Por mayoría, el Cabildo del IX Ayuntamiento de Playas de Rosarito aprobó cancelar sanciones administrativas a ex funcionarios por un monto total de 4 millones 427 mil 939 pesos, al ya haber prescrito, puesto que las infracciones datan de los años 2008, 2013 y 2014.
“Sería muy interesante que pudiéramos saber qué funcionarios no pagaron sus multas y quienes no las cobraron”, dijo la alcaldesa Araceli Brown Figueredo. Observación que secundó la regidora de Movimiento Ciudadano, Dalia Salazar Ruvalcaba, quien cuestionó que no se hubiera cobrado en la primera gestión del gobierno morenista (2019-2021) también encabezado por Brown Figueredo.
“Así como ve en el expediente tiene funcionarios en su administración, entonces es buena la pregunta, es acertada”, indicó.
En respuesta, la alcaldesa manifestó que la Sindicatura no depende del gobierno central y reiteró sin nombrarlo, que tendría que buscarse al ex sindico municipal, José Luis Zazueta Pérez, para saber por qué fue omiso, por qué no se les cobró a los ex funcionarios sancionados.
Reiteró que si no se cobraron las sanciones administrativas, “qué sanción entonces, qué fácil fue haber faltado, luego una sanción que no pasó nada y dejaron pasar el tiempo, 10 años, y es un montonal de tiempo y este gobierno apenas tiene un año” y es dinero que no se está recaudando.
Publicidad
__
El síndico Jaime Ibarra Acedo aseguró que la dependencia que encabeza en el IX Ayuntamiento está haciendo las notificaciones necesarias, “nosotros no hemos dejado de trabajar en este tema”, y sobre todo cuando es dinero.
En este punto, las regidoras María Ana Medina, Karely Leal, Sandra Jiménez y Dalia Salazar Ruvalcaba se abstuvieron de votar arguyendo que faltaba información. “Me voy a abstener en este punto, ya que me surge la duda, ya que no tenemos los expedietes para analizarlos, y por lo tanto quizás muchas de estas sanciones administrativas también pudieron haber sido injusticias” dijo la regidora panista María Ana Medina.
En la sesión de este 22 de diciembre de 2022, también se aprobó cancelar sanciones a la ciudadanía. De éstas, 2 mil 101 por infracciones que datan de 2017 el monto es de 883 mil 913.38 pesos; una multa de ecología por 9 mil 586.54 pesos y 5 multas del departamento de Verificación (antes Reglamentos) por 16 mil pesos, las cuales datan de 2009 y 2016. En todos los casos ya prescribieron, señaló el tesorero municipal Manuel Zermeño Chávez.
Además, el Cabildo también aprobó que el Ayuntamiento la condonación gradual de impuestos, derechos y contribuciones de mejoras (como adeudos por pavimentación) para deudores de 2022 y años anteriores, con el fin de que personas puedan liquidar sus adeudos.
La propuesta, dijo el tesorero, es para que se condone el 100% en multas y recargos durante enero, febrero y marzo próximo, ya que 75% de los contribuyentes que pagan el impuesto predial lo hacen en los primeros tres meses del año.
Adicionalmente establece una condonación del 100% de multas y recargos para que los permisionarios puedan hacer el trámite de revalidación en julio de 2023, un mes después de que concluya el plazo. Con ello las personas dejarían de pagar alrededor de 400 pesos por multas.
En otro punto, el Cabildo también aprobó -por unanimidad- cancelar los pasivos de 2017 y años anteriores que el Ayuntamiento mantenía en sus registros contables, por un monto de alrededor de 4 millones de pesos; igualmente por prescripción.
Zermeño Chávez aseguró que en los hallazgos sobre estos casos no se encontraron facturas que pruebe que realmente existió un adeudo hacia esos proveedores, en algunos otros casos las empresas corresponden a personas morales que ya no existen, como con El Mexicano.
En otros casos el proveedor, persona física, ya murió. En todos los casos los proveedores no han hecho ninguna gestión de cobro de manera económica o por ninguna vía legal, pese a que se les requirió por parte de la administración de Brown Figueredo.
Zermeño Chávez agregó que el registro contable de adeudos con proveedores prescritos es una observación de recurrente por parte de la Auditoría Superior del Estado (ASE), misma con la que se trabajó para que dichos adeudos -que algunos datan de hace 10 años- sean cancelados.
