En la compuerta 16 de la canalización del Río Tijuana amaneció, el 29 de noviembre, el cuerpo de una mujer decapitada. Su torso y extremidades en una bolsa, mientras que su cabeza se encontraba en otra. En el mismo sitio fue encontrado el cuerpo de Kevin Yael González García, de 14 años, desaparecido el 2 de septiembre y localizado sin vida cuatro días después.
Ya es frecuente que se encuentren personas sin vida en el canal de aguas negras, personas en la indigencia, migrantes sin hogar, deportados, consumidores de drogas; también se ha convertido en punto de venta para narcomenudistas.
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De acuerdo al último censo realizado por autoridades municipales, en la canalización viven más de mil 500 personas.
La Fiscalía General del Estado (FGE) informó a ZETA durante 2022 se han encontrado 39 personas sin vida: 34 hombres, cuatro mujeres y un menor de edad. Del total de la población que habita ese lugar, de acuerdo con las autoridades locales, el 43 por ciento son adictos a metanfetaminas (cristal) y opioides como la heroína y el fentanilo.
La problemática de inseguridad que se ha generado en este punto de la ciudad corre a cuenta de los grupos del crimen organizado que se disputan las zonas para el narcomenudeo, según información proporcionada a este Semanario por la Mesa de Seguridad para la Construcción por la Paz.
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Reportes de inteligencia refieren que en dicha zona operan principalmente los cárteles de Sinaloa (CDS) y Arellano Félix (CAF), y en menor medida, se ha detectado presencia de Jalisco Nueva Generación (CJNG).
En la parte de la canalización colindante con las zonas Centro, Zona Norte, Urbana Río Tijuana, Empleados Federales y alrededores, operan José Guadalupe Verdín “El Lupillo” y/o “El Dealer”, bajo las órdenes del CJNG; al igual que José Luis Munguía Palomino “El Michigan”, quien opera para el CAF.
Mientras que a la altura de las colonias Mineral de Santa Fe, Buena Vista, 20 de Noviembre y Anexa 20 de Noviembre, operan Eduardo Zazueta Méndez y Julio Enrique Enciso Muñoz, del CDS; por el CAF se tiene identificados en esa zona a José de Jesús Martínez Velázquez “El Pelón” y Rubén Martínez Velázquez “El Dener”.
Más adelante, en el área del Río colindante con las colonias Chapultepec, Alamar, Guadalupe Victoria, Alamar y Río Tijuana Tercera Etapa, opera Luis Arturo Ortiz Morales “El Moreno”, del CAF.
Finalmente, en la última parte de la canalización, en el área de las colonias Infonavit Presidentes, Bugambilias, Guaycura y aledañas, el control lo tiene Sinaloa, con dos sujetos identificados como Erick Oliver Centeno Ceballos “El Game Boys” y Jonathan David Hernández “El Chapas”.
Pese a que se tiene identificados a los principales generadores de violencia en la canalización del Río, muy poco se ha hecho por atender de fondo la seguridad. Al municipio lo han dejado solo tanto el Estado, como el Gobierno Federal, pese a que los tres órdenes de gobierno pertenecen a la misma corriente política.
22 MIL DETENIDOS POR LA POLICÍA MUNICIPAL
Los esfuerzos del Ayuntamiento de Tijuana para atender la problemática hasta el momento no son suficientes. De acuerdo con el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana Municipal, José Fernando Sánchez González, se han detenido a 22 mil 880 personas por faltas administrativas y más de 650 por delitos del fuero común en la canalización durante el año.
La mayoría de los presentados ante un juez municipal y detenidos hasta por 36 horas en la Estancia Municipal de Infractores, han sido levantados por la Policía de Tijuana en Zona Centro: 9 mil 908. Por otro lado, la mayoría de los detenidos por cometer algún delito como portación de arma de fuego, han sido en el distrito Mesa de Otay: 234.
En entrevista para ZETA, Sánchez González aseguró que los operativos que llevan a cabo en el Río lo hacen solos, sin apoyo de Fiscalía General del Estado, la Guardia Nacional, Fuerza Estatal de Seguridad Ciudadana o el Ejército. Lo que sí hacen -de cometer alguna falta administrativa o delito-, presentarlos ante la autoridad competente.
“Personas que estén cometiendo alguna falta administrativa se presentan ante el juez municipal, y quienes sean detenidos cometiendo un delito, son presentados ante la Fiscalía del Estado o la Federación, según sea el caso”, señaló el funcionario.
Sobre el tipo de faltas por las que son remitidos a la Estancia Municipal de Infractores, dijo que son variadas, no hay una particularmente común, pero quienes están en calidad de validar si se trató o no de una falta al Bando de Policía son los jueces municipales, quienes determinarán si cumple o no y las horas de arresto que recibirán.
