El presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó, el 3 de febrero, que una de sus motivaciones para proponer abrir el espacio aéreo mexicano al cabotaje, es que, en la actualidad, las aerolíneas mexicanas venden boletos a altos precios, sin embargo, de pactar una baja en el costo, su Gobierno no aplicaría la política abrir las rutas aéreas a cualquier compañía internacional.
“Si hace falta más, no descartamos la posibilidad de liberar el transporte aéreo, liberarlo significa que aviones de otros países puedan hacer viajes de pasajeros para que cueste menos el pasaje. Yo tomo como referencia lo que está pasando ahora, de que hay boletos muy caros y nosotros tenemos que defender siempre al consumidor, defender al pueblo y no vamos a tomar ninguna medida autoritaria”, indicó.
Publicidad
“Si llegan a un acuerdo de que van a bajar las tarifas, de que van a cobrar menos, pues no hay por qué abrir. Resulta que los defensores de la libertad de mercado, de la libre competencia, lo son, pero ‘en los bueyes del compadre’, ya cuando se trata de mantener sus intereses y monopolios, ya no les gusta el libre mercado”, señaló el político tabasqueño.
Al justificar sus propuestas de reformas a las leyes General de Aviación Civil y de Aeropuertos, que se discutirán en el Congreso de la Unión, el mandatario nacional consideró que el cabotaje sería benéfico para el país, ya que, según él, estimularía la conectividad al interior de la República y a su vez se viviría una competencia real en el sector aéreo.
“Necesitamos que haya vuelos a todo el país que actualmente hay muchos lugares donde no hay servicio de aviación, no hay vuelos porque las líneas han administrado mal y han fracasado lo que sucedió con Interjet y Aeromar, que anda muy mal, que iba a muchas ciudades del país”, insistió el presidente.
Publicidad
“Hay un problema que tenemos que resolver el del costo de los boletos que se tiene que pagar mucho en algunos viajes sobre todo si compra el boleto unos días antes, es como ir a Europa viajar al interior del país, entonces necesitamos que no aumente tanto el precio. Cómo se resuelve eso, con la competencia que haya más servicio”, agregó el titular del Poder Ejecutivo Federal.
Sin embargo, tras protestas en contra del cabotaje aéreo de la Unión Nacional de Trabajadores (UNT), incluida la Asociación Sindical de Pilotos Aviadores de México (ASPA), López Obrador prometió que su Gobierno no tomaría ninguna medida autoritaria.
“Estamos aquí para defender al pueblo y no vamos a tomar ninguna medida autoritaria. Si llegan a un acuerdo de que van a bajar las tarifas, de que van a cobrar menos, pues no hay por qué abrir. Es que es muy interesante, porque resulta que a los defensores de la libertad del mercado, de la libre competencia, lo son, pero en los bueyes del compadre, ya cuando se trata de mantener sus intereses y sus monopolios, ya no les gusta el libre mercado, porque así han engañado”, consideró el político tabasqueño.
El 15 de diciembre de 2022, el presidente López Obrador envió una iniciativa de reforma al Congreso de la Unión, en la que justificaba el interés de que, bajo una reglamentación y supervisión debidas, se fomente la competencia en el sector aéreo, con el arribo estratégico de líneas aéreas comerciales de otros países y que brinden sus servicios al interior de la República.
De aprobarse, la reforma permitiría el cabotaje, que es la posibilidad de que aerolíneas extranjeras, al llegar de una ruta internacional, emprendan otro vuelo a un destino dentro del mismo país, y que en la actualidad está prohibido en México, según el artículo 17 bis de la Ley de Aviación Civil.
Dicha Ley se homologó con el Convenio de Chicago de 1944 y que dio origen a la Organización de la Aviación Civil Internacional (OACI), donde se delinearon las cinco libertades del aire, para que las aerolíneas puedan operar en diferentes territorios.
“Las prácticas de cabotaje por parte de permisionarios extranjeros en territorio mexicano están prohibidas. Los propietarios extranjeros de aeronaves no mexicanas destinadas para uso particular tienen prohibido realizar prácticas de cabotaje”, indica el artículo 17 de la citada Ley.
“Únicamente el permisionario mexicano que preste servicio de transporte aéreo internacional bajo la modalidad de taxi aéreo o de fletamento puede transportar entre dos o más puntos en territorio nacional a los pasajeros, carga, correo o una combinación de éstos que hayan embarcado en un punto en el extranjero”, señala el artículo de la citada legislación.
Si la reforma fuera aprobada, el Gobierno de México avalaría la octava libertad del aire, que es el derecho a transportar pasajeros, correo o carga de un punto a otro de un mismo Estado, distinto a aquel en el que está matriculada la aeronave.
“Por ello, se propone dar facultades a las autoridades administrativas para permitir el cabotaje de los líneas extranjeras extranjeras nacionales cuya ruta sea de interés estratégico para el desarrollo de la infraestructura aeroportuaria del Estado mexicano que cuenten con las especificaciones requeridas para brindar dicho servicio, esto es, capacidad técnica y operativa acreditable”, refiere la iniciativa de ley.
Asimismo, de aprobarse las reformas a la Ley General de Aviación Civil y Aeropuertos, la Agencia Federal de Aviación Civil (AFAC) tendría que justificar el ingreso de líneas aéreas extranjeras para ofrecer servicios en el país con base en tres ejes: su utilidad pública, el interés público o de Seguridad Nacional y que las rutas a cubrir sean estratégicas para el desarrollo de infraestructura aeroportuaria del Estado mexicano.
Además, tienen que tener el aval del Consejo de Seguridad Nacional, que preside Andrés Manuel López Obrador como jefe del Ejecutivo federal, y que el aeropuerto destino de dicha solicitud tenga capacidad técnica y operativa.
Aunado a lo anterior, será el titular de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT) quien, una vez cumplidos los requisitos, otorgue a las líneas aéreas extranjeras el permiso para operar el servicio de transporte aéreo nacional a empresas de otros países.
Según lo dispuesto en la nueva reglamentación, este permiso sería por tiempo indefinido y sólo se retiraría cuando se acredite fehacientemente que ya no existe la causa de utilidad pública, interés público, interés general, interés social de seguridad nacional que lo justifiquen.
