Comerciantes del poblado La Misión, ubicado en los límites entre los municipios de Ensenada y Playas de Rosarito, Baja California, denunciaron ante la delegación de la Dirección de Seguridad Pública Municipal (DSPM) que son víctimas del delito de “cobro de cuotas” por grupos del crimen organizado.
El cobro de piso o de cuota es un delito generalizado en Ensenada, puesto a discusión en la reunión de la segunda semana de enero en la Mesa de Seguridad, donde conviven las autoridades de seguridad de los tres niveles.
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La situación de inseguridad fue denunciada de manera anónima por la comunidad. Ciudadanos describen el modo de operar de los agresores durante la temporada alta de turismo a lo largo de la zona costera, en específico en la playa pública de La Misión.
Cada año miles de turistas visitan el área ubicada en el Kilómetro 70 de la Carretera Escénica Tijuana-Ensenada; tiene estacionamiento, palapas y baños públicos. El mantenimiento corre a cargo del Ayuntamiento de Ensenada.
Los criminales se han apropiado de la zona costera, donde han colocado barricadas para controlar el acceso en vehículo a la zona de la playa. Cobran una cuota de 50 hasta 120 pesos a los visitantes.
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Los turistas que se han negado a pagar esa cantidad llegan a sufrir repercusiones como el robo de la unidad o vandalismo, les han quebrado los cristales y extraen pertenencias.
De acuerdo con los denunciantes, la información ha sido entregada a la coordinadora de delegaciones, Georgina Arvizu Gaytán, pero al no existir denuncia penal, no se han tomado acciones para inhibir el problema.
Las denuncias que interponen los residentes de La Misión y comunidades cercanas son pocas. En 2021 fueron apenas 40, mientras que en 2022 se sumaron 25. La mayoría de las quejas formales interpuestas son por daño en propiedad ajena, robo con violencia y homicidio por culpa.
El delito más cercano al cobro de cuota o piso que ha causado pánico entre el sector comercial y empresarial es la extorsión, de la que, según autoridades estatales, a la fecha no existen investigaciones abiertas.
Una fuente de la dependencia aseguró que la mayoría de las personas que sufren de robo o extorsión son estadounidenses que llegan de visita por algunas horas, pero los comerciantes son los más afectados, pues están obligados a pagar cuotas de acuerdo a las ventas del día. Sábados y domingos son los días con mayor actividad delictiva en La Misión.
“Un ejemplo de lo que ha pasado es con los puestos dedicados a vender cocos, donde sujetos del crimen organizado les dicen qué pueden vender y qué no deben vender”, informó a ZETA un denunciante.
A meses de que inicie la temporada alta de visitantes a la zona turística por vacaciones de Semana Santa y spring break, la comunidad seguirá pidiendo el apoyo de las autoridades y del alcalde Armando Ayala Robles.
FISCALÍA AL MARGEN DEL COBRO DE PISO; SÓLO INVESTIGA EXTORSIÓN
A través del fiscal Rubén Alfredo Maximiliano Ramos Jiménez, la Fiscalía General del Estado (FGE) Zona Ensenada respondió que la corporación no tiene denuncia o conocimiento sobre el cobro de cuotas en La Misión; en cuanto a operativos, “la comandancia se encarga de eso”, dijo.
De acuerdo con el funcionario, en 2022 se presentaron 46 llamadas telefónicas de extorsión, las comunicaciones falsas con víctima ausente en 2023 suman dos, mientras que el año pasado se registraron cuatro y “de los demás no hay datos o registro”, expuso en referencia al cobro de cuota o piso en Ensenada.
COMERCIANTES NO DENUNCIAN ESTE DELITO
En el estudio de México Evalúa denominado Impuesto Criminal: La Extorsión Empresarial en Baja California, en 2019 la tasa de prevalencia delictiva por cada 10 mil unidades económicas muestra que, en Baja California, 2 mil 983 negocios fueron víctimas de algún delito, lo que coloca a la entidad en el lugar 17 a nivel nacional y tercero entre los estados de la frontera con Estados Unidos.
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Delitos como la extorsión y cobro de piso, indica el estudio, “suelen ser más un secreto a voces que una conducta conocida y reportada”.
De los 600 negocios entrevistados por el equipo encuestador, sólo 45 -equivalente al 7.5% de la muestra- reportó haber sido víctima de extorsión o cobro de piso en los últimos doce meses, “no obstante, no necesariamente revela la ocurrencia del delito, sino el conocimiento por parte de la comunidad”, determinó la investigación de México Evalúa.
De acuerdo con la Encuesta Nacional de Victimización de Empresas (ENVE) del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), durante 2019 el costo promedio del delito en Baja California a consecuencia del gasto en medidas de protección o pérdidas a consecuencia de delito fue de 54 mil 152 pesos, mientras que el promedio nacional fue de 85 mil 329 pesos.
PERSISTE DÉFICIT DE AGENTES ESTATALES Y MUNICIPALES: CCSP
Para los integrantes del Consejo Ciudadano de Seguridad Pública Municipal en Baja California (CCSPBC), el tema de extorsión y cobro de piso es prioridad.
Edgar Hernández González, representante del organismo en Ensenada, informó que el delito de extorsión lo tienen identificado y cuantificado, e incluso existe un portal en línea de la FGE para publicar los números telefónicos.
“Es muy consistente el tema de las llamadas de gente identificándose de uno u otro cártel en lo personal”, indicó.
Lo más común es que llamen asegurando que son el contador de una empresa y necesitan hacer un depósito, o se identifican como los dueños del negocio y dicen tener un problema en la carretera.
Los establecimientos más vulnerables son los restaurantes o negocios pequeños, donde la gente termina siendo víctima de un tipo de extorsión. La situación los ha llevado a recibir capacitación a través del Consejo Coordinador Empresarial de Ensenada (CCEE) y han visitado a los empresarios afectados con estas llamadas.
Quienes han sido perjudicados por amenazas tienen la opción de realizar denuncias anónimas a través del 089 con solo facilitar hora, lugar y datos de anexo, sin dejar nombre ni número telefónico para no ser rastreado, agregó Hernández González.
Sobre la cultura de la denuncia de este y otros delitos, el dirigente se quejó de un déficit de personal en los números de Emergencia como 089 y 911.
Conforme a los parámetros internacionales, las unidades deben trabajar con al menos 30 operadoras y no con 12, como actualmente funciona el servicio de emergencia. Hay un déficit de 18 operadores. En el caso del Ministerio Público es igual, sólo se tienen 100 elementos de la Policía investigadora en las unidades y defensores de oficio.
La gobernadora Marina del Pilar Ávila Olmeda hizo un compromiso de destinar parte del Impuesto sobre Nómina y Servicio de Agua a las corporaciones policiacas. De los mil 500 millones de pesos que espera recaudar de 2022, alrededor de 300 millones corresponden al puerto.
