Con 19 votos a favor, 6 votos en contra y cero abstenciones, el pleno del Congreso de Baja California aprobó el dictamen 158 para que la administración de Marina del Pilar Ávila Olmeda emita bonos bursátiles y contrate uno o más créditos por un monto total de 3 mil 500 millones de pesos, a pagarse en 30 años.
En la sesión de este 19 de diciembre de 2022, la mayoría de legisladores de Morena, PT, PVEM y sin partido, avalaron la nueva deuda de largo plazo, cuya garantía de pago será el Impuesto sobre Remuneraciones al Personal.
El dictamen también autoriza a la Secretaría de Hacienda –de Marco Antonio Moreno Mexía-contratar derivados de tasas de interés por hasta el tiempo de los financiamiento, teniendo como fuente de pago la captación presente y futura del mismo Impuesto sobre Remuneraciones al Personal.
El panista Diego Echavarría aseguró que “no había necesidad” del nuevo financiamiento porque en 2023 con el alza de las tarifas de agua y la nueva sobretasa al Impuesto sobre Remuneraciones al Personal se tendrá una recaudación de 5 mil 150 millones de peso adicionales a la de este año.
Aunque reconoció que el proyecto de la Comisión de Hacienda plantea destinar recursos para obras determinadas y de urgencia, reiteró que el crédito a 30 años no se justifica. Nos presentan un proyecto de 3 mil 500 que se van a pagar 9 mil 635 mdp a 30 años, y se dan una gracia de tres años, que va a costar 997 millones de pesos, en lugar de pagarse a capital.
Publicidad
__
“En dos años tendríamos 10 mil 300 millones de pesos con los puros aumentos que ya se aprobaron” con los más 5 mil millones que se espera recaudar con los impuestos. Mientras que el crédito de 3 mil 500 mdp no alcanza para hacer todos los proyectos valuados en más de 20 mil mdp
La diputada de Movimiento Ciudadano, Daylín García Ruvalcaba, también expresó su rechazo al dictamen 158, al considerar que se estaba empeñando a futuras generaciones.
Aseveró que esta nueva deuda total de 9 mil 635 mdp por 30 años “no es redituable”, y criticó que la administración actual comenzará a pagar a capital de esta deuda en 4 años con 486 mdp, cuando ya vaya saliendo. Llamó a los legisladores a ser responsables, dado que el gobierno estatal tiene capacidad para incrementar sus ingresos que superarán lo estimado por la Ley de Ingresos 2023.
García Ruvalcaba consideró necesario un reajuste en la armonización del recurso público, que haya recortes en la operación, para poder darle prioridad a los proyectos de infraestructura. Dijo que por más noble que se escuche la emisión del Bono Verde, al final de cuentas se trata de una deuda y con ello, se está haciendo lo mismo que en los anteriores gobiernos.
Calificó de irresponsable el llamado de hacer un voto de confianza hecho por la morenista Rocío Adame Muñoz y la perspectiva de que como la ciudadanía pide créditos para un carro el gobierno estatal puede endeudarse, como lo manifestó el morenista Juan Manuel Molina García.
“Es una serie de irresponsabilidad que permito que pedirles que lo consideren muy a detalle y que seamos muy responsables al momento de hacer el voto, generar más deuda no nos va a dar más condiciones ni medias suficientes para llevar a buen puerto al estado”.
Recordó que desde el gobierno del panista Francisco Vega de Lamadrid se sabía que el Estado no tenía la capacidad de seguirse endeudándose. “La administración debería estar en una cuestión de sanar las finanzas, más que tratar de ejercer un recurso que no se tiene y que por eso se buscan estas deudas”
Santa Alejandrina Corral Quintero, del PAN, rechazó el endeudamiento, y previó que la actual administración tendrá un costo político así como los gobiernos panistas. “En los gobiernos del PAN nunca se dejó de pagar la luz del Acueducto poniendo en riesgo el agua en zona costa, en los gobiernos del PAN nunca hubo terrorismo, jamás estaba la ola de violencia como está sucediendo hoy en día, no se sufrió con la escasez de agua y los tenadeos que está sufriendo la Zona Costa”.
En tanto, los morenistas Juan Manuel Molina García, Víctor Hugo Navarro Gutiérrez y Rocío Adame Muñoz se pronunciaron a favor señalando la falta de infraestructura hidráulica, ya que el rezago que se tiene es “muy grande” y con el recurso del Estado no alcanza para abatirlo.
Los morenistas que votaron en contra fueron Sergio Moctezuma Martínez López y Marco Antonio Blásquez Salinas. Este último calificó la intención del gobierno actual de deuda como sorpresiva y aseguró que no había buenas intenciones en ello.
“A quién nos debemos. Cómo vamos a creer en una administración que nos viene a sorprender con un dictamen que implican dos aumentos serios y se escuchan la mismas palabras de retórica”, en alusión de lo manifestado por Molina García.
Acusó que el actual gobierno quiere la ruta fácil en lugar de implementar estrategias que incrementen la recaudación de los grandes deudores.
De los 3 mil 500 millones de pesos de la nueva deuda, la mayor parte (3 mil mdp) se destinaría a proyectos de infraestructura hidráulica y equipamiento, de un banco de 48 proyectos que ejecutarían las Comisiones del Agua, que serán evaluados por un comité para determinar si cumplen los requisitos del Marco de Bonos Sostenibles.
Entre esos proyectos destacan la rehabilitación del Acueducto Río Colorado-Tijuana (140.5 mdp), la reposición de sistemas de agua potable en Tijuana y Rosarito (453 mdp), la rehabilitación de las plantas potabilizadoras Abelardo L. Rodríguez, El Florido y Los Olivos (218 mdp).
Mientras 500 mdp se destinarán a proyectos productivos con perspectiva de género como la infraestructura al Centro de Justicia para las Mujeres (Cejum), con 150 mdp; la Ruta Violeta, 100 mdp; el Escuadrón Violeta, 55 mdp; y los proyectos para mejorar la calidad de vida de las mujeres, 195 mdp.
Adicionalmente, los legisladores aprobaron el Acuerdo 4 para que la Secretaría de Hacienda emita un informe semestral para conocer el destino de los recursos, para dar seguimiento “oportuno”.
