Un total de 323 internos originarios de otros países, los cuales enfrentan procesos judiciales o purgan penas por 558 delitos, se encuentran distribuidos en los cinco Centros de Reinserción Social (Cereso) de Baja California, cuya población asciende a 13 mil 250 presos.
A ellos se suman los 96 reclusos de pueblos originarios que se ubican principalmente en el municipio de Ensenada, los cuales requieren atención especial en torno a sus procesos judiciales, no así en su reclusión.
Una petición de Transparencia reveló el número de procesos judiciales y delitos cometidos por personas originarias de otros países que permanecen recluidas en los diversos penales de la entidad, los cuales van desde allanamiento de morada, violencia familiar y amenazas, hasta lenocinio, homicidio, desaparición forzada y delitos contra la salud. Conducta similar a la que tienen las personas de pueblos originarios.
Sólo el 15 por ciento de los presos referidos recibe algún tipo de apoyo familiar o de personas que se interesen en ellos, por lo que prácticamente se encuentran en abandono.
De acuerdo con María Elena Andrade Ramírez, comisionada del Sistema Penitenciario de Baja California, al arranque de su administración se tuvo que realizar una inspección al interior de los penales del Estado para analizar sus condiciones, identificándose que era necesario actualizar y establecer algunos protocolos para la atención de extranjeros y personas de pueblos originarios, con el objetivo de no violar sus Derechos Humanos.
Según el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) en su último censo de 2020, Baja California pelea el tercer lugar a nivel nacional de población penitenciaria, sólo por debajo de Estado de México y Ciudad de México, y compitiendo con Jalisco, entidades con mayor número de habitantes.
MAYORÍA SON DE EU
Una solicitud de Transparencia con número de folio 022499923000003, realizada por ZETA, dio a conocer la cantidad de procesos judiciales que llevan los extranjeros recluidos en la entidad, donde destaca la participación de ciudadanos estadounidenses que, cabe señalar, en su mayoría se encuentran en el penal de Tijuana.
Según un análisis de la Comisión Estatal del Sistema Penitenciario (CESISPE), se tienen identificados 323 extranjeros de diferentes nacionalidades: 253 estadounidenses, un haitiano, once salvadoreños, un peruano, dos chilenos, 10 guatemaltecos, dos israelíes, 27 hondureños, cuatro indios, dos nicaragüenses, un colombiano, tres dominicanos, un venezolano, tres panameños y dos cubanos.
María Elena Andrade Ramírez, titular del CESISPE, comentó que el Consulado de Estados Unidos en México sostiene constante atención hacia los internos en Baja California, al grado de hacer visitas periódicas para revisar sus casos y condición de salud.
Sin embargo, el resto de los internos recibe poca atención de sus gobiernos, debido a las distancias.
“(Cuando recibí la administración) Había condiciones deplorables al grado de tener un riesgo de motín. El Consulado de Estados Unidos tenía preocupación, debido a su situación nos pusimos a trabajar, los trasladamos por el hacinamiento y por la peligrosidad de estos individuos”, refirió la funcionaria.
“A veces atienden temas de enfermedad, de personas extranjeras crónico degenerativas. En Tijuana hay alguien con padecimientos mentales; él prácticamente vive en la enfermería y es atendido constantemente. Altos funcionarios han venido a visitarlo y ver su caso, y se va sabiendo que está siendo atendido como si estuviera hospitalizado”.
Agregó que por el número de personas y la lejanía, extranjeros de la India, Israel, Colombia, Chile, entre otros, no reciben la misma atención por parte de sus gobiernos.
“La Ley de Ejecución, la Ley da Cuenta de la Estancia de este Estado y país, en caso de que no diéramos una atención debida incurriríamos en responsabilidad, por eso les avisamos. El hecho de que países tan alejados no vienen, pues les avisamos, cada país tiene su soberanía, y más específicamente en centros penitenciarios”.
Entre los delitos más cometidos por estadounidenses, se encuentra el homicidio, con 74 procesos judiciales abiertos; seguido de portación de armas de uso exclusivo del Ejército, con 50 personas detenidas.
También hay 17 ciudadanos estadounidenses aprehendidos por secuestro, once por violación, uno más bajo investigación por el delito de terrorismo, dos por operación de recursos de procedencia ilícita y uno más por encubrimiento de las mismas operaciones.
