Ángel Gerardo Islas Maldonado, presidente del partido Fuerza por México, murió, el 2 de febrero de 2023, a los 39 años de edad, a causa de un infarto, cuando se encontraba en España, según lo reportaron diversos medios locales.
Fuerza Social por México está ligada a Pedro Miguel Haces Barba, senador suplente de Germán Martínez Cázares -antes integrante del grupo parlamentario de Morena y en la actualidad del Grupo Plural-, además de secretario general de la Confederación Autónoma de Trabajadores y Empleados de México (CATEM).
Islas Maldonado estudió la Licenciatura en Derecho y Ciencias de la Educación y la Maestría en Administración Pública en la Universidad Anáhuac de Puebla.
En su faceta como empresario fue director y presidente del Consejo de Administración del Grupo Sexenio Comunicaciones. Además, fungió como accionista del grupo A&I Beverages, así de como Biostark S.A. de C.V.
Fue titular de la Secretaría de Desarrollo Social estatal de Puebla, del 20 de julio de 2016 al 13 de diciembre de 2018, durante los gobiernos de Rafael Moreno Valle Rosas y de José Antonio Gali Fayad.
Luego, del 15 de septiembre de 2018 al 14 de septiembre de 2021, fue diputado del Congreso del Estado de Puebla por el Distrito 22. Además de que fungió como presidente nacional del partido político Fuerza por México, del 14 de octubre de 2020 al 30 de agosto de 2021.
El 6 de diciembre de 2021, tras la confirmación de la pérdida de su registro, por no alcanzar el 3 por ciento de la votación en la elección llevada a cabo el 6 de junio de ese mismo año, Fuerza por México (FxM), Redes Sociales Progresistas (RSP) y Encuentro Solidario (PES), anunciaron la conformación de un bloque denominado ‘Fuerza Solidaria Progresista’, que buscaría ser un partido político, ello aunque los nuevos registros se abren cada seis años y no podrían participar en la elección presidencial del 2024.
Los dirigentes nacionales de cada organización, Ángel Gerardo Islas Maldonado, José Fernando González Sánchez, y Hugo Eric Flores Cervantes, respectivamente, firmaron un manifiesto de seis puntos, con el cual se comprometían como frente político a impulsar una reforma electoral que flexibilizara los requisitos para la participación ciudadana y redujera el financiamiento a los partidos.
