Si de Marina Ávila Olmeda hubiese dependido la designación, la Secretaría de Seguridad del Estado estuviese encabezada por un mando civil, quizá hasta el propio Mendívil o algún recomendado del fiscal Carpio. Pero no, en materia de seguridad, le siguen amarrando las manos a la primera gobernadora de Baja California
Si de Marina Ávila Olmeda hubiese dependido la designación, la Secretaría de Seguridad del Estado estuviese encabezada por un mando civil, quizá hasta el propio Mendívil o algún recomendado del fiscal Carpio. Pero no, en materia de seguridad, le siguen amarrando las manos a la primera gobernadora de Baja California
Antes de tomar posesión como gobernadora de Baja California, Marina del Pilar Ávila Olmeda ya sabía que reinstauraría la Secretaría de Seguridad Pública con el agregado federal de Protección Ciudadana. En esa posición nombraría a Ricardo Iván Carpio Sánchez. Su propuesta para encabezar la Fiscalía General del Estado, sería el abogado Pedro Mendívil. Ambos le habían funcionado muy bien cuando fue alcaldesa de la Ciudad Capital, en la coordinación de Seguridad entre Estado y Municipio.
Pero como donde mandan Fuerzas Armadas no gobierna gobernadora, el mismísimo secretario de la Defensa Nacional, Luis Crescencio Sandoval, le informó -lo cual fue confirmado por el secretario de Gobernación, Adán Augusto López-, que el titular de Seguridad sería el General Gilberto Landeros. Los planes de Ávila se vieron trastocados y reculó. Si Carpio no iría a Seguridad, sería fiscal estatal.
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Esta anécdota es el origen de la descoordinación que durante los últimos doce meses, imperó entre la Secretaría de Seguridad y la Fiscalía General del Estado. Cuando Ricardo Carpio supo que sería fiscal, en la división FGE para crear la Secretaría de Seguridad, se quedó con áreas necesarias para el funcionamiento óptimo de la secretaría, lo cual el General Landeros consideró un despropósito y una afrenta personal. De entrada, se dividieron.
La relación no cuajó. Eso era evidente para la gobernadora y quienes están en la Mesa de Seguridad. La preferencia de la gobernadora hacia la labor del fiscal autónomo sobre su secretario de Seguridad también era perceptible. Landeros dedicó sus esfuerzos, con lo que tenía de infraestructura y sin coordinarse, a disminuir la inseguridad. El apoyo lo recibió de quienes lo trajeron de nueva cuenta a Baja California, las Fuerzas Armadas, por eso era más común verlo con la Guardia Nacional que con la Fuerza Estatal. Ni hablar que su coordinación estaba en el Ejército y no en el Estado.
Sin poder avanzar en materia de combate a la inseguridad, ante la falta de apoyo del Estado y la propia descoordinación, poco podía hacer. Su salida había sido anunciada en el momento que tomó posesión.
El lunes 26 de diciembre, Ávila Olmeda la concretó. Despidió al General Landeros, y en su lugar “nombró” al General Leopoldo Tizoc Aguilar Durán como secretario de Seguridad y Protección Ciudadana. Las comillas no son un descuido, el nombramiento, es evidente, no fue decisión de ella, como sí lo fue cambiar de secretario, hasta ahí su facultad. La designación, una vez más, corrió a cargo de la Secretaría de la Defensa Nacional.
Si de Marina Ávila Olmeda hubiese dependido la designación, la Secretaría de Seguridad del Estado estuviese encabezada por un mando civil, quizá hasta el propio Mendívil o algún recomendado del fiscal Carpio. Pero no, en materia de seguridad, le siguen amarrando las manos a la primera gobernadora de Baja California.
El problema es que ante tal descoordinación e imposiciones, la inseguridad en Baja California va en aumento. Y no se ve plan. En la no tan abrupta salida del General Landeros y la presentación del General Aguilar, no hubo divulgación de una estrategia de combate a la inseguridad que no pasara de la retórica gubernamental de coordinación y trabajo conjunto. Nada. Aunque aseguran que en la próxima mañanera se dará a conocer esa estrategia, la realidad es que Aguilar llegó para la foto y sin folder bajo el brazo para presentar a los bajacalifornianos.
Los tres cárteles de la droga que concurren en BC, Jalisco Nueva Generación, Sinaloa y Arellano Félix, han tenido la oportunidad impune de expandir sus fueros criminales gracias a esta descoordinación. En una reciente entrevista concedida a ZETA por el General Landeros, hablaba de que no era informado de las órdenes de aprehensión sobre los “generadores de violencia en el Estado”, que la FGE no las tenía, no las promovía, o simplemente no era informado. La información, justificó, debía obtenerla en coordinación con otros estados, no con Baja California, o en su defecto, intentar aprehender a los asesinos y traficantes en flagrancia, a reserva que la fiscalía no se los aceptara o no actuara con profesionalismo para vincularlos a proceso.
Baja California, particularmente Tijuana y Mexicali, han visto los números de la inseguridad crecer. Aun cuando es probable que en términos generales la cifra de ejecutados sea levemente menor a la registrada en 2021, en la Capital del Estado es muy probable que se cierre el año con más de 300 homicidios (al 26 de diciembre se contabilizaban 298) contra los 293 cometidos en 2021, y en la frontera con San Diego el número fue superior al del año pasado, aún sin concluir 2022: mil 984 asesinados en 2021, contra 2 mil 025 hasta el 26 de diciembre.
Los robos con violencia han incrementado también de manera significativa y los desaparecidos son una constante, lo mismo que el descubrimiento de narcofosas. Y más peligroso aún, la toma de territorios por parte de la criminalidad organizada, donde si se cruza la línea impuesta por ellos, se mata a los “transgresores”, así sean enemigos, ciudadanos de vacaciones, inocentes que deben pasar por esos territorios para ir a casa, escuela o trabajo.
El General Aguilar Durán arriba a un complicado escenario de inseguridad y violencia en Baja California, aun cuando posee las credenciales en el Ejército Nacional, donde ha destacado como Comandante de Guarniciones y Batallones, particularmente en Sonora, Estado vecino con el cual BC comparte clima criminal. Su falta de experiencia en la persecución de delitos en el ámbito civil, será en detrimento para la entidad.
Y si se confirma como se conoce, que es una imposición -otra- a Marina del Pilar Ávila, el tema seguirá en la descoordinación.
El combate a la inseguridad en Baja California, por experiencia se sabe, no es ni será mérito de una persona, sino producto de la coordinación de todas las fuerzas del orden, incluidas las militares, pero con la operación de las civiles. El secretario de Seguridad de Baja California debería ser una persona de la confianza de la gobernadora, y no un militar recomendado desde Ciudad de México.
