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sábado, septiembre 7, 2024
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Combatir la impunidad, el pendiente

La FGR no sale bien librada del análisis de las cifras que hacen organizaciones de la sociedad civil respecto sus resultados: inicia menos expedientes, baja el ejercicio de la acción penal

El arribo de los gobiernos de Morena a México y a Baja California, ha traído algunos cambios, pero en lo que respecta a la procuración de justicia, la operación de las investigaciones se encuentra prácticamente igual -e incluso ligeramente peor- y ofrece un panorama desalentador.

Tal es la conclusión a la que puede llevarse al comparar las evaluaciones realizadas por los colectivos México Evalúa y el Índice Global de Impunidad en México (IGIM), que en sus más recientes estudios analizaron los procedimientos judiciales que realizan las fiscalías en todo el país, donde prácticamente -concluyen- seguimos igual, pese a que una de las banderas del Presidente Andrés Manuel López Obrador es el combate a la corrupción, y para ello es necesario el abatimiento de la impunidad.

De forma general, México tiene un nivel de impunidad de 49.6 por ciento según el IGIM, teniendo a Baja California como la segunda entidad con mayores niveles, al registrar un 69.84%, cayendo del lugar número 30 al 31.

Respecto a la Fiscalía General de la República (FGR), México Evalúa considera que del 47% de las investigaciones que inició, el 76% concluyeron en no ejercer acción penal; 12% se fueron a archivo temporal y 7% se turnaron por incompetencia. Mientras tanto, sólo el 0.8% llegó a un acuerdo reparatorio y el 0.2% terminaron en algún criterio de oportunidad. Es decir, la FGR no está ejerciendo la acción penal solicitada por los denunciados.

A esto se suma que al arribo de Alejandro Gertz Manero a la FGR en 2019, se desplomó la apertura de investigaciones al reducirla en un 31%, lo que quiere decir que, de 112 mil 917 expedientes, se pasó a 77 mil 693.

Mientras la tendencia de expedientes se reduce, el mismo análisis refiere que la impunidad aumenta, pues en 2021 se culminó con 96.1% y en 2019 se encontraba en 95.1%.

México Evalúa refiere además que el 12% de las investigaciones que abre FGR tienen relación con el tráfico o venta de enervantes al menudeo, y el 15% de las vinculaciones a proceso son por este tipo de delitos, lo que sugiere que la política prohibicionista de las drogas no brinda resultados.

“A raíz de la participación de la Guardia Nacional, Ejército y Marina en labores de seguridad pública, es imperioso analizar la proporción de detenciones en flagrancia calificadas como ilegales por jueces de control, que en el ámbito federal representaron nueve de cada 10. Esto implica que rutinariamente la FGR ratifica como ilegales las detenciones que realizan estas corporaciones, para luego intentar judicializar los casos… sin éxito”, remata México Evalúa.

Respecto a la actuación de la Fiscalía General del Estado (FGE) durante la gestión de Ricardo Iván Carpio, se puede vislumbrar que Baja California tiene las mejores cifras en cuanto a resolución de homicidios por cada 100 mil habitantes, pero también es una de las cinco entidades con mayor número de afectaciones por el deterioro y personal de la institución.

De igual forma, indica que la fiscalía carece del componente de Sistema de Seguridad, donde se ubica como una de las peor evaluadas en torno a la cantidad del personal -ministerios públicos y agentes- por cada 100 mil habitantes, agentes del Ministerio Público especializados en delitos graves, en el número de fiscales por cada mil delitos registrados y el personal dedicado a la seguridad pública por cada 100 mil habitantes.

Los resultados de estos complejos estudios retratan de forma numérica las consecuencias de la falta de políticas públicas en las fiscalías, pues mientras la FGR ha sido utilizada por Gertz Manero como un arma para tomar venganzas personales -como los conflictos con el ex consejero de la Presidencia, Julio Scherer- y la ofensiva judicial en contra de Alejandra Cuevas y Laura Morán por el fallecimiento de su hermano que atribuye a la omisión de cuidado por parte de ambas, en la FGE, Ricardo Iván Carpio atiende una institución que de origen se encuentra sobrepasada por la realidad en Baja California.

Autor(a)

Eduardo Villa
Eduardo Villa
Periodista desde 2011 y corresponsal en Mexicali del Semanario Zeta. Participante del Border Hub del International Center for Journalists y coautor del libro “Periodismo de Investigación en el ámbito local: transparencia, Acceso a la Información y Libertad de Expresión”
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