El sistema de citas en el Registro Público de la Propiedad y Comercio (RPPC) de Baja California se activa a las 14:00 horas de lunes a viernes. Una vez que se agotan los 150 turnos disponibles, el mecanismo ya no funciona sino hasta el día siguiente. La oportunidad de obtener el folio obligatorio para llevar a cabo procedimientos es de entre 15 y 30 minutos. Tal es el escenario al que numerosos abogados en Tijuana enfrentan día con día, en razón de ese esquema con el que suelen ver retrasados los trámites que usualmente efectúan en la dependencia estatal, según expusieron.
“Es muy complicado conseguir una cita, si no estás al pendiente a esa hora, prácticamente tienes que tener a alguien que esté cazando una cita”, expuso el litigante César del Río Domínguez.
Tal modalidad les contrae complicaciones a profesionistas, así como a quienes recurren a estos para obtener un servicio: “Por ejemplo, en el caso de los que somos abogados y dependemos de información del Registro Público, retrasa mucho la resolución a los clientes, al ciudadano que viene a hacer un trámite de una inscripción, de una compraventa, incluso a las Notarías”.
Las oficinas del RPPC Unidad Tijuana están ubicadas en Zona Río, a espaldas de la Cámara Nacional de Comercio. Al exterior del inmueble los usuarios deben esperar formados hasta que se les permita el acceso de acuerdo con el turno que hayan obtenido en el portal de citas del Gobierno de Baja California, con posibilidad de ser atendidos de 08:00 a 15:00 horas. Conforme a testimonios recabados por ZETA, algunos concurrentes deben esperar hasta hora y media para recibir atención, cuando previo a que se implementara el sistema, la gente podía concretar trámites en un tiempo relativamente mínimo.
“Estoy en mi casa, en mi oficina, me voy al Registro Público, si no me gusta esperar, si no me gusta hacer filas, me vengo temprano, a las 8:00 y ese día me atienden, ese día me atendían, así era y ese día tú ya dejabas solicitado tu certificado, te llevaba, dependiendo, 20 minutos, media hora, 40 minutos y ya te daban un sello con la fecha donde tienes que recoger”, explicó Del Río.
Habló de la necesidad generalizada de recurrir a los servicios de la dependencia estatal y lo inconveniente de sujetarse al esquema de citas: “Es donde tú vienes y registras una propiedad a tu nombre. Todos los notarios dependen del Registro Público para registrar sus actas, ya sea una compraventa, una donación; es algo que comúnmente usamos todo ciudadano, es una oficina que debería tener una atención ya ahora sin la pandemia (de COVID-19) nuevamente abierta al día que tú requieras hacer el trámite”.
La guía expedida por el RPPC para obtener turno de atención, especifica: “Sólo se podrán agendar citas para el siguiente día hábil”. De modo tal que “tiene que ser forzosamente mañana”, expuso el litigante. “No puedes programar una cita ni siquiera para una semana”, abundó.
“Es una molestia innecesaria no solamente para el ciudadano común, sino en especial para contadores y abogados, que somos los que comúnmente acudimos en representación de las personas a hacer diversos trámites, desde la inscripción de títulos de propiedad, testamentos, actos de comercio, libros, etcétera”, mencionó a su vez Carlos Atilano Peña.
El integrante del Colegio de Abogados de Tijuana y la Alianza Mexicana de Abogados aseveró que cuando el RPPC se encontraba en el Centro de Gobierno de Paseo del Centenario, cuya sede fue donada por el entonces gobernador Jaime Bonilla Valdez a la Universidad Autónoma de Baja California, “era más holgado, más fácil, más accesible en todos los sentidos”, llevar a cabo trámites en la dependencia.
En opinión de César del Río, el sistema de citas en el RPPC debería eliminarse en un afán de aminorar las dificultades que trajo consigo la donación. “Nos cambiaron las oficinas, regaron todas las oficinas, o sea, eso ya es un problema de tiempo, de gasto para la gente, que a veces se trasladan en taxis, para ir por ejemplo a las oficinas de la ciudad, al IMOS (Instituto de Movilidad Sustentable) y el Registro Público está en otro lado, antes estaba todo conjugado”, reprochó.
Atilano Peña describió el sistema de citas como “un retroceso”, toda vez que previo a su implementación había “acceso directo a los libros, a toda la información”, además de que “era sumamente fácil acceder al trato con los empleados”.
Criticó que prevalezca esa modalidad para llevar a cabo múltiples procedimientos a nivel institucional. “Te hacen citas para licencias, para pasaportes, para algo que no era, algo (que es) inusual”, manifestó.
El presidente del Consejo de Organizaciones Ciudadanas Independientes igualmente deploró que ese régimen se preste a que haya quienes se ofrezcan a concertar cita a cambio de “200 o 300 pesos”.
