídicamente a Kiko Vega. Y mientras, los deudos de nuestros compañeros siguen esperando desde hace cinco años. Ya basta de hacerse de “la vista gorda”. ¡Impunidad y corrupción sin precedentes en Baja California!
Señor Presidente, el magisterio tiene otros datos. Que se haga justicia en tierras cachanillas.
Hasta hace poco tiempo nos enteramos que en el año 2019 se cambió el reglamento del fideicomiso y se facultaron (unilateral e irresponsablemente) para pagarlo en mensualidades en un lapso de hasta cinco años. Y además se otorgaron el poder de extinguirlo en el momento que considerarán pertinente hacerlo.
Y la Sección 37… calladita. Esta fue “la herencia maldita” de María Luisa Gutiérrez Santoyo, misma que el actual líder del magisterio estatal, Maestro Ampelio Íñiguez Arellano, finge desconocer. O se hace que la Virgen le habla.
Atentamente,
Profr. Francisco Heredia Guzmán.
Tijuana, B.C.
