En el lapso de 24 años, por lo menos 17 ex gobernadores han sido encarcelados en México, 15 de ellos en los recientes nueve años. Ninguna región geográfica del país escapa de haber contado con quienes representando a la máxima autoridad del Estado fueron imputados por su presunta responsabilidad en la comisión de delitos derivados de la corrupción que impera en el ámbito gubernamental: desvío de recursos públicos, desempeño irregular de la función pública y ejercicio indebido, entre otros.
La mayoría de los ex mandatarios han sido señalados ante el fuero federal, e investigados por la ex Procuraduría General de la República (PGR, hoy Fiscalía), pues son averiguaciones previas que corresponden a administraciones gubernamentales anteriores, aunque algunos han sido capturados durante el actual sexenio. En el menor de los casos, unos han sido ligados a la delincuencia organizada, principalmente al fomento al narcotráfico o el lavado de dinero.
Tamaulipas es la entidad que más ha padecido de gobernadores que, desde que estaban en el ejercicio del poder, fueron señalados por abusos en el manejo del erario público o vínculos con cárteles de la droga, como es el caso de Tomás Yarrington Ruvalcaba y Eugenio Hernández Flores, ambos presos y con cargos en Estados Unidos; o del prófugo Francisco Javier García Cabeza de Vaca, quien apenas dejó el cargo el 30 de septiembre y cuatro días después se dictó la orden de aprehensión en su contra.
Entre las acciones emprendidas por las autoridades estatales o federales en contra de ex funcionarios, se encuentra el aseguramiento de residencias o departamentos en México o el extranjero, ranchos, obras de arte, muebles y vehículos de alta gama, puestos a su nombre o al de terceros en un intento de ocultar su origen. En muchos de los casos, los ex mandatarios contaron con la complicidad de algún tipo de servidor público que permitió su huida, como ocurrió en el caso de los Duarte, el de Veracruz y el de Chihuahua, o de Borge, de Quintana Roo.
Los últimos asuntos, cercanos por la fecha de conocimiento, son los de quienes ahora se encuentran prófugos. El mencionado García Cabeza de Vaca, buscado a nivel internacional tras la emisión de una ficha roja por Interpol, imputado por diez delitos, entre los que se encuentran desvió de recursos, tráfico de personas y hasta terrorismo. Y el otro es Ney Manuel González Sánchez, quien gobernó Nayarit de 2005 a 2011 y cuenta con dos órdenes de aprehensión en su contra: por ejercicio indebido de funciones, peculado y falsificación de documentos; y por administración fraudulenta en agravio del Fideicomiso de Bahía de Banderas.
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LOS ENCARCELADOS
Entre quienes han desfilado por las prisiones mexicanas en estas más de dos décadas, están los casos más antiguos del ya fallecido ex gobernador de Jalisco, Flavio Romero de Velasco, preso por asociación delictuosa y operaciones con recursos de procedencia ilícita en 1998, cargos que pudo revertir su defensa. Un año después, fue capturado Mario Villanueva Madrid, de Quintana Roo, ligado al Cártel de Juárez; enfrentó cargos por fomento al narcotráfico y lavado de dinero, recibiendo una condena de 28 años de prisión, interrumpida tras su extradición a Estados Unidos, donde purgó otra pena y regresó a México para pagar la sentencia pendiente, aunque fue enviado a confinamiento domiciliario.
Andrés Granier Melo, ex mandatario de Tabasco, fue detenido en 2013 y encerrado en el penal de Tepepan en Ciudad de México, sentenciado a casi once años de prisión por desvío de recursos del Seguro Popular en 2010. Luego fue enjuiciado por defraudación fiscal de 2.1 millones pesos, al omitir declaraciones de ISR en 2009. En enero de 2019, obtuvo la prisión domiciliaria para continuar sus asuntos desde su casa.
Por su parte, Jesús Reyna García, ex mandatario interino de Michoacán, fue acusado y aprehendido en 2014 por presuntos nexos con Los Caballeros Templarios y, tras más de cuatro años en prisión, el Ministerio Público Federal emitió conclusiones no acusatorias para que fuese liberado.
También en la administración de Enrique Peña Nieto, en noviembre de 2016 fue apresado Guillermo Padrés Elías, ex gobernador de Sonora e internado en el Reclusorio Oriente de la CDMX por imputaciones de operaciones con recursos de procedencia ilícita y defraudación fiscal por 8.8 millones de dólares. En 2018 fue exonerado por un juez federal, al estimar que eran deficientes las acusaciones formuladas por la PGR. Ese año libró otro proceso por lavado de dinero.
