El presidente “golpista” del instituto, José Rodolfo Muñoz, tiene que determinar si abre o “bloquea” el contrato entre el Poder Ejecutivo y Seguritech Privada; ha preferido ser comparsa del Estado
Uno de los grandes -y cuestionables- proyectos de Francisco Vega de Lamadrid fue revivido por la gobernadora Marina del Pilar Ávila Olmeda, comprometiendo casi mil y medio millones de pesos del erario de los bajacalifornianos para cumplirlo.
Nos referimos al contrato celebrado entre el Poder Ejecutivo y la empresa Seguritech Privada, SA de CV, mismo que ha permanecido en la opacidad por parte del actual gobierno, pero también por el Instituto de Transparencia y Acceso a la Información Pública (ITAIP), el cual está por cumplir seis meses protegiendo al Estado y a la empresa, de conocer las entrañas del acuerdo entre las partes.
El 6 de julio, el autor de esta columna presentó una solicitud de Transparencia con número de folio 021166022000155, para conocer los detalles del compromiso signado por el Poder Ejecutivo y la empresa favorita del peñismo, que ha encontrado refugio en el gobierno bajacaliforniano para seguir viviendo del recurso público.
Marina del Pilar Ávila Olmeda ha presumido que el contrato con la empresa de Ariel Picker, instalaría más de 4 mil cámaras en Baja California, fibra óptica y arcos carreteros, entre otras cosas, pero hasta el momento han decidido mantener el proyecto en secreto. Nadie sabe a qué se comprometió Seguritech ni sí se está cumpliendo, así como no cumplió en otras entidades, incluyendo a Baja California.
A meses de haber solicitado la información y tras la negativa del Poder Ejecutivo para ser transparente, el ITAIP sigue sin emitir alguna determinación sobre el caso.
Según información proporcionada por Plataforma Nacional de Transparencia (PNT), el recurso se interpuso el 6 de julio, pero fue admitido hasta el 28 de agosto. Sin embargo, la misma plataforma obliga al ITAIP a resolver el caso -a más tardar- el 16 de octubre de 2022.
El 20 de septiembre, el presidente del ITAIP. José Rodolfo Muñoz García, quien asumió la titularidad del organismo mediante una estrategia “golpista” para derrocar a Alberto Sandoval Franco, ha tenido más interés en jugar a la política que en emitir resoluciones prontas, lo cual debería ser su prioridad.
A casi seis meses de que se interpuso la queja y a tres meses del plazo límite para emitir una resolución, el ITAIP ha preferido patear el bote en un tema tan trascendente, pero tan evidente de resolver -puesto que en todas las entidades donde se ha impugnado el contrato de Seguritech Privada se ha obligado a los estados a desclasificar los documentos-, y esconderlos o posponerlos lo más posible.
Como no queriendo, Muñoz García -quien llegó al cargo como protegido de la ensenadense y oficial mayor, Rocío López Gorosave, quien autorizó el contrato-, que ha sido respaldado por los diputados morenistas de la actual Legislatura, ya le ganó seis meses de “blindaje” a Seguritech Privada y al marinismo, de los cinco años que el Comité de Transparencia del Poder Ejecutivo decidió reservar.
A los bajacalifornianos les está costando casi mil y medio millones de pesos un servicio cuestionable, brindado por una empresa acusada -en múltiples ocasiones- de inflar precios y entregar tecnología obsoleta, bajo la protección de gobiernos displicentes.
Mientras el Estado invierte más de mil millones de pesos en el proyecto, trabajadores del C5i en toda la entidad -es decir, los operadores- trabajan en condiciones deplorables y bajo protesta, debido a que no les han incrementado sus salarios desde el arranque de la central de emergencias, aunado a las carencias de personal, de derechos laborales elementales, entre otras cosas.
El ITAIP está incumpliendo con su trabajo de resolver casos de manera pronta, pero cada vez es más evidente su subordinación hacia el Poder Ejecutivo, algo que vulnera un derecho tan elemental como el de la información.
