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viernes, enero 13, 2023
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Poner un alto, ya

Lo que sucedió esta semana a un médico de Tijuana, secuestrado de manera exprés por delincuentes aún no identificados, que se llevaron su dinero, lo golpearon y lo abandonaron después de la tortura psicológica, es producto de la impunidad que siguen teniendo los criminales organizados.

Para la mala fortuna de sus ciudadanos, Baja California y particularmente la ciudad fronteriza más poblada del Estado, no son ajenos a este tipo de delitos cometidos en detrimento de la sociedad y aquellos que se desarrollan en los sectores productivos.


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De 2007 a 2010, la Zona Costa de Baja California, con Tijuana como epicentro, padeció los embates de las células de los cárteles de la droga, esencialmente de Sinaloa y Arellano Félix. Durante esa negra etapa de criminalidad, empresarios, comerciantes, hombres y mujeres de negocios, fueron secuestrados, algunos de ellos asesinados, en una operación criminal para hacerse de recursos de manera rápida y continuar la insana guerra de cárteles que por entonces protagonizaron estas dos mafias que aún coexisten delincuencialmente en el Noroeste del país.

En aquellos años, mujeres, hombres y familias enteras de empresarios y comerciantes, migraron hacia ciudades de Estados Unidos en busca de seguridad, tranquilidad y certeza para mantener su integridad a salvo. Los daños para la ciudad, para el Estado, más allá del recuento de crimen, violencia y muerte, también fueron económicos. A pesar que muchos de estos ciudadanos que emprendieron el éxodo ante la inseguridad no cerraron completamente sus inversiones en la región, contratando administradores para mantener vigentes sus empresas, sí reflejaron afectaciones.

La ciudadanía igual dejó de asistir a lugares públicos ante el temor de encontrarse en el momento equivocado y ser víctima colateral de la violenta toma de los cárteles sobre los sectores productivos. Mucha inteligencia, mucha coordinación y mucho compromiso tanto del gobierno como de la sociedad, costó salir de ese entorno criminal.

Para 2010, en coordinación de Estado, Federación y Municipio, en ese orden, fueron aprehendidos los más notorios criminales que ordenaban los secuestros de hombres y mujeres de bien. Coordinados por el entonces gobernador José Guadalupe Osuna Millán, Fuerzas Armadas, federales, estatales y municipales hicieron lo que pudieron para sacar a BC de la pesadilla del narcotráfico. Entusiastas como don José Galicot se dedicaron a rescatar a la ciudad de la mala fama para mostrarla como una región productiva y exitosa.

Pero los gobiernos siguientes, uno panista y dos morenistas, se desentendieron del tema. La política presidencial de concentrar los esfuerzos de un supuesto combate a la criminalidad organizada en la Guardia Nacional, designar militares en las áreas de Seguridad en los estados y minimizar los esfuerzos municipales, al tiempo de disminuir la coordinación entre procuradores de justicia y operativos preventivos y de investigación, han dado al traste a la estrategia conjunta para proveer seguridad a los gobernados.

Francisco Vega de Lamadrid, del PAN, así como Jaime Bonilla Valdez y ahora Marina del Pilar Ávila Olmeda, ambos de Morena, se desentendieron del tema de la seguridad. Dejaron de encabezar y coordinar los esfuerzos. Hoy día, tenemos muchas policías en los distintos órdenes de gobierno (no niveles, porque técnica y constitucionalmente ninguno está por encima del otro) y cada cual actúa en solitario.

Aquí en ZETA, el hasta hace unos días secretario de Seguridad del Estado, General Gilberto Landeros, comentó en una entrevista que no existía coordinación. Que si su Policía detenía criminales en flagrancia, la fiscalía los liberaba. Que no le proveían de la información sobre órdenes de aprehensión para perseguir a los “generadores de violencia”, como llaman ahora a sicarios, lugartenientes y capos de células de los cárteles. Que únicamente se coordinaba con el Ejército y acaso con Guardia Nacional para hacer labores coordinadas. No existe, pues, confianza, compromiso o coordinación entre las distintas corporaciones e instituciones de justicia en el Estado.

La gobernadora Ávila Olmeda entra al tema de la seguridad cuando sucede un hecho notorio, pero no maneja una estrategia permanente de combate a la criminalidad organizada, pese a que la Fiscalía General del Estado ha dejado de lado su autonomía para presentarse como un ente más del gobierno estatal.

El secuestro exprés del médico en Tijuana sucedió no en una de las colonias catalogadas como las más peligrosas para el municipio, sino en una zona de las llamadas “blindadas”, en la cual se supone, la presencia de patrullas de los distintos órdenes de gobierno es constante, porque justo en Zona Río se encuentra uno de los puntos financieros de la ciudad.

En la misma área, por su cercanía con la Línea Internacional entre México y Estados Unidos, donde se ubican diversas empresas dedicadas al turismo médico. Hospitales, clínicas, consultorios que atienden -de acuerdo a la Secretaría de Economía del Estado- a casi 3 millones de personas al año, que al realizarse algún procedimiento médico, dejan una derrama económica estimada en 13 mil millones de pesos anuales, según la declaración de un funcionario de economía al periódico El Financiero en octubre de 2022.

Pero la percepción de vulnerabilidad ante la inseguridad a propósito de lo ocurrido al médico cirujano plástico el martes 10 de enero, trasciende al sector del turismo médico y alerta al resto de los sectores productivos que integran la economía bajacaliforniana, Hace recordar el pasado violento, reparar en la impunidad presente, y el augurio no es favorable.

Una escuela de danza incendiada, un comercio atentado con una bomba molotov, extorsión en restaurantes de comida china, el secuestro exprés de una reconocido médico en la zona más “blindada” de la ciudad, son elementos de un clima inseguro, de impunidad al crimen organizado y de descoordinación entre autoridades que deben proveer seguridad.

Si Marina del Pilar Ávila Olmeda no pone un alto ya, y coordina la seguridad en el Estado que gobierna, el clima de inseguridad podría escalar aún más de lo que ya se percibe, y otra vez, afectar a los ciudadanos, a los sectores productivos y a la economía.

Urge que tome el tema con seriedad, compromiso y resultados. Ahora es cuando.

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Autor(a)

Adela Navarro Bello
Directora general del semanario ZETA, Consejero de Artículo 19 y del CPJ para las Américas, entre otros reconocimientos, tiene el Maria Moors Cabot 2021 de la Universidad de Columbia.
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