Con el argumento de que se cuenta con severas carencias en materia de infraestructura hospitalaria, la Secretaría de Salud de Baja California amplió el contrato de arrendamiento para la operación de los tres Centros de Salud Móviles de la entidad, lo que representa una erogación superior a 500 millones de pesos sólo en los primeros dos años de la administración morenista.
Considerado por el secretario estatal de Salud, Adrián Medina Amarillas, como el proyecto insignia de la gobernadora Marina del Pilar Ávila Olmeda, los centros de salud móviles son -según el contrato- dos caravanas conformadas por varios vehículos donde profesionales de la salud brindan diversas atenciones, desde mastografías, exámenes de laboratorio, atención psicológica, dental, visual, auditiva, Rayos X, ultrasonido, entre otros servicios gratuitos que buscan cubrir carencias en zonas alejadas que no cuentan con acceso a centros hospitalarios de bajo, mediano ni alto nivel.
En enero de 2022, la Secretaría de Salud contrató, de manera directa, a la empresa Línea Médica del Sur, creada el 12 de diciembre de 2018 -menos de dos semanas después del ascenso del Presidente Andrés Manuel López Obrador al poder- en Villahermosa, Tabasco -entidad de donde es originario el mandatario nacional y fue gobernador el actual secretario de Gobernación, Adán Augusto López- bajo la propiedad de Ramón Eliseo Reynoso Cervantes y Artemio Villegas Zamora, ligados a políticos priistas de Veracruz.
El servicio de arrendamiento tendría duración de nueve meses por un monto ligeramente superior a 190 millones de pesos. Sin embargo, el 30 de septiembre de 2022, el secretario Medina Amarillas signó una ampliación del contrato por un mes más.
En el documento en poder de ZETA, obtenido mediante solicitud de Transparencia 021165522000508, refiere que la Secretaría de Salud se compromete a pagar 21 millones 217 mil 553 pesos mensuales por el servicio, mismo que se amplió a 10 meses.
Sin embargo, el martes 4 de enero, el funcionario aseveró que el contrato se extendió en los mismos términos y continuará en tanto no exista infraestructura hospitalaria para atender a las zonas más alejadas.
El contrato refiere además que existen condiciones para signar una ampliación de un mes, debido a que no excede el 20 por ciento del costo total del servicio brindado por dicha empresa. Esto quiere decir que, mientras no supere este monto, el contrato podría seguir ampliándose mes con mes.
Haciendo un análisis de pago mensual de poco más de 21 millones de pesos, se puede establecer que la Secretaría de Salud terminará pagando 254 millones 610 mil 664 pesos por año, es decir, poco más de 509 millones de pesos a diciembre de 2023, con la posibilidad de renovarse al siguiente año.
HOSPITAL DE LA MORITA COSTARÍA MENOS QUE LOS CSM
El único proyecto de infraestructura hospitalaria contemplado para Baja California en 2023 -según la proyección presentada al Congreso del Estado-, es el Hospital La Morita en Tijuana, el cual brindará atención a más de 60 mil personas de la Zona Este, una de las más complejas en cuestión de pobreza e inseguridad de toda la entidad.
“Este Hospital será un espacio digno para atender a las personas que lleven un desarrollo moderado de diversas afecciones, donde serán atendidos hasta su recuperación. De esta manera, se espera aligerar la carga que tienen otros nosocomios, tal como el Hospital General de Tijuana, permitiendo que el personal se enfoque en otros procesos y atenciones médicas, logrando así dar una atención médica al paciente”, refiere el Artículo 42 del Presupuesto de Egresos, titulado “Construcción del Hospital La Morita, en Tijuana”.
Según lo previsto en el Presupuesto de Egresos del Estado, se contempla un monto de 223 millones de pesos para la construcción de dicho hospital, uno de los más urgentes en Tijuana, lo que vendría a cubrir una gran ausencia de servicios hospitalarios en la zona.
Lo que la Secretaría de Salud erogó en sólo un año de atención en los Centros de Salud Móviles, es suficiente para construir un hospital como el que se pretende en La Morita.
En una comparecencia ante el Pleno del Poder Legislativo a finales de noviembre de 2022, la diputada Montserrat Rodríguez, del PES, cuestionó al secretario Adrián Medina Amarillas por el costo-beneficio de la contratación de dicho servicio que -hasta ese momento- representaba una erogación de 190 millones de pesos.
La legisladora aseveró que la construcción de un centro de salud con todas las necesidades tendría un costo de 26 millones de pesos, por lo que con ese dinero pudieron construirse siete centros en diversos puntos prioritarios en la entidad, brindando una cobertura mayor a la que ofrecen los Centros de Salud Móviles y de manera permanente.
“Vamos a seguir mientras no se pueda construirlo, es un programa estatal, la Federación no tiene la posibilidad de construir los recursos, no habría comparación para tener un centro de salud en dos o tres años, pero no tendría todo el complemento. Insisto, si la cifra se hace cara, hago una reflexión cuántas personas mueren por no tener servicios de salud dignos”, refirió el funcionario, para agregar que se necesitan 50 centros de salud de manera urgente, pero en estos momentos sólo se están gestionando cuatro en todo BC con la Federación.
