Fiscalía General del Estado, la segunda autoridad con más quejas ante CEDH; con el Ministerio Público y C3 bajo su mando, se investigan solos
El trabajo de un policía es servir a la sociedad, proteger contra la intimidación y la violencia, salvaguardando la libertad, la igualdad, los bienes y vidas de las personas. Pero luego resulta que, entrenados por el Estado, con placa, uniformados y armados, alevosamente algunos de ellos se convierten en los principales violadores de todos los derechos que están obligados a resguardar.
En la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública (ENVIPE) publicada en 2022 por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, aparece que el 66.8 por ciento de los entrevistados tachó de corrompidos a las policías municipales; 66.7% a Ministerios Públicos estatales; 64.6% a policías o fuerzas estatales; 59.5% a investigadores, ministeriales o judiciales; y el 57% a la Fiscalía General de la República.
Mientras la población que las considera efectivas va apenas del 9.7 al 14.3%, dependiendo la corporación.
Infortunadamente, los bajacalifornianos y los tijuanenses tienen más de una razón para no respetar ni confiar, algunas muy recientes.
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La semana pasada, el 14 de diciembre, en la colonia Lucio Blanco de Rosarito, hubo un enfrentamiento y persecución entre policías y civiles, estos últimos alegaron que los uniformados intentaron privar de la libertad a uno de ellos y les respondieron a balazos.
Antes, el 1 de septiembre, los policías municipales de Tijuana, Trinidad Martínez y Heriberto Galaz, quedaron grabados cuando detuvieron ilegalmente y sin reportar al sistema, al comerciante de dulces Alberto Cantero; lo inspeccionaron sin razón, lo secuestraron, le robaron el carro que horas después abandonaron, le robaron 45 mil dólares y lo mataron, para tirar sus restos y quemarlos en una calle de la colonia Ruiz Cortinez.
El mismo septiembre, el día 22, fue detenido el agente del Ministerio Público, Abraham Miguel Contreras Vázquez, por ordenar y participar en el asesinato- con motivos pasionales- del secretario del Tribunal de Justicia Electoral de Baja California, Jaime Antonio González Reyes, cometido el 22 de julio en Tijuana.
El 8 de junio, Octavio Andree Espino Torres, secretario particular del fiscal general del Estado, Ricardo Iván Carpio, fue detenido en la Garita de San Ysidro por intentar cruzar 45 paquetes de metanfetamina.
Para no olvidar, el abuso policiaco y violación sexual impropia cometida contra un varón de 50 años de parte de un policía municipal que encabezaba un operativo de cuatro elementos en la delegación de Playas de Tijuana el 28 de abril.
Como si fuera cosa de todos los días, sin conflictos éticos o morales, cometidos los crímenes, todos continuaron asistiendo a sus labores policiacas, hasta que los detuvieron o suspendieron.
En el inter, otras quejas. En el informe de la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH) al 7 de diciembre, entre las autoridades señaladas con mayor frecuencia se encuentran: en segundo lugar, personal de la FGE, con 169 quejas; en tercer espacio, con 144 quejas, la Policía Municipal de Tijuana. Las quejas contra la Fuerza Estatal de Seguridad Ciudadana (FESC) son casi 50% menores que las corporaciones ya mencionadas.
Mientras la FGE contabiliza más de 500 denuncias contra elementos de seguridad, por diversos delitos, desde el abuso de autoridad la mayoría, hasta el homicidio los menos- muchos desestimados-, y un promedio de 50 procedimientos instaurados por órganos de control interno a elementos de la FESC y la Secretaría Estatal; 33 contra elementos de la misma FGE: 180 contra elementos municipales. Aquí, el 44% corresponden a agentes de Tijuana y el 27% a Mexicali.
La vacuna para evitar esta corrupción que rompe la confianza ciudadana fue planeada desde finales de los 90 y ordenada entre 2008-2009, los Centros Estatales de Control y Confianza (C3), con gastos millonarios dedicados a elaborar exámenes médicos, toxicológico, psicológicos, poligráficos, de entorno social y situación patrimonial de los elementos para aprobar o reprobar su ingreso y permanencia en las corporaciones.
El de Baja California estaba bajo la administración de la Secretaría de Seguridad del Estado, hasta que el pasado bienio, Jaime Bonilla decidió desaparecerla y funcionar con la FGE.
A su llegada, la gobernadora Marina del Pilar retrocedió, y pensaba designar secretario de Seguridad Ciudadana de Baja California, a Ricardo Carpio, pero cuando la Federación le impuso al General Gilberto Landeros, ella nombró a Carpio fiscal, y él se trajo con él al C3.
A finales de octubre, la FGE informó que los avances en los exámenes eran de
65% en la FESC y de Seguridad; 60% en la Secretaría de Seguridad Ciudadana; 72% en la FGE y la Policía de Tijuana estaba en 79%. Sin embargo, los delitos, denuncias y quejas, el descrédito y la ausencia de justicia continúan.
Como en el proceso de cambio, la información pública de los resultados históricos de C3 se diluyó, actualmente resulta difícil saber si fue en la secretaría o es en la fiscalía donde se han tenido mejores resultados.
Lo que está claro es que con una de las policías más cuestionadas, dejaron a la Secretaría de Seguridad Ciudadana del Estado sin el sistema para evaluar a sus elementos; que en la FGE con más personal y más quejas ante la CEDH se están evaluando a sí mismos; que el C3, convertido en botín de guerra política, continúa sin proporcionar a los bajacalifornianos policías confiables; y que a pesar de los millones de pesos gastados, aunque los jefes policiacos digan que son los menos, los agentes corruptos y abusadores que pasan sin problema los dichosos exámenes de Confianza continúan siendo muchos.
Por lo que corresponde al gobierno de Marina Ávila Olmeda, un análisis y revisión de resultados y propuestas de alternativas de solución, porque evidentemente muchas cosas están fallando.