A su vez, Del Río y otro litigante mencionaron que “si antes te llevaba 10, 15 días” efectuar un trámite en el RPPC, “ahora te lleva más de un mes”, tomando en cuenta el tiempo que implica concertar cita.
“REGISTRO PÚBLICO NO TIENE NINGÚN ATRASO”: DIRECTOR
El 18 de octubre de 2022, el Colegio de Abogados de Tijuana envío un exhorto al sub registrador público de la Propiedad y Comercio en Tijuana, donde despacha como delegado Apolinar Fernández Álvarez.
Por conducto de su presidente, Hassan Martín Franco Ruiz, el cuerpo colegiado demandó “que sea eliminado el sistema de citas para acceder a las instalaciones de esta oficina registradora”.
Consultado por ZETA, Franco Ruiz, refirió que a partir de esa petición el Colegio tuvo un acercamiento directo con el director del RPPC, Carlos Murguía Mejía.
Recapituló que a partir de ese encuentro, se lograron dos acuerdos.
“Ellos estaban dando antes del exhorto creo que 100 citas diarias, después del exhorto se comprometieron con nosotros a incrementar a 150 citas diarias”, sostuvo.
“Se comprometieron también con nosotros, eso ya lo corroboró personal del Colegio en el sentido de que ya no se ocupaban citas para entrar a hablar al Jurídico o con algún analista, platicar cualquier cosa que se tenga que dirimir”, añadió.
Recalcó que la eliminación de citas fue lo único que no logró concretarse.
“Nos dice (Murguía Mejía) que el problema no es la pandemia, que el problema es el lugar, que porque tienen un lugar muy pequeño y en efecto no es suficiente para la demanda de Tijuana”, citó el entrevistado.
En el encuentro periodístico con este medio, remarcó que “el llamado ahora ya es para la gobernadora”, Marina del Pilar Ávila Olmeda. “En esa parte le voy a conceder un poco al registrador, me dice es que no cabemos, sí, pues de ocho, nueve analistas que había en Río (Centro de Gobierno), ellos ahorita tienen cuatro, porque no caben; entonces, no es posible que puedan atender la demanda de la ciudad”.
Franco Ruiz aclaró que con el período vacacional vigente en el Poder Judicial, la actividad en los despachos en materia civil disminuyó, por lo que el sistema de citas para el RPPC no comporta saturación actualmente. De cualquier manera, dijo, se prevé que para enero de 2023 se sature de nuevo.
El director del RPPC afirmó a ZETA que él no puede permitir “el hacinamiento”, y que con todo y que “la pandemia ha disminuido enormemente, también las autoridades sanitarias solicitan y piden que se usen las mascarillas, el cubre bocas, cuando haya mucha gente”.
Reconoció que es necesario contar con mayor espacio para agilizar la atención en el RPPC e incluso reveló que en Tijuana se tiene contemplado reubicar la sede.
“Ya se está trabajando para la reubicación, no le digo cuándo y dónde va a ser, pero eso va a ser una realidad, casi se lo puedo asegurar”, estableció Carlos Murguía Mejía.
Esa opción se ha tratado “directamente con la ciudadana gobernadora” y enfatizó que no es competencia suya dar detalles de los avances que en dado caso se hayan obtenido: “A mí no me corresponde, yo estoy en una posición eminentemente de carácter jurídica porque es una oficina de estricta legalidad”.
A pesar de las limitaciones físicas que enfrenta la dependencia en Tijuana, “el Registro Público no tiene ningún atraso en línea”, y abundó: “Cuando llegué a la titularidad de esta institución tenían atrasos hasta de dos meses y ya abatimos ese rezago, no lo tenemos de ninguna manera. Le puedo asegurar que no tenemos ningún atraso”.
Murguía precisó que la Ley señala un plazo de “cinco días para entregar respuesta y todavía en forma aleatoria, otros tres días, que son ocho días”.
Por otro lado, negó que haya tráfico de citas en la dependencia estatal. Arguyó que el turno se programa para una persona en específico, de manera que no podrían venderse turnos al azar. “Quien las solicita es al que se le debe dar la cita, no a terceras personas”, subrayó.
Finalmente, Carlos Murguía Mejía mencionó que el esquema para obtener ficha (por lo pronto) persistirá, en un afán de impedir que las oficinas se abarroten. “Vamos a suponer que, quitemos las citas, voy a tener 500 gentes allá fuera, sin orden, tres horas ahí. Entonces, creo que debemos aprovechar todo el trabajo en línea que tenemos, que son más de 15 beneficios, desde el control de acceso remoto. Estamos haciendo un gran esfuerzo”.