La Secretaría General de Gobierno nuevamente negó entrevista para hablar sobre los gastos realizados en la CLBP, pero envía un documento “aclaratorio”, mismos que no dicen mucho, en realidad
El 27 de enero, el autor de esta columna publicó en la edición impresa de ZETA el reportaje “Sobreprecio y malos manejos en la Comisión de Búsqueda”, un ente que forma parte de la Secretaría General de Gobierno y que no controla el recurso de manera independiente, sino a través de la subsecretaria Rebeca Vega.
El reportaje exhibía un rastreo de recopilación de información que tomó meses, debido a que el Estado se negó a entregar contratos y facturas de los gastos realizados en 2021 y 2022.
Este Semanario solicitó una entrevista con casi una semana de anticipación y envió el reportaje para su publicación un día antes, pero no fue hasta la publicación que la Secretaría General de Gobierno (SGG) prometió una entrevista para “aclarar” el caso, la cual tampoco se concretó. En cambio, envió una serie de documentos y un escrito “precisando” algunos puntos del trabajo:
En primer lugar, la institución refiere que no participaron en el proceso de compra de los equipos referidos en el reportaje:
“Se precisa que luego del proceso de entrega-recepción, de la pasada a la actual administración estatal, solo se recibieron los artículos que fueron comprados con el subsidio” y agrega que ni Catalino Zavala, la subsecretaria, Rebeca Vega y el comisionado de Búsqueda, Rafael Hernández, participaron en el proceso.
Lo que no dicen es que desde que Marina del Pilar Ávila Olmeda ganó la gubernatura del Estado, todas las licitaciones y fallos del gobierno de Jaime Bonilla, fueron constatadas por representantes de la nueva administración.
Un ejemplo es la licitación LA-902002994-E16-2021, del 31 de agosto, en la que se compró el suministro de transporte a La Casa del Criminalista, por cierto, muy beneficiada.
El documento refiere que Zavala envió como su representante a Federico Guillermo López Lugo, hoy director de Administración y Transparencia de la Consejería Jurídica. En otras palabras, el actual gobierno estaba enterado de las compras, pero poco fue el interés en revisarlas.
Respecto a los cuatro pick-ups Ford Ranger y un Polaris, se sustentó la existencia en un documento de la Auditoría Superior del Estado de Baja California. ZETA nunca refirió que no existían, sólo que los colectivos refieren que no eran usados en su beneficio.
Lo que sí se indica, es que varios automóviles estaban a sobreprecio, lo que la SGG criticó que la cotización de este reportero no contempló contextos y argumentó que en 2021 resultó una compra costosa por la escasez automotriz derivada de la falta de chips.
Como evidencia presentaron un correo con una nota informativa donde se refiere lo señalado, pero en una entrevista de Forbes, en 2023, el presidente de la Asociación Mexicana de Distribuidores Automotores (AMDA), Guillermo Rosales, expresó que los precios de los vehículos de 2021 a 2022, incrementaron más del 8 por ciento, por lo que es más caro comprar un auto en 2022 que en 2021 y más en 2023, fecha en que se cotizó, debido a la inflación y a que la escasez de chips continúa.
Para no irnos con una sola fuente, conversamos con directivos de distribuidores automotrices y confirmaron el incremento.
El equipo de la SGG presentó también una foto del mencionado “domo” de 5 millones de pesos, con capacidad para más de 40 cadáveres.
ZETA tuvo acceso a las fotos y las compartió con especialistas forenses, quienes confirmaron que sólo tendría capacidad para entre 12 y 16 cadáveres.
También aseguran que su compra es ineficiente, pues además de costoso, el único ente encargado de resguardar cuerpos es el Servicio Médico Forense… y nadie más.
La SGG envió una foto en la cual se observan los chalecos antibalas adquiridos para los colectivos, pero estos fueron presentados en su empaque original. La imagen no confirma la adquisición, pero aun con el beneficio de la duda, no desmienten a los colectivos, pues no proporcionaron fotos de buscadores equipados en campo
La SGG refiere además que el 20 de enero respondió la petición de Transparencia de facturas de gastos en 2022. Lo que no dice es que la respuesta tenía plazo máximo el 17 de enero y llegó hasta el día 22, por lo que tuvo que impugnarse ante el ITAIP.
Sobre la adquisición de un software de geolocalización de análisis, asegura que ha sido útil para detectar a menores con vida, a identificar redes de trata y ubicar a personas privadas de la libertad, es decir, investigaciones que lleva a cabo la propia Fiscalía General del Estado (FGE); y agregó que están en proceso de realizar convenios con fiscalía estatal, Poder Judicial y otras dependencias para mejorar el funcionamiento del equipo, lo cual fue señalado por la Auditoría Superior de la Federación desde mayo de 2022 y no se ha concretado.
Asimismo, la SGG presumió que no tuvo “observaciones”, sino recomendaciones en sus procesos, lo cual es cierto y -quizás- donde se le puede dar la razón. Sin embargo, el uso de la palabra “observaciones” no tenía una base técnica en el reportaje, sino coloquial, como “ver” o “señalar”.
Respecto a los videoproyectores extraviados, presentaron la denuncia del robo sufrido en febrero, debido a que dejaron instalados los proyectores en un rancho de Tecate; cuando acudieron nuevamente para una capacitación al día siguiente, ya no estaban.
Sobre el panteón forense, admiten que no se licitó a tiempo, pero afirman, no se perdieron los 18 millones de pesos otorgados por la Federación para su construcción, sino que se debe volver a gestionar desde cero.
Por último, respecto a la compra de dos remolques a una empresa de computadoras, el equipo de radiofrecuencia adquirido pese a que la empresa no ofrecía cobertura en Baja California y equipo millonario que fue localizado en su empaque original por no ser utilizado en su momento, la dependencia no respondió nada.