“Si la persona está cometiendo un delito, entonces se presenta ante la Fiscalía del Estado, si es del orden común, o a la Fiscalía General de la República si es del orden federal. Hablamos de delitos como narcomenudeo, portación de arma de fuego, portación de arma punzocortante; hablamos del delito de robo o lesiones, es variado”, apuntó, para luego reiterar que las personas deben estar cometiendo alguna falta administrativa para ser detenidos, “no nada más es ir y levantar a todos los que se encuentran ahí”.
Y aclaró:
“Sabemos que desde hace muchos años en toda esa parte de la canalización, en la Zona Centro, hay mucha gente en situación de calle, entonces, no es que vayamos a levantar a todos los que están en situación de calle”.
Respecto a si son canalizados a algún centro de rehabilitación para su tratamiento, el secretario de Seguridad dijo que ellos no pueden llevar a los detenidos a ese tipo de lugares. Lo que se hace, es darles platicas al interior de la Estancia Municipal de Infractores, ofreciéndoles el servicio de tratamiento a sus adicciones, y sólo bajo su decisión pueden ser internados.
Finalmente, reconoció que la gran mayoría de los detenidos por faltas administrativas suelen ser reincidentes, por lo que el Municipio ya está trabajando en una propuesta integral donde se involucre a Estado y Federación, y se tenga una solución de fondo.
“Buscaremos que estas personas tengan otro sitio digno dónde vivir, bajo una perspectiva humanística, y poder resolver el problema de fondo. Salen, regresan, salen, regresan; pero no estamos atendiendo de fondo el problema. Estamos poniendo mucha atención, porque esto pudiera generar problemas de seguridad por no atenderlo”, concluyó Sánchez González.
PROPUESTA INTEGRAL, PARA ENERO: MONTSERRAT CABALLERO
En cuanto al programa y acciones del Ayuntamiento de Tijuana para atender la situación en la canalización, la alcaldesa Montserrat Caballero Ramírez comentó a ZETA que la propuesta integral será presentada en enero de 2023, en la que busca sumar a Gobierno del Estado y Federación.
“Vamos a lanzar una campaña que va específicamente a la zona del ‘Bordo’, donde vamos a hacer un llamado a las personas que se quieran rehabilitar poniendo a su disposición Corsa Uno y Corsa Dos; también haciendo un llamado a las personas que quieran regresar a su lugar de origen y ayudando a las personas que se quieran reincorporar a la vida tijuanense”, reveló
Hasta el momento han aplicado recurso e iniciativa del propio Municipio, ya que no puede acceder a los programas federales para atender a esta población y no ha tenido ningún llamado por parte de la Federación, a la que correspondería atender parte del problema, ni por parte del gobierno estatal encabezado por Marina del Pilar Ávila Olmeda.
“Por lo pronto, continuamos con la primera parte del censo, que es mi participación; la parte del acercamiento al Hospital de Salud Mental, donde estamos dando una aportación económica mensual mínima, para que nos pueda ayudar en lo relacionado con las adicciones, destacando que el tema de salud tampoco nos corresponde, pero estamos poniendo nuestro granito de arena”, finalizó Montserrat Caballero.
DETENCIONES MASIVAS NO SOLUCIONARÁN PROBLEMA: CEDH
Para la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH), las detenciones masivas de personas en situación de calle no solucionarán las causas que han generado estas condiciones, sino que se requiere de una estrategia integral que trabaje de forma directa con los problemas estructurales.
Asimismo, el organismo destacó que ha participado en mesas de trabajo con diversas autoridades municipales y estatales, con el objetivo de que el Estado genere una estrategia integral, transversal e interseccional para tratar con el fenómeno, pero no hay un plan integral.
La CEDH expuso a este Semanario que continuará supervisando las actuaciones de las autoridades, vigilando que se realicen con perspectiva de derechos humanos, contextualizando que, aunque no se han presentado quejas ante el organismo por las detenciones de la Policía municipal, sí es un riesgo que se puedan cometer abusos a los Derechos Humanos de quienes habitan el canal.
En el transcurso de 2022, la CEDH ha recibido 137 quejas dirigidas contra la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana Municipal de Tijuana; 28 contra la Dirección de Seguridad Pública Municipal de Ensenada; 25 contra la Dirección de Seguridad Pública Municipal de Mexicali; y 14 contra la Dirección de Seguridad Pública Municipal de Playas de Rosarito. Del total de quejas, 72 se deben a presuntas detenciones arbitrarias.