“Donde hay 3 mil personas se requiere un centro de salud, en Veracruz hay cientos, en Oaxaca hay 500, aquí tenemos 108. Ahora tenemos que pagar las consecuencias de que no se haya hecho una estrategia de inversión, y la verdad hacemos lo propio”, declaró.
La diputada cuestionó al funcionario por no contemplar el recurso de los Centros de Salud Móviles para centros fijos; su respuesta fue que consideraría esa posibilidad.
El debate público quedó para el anecdotario, toda vez que para el Presupuesto de Egresos 2023 no se contempló la construcción de un solo centro de salud con dinero estatal- según el documento recibido por el Poder Legislativo-, pero sí prevé el gasto derivado de los Centros de Salud Móviles.
ESPECIALISTAS CUESTIONAN LOS CSM
En entrevista para ZETA, Andrés Castañeda, coordinador de Cero Desabasto y el especialista Homero Fuentes de la Peña, cuestionaron los resultados y el origen del servicio ofertado por los Centros de Salud Móviles en BC. Si bien, los identifican como un planteamiento positivo y bien estructurado, consideran que podría tratarse de una política pública incompleta.
Castañeda comentó que BC tiene un presupuesto destinado a salud por debajo de la media nacional y, dadas sus necesidades y los estándares de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), debería estar erogando al menos el 6% de su presupuesto a cuestiones específicas de salud, lo cual -aseguró- no ocurre.
Respecto a los centros de salud móviles, dijo que son acciones positivas y funcionales cuando se trata de llegar a las zonas más inhóspitas del país, considerando que estos proyectos representan un beneficio para las comunidades alejadas.
Sin embargo, si en esas comunidades existe un centro de salud, un consultorio o una farmacia, la justificación para instalarse resulta cuestionable, pues quiere decir que hay condiciones y garantías para brindar un servicio de mejor calidad.
Expresó que los presupuestos de salud son muy variables en los entornos, pues una cantidad de dinero no representa lo mismo para todos los sectores de la población.
“Un poco del presupuesto de salud no es lo mismo para todos los mexicanos, si eres de Pemex, tienes diez veces más presupuesto per cápita derechos que una persona con servicios de salud tradicional”, refirió el especialista, quien agregó que en temas como detección de cáncer es un poco más específico, pues no es el mismo impacto erogar para detección temprana, que para atención directa a pacientes con dicha enfermedad.
El oncólogo Homero Fuentes de la Peña fue más allá, al afirmar que este tipo de ejercicios tienen como objetivo brindar atención en zonas donde no resulta redituable o factible construir unidades hospitalarias. Sin embargo, hay muchos factores que no se han tomado en cuenta.
“¿Qué pasa en una ciudad con baches? Se te descalibra un mastógrafo. ¿Qué pasa si no tienes un físico que te pueda arreglar en un mes? ¿Qué pasa si no le das el seguimiento? Y luego, ¿qué onda, dónde está la intervención, el seguimiento? Dales un día a esas personas y esas personas acuden; puse de ejemplo el mastógrafo, pero tiene sus inconvenientes”, refirió, para continuar:
“¿De qué te sirve detectar sí no vas a resolver? Detectas, ¿cuál es el seguimiento? En ese sentido, el programa está incompleto. El dinero es finito y no es fácil gastarlo nomás así; no hay mexicanos de primera y de segunda”, sentenció.
Por su parte, el secretario de Salud, Adrián Medina Amarillas, reconoció que existen equipos de alta sensibilidad como los mastógrafos, puesto que dichas caravanas circulan en zonas con terrenos irregulares. Sin embargo, es obligación de la empresa brindar mantenimiento a la brevedad y se ha resuelto en ese momento.
“Está todo el costo en el contrato de arrendamiento, el personal, arrendamiento y seguridad, de que si un equipo dura más de cinco días que no se pueda arreglar, se tenga un equipo nuevo”, refirió el funcionario estatal.
ZETA solicitó una entrevista más a fondo con la Secretaría de Salud, pero hasta el cierre de edición, no se había concretado.
LÍNEA MÉDICA DEL SUR, FAVORITA DE LA 4T
Fundada a escasos días del ascenso de AMLO a la Presidencia de la República, Línea Médica del Sur ha recibido contratos por diversas construcciones o servicios en materia de salud.
En junio de 2020, durante la pandemia por el virus SARS-CoV-2, la empresa cuyo nombre comercial es F Medical, fue contratada para construir infraestructura hospitalaria por un monto de 100 millones de pesos. Sin embargo, uno de los hospitales móviles colapsó con la primera lluvia; en ese momento, el gobernador de Tabasco era Adán Augusto López, actual titular de la Secretaría de Gobernación.
Los principales contratos de Línea Médica del Sur se han hecho a la sombra del poder, pese a que ni siquiera es propietario de los vehículos que arrenda a los gobiernos, puesto que los subarrienda para ofrecer el servicio gubernamental.