En Nuevo León, en 2017 fue procesado en cuatro asuntos por ejercicio indebido de funciones Rodrigo Medina, pero en todos fue absuelto, aunque estuvo varias semanas dentro del extinto penal de Topo Chico.
Las inminentes elecciones de 2018 pusieron a prueba al sistema político en el poder, que en 2017 tuvo que ir tras ex gobernadores como Tomás Yarrington (Tamaulipas), que huyó a Italia; Javier Duarte de Ochoa (Veracruz) escapó a Guatemala y Roberto Borge Angulo (Quintana Roo) llegó hasta Panamá. A todos ellos les dieron oportunidad de correr al ventilarse mediáticamente sus futuros arrestos y después tuvieron que realizarse acciones de extradición para traerlos al país, con excepción de Tomás, entregado a EU. Al único que encontraron en suelo nacional fue a Eugenio Hernández Flores (Tamaulipas) en el mismo año.
En la administración de Andrés Manuel López Obrador fueron detenidos el ex gobernador de Coahuila, Jorge Juan Torres López en 2019, extraditado a Estados Unidos para ser juzgado por asociación delictuosa, lavado de dinero y fraude bancario. En 2020, fue repatriado el ex mandatario de Chihuahua, César Horacio Duarte Jáquez, con múltiples procesos penales por peculado agravado y asociación delictuosa. Le tienen asegurados más de 20 ranchos y 30 de sus colaboradores están presos. Mario Marín Torres, ex gobernador de Puebla, acusado de tortura a la periodista Lydia Cacho, fue atrapado en 2021 y recluido en un penal.
Ese año también se localizó a Luis Armando Reynoso Femat, ex gobernador de Aguascalientes, acusado de fraude fiscal, quien ya estuvo en la cárcel en 2014 y 2015 por peculado. El 6 de junio de 2021, día de las elecciones, fue detenido el ex mandatario de Nayarit, Roberto Sandoval Castañeda, con orden de aprehensión por lavado de dinero junto con su hija Lidy Alejandra. En marzo de 2022, cayó preso en Nuevo León Jaime Rodríguez Calderón “El Bronco”, imputado por presunto desvío de recursos y delitos electorales. Debido a su estado de salud, un juez le concedió la medida cautelar de prisión domiciliaria en junio pasado.
Aún existen ex gobernadores bajo sospecha de haber participado en actos de corrupción o conductas delictivas, sin embargo, sus asuntos todavía descansan en agencias del Ministerio Publico o están en alguna instancia que resuelve sobre la posibilidad de ejercitar acción penal en su contra. Entre ellos está el señalamiento a Eduardo Bours, de Sonora, por posibles omisiones en la muerte de 49 niños y lesiones a otros 104 infantes en el incendio de la Guardería ABC de Hermosillo en 2009; las omisiones de Ángel Aguirre Rivero, de Guerrero, en 2014, en el caso de los 43 estudiantes desaparecidos de Ayotzinapa.
Tampoco se ha resuelto la denuncia presentada el 19 de noviembre de 2019 en contra del ex gobernador de Baja California, Francisco Vega de Lamadrid, por su probable participación en la comisión de los delitos de peculado, fraude y abuso de confianza por un monto aproximado de mil 200 millones de pesos. El 5 de mayo de 2020 se presentó otra denuncia en contra de “Kiko” y once ex funcionarios estatales por más de 300 movimientos irregulares a través de facturas apócrifas, lo que eleva el monto del desfalco a más de mil 500 millones de pesos.
Desde luego, los casos de Fausto Vallejo Figueroa, de Michoacán, por presuntos nexos con Los Caballeros Templarios. Y Miguel Ángel Yunes Linares, de Veracruz, por múltiples actos de corrupción.
Otro asunto pendiente es un proceso penal en contra del ex gobernador de Baja California, Jaime Bonilla Valdez y ex colaboradores, por su probable participación en los delitos de corrupción, peculado, abuso de autoridad, coalición de servidores públicos, ejercicio ilícito del servicio público, uso ilícito de atribuciones y facultades, además de peculado impropio, por haber signado un contrato que obliga a la actual gobernadora, Marina del Pilar Ávila Olmeda, a pagar una indemnización de 6 mil millones de pesos a la empresa regiomontana Next Energy como multa por no asegurar la construcción de la planta fotovoltaica en Mexicali. La actual condición de senador de la República, otorga a Bonilla fuero constitucional que impide el desarrollo en la carpeta 4921/2022.