En el documento ofrecido por medio de Transparencia también se incluye a un norteamericano acusado de desaparición forzada, inhumación y exhumación de cadáveres; otro por evasión de reos; uno por maltrato o crueldad animal; e incluso existe un interno acusado de conducir en estado de ebriedad.
El resto de los detenidos ha infringido el Código Penal en diversos delitos, desde la violencia familiar hasta el robo calificado, con violencia y de vehículo.
EL RESTO DE LAS COMUNIDADES
Andrade Ramírez aseveró que la mayoría de los internos hablan español, pues son originarios de países donde se maneja dicho idioma. Sin embargo, existen algunos casos como los internos originarios de Israel e India; o bien, comunidades indígenas donde la situación es un tanto diferente.
Y es que, aseguró, las personas con esas nacionalidades tienen varios años viviendo en Baja California, o bien, fueron deportadas a México, provenientes de EU, por lo que sí no dominan el español, se logra tener comunicación mediante el inglés.
“Por ser la primera frontera, ellos hablan inglés o español, la Ley no dice que tenga un lenguaje perfecto, sino sólo fluido; no hemos necesitado un hebrero o árabe, pero tenemos mucho contacto con el Poder Judicial del Estado, traductores al Tribunal de Justicia, en todos los idiomas del mundo. En caso de que lo requiriéramos, en el hindú hablan su idioma y el inglés, regularmente sí entienden el español y el inglés”, subrayó.
Según la información obtenida mediante Plataforma Nacional de Transparencia (PNT), los dos israelíes detenidos en Baja California enfrentan procesos de robo calificado, violación y dos por delitos contra la salud. Referente a los dos indios, enfrentan cargos por homicidio, daño en propiedad ajena, robo de vehículo, con violencia, posesión de armas de uso exclusivo del Ejército y de narcóticos.
Dos colombianos enfrentan cargos por secuestro, al igual que dos panameños; un chino por delitos contra la biodiversidad y otro por posesión de narcóticos; dos salvadoreños por lenocinio y otros seis por homicidio; también se cuenta con un haitiano y un peruano acusados de feminicidio; y dos delitos cometidos por hondureños en contra de policías.
Además, 96 representantes de pueblos originarios son parte de los Kiliwa, Paipai y Kumiai, bajo proceso judicial por homicidio, lesiones, robo y delitos contra la salud.
“Muchos extranjeros, la mayoría viene de la calle, con adicciones a drogas sintéticas, ellos pasan por un proceso de desintoxicación en ingresos, duran dos semanas, porque también, con las nuevas variantes de virus e influenza, tenemos que asegurarnos mucho. Ellos están 15 días, revisión médica o que no traigan tuberculosis, darle la atención y el espacio debido”, refirió la directora del CESISPE.
ZETA solicitó información al Poder Judicial, a la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH) y al Consulado de Estados Unidos sobre la atención que brindan a sus connacionales.
Los primeros mencionaron que en cada caso de esta naturaleza buscan garantizar que durante los procesos judiciales cuenten con la asesoría legal y de lenguaje necesaria para comprender el proceso judicial en caso de ser requerido, mientras que los segundos indicaron que, dependiendo de su competencia, tienen la capacidad de atender estos casos, siempre y cuando exista una queja de por medio.
La funcionaria agregó que todos los internos tienen la posibilidad de recurrir a cualquier actividad recreativa o profesional al interior de los distintos penales de la entidad, con el objetivo de aprender alguna actividad, mejorar su nivel educativo; o bien, hacer puntos para obtener una salida anticipada.
Sin embargo, hay algunas complicaciones derivadas en temas religiosos, puesto que los grupos eclesiásticos que se ubican dentro del penal son católicos o cristianos, pero no se cuenta con otro tipo de iglesia.
Con frecuencia, los internos de otras religiones acuden a las charlas cristianas por no ser tan dogmáticas; también porque prestan sus instalaciones para otro tipo de actividades de toda índole.
Cabe mencionar que, según información oficial del CESISPE, la mitad de los internos extranjeros de los diversos Cereso del Estado permanecen sin sentencia.
