El Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE) reprobó las reformas a las leyes secundarias conocidas en el ámbito de la opinión pública como plan b. El órgano superior de dirección habló de implicaciones negativas al esquema de los procesos electorales y la participación ciudadana, e instruyó a la Secretaría Ejecutiva de la institución proceder con recursos legales en el ánimo de contrarrestar las modificaciones.
El denominado plan b se constituyó una vez que el Presidente Andrés Manuel López Obrador no logró sacar adelante su iniciativa de Reforma Electoral en el Congreso de la Unión por la vía constitucional.
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El nuevo paquete comprende reformas las leyes generales de Comunicación Social, de Responsabilidades Administrativas, publicadas el 27 de diciembre de 2022, y ajustes a las leyes de Instituciones y Procedimientos Electorales, de Partidos Políticos, Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como la General de Medios de Impugnación en Materia Electoral, a concretarse en dado caso a partir del 1 de febrero.
Lorenzo Córdova Vianello, consejero presidente del INE, calificó el plan b de “reforma regresiva”. Alertó que, de consumarse el proceso legislativo en cuestión, “estaremos en la antesala de una inédita incertidumbre preelectoral y postelectoral en la que será, en 2024, la elección más grande de nuestra historia”.
Sostuvo que la enmienda afectaría “gravemente las posibilidades del ejercicio del voto ciudadano en condiciones de libertad y equidad, con regularidad y certeza”. De ahí que hiciera un llamado a quienes habrán de resolver sobre la constitucionalidad y legalidad de las reformas, a detener “este auténtico desmantelamiento de nuestra democracia”.
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De entrada, dijo, el INE acudirá a todas las instancias legales para proceder en consecuencia.
El posicionamiento de los once consejeros electorales tuvo lugar el 25 de enero con motivo de un informe sobre las implicaciones del plan b, presentado al órgano de dirección por la secretaría ejecutiva, a cargo de Edmundo Jacobo Molina.
El documento da cuenta de que “piezas clave en el diseño legal e institucional del sistema electoral mexicano” pudieran verse afectadas con las consabidas reformas. A saber: la autonomía del INE, la estructura territorial de sus órganos ejecutivos, los procedimientos de capacitación y organización electoral (relativos al ejercicio del sufragio y al conteo de los votos), los avances contra la violencia política de las mujeres en razón de género, la representación política de grupos tradicionalmente desfavorecidos, la fiscalización de los ingresos y gastos de los actores políticos; el cumplimiento de las obligaciones de las fuerzas políticas, la protección de los datos personales de los ciudadanos, los derechos laborales de quienes conforman el servicio profesional electoral nacional, el esquema administrativo de los Organismos Públicos Locales, el respeto al pacto federal y la libre configuración legislativa de las entidades federativas.
En sesión extraordinaria, cada uno de los consejeros se posicionó en alusión a las consabidas modificaciones.
Norma de la Cruz deploró que el paquete de reformas contemple una disminución de 50 a 25 fórmulas de candidaturas para personas indígenas, migrantes, residentes en el extranjero, discapacitadas, afromexicanas y de la diversidad sexual.
Jaime Rivera condenó que apunte a no sancionar de manera severa “la violación de no entregar informes de ingresos y gastos de precampaña”.
En opinión de Carla Humphrey, la especialización y el profesionalismo pudieran quedar inadvertidos en el contexto de una reestructuración organizacional y una eliminación de áreas.
Para Martín Faz, se vislumbran “graves” impactos en términos de una modificación a la integración de las Mesas Directivas de Casilla. La proporción de personas sorteadas o insaculadas “se reduce” de 13 a 10%, con el riesgo de que en secciones urbanas no haya “ciudadanía suficiente que cumpla los requisitos para integrar las casillas”, afirmó.
Ciro Murayama advirtió que el paquete deja fuera a los coordinadores del trabajo emprendido en los Módulos de Atención Ciudadana, donde se actualiza el padrón y la cartografía electoral. Reprobó que se contemple reubicarlos en oficinas gubernamentales y otros espacios.
A decir de Dania Ravel, fusionar las áreas relevantes de los Organismos Púbicos Locales en dos “mega-áreas” conllevaría “la inaplicación de las leyes expedidas por los congresos locales”.
Adriana Favela mencionó que fusionar la Unidad Técnica de lo Contencioso Electoral con la Dirección Jurídica imposibilitaría llevar a cabo labores especializadas.
Claudia Zavala descalificó el planteamiento de integrar residentes en el extranjero a Padrón y Listado Nominal sin documentos afines a la naturaleza electoral y José Roberto Ruiz, la preservación del esquema de doble presupuesto público (federal y local) a partidos.
Uuc-kib Espadas expresó que cercenar la estructura del INE atenta contra derechos humanos y laborales de acaso “miles de trabajadores”. Apostó por rechazar que los principios de austeridad predominen en detrimento de esas garantías.
Durante la presentación del informe, Edmundo Jacobo Molina observó que las propuestas aglutinadas en el plan b se confeccionaron sin considerar “la experiencia y el conocimiento técnico” atribuible al Instituto; aun cuando en todo momento el INE se ha conducido con un espíritu de colaborar con todas las instituciones del Estado mexicano, remató.
AFECTACIONES AL PROCESO ELECTORAL
Con el paquete de reformas desaparecen los cinco vocales que hay en cada una de las 300 Juntas Distritales para que una sola persona encabece los trabajos respectivos. Ello reduce tiempo para capacitar a los funcionarios de casilla y podría incrementar su ausencia en las mesas de votación, impidiendo el voto universal, libre y secreto. De no instalarse 20% de casillas en un distrito, se corre riesgo de anula una elección.
Hoy en día el padrón electoral se actualiza a partir de los datos que se generan con la emisión de la credencial para la población de 18 años o más, tramitada en los 900 Módulos de Atención Ciudadana (MAC), así como por medio de los consulados.
El plan b está encaminado a que un solo vocal operativo se responsabilice de la actualización del Padrón y de la Lista Nominal de Electores y a que los MAC se instalen en “inmuebles de dominio público”, de modo que la información relativa a millones de personas se concentraría en espacios propiedad del gobierno. Además, se contempla que la Secretaría de Relaciones Exteriores valide el contenido del Listado Nominal de Electores en el Extranjero y dé cabida al voto con pasaporte o matrícula consular.
Actualmente el día de la jornada electoral se cuentan los votos y se llenan varias actas. Con la reforma, se emitiría una sola acta por elección. Igualmente se adelantarían los cómputos distritales para iniciar la misma fecha de los comicios en lugar del miércoles siguiente. En tal caso el Programa de Resultados Electorales Preliminares funcionaría de manera simultánea al conteo distrital, con lo que no reducirían costos ni procesos.
El paquete de modificaciones abre la posibilidad de que los servidores públicos hagan promoción durante las campañas electorales sin que se considere propaganda, siempre y cuando no esté etiquetada presupuestalmente, y da lugar a la emisión de información de servicios públicos en general. Aunado a ello, se proyecta que precandidatos y candidatos queden extensos de perder el registro como tales en caso de no presentar informe de precampaña o de que rebasen tope de gastos.
En materia de reestructuración, está contemplada la reducción en 84.6% el Servicio Profesional Electoral, eliminar la rama administrativa del INE (trabajadores que “de 2014 a la fecha han organizado 330 elecciones”), dio cuenta el Instituto. Ello supone riesgos para la organización de comicios y la aplicación de mecanismos de participación ciudadana, así como afectaciones a los derechos políticos electorales, de identidad y laborales, estableció el organismo.
